Cuando el tanque se vacía y el camión no llega, se ven forzados a ir a comprar un bidón de agua de veinte litros en San Lorenzo, que les dura tres o cuatro días. Un gasto que no siempre pueden permitirse porque viven de la agricultura que genera ínfimas ganancias. La segunda opción es caminar para recoger el líquido de un río que no está contaminado, aunque supone un gran esfuerzo físico.

No hay más alternativas para ellos. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el cantón San Lorenzo hay un 16% de analfabetismo, mientras la media nacional es de 6,8 %. Casi la mitad de su población se dedica a la agricultura y pesca por falta de desarrollo industrial en la zona.

Así han transcurrido los últimos años en La Chiquita, mientras esperan que las autoridades cumplan el fallo de un juez de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas de enero de 2017 que, entre otras reparaciones, obliga al Estado a dotar del servicio de agua potable a este pueblo. La zona está en medio de El Chocó, un ecosistema denominado “Bosque Siempre Verde”, que se extiende desde Panamá hasta el noroccidente de Ecuador, y es apreciado por una gran riqueza biológica que se está perdiendo.

Además, el fallo exige la construcción de un centro de salud y una escuela. A las empresas palmicultoras les ordena retirar los cultivos que estén situados a menos de diez metros de los esteros, donde están las fuentes de agua de las comunidades, y reemplazarlos con especies endémicas como caña guadua, generando una zona de amortiguamiento vegetal. Para los exministros de Ambiente aplica una multa “por la evidente negligencia en el cumplimiento de sus funciones”.

“Es una sentencia histórica, aunque tiene reparos e imprecisiones que se tienen que corregir en la ejecución”, dice Manolo Morales, abogado y representante de la Corporación de Gestión y Derecho Ambiental (Ecolex) que auspició la demanda.

La sentencia también conmina a que el Ministerio de Ambiente, junto con las comunidades afectadas, reforeste 500 hectáreas de bosque con especies nativas. Pero para Isaha Ezequiel, otro de los habitantes de La Chiquita, esto es absurdo. “Las empresas son las que han contaminado y acabado con el bosque y nos dicen que nosotros reforestemos. Nos siguen afectando”, cuestiona.

No se trata de una afectación reciente, por años el Estado los tiene en abandono. Las cifras hablan por sí solas: en 2018, la tasa de homicidios en todo San Lorenzo fue de 96 por cada 100 000 habitantes, mientras la media nacional fue de 10 homicidios. La zona ganó notoriedad en ese año, cuando un equipo del diario El Comercio fue secuestrado y luego asesinado por los grupos disidentes de las FARC. El hecho ocurrió en Mataje, un poblado fronterizo cercano a ‘Guadalito’.

A pesar de que en el juicio se mencionaba a cuatro empresas, dos fueron alcanzadas en la sentencia. Palmera de los Andes y Palmar de los Esteros (Palesema). Solo una de éstas accedió a hablar con Vistazo y Mongabay Latam.

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Batalla interminable

 

Las empresas palmicultoras llegaron a San Lorenzo a finales de 1990 y principios de 2000, y se instalaron en un área de alrededor de 30 000 hectáreas que luego se amplió a 50 000. Los habitantes de La Chiquita, en su mayoría afrodescendientes, cuentan que los niños empezaron a presentar enfermedades estomacales, al mismo tiempo que notaron que el río arrastraba una capa de grasas y residuos de pesticidas.

Se internaron por la montaña y descubrieron, a dos kilómetros y medio, río arriba, que una de las palmicultoras había instalado una extractora de aceite que vertía los desechos líquidos al estero. Similar era la situación en la comunidad indígena del pueblo awá Guadalito, que se sumó a la demanda.

“Efectivamente tenemos 11 piscinas de procesamiento, pero con estricto control ambiental. Es falso que nosotros seamos causantes de contaminación alguna”, dice el abogado Fabián Miño, director del Departamento Legal de Palmera de los Andes. Explica que, tras el refinamiento del aceite, las aguas residuales se tratan piscina por piscina hasta lograr su descontaminación. “En las dos últimas piscinas tenemos peces y algas para confirmar que el líquido sale limpio de nuestra empresa”, dice.

