- Leonardo Grosso preside la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente en la Cámara de Diputados de la Nación. Desde allí asegura que busca rediscutir el modelo productivo del agronegocio y crear conciencia ecológica en la política argentina.
- Reformar la Ley de Bosques para detener la deforestación y sancionar nuevas normas que regulen la protección de los humedales y el uso de agroquímicos son algunos de los objetivos que se plantea para los próximos años.
Aunque su ficha indica que ocupa una banca como diputado nacional desde 2011, Leonardo Grosso es considerado todavía a sus 37 años un ejemplo de la llamada “nueva camada” de la política argentina. En el tiempo transcurrido desde que ganó por primera vez un lugar en el Congreso, la juventud no fue un impedimento para que su rostro y su voz fueran ganando un espacio en los medios de comunicación. Pero fue merced a un motivo puramente personal que acaparó los titulares: en 2018 declaró públicamente su homosexualidad y al año siguiente se convirtió en el primer legislador argentino en actividad que se casaba gracias a la Ley de Matrimonio Igualitario.
Hoy, en su tercer período como congresista, Grosso preside la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. De su empeño, y de los consensos que pueda lograr, dependen en buena medida la sanción de varias leyes indispensables para regular muchos de los males que aquejan a todos los ecosistemas del país sin excepción.
Como no podía ser de otro modo, el Gran Chaco ocupa un sitio primordial en esa agenda. Mongabay Latam entrevistó a Grosso para hablar sobre la deforestación incesante en este ecosistema, la utilización de agroquímicos, el siempre demorado desarrollo social y económico de la ecorregión, pero también del lugar que ocupa la cuestión medioambiental en la política nacional y el debate sobre el modelo productivo del agronegocio en la Argentina.
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Introducir la ecología y el medio ambiente en la agenda política es una dificultad en casi todo el mundo, ¿por qué cree que ocurre?
Existe un problema generacional y de comprensión. La dirigencia que está en el poder, por lo general mayor de 50 años, está formada en la idea de que la ecología es contraria al desarrollo. Peor todavía, de fondo circula la idea de que las ONG ambientalistas persiguen el interés de frenar el desarrollo de los países, aunque nadie sepa bien por qué les interesaría algo así. Incluso mi generación, con varios años menos, tiende a situar los problemas ecológicos en el futuro, no en el presente. Creo que solo los más jóvenes entienden cabalmente lo que pasa y están impulsando el tema en las redes sociales y los medios. Al ambientalismo hay que darle tiempo, como le ocurrió al feminismo, para que se haga un lugar en las agendas.
¿Esta dinámica se repite en la política argentina?
Sí, cada vez hay más conciencia del tema pero sin duda todavía es poca, aunque ahora la pandemia lo ha instalado con más fuerza. Nuestra ventaja es que tenemos una historia bastante rica de activismo ambiental, que por ejemplo logró que en noviembre del año pasado se haya declarado la emergencia climática y ecológica en el país. Eso fue gracias a los pibes y las pibas —como llaman a los jóvenes en Argentina— que ocuparon las calles con planteos que antes quedaban en el registro de las ONG o en planteos muy puntuales.
¿En qué medida ese activismo podrá traducirse en hechos concretos? ¿Lo ambiental formará parte del Consejo Económico Social propuesto por el presidente Alberto Fernández para debatir el futuro del país?
Debería formar parte. La cuestión ambiental, ecológica, tendría que estar presente en todo si pretendemos lograr una salida económica de la crisis y construir una perspectiva de desarrollo, de país sustentable.
¿Habrá espacio en dicho Consejo para hablar del modelo productivo que, por ejemplo, en el Gran Chaco arrasó millones de hectáreas de bosque en los últimos 25 años?
Argentina fue “el granero del mundo” sin contaminar lo que contamina ahora, con un modelo que funcionó durante más de cien años y lo hacía bien. El modelo actual que plantea el agronegocio, extractivista y contaminante, pone en crisis a los humedales empujando al ganado a las islas del Delta del Paraná, y permite que sobre nuestros campos, incluyendo los del Gran Chaco, se tiren toneladas de veneno, que terminan en nuestras aguas y en la mesa de la gente que vive en las ciudades. Tenemos que discutirlo y redefinirlo pensando una perspectiva de desarrollo respetuosa con el medio ambiente. Vamos a trabajar muchos proyectos vinculados al sector para ir construyendo legislación porque creemos que se puede hacer de otra manera. El modelo que nos trajo hasta este punto tiene cosas buenas y malas, pero lamentablemente tiene más cosas malas que buenas.
¿Y cómo plantea que pueda reencauzarse la situación?
Tenemos que construir una nueva ruralidad. Argentina es el país con menos población campesina de América Latina. No puede ser que el 93 por ciento de los habitantes vivamos en ciudades cuando somos unos de los principales exportadores de agroproductos en el mundo. Hay que pensar un programa serio de vuelta al campo, con un millón de chacras donde vayan familias que quieran producir alimentos agroecológicos para abastecer a las ciudades.
Las políticas que empiezan a vislumbrarse para la pospandemia no parecen ir en esa línea. En Chaco se habla de sumar tres millones de hectáreas a la producción y el país está por firmar un acuerdo con China para duplicar la cabaña porcina.
Hay cosas en las que se podrá avanzar y otras en las que no. Entiendo que es un error volver al esquema de monocultivo tradicional. Supuestamente trae ventajas y divisas, pero se deben evaluar los costos, porque sin dudas se trata de un esquema insustentable. Pero no es una decisión que se pueda tomar de un día para el otro. El mundo rural, el campo y el agronegocio son los sectores más duros de roer. Los intereses que sostienen el actual sistema de producción son los más poderosos.
En el Gran Chaco esos intereses aprovechan las facultades que la Constitución Nacional les da a las provincias para no cumplir como se debería las normas que protegen el monte y la biodiversidad, ¿cómo se soluciona ese obstáculo?
Los presupuestos mínimos de las leyes nacionales, como por ejemplo la Ley de Bosques, son obligatorios para las provincias, aunque habría que dar una discusión de fondo sobre nuestro Sistema Federal y la Constitución de 1994. Lo que sucede es que hoy existen otras prioridades: estamos atravesando una crisis económica y social pocas veces vista. Pero la Ley de Bosques tiene, además, un problema muy concreto: un informe del Ministerio de Ambiente indica que la mitad de las tierras que