- Un informe de Human Rights Watch reúne 28 asesinatos y 44 intentos o amenazas desde 2015, en los cuales las víctimas fueron atacadas por denunciar a deforestadores ilegales.
- Predomina la impunidad: una minoría de los casos llega al poder judicial, el historial de intimidaciones es desconsiderado por las autoridades, la policía comete graves errores de investigación y el programa federal de protección a los defensores es ineficiente. Los delincuentes “están empoderados, sienten que pueden hacer cualquier cosa”, dice el investigador a cargo del estudio.
La violencia y la impunidad son el combustible que alimenta las llamas en la Amazonía. No solo aquellas que viajaron por el mundo en imágenes el pasado agosto, cuando se reveló que los brotes de incendios en 2019 superaron en un 80 % los del año anterior, sino también aquellas que regularmente golpean la selva en los meses del verano —parte de un proceso de deforestación que favorece a los madereros ilegales, a los acaparadores de tierras y que le roba la vida a quienes luchan por mantener la selva en pie.
Esta es la conclusión de un estudio realizado a lo largo de tres años por Human Rights Watch (HRW) y hecho público el 17 de septiembre . En él, la organización internacional documenta 28 asesinatos, además de 44 amenazas de muerte, ocurridos en los últimos años en la Amazonía brasileña. En todos los casos reportados, hay evidencias fiables de que tras los ataques se encontraban acaparadores de tierras o madereros ilegales —una red criminal que, lejos de ser combatida adecuadamente por los sucesivos gobiernos de Brasil, ahora se ve reforzada por el discurso y también por las acciones del presidente Jair Bolsonaro.
“Esta es la primera vez en 20 años que llevamos a cabo un estudio sobre derechos humanos y medio ambiente en Brasil. El nivel de intimidación, amenaza y violencia es impresionante, pero la respuesta del Estado es muy deficiente. Las autoridades brasileñas ni siquiera tenían estos registros, lo que no nos sorprendió. Por ello debemos empezar de cero, ir a cada pueblo para hablar con abogados, víctimas y testigos”, dice César Muñoz Acebes, investigador de HRW en Brasil y responsable del informe.
Las víctimas más recurrentes son indígenas y residentes de comunidades pequeñas. Gente como Marlete da Silva Oliveira, Raimundo de Jesus Ferreira y Venilson da Silva Santos, asesinados el 21 de abril de 2019, en el municipio de Baião, Pará. Cada uno de ellos recibió un disparo en la cabeza y luego sus cuerpos fueron quemados por los asesinos. La policía atribuye la orden de disparar al agricultor Fernando Ferreira Rosa Filho, para quien trabajaban los tres, porque temía que informaran su participación en la deforestación ilegal y el tráfico de drogas en la región.
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El asesinato no se detuvo allí: “Después de matar a los tres empleados, los asesinos viajaron 20 kilómetros hasta la casa de Dilma Ferreira Silva, en el asentamiento Salvador Allende. Su casa estaba en el camino de tierra que usaban los camiones para transportar madera extraída ilegalmente”, narra el informe, que está lleno de detalles. Dilma también pensaba advertir a las autoridades sobre las actividades ilegales del hacendado, pero le ataron las manos, amordazaron a su marido y, con un vecino que les visitaba, fueron apuñalados hasta la muerte.
En este escenario, lo que está en juego es el valor comercial de la selva, donde un solo tocón de Ipé —uno de los árboles más deseados por su resistente madera— vale entre 2000 y 6000 reales. Para subrayar eso, la versión en portugués del informe de Human Rights Watch lleva el título “A máfia dos Ipês”, una referencia a la forma como los inspectores del instituto de Medio Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA, por su sigla en portugués) se refieren al problema.
La tala ilegal es el primer eslabón de la cadena criminal, explica la investigación. Una vez que se quitan los árboles más valiosos —lo que se ha hecho con una creciente sofisticación por parte de las bandas, para escapar del monitoreo satelital realizado por las agencias ambientales—, aquello que queda se quema, para luego abrir espacio al pasto para ganado o, más raramente, a plantaciones. Después todo pasa al mercado legal a través de sobornos o falsos permisos.