Miño afirma que las comunidades fueron manipuladas por las ONG que tienen intereses particulares. A su criterio, Ecolex es una organización ambientalista que recibe fondos del exterior y, para justificar sus actividades y presupuesto, arremetió contra las palmicultoras sin importar las fuentes de trabajo y desarrollo que generan.

Manolo Morales, de Ecolex, considera absurda la acusación de Palmera de los Andes. Comenta que la organización trabajaba en la zona desde 1998 ayudando a las comunidades indígenas chachis y afros en la legalización de su territorio ancestral. Recuerda que, en esos años, el Estado promocionó e incentivó el cultivo de palma y muchos habitantes fueron persuadidos a vender su territorio a las empresas. Fue allí cuando conoció del problema de La Chiquita y Guadalito, y decidió brindar su asesoría.

Para ese entonces, un estudio de calidad de agua de la fundación ambientalista Al Trópico, en 2005, concluyó que los afluentes de estas dos comunidades tenían presencia de endosulfan y terbufos, pesticidas que afectarían la vida acuática y de las personas. Esta información también fue recogida en un informe del Ministerio de Ambiente (MAE) de 2009. Esto sirvió de fundamento para iniciar el juicio. Luego, los estudios de agua posteriores no fueron determinantes para responsabilizar directamente a las empresas palmicultoras. Por eso, el juez aceptó parcialmente la demanda, ordenando al Estado las reparaciones más graves.

En el proceso judicial, Ecolex denunció que la empresa era alertada por las propias autoridades estatales antes de que los funcionarios ingresaran a sacar muestras de agua, para demostrar la presencia de residuos tóxicos. Mientras, Fabián Miño, de Palmera de los Andes, dice que la organización intentaba obtener muestras de aguas estancadas: “Querían encontrar contaminación a como dé lugar. Nosotros contamos con todos los sellos ambientales, a nivel nacional e internacional”. Sin embargo, queda claro que el agua del río ya no es apta para el consumo humano.

Isaha Ezequiel y sus vecinos esperaban que el juez multara a la empresa por los daños causados. De todos modos, no les queda otra opción que aceptar la sentencia, pero han pasado dos años y no empiezan las reparaciones porque el juez no informó del dictamen a las carteras de Estado que deben hacer las reparaciones, comenta Nathalia Bonilla, de la organización Acción Ecológica, que ahora asesora y presiona para que al fin se emitan las notificaciones.

El Ministerio de Educación no sabe que un juez le exige construir una escuela en medio de Guadalito y La Chiquita. Pero este es uno de los errores: debería construirse una escuela en cada comunidad porque en medio de las dos hay una montaña. “Son cosas que se van a corregir una vez se notifiquen las reparaciones”, refiere Bonilla.

Por su parte, Palmera de los Andes informa que ya empezó con las reparaciones que obliga la sentencia, aunque declara que lo hace porque las actividades están dentro de sus responsabilidades y protocolos ambientales, y no porque considere que la sentencia tiene razón de acusarlos de contaminación o daños a los pueblos.

“Estamos reforestando tal como obliga el fallo”, dice el abogado Fabián Miño. Añade, además, que la empresa cuenta con una reserva forestal de 1200 hectáreas, aunque eso no se pida en las reparaciones; que cuenta con la licencia ambiental y mantienen casi 700 plazas de trabajo, impulsando el desarrollo de la zona. “Deberían aplaudirnos y no juzgarnos”, concluye.

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Lo que un día fue un bosque biodiverso

 

Así como el Ministerio de Ambiente otorgó licencias ambientales para la palma en la región biogeográfica de El Chocó, en Esmeraldas, paradójicamente también emitió informes que alertan sobre la amenaza a ese ecosistema por esos monocultivos. Así se puede leer en los planes de manejo de las reservas protegidas de la zona.

