- En comparación con las conferencias climáticas anteriores, la presencia del gobierno de Brasil se redujo drásticamente en la COP25. Su delegación optó por no organizar un espacio de presentación, a pesar de que el país se encuentra entre los diez principales emisores de gases de efecto invernadero del mundo.
- El Ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, quien habló públicamente dos veces en la cumbre, se centró principalmente en las oportunidades para la agroindustria y el desarrollo económico en la Amazonía.
- Los pueblos indígenas y otros activistas hicieron hincapié en las fallas del gobierno para proteger al medio ambiente y a los pueblos originarios que viven en la Amazonía.
MADRID, España – Originalmente, se había programado que Brasil organizara la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) de 2019. El país fue foco atención de los medios globales en noviembre de 2018 cuando el nuevo presidente electo, Jair Bolsonaro, se retiró del evento, incluso antes de asumir el cargo.
Luego, en agosto, aparecieron las impresionantes imágenes de extensos incendios en la Amazonía junto a reportes de un aumento del 30 % en la deforestación bajo la presidencia de Bolsonaro que algunos atribuyen a la retórica inflamatoria del presidente.
La COP25, después de ser trasladada de Brasil a Chile, finalmente aterrizó en Madrid donde durante dos semanas los asistentes brasileños mostraron dos caras totalmente opuestas de lo que ocurre en el Brasil. Por un lado, está el gobierno de Bolsonaro que firmará cualquier nuevo acuerdo de la ONU que salga de esta COP y, por otro, están los pueblos que viven en la selva tropical y alzan la voz en un intento de mejorar las políticas públicas.
Las conferencias de prensa, los debates y las conversaciones en los pabellones de la COP, junto con los carteles de protesta que se levantaron durante las manifestaciones callejeras, denunciaron la degradación amazónica de la nación y elogiaron el papel de los pueblos indígenas en la preservación de los bosques.
Los representantes del gobierno, mientras tanto, parecían hablar de un país diferente. La delegación de Brasil, encabezada por el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, abogó por el desarrollo de la Amazonía y la rápida expansión de la agroindustria.
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Silencio sobre los incendios y asesinatos
En el plenario de la COP25, el martes 10 de diciembre, el Ministro Salles se presentó como el representante de más de 20 millones de personas que viven en la región amazónica, destacándola como la tierra con la “mayor biodiversidad del mundo con un 60 % de bosque nativo preservado”. Sin embargo, nada dijo de las denuncias sobre el aumento de la deforestación o el incremento de violencia hacia las poblaciones tradicionales.
En su primera aparición pública durante la COP, el lunes 9 de diciembre, Salles se enfocó en el sector de la agroindustria brasileña: “Cuando escucho como [los agricultores y ganaderos] hacen que las áreas que ya se despejaron sean más eficientes, esa es la visión correcta. Mejores tecnologías y condiciones son unos de los factores que desalientan la apertura [deforestación] de nuevas áreas. Además, la monetización de los servicios ambientales es algo directamente relacionado con nuestra posición aquí en la COP25”.
Salles no respondió a las preguntas sobre el asesinato de dos representantes indígenas, Raimundo y Firmino Guajajara, ocurrido el sábado 7 de diciembre en la carretera BR-226, entre los municipios de Boa Vista y El Betel, en el estado de Maranhão. Pero en el evento se guardó un minuto de silencio en honor a los dos. El ministro tampoco hizo comentarios sobre los datos que muestran una creciente deforestación en la Amazonía brasileña.
El discurso que dio el ministro el día lunes no fue en un stand del gobierno de Brasil, puesto que la admministración de Bolsonaro decidió no tener uno. En lugar de eso, Salles habló desde un espacio organizado por la sociedad civil.
La delegación brasileña en la COP25 trabajó desde una oficina pequeña y discreta, un cubo azul cuya puerta parecía siempre cerrada. Por primera vez desde 1992, el gobierno negó la acreditación a la sociedad civil para participar en la delegación oficial.
La representación dividida de Brasil se hizo notar especialmente en los discursos del lunes: Salles, con su punto de vista prodesarrollo de la Amazonía, habló justo después de Caetanno Scannavino, coordinador del proyecto Saúde e Alegria, una de las ONG socioambientales recientemente atacadas por una investigación del gobierno, con el embargo de sus computadoras por la Policía Militar de Pará.
Como parte de esa misma operación, cuatro bomberos forestales voluntarios en el municipio de Alter do Chão fueron arrestados por supuestamente iniciar incendios en la Amazonía en septiembre. Los cuatro bomberos, miembros de una ONG socioambiental local, fueron luego liberados por falta de evidencias lo que ha generado preocupación por la criminalización de los movimientos sociales en Brasil. “Obviamente no incendiamos el bosque. ¡Tuvimos una pesadilla!”, dijo Scavinno.