Una operación de este tamaño y complejidad en medio de la selva difícilmente podría atribuirse a los no profesionales. “El crimen organizado es responsable de la deforestación en la Amazonía”, aseveró Raquel Dodge, Fiscal General de la República de aquel entonces, en entrevista con los investigadores. El Ministerio Público Federal ya ha disuelto algunas de esas bandas, como la que ha deforestado 180 km² en los últimos años en Boca do Acre, Amazonas. La red criminal estaba integrada por ganaderos, cinco funcionarios del IBAMA y cuatro policías de la provincia. El grupo, de 22 personas, fue denunciado en junio de este año.
Esta red de ilegalidades es responsable del 90 % de toda deforestación en la Amazonía —lo que lleva HRW a advertir sobre el riesgo de incumplimiento de los compromisos asumidos por Brasil en el Acuerdo de París, que prevé la eliminación completa de la deforestación ilegal en la región amazónica hasta el 2030. “Para lograr este objetivo, es necesario disolver las bandas y proteger a quienes las denuncien en un intento de salvar la selva”, apunta el informe de la institución.
Indígenas organizados
Varios conjuntos de datos consultados por Human Rights Watch muestran que las porciones más grandes de la selva amazónica preservada en Brasil se encuentran dentro del perímetro de las reservas indígenas, lo que convierte estos territorios en los principales objetivos de los delincuentes. “Todas las tierras indígenas están bajo el punto de mira de los madereros”, advirtió el entonces director de protección ambiental de IBAMA, Luciano Evaristo.
No es casualidad, por lo tanto, que los indígenas desempeñen un papel central en la organización de la vigilancia y la lucha contra iniciativas de deforestación dentro de sus áreas. “Esta contribución se ha vuelto aún más vital en los últimos años, debido a la capacidad reducida de las agencias ambientales de Brasil para monitorear lo que sucede en la región”, señala el estudio.
Esto sucedió en Maranhão, donde indígenas de cinco grupos étnicos crearon la patrulla Guardiões da Floresta, una respuesta a la limitación del Gobierno, ilustrada por las cifras obtenidas por HRW: en 2018, IBAMA solo tenía nueve inspectores para trabajar en toda la provincia, cuya área es del tamaño de Italia.
En la Fundación Nacional del Indígena (Funai) había 26 empleados en un área donde viven 37 000 indígenas. Según un informe de HRW, la situación presupuestaria de la agencia es tan dramática que los jefes financian los viajes con su propio salario, en un esfuerzo por no perderse reuniones importantes fuera de sus bases. “Este es el peor momento de Funai en mis 30 años como funcionaria”, dijo Eliane Araújo, quien fue la coordinadora de Funai en Maranhão el 2018.
Los Guardiões da Floresta realizan expediciones regulares a los puntos más remotos de sus tierras y supervisan las fronteras de las reservas indígenas, tradicionalmente las áreas más vulnerables al ataque de invasores. También usan el sistema GPS para proporcionar coordenadas precisas a las autoridades. Y un grupo de ‘guerreras’ de la Tierra Indígena Caru, habitada por los pueblos Awá Guajá y Guajajara, incluso están aprendiendo a controlar los drones para mejorar el monitoreo.
La urgencia es completa porque donde los deforestadores ven dinero, los indígenas ven el alma: “Nosotros, del pueblo Pyhcop Catiji, creemos que hay vida después de la muerte, que nuestros espíritus se convierten en árboles, animales. Por lo que no es solo un árbol, no es solo un bosque. Lo que hay es una vida, es la vida de mis antepasados”, dijo el jefe Eýy Cy del pueblo Gavião.
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Pero el riesgo de esta operación ha aumentado sustancialmente. Ya se han producido situaciones límite, como el descubrimiento de áreas utilizadas por el tráfico internacional para el cultivo de marihuana. Los indígenas también informaron que, en una ocasión, cuando acompañaron a la policía a áreas deforestadas, los delincuentes no fueron detenidos por el hecho de que, según los agentes, era imposible arrestarlos en la selva.
Ahora temen nuevas represalias. La comunidad informó a HRW casos de amenazas, ataques y ocho asesinatos causados por madereros que invadieron sus tierras. Pero como los delitos no fueron investigados adecuadamente por las autoridades, la ONG no pudo demostrarlos.
Impunidad y miedo
Por unanimidad, los encuestados de Human Rights Watch dijeron que, en Amazonía, la violencia es crónica y viene de lejos. “Reportamos 28 casos, pero la Comisión Pastoral de la Tierra, vinculada a la Iglesia Católica, ha registrado más de 300 víctimas en los últimos 10 años”, explica César Muñoz Acebes.
Sin embargo, la mayoría de las muertes y amenazas ocurre sin conocimiento de la ley y las fuerzas de seguridad, que no pueden frenar la intimidación y, así, alimentan el miedo entre las poblaciones. De hecho, de los 28 asesinatos mencionados en el informe, solo dos fueron a juicio. Entre las 40 amenazas documentadas, la investigación policial pudo llevar el caso al poder judicial solo una vez. Una situación que se revela todavía más sombría por el hecho de que 19 de las 28 muertes reportadas por HRW fueron precedidas por amenazas contra las víctimas o sus comunidades.
Estos son casos como de Gilson Temponi, ejecutado en Rurópolis, Pará, cuando abrió la puerta a los delincuentes que llamaron al timbre el 12 de diciembre de 2018. Su muerte fue ordenada luego de haber denunciado a los madereros ilegales en un asentamiento rural cercano, cuando cumplía con su deber de líder sindical de los pequeños agricultores. La policía inició una investigación sobre la acusación de deforestación, pero no hizo caso de los informes de amenazas, una negligencia que le costó la vida a la víctima.
La extensión de la Amazonía y la falta de recursos son las justificaciones más frecuentes de la inoperancia de las autoridades. Argumentan que es difícil acceder a los sitios de las muertes y desarrollar una investigación adecuada. Los investigadores no pudieron confirmar esta hipótesis.
Al verificar los métodos policiales en una muestra de seis asesinatos en Maranhão, HRW identificó serias fallas en las investigaciones. En dos de los casos, la policía no acudió personalmente a la escena del crimen, y en cinco no hubo autopsias de los cuerpos —elemento clave para la determinación de los hechos. A diferencia de lo que dice la policía, la mayoría de estas muertes ocurrieron en centros urbanos, donde normalmente hay estaciones de policía en funcionamiento.
“Por otra parte, enumeramos 17 casos que ocurrieron en ubicaciones remotas donde hubo suficiente investigación e informes. Pero se trataba de situaciones que habían llamado la atención de los medios. La falta de recursos es a veces un factor limitante, pero también hay tolerancia política a la impunidad”, critica Muñoz.
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Otra nota del estudio es sobre la ineficiencia del Programa de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Ambientalistas, que en julio de 2019 mantuvo a 410 personas bajo su custodia en Brasil. Actualmente, la iniciativa opera a través de llamadas telefónicas y acude a los amenazados solo para chequeo, lo que en sí mismo sería un problema. Sin embargo, la condición empeora, porque gran parte del Amazonas aún carece de cobertura telefónica, lo que lleva a los amenazados a exponerse en viajes regulares a ciudades cercanas donde pueden hacer o recibir una llamada.
Por ello, en Pará, los fiscales decidieron procesar al Estado y a la Unión para exigir protección efectiva a estos defensores de la selva. En abril de 2019, un juez ordenó que se incrementaran las medidas de seguridad de cinco personas amenazadas por bandas en la Amazonía.
El factor Bolsonaro
Además de las deficiencias, los investigadores advierten sobre el riesgo de terminación del Programa de Protección de Defensores de Derechos Humanos. Después que se triplicara su presupuesto durante el Gobierno de Michel Temer, la iniciativa sufre la reducción de un 20 % en su financiación para 2019. Pero lo que más les preocupa es la base legal: a través de decretos presidenciales, Human Rights Watch entiende que “El presidente Bolsonaro, que ha despreciado a los defensores de derechos humanos en el pasado, podría abolir fácilmente el programa derogando los decretos”. Un proyecto de ley para convertirlo en política de Estado espera la votación en el Congreso Nacional desde el 2009.
Esto no sería sorprendente si uno considerara los primeros ocho meses del Gobierno actual, que HRW resume en uno de los capítulos del estudio. Las medidas controvertidas incluyen la reducción del presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente en un 23 % y la dimisión, en un solo día de febrero, de 21 de los 27 directores regionales de IBAMA, responsables de aprobar las operaciones contra madereros. HRW descubrió que, en agosto, casi todos los puestos seguían vacantes.
“Hay gran preocupación por la orden que pide que los inspectores no destruyan el equipo de los madereros o mineros descubiertos llevando a cabo actividades irregulares. Todavía no es una norma escrita, pero los técnicos que entrevistamos confirmaron su existencia”, revela César Muñoz Acebes.
El número de multas por deforestación en los primeros ocho meses de la administración de Bolsonaro es el más bajo en 20 años: un 38 % menos que en el mismo período del 2018. El presidente también creó un órgano de conciliación que tiene el poder de revisar multas. Según los técnicos entrevistados, su efecto práctico será la suspensión de todas las acusaciones.
El estudio también subraya que el Gobierno de Bolsonaro ha actuado para desmantelar los esfuerzos de las organizaciones ambientales brasileñas por medio del cierre e incluso de la disolución de los órganos colegiados en los que participan estos representantes de la sociedad civil. Uno de ellos fue el Comité Orientador del Fondo Amazonía, que recaudó más de US$ 820 millones en donaciones internacionales y ahora no tiene seguro su futuro ante el anuncio de una suspensión del aporte de Noruega, que anteriormente había financiado el 93 % de las inversiones.
La “hostilidad abierta del presidente y sus ministros” hacia los defensores de la selva se muestra en términos como “industrias de multas”, refiriéndose a IBAMA, o “ambientalistas chiítas”, como describe a las ONG, pero también fue dirigido a la comunidad internacional cuando los gobiernos europeos defendieron los esfuerzos de conservación. Bolsonaro dijo que estos representan una amenaza a la soberanía nacional y añadió que la Amazonía “era como una mujer virgen deseada por pervertidos extranjeros”.
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“Recolectamos testimonios de personas que vieron cómo los madereros, que antes actuaban solo por la noche, ahora trabajan a la luz del día. Están empoderados, sienten que pueden hacer cualquier cosa. Por ello también la deforestación se ha duplicado este año”, aseveró Acebes.
En este sentido, Human Rights Watch propone en su estudio medidas que podrían mejorar la seguridad de las comunidades locales y reducir la deforestación. “Y muchas de ellas no implican el aumento de fondos públicos”, dice el investigador. Según la ONG, es importante articular esfuerzos de inteligencia y acción de las agencias públicas federales y provinciales, como la policía, la fiscalía y los agentes ambientales.
HRW también pide al nuevo Fiscal General que realice “análisis de casos documentados para identificar patrones y perpetradores, y que lleve al ámbito federal las violaciones graves de los derechos humanos que no sean investigadas adecuadamente por las autoridades provinciales”. Bolsonaro designó a Augusto Brandão Aras, quien será sometido a una sesión de preguntas en el Senado como condición para asumir el cargo.
La organización exige una comisión de investigación del Congreso Nacional y audiencias públicas para examinar las redes criminales responsables de la deforestación ilegal en la Amazonía. También hay recomendaciones sobre el Programa de Protección de Defensores de Derechos Humanos y sugerencias sobre las bases legales que aseguran la preservación de la selva. “Otros actores también pueden tener un papel importante: la fiscalía, la comunidad internacional, empresas brasileñas. La protección de la Amazonía es fundamental para la sociedad”, sostiene César Muñoz Acebes.
*Imagen principal: Claudio José da Silva, coordinador de Guardiões da Floresta, en la Tierra Indígena Caru (MA), a orillas del río Pindaré. La iniciativa del pueblo Guajajara patrulla la selva para detectar acciones ilegales de deforestación e informarlas a las autoridades.
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