Pero antes que la palma, en la década de 1960 empezó la devastación del bosque primario del norte de Esmeraldas. En ese entonces el gobierno implementó el proyecto de “Desarrollo Forestal de Noroccidente”, para lo cual se autorizaron 14 concesiones forestales. Según datos del mismo proyecto, entre 1966 y 1975 desaparecieron más de 400 000 hectáreas de bosque denso. Luego se tramitaron otras cinco concesiones.

“Así fue como se talaron los bosques primarios de Esmeraldas”, dice Walter Palacios, ingeniero forestal e investigador asociado del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio). Explica que estos bosques primarios del noroccidente del Ecuador tienen unas 4 000 especies de flora, muchas de ellas quizá desaparecieron sin que los biólogos las hayan conocido.

La biodiversidad de El Chocó se refleja en sus grandes árboles, pues cada uno de estos es un ecosistema individual. Un árbol de Sande, por ejemplo, puede albergar hasta 60 especies de helechos, orquídeas y otras plantas que lo habitan. Además, sus frutos sirven de alimento a aves e insectos. La riqueza en especies endémicas y el hecho de que el bosque esté siempre verde, se debe a las constantes precipitaciones en la zona, al ser la más lluviosa del país, junto con la Amazonía.

Tras la tala quedaron tres grandes áreas protegidas que son parte de El Chocó: la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, con una reserva de 204 000 hectáreas; Cayapas-Mataje, con 51 000 hectáreas, y Mache-Chindul, de 119 hectáreas. Son reservas que se extienden hasta los páramos de la serranía ecuatoriana. En su mayoría son ricas en orquídeas y helechos gigantes. En la zona norte se encuentran los manglares más altos del país, y una biodiversidad de fauna: desde peces, aves, hasta mamíferos como tigrillos, jaguares y nutrias.

Cuando llegó la palma, según Walter Palacios, quien recorrió la zona para hacer investigaciones sobre los árboles, se tumbaron los bosques secundarios que se habían regenerado tras la tala de la década de 1960. Todavía quedan algunos que no se han vuelto a tocar y espera que el gobierno detenga la expansión de la frontera agrícola en la zona. “Un bosque secundario ya no tiene la misma densidad de especies, y asimismo la fauna también se reduce, pero es mejor preservarlos que convertirlos en monocultivos”.

Pero hay otro asunto grave en términos ambientales: existen pocos estudios sobre la diversidad arbórea de estos bosques. Un estudio del Inabio, que se acaba de publicar en septiembre, revela que en la Amazonía ecuatoriana, se desconoce entre el 42 y el 62 % de las especies, siendo uno de los lugares más monitoreados y estudiados. Los expertos temen que la proporción árboles desconocidos del noroccidente ecuatoriano sea aún mayor, por la falta de estudios. Si la frontera agrícola se expande en la zona, devastando bosques primarios o secundarios, podrían perderse especies que la ciencia aún no ha registrado.

Junto con los bosques cambiaron las comunidades: “Con mi mamá hacíamos canastos de mimbre, de la Piquigua —una de las plantas endémicas—. Allí traíamos el pescado, o la carne de guanta, venado y otros animales que cazábamos. El bosque y el río nos daban todo, ahora tenemos que ir a comprar en San Lorenzo los alimentos que nos quitaron”, lamenta Martha Valencia. A su criterio, la actividad palmicultora incrementó la pérdida de especies.

Los ancestros de La Chiquita, esclavos africanos que llegaron en tiempos de la conquista española, se alimentaban de la caza y agricultura en el bosque. Hoy, sus habitantes saben que esas condiciones no volverán pero por lo menos piden agua limpia. Les apena la migración de sus familiares que buscan mejores condiciones en las grandes ciudades. “Por eso necesitamos que empiecen las reparaciones que exige la sentencia”, dice Wilberto Valencia, otro de los habitantes del pueblo.