Joênia Wapichana, diputada federal indígena, criticó el silencio del gobierno de Bolsonaro sobre los derechos indígenas: “Me gustaría hablar de Brasil como un país que protege la vida, pero estamos viviendo en la omisión y con miedo de escuchar a la población indígena”.
Animados por el apoyo del gobierno, los representantes de los agronegocios brasileños promocionaron la idea de “Productores rurales: el gran socio ambiental” y participaron en los debates de la COP promoviendo el uso de tecnologías de agronegocios para expandir las tierras de cultivo.
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Puntos de vista opuestos sobre la regularización de la tierra
Brasil también abordó el tema de la regularización de la tierra, aunque principalmente enfocado en los productores rurales y sin mencionar los derechos territoriales de las poblaciones tradicionales. Bolsonaro, ausente en la COP25, continúa afirmando que no habrá una nueva demarcación de las tierras indígenas, y asegura querer aprobar leyes que permitan la minería y la agroindustria dentro de las reservas, lo que actualmente está prohibido.
Después del primer evento de Salles, el presidente del Senado brasileño, Davi Alcolumbre, dijo a la prensa en Madrid que “la autodeclaración es el camino a la simplificación”. Alcolumbre se refería a una medida provisional que Bolsonaro acaba de anunciar y que ha sido cuestionada por aligerar la documentación y las pruebas que deben presentar aquellas personas que quieren registrar reclamos de tierras en la Amazonía. Dicha medida beneficiaría a los acaparadores de tierras que desean ocupar y despejar las tierras forestales.
La llamada “autodeclaración” de la propiedad de la tierra es muy controversial, especialmente en un país con 18 registros de tierras diferentes y millones de hectáreas donde las reclamaciones de tierras en conflicto ocurren a menudo entre comunidades indígenas y tradicionales (con medios de subsistencia forestales sostenibles) y la élite de foráneos (que desean beneficiarse de la conversión del bosque a tierras de cultivo y pastos). Los expertos advierten que la “autodeclaración” tiene el gran potencial de fraude, acaparamiento de tierras y aumento de conflictos y violencia rural.
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500 000 personas marchan en Madrid
La otra cara de Brasil participó en la marcha por el clima, esta congregó, el viernes pasado bajo la bandera de la justicia climática y los derechos a la tierra rural, a medio millón de personas en las calles de Madrid. La protesta se organizó con la colaboración de la Cumbre del Clima Social que tuvo lugar, en paralelo a la COP25, en la Universidad Complutense de Madrid. La joven activista Greta Thunberg y el actor Javier Bardem fueron personalidades destacadas durante la marcha junto con los manifestantes indígenas.
Sonia Guajajara, representante de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), declaró en el escenario al final de la marcha: “Bolsonaro no es solo un problema para Brasil. ¡La Amazonía está ardiendo y sus defensores y nuestros medios de vida están siendo asesinados!”.
La líder indígena, en una entrevista después de la COP25, se refirió al discurso de Salles: “estamos obligados a escuchar al ministro decir que tenemos que cuidar a las personas, mientras aumentan los asesinatos de indígenas y las invasiones de nuestras tierras. Brasil está en contra de la inclusión de los derechos humanos en el Artículo 6 ”, dijo, refiriéndose al mecanismo para regular los mercados de carbono bajo el Acuerdo de París, uno de los focos principales de esta COP.
Los datos preliminares de 2019 del Consejo Misionero Indígena (CIMI) indican que en los primeros nueve meses de la legislatura de Bolsonaro se registraron 160 casos de invasión de tierras indígenas, el doble que el año pasado.
El presidente del CIMI, Antonio Eduardo de Oliveira, comentó a Mongabay: “lamentamos la posición del gobierno brasileño, una reacción contraria a la protección de nuestro futuro y el planeta, y que coloca [falsamente] a los pueblos indígenas como un obstáculo para el progreso. La política del gobierno va en contra de la constitución federal [de 1988] y los tratados [internacionales] de los que Brasil es signatario”.
Un representante de la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), Tabea Casique Coronado, dijo que Brasil tiene la enorme responsabilidad de proteger la Amazonía, tanto en casa como en las negociaciones de la COP, “pero el gobierno no dialoga con poblaciones latinoamericanas tradicionales”.
*Imagen principal: Imagen referencial. El presidente de Brasil Jair Bolsonaro con representantes indígenas en el Palácio do Planalto en abril del 2019. Foto: Carolina Antunes/PR – https://www.flickr.com/photos/palaciodoplanalto/47580649942/, CC BY 2.0
Esta historia fue publicada por primera vez en la web en inglés el 13 diciembre de 2019.
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