- Una sentencia judicial que exige reparaciones sociales y ambientales a dos empresas palmicultoras y, sobre todo al Estado, refleja la situación de abandono que sufren dos comunidades en San Lorenzo, frontera con Colombia.
- Han pasado dos años y los afectados siguen esperando que se cumpla el fallo del juez que ordena dotar del servicio de agua potable a las comunidades, retirar las plantas de palma próximas a las fuentes hídricas y reforestar con plantas nativas, entre otras exigencias.
*Este reportaje es una alianza periodística entre Revista Vistazo y Mongabay Latam.
Hace quince años, Martha Valencia recogía el agua del río para beber y cocinar. Además, allí pescaba. El afluente era lo que para un citadino puede ser el grifo de agua, el supermercado, la lavandería y ducha. Toda la vida giraba a su alrededor, hasta que llegaron los cultivos de palma aceitera al sector y la calidad del agua cambió, denuncian Martha y sus vecinos. Ellos emprendieron una batalla judicial que, aunque ya cuenta con una sentencia a su favor que reconoce la contaminación y el abandono del Estado, no satisface sus demandas.
El río y la comunidad llevan el nombre de La Chiquita, ubicados en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Su cercanía con la frontera, donde conviven con los rezagos del conflicto armado de Colombia, el narcotráfico y la minería ilegal, además de los cultivos de palma y la extracción de madera, hacen que la zona tenga los peores índices de pobreza y violencia en Ecuador.
Han pasado más de dos años desde que la justicia sentenció: “Se determina que se han producido graves afectaciones ambientales en el territorio de las comunidades ‘La Chiquita’ y ‘Guadalito’, que debieron haber sido prevenidas por el Estado ecuatoriano…”, Un juez ordenó reparaciones a los afectados, pero, según pudieron corroborar Vistazo y Mongabay Latam los habitantes de uno de estos pueblos aún siguen en indefensión.
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Se quedaron sin agua
A La Chiquita llega, cada ocho o quince días, un tanquero o camión cisterna con agua, enviado por el Municipio de San Lorenzo desde la cabecera cantonal. Este llena un tanque de plástico azul de 1.500 litros para abastecer a sus pobladores del líquido vital. “Pero ni esa agua es limpia. Nos dijeron en el Municipio que si podemos le pongamos cloro antes de consumirla”, dice Olga, otra de las habitantes del sector.