Pero esto demorará. El ministro de Ambiente, Raúl Ledesma, quien asumió el cargo hace dos meses, tampoco está bien enterado de la sentencia y la reparación que debe cumplir esta cartera con la reforestación de 500 hectáreas. En una comparecencia ante la Asamblea Nacional, donde estuvieron los afectados, ofreció crear una mesa de diálogo en La Chiquita para verificar las afectaciones que le expuso Wilberto Valencia.

En esa misma reunión, Ledesma dijo estar enterado de otros problemas en la comunidad donde la empresa Energy Palma estaría incumpliendo normas ambientales. Se trata del sector de 5 de Julio de San Lorenzo, que pelea desde hace años no solo por afectaciones ambientales sino por un litigio de tierras ancestrales.

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¿Ecuador ampliará la frontera agrícola de la palma?

 

A pesar de los problemas legales de pequeñas comunidades con grandes empresas, el gremio palmicultor pide que no se satanice o estigmatice la actividad. “Si hay infracciones, la justicia debe actuar. Pero el 89% somos pequeños productores y para nosotros es una actividad agrícola, como cualquier otra, que fomenta el desarrollo del país”, dice Wilfredo Acosta, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera (Ancupa).

En los últimos años la palma está sufriendo por la enfermedad de la “pudrición del cogollo” que está diezmando las plantaciones. En lo que va del año, se han perdido 15 000 hectáreas, dice Acosta. La solución: apoyar con créditos a los agricultores y proporcionar, a través del Ministerio de Agricultura, nuevas semillas que sean resistentes a esta enfermedad.

Para ello, el asambleísta Lenin Plaza, oriundo de Esmeraldas y presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, junto con la Ancupa, impulsan un proyecto de ley en la Asamblea Nacional, que ya pasó el primer debate. Aunque uno de los objetivos es duplicar la producción de aceite de palma, para poder generar biocombustibles, no necesariamente se trata de ampliar la frontera agrícola con nuevos cultivos de palma, dice Plaza. “Eso se verá después con la demanda del país. Lo importante es ayudar ahora a los productores”.

Palma de aceite en Ecuador. El asambleísta Lenin Plaza propone una ley para incentivar al sector palmicultor. Dice que el énfasis es ayudar a los pequeños productores. Foto: Cecilia Puebla.
El asambleísta Lenin Plaza propone una ley para incentivar al sector palmicultor. Dice que el énfasis es ayudar a los pequeños productores. Foto: Cecilia Puebla.

Conforme el proyecto de ley se discuta en la Asamblea y pase a segundo debate, se irán incorporando y delineando los temas de producción y posible expansión de la frontera agrícola. “Pero se trata de optimizar los cultivos, no es necesario expandirse”, dice Acosta. Y, en caso de requerir nuevas áreas refiere que hay tierras subutilizadas en varias provincias de la Costa y Amazonía que han quedado abandonadas de otros cultivos o potreros. “Con eso quitamos la presión a los bosques”.

Pero eso no convence a organizaciones ambientales que refutan que, si bien es cierto que el 89% de productores son pequeños, el resto son grandes empresas que concentran el 80% de las tierras cultivadas. “Las grandes empresas son las que se benefician, lo de los pequeños productores es solo un discurso. La palma es una actividad que usa químicos que se filtran a la tierra, las condiciones de trabajo son precarias y necesita de grandes extensiones”, opina Nathalia Bonilla de Acción Ecológica.

Aunque la palma en Ecuador se distribuye por varias provincias de la Costa y la Amazonía, abarcando alrededor de 250 000 hectáreas, la mitad de estas se concentran en Esmeraldas, por el clima tropical y el suelo apropiados para este monocultivo. Quizás por eso, los mayores problemas, como el caso de La Chiquita, se presentan en este lugar.

*Imagen principal: Habitantes de la Chiquita, norte de Ecuador, denuncia contaminación de su río. Foto: David Silva.

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Artículo publicado por antonio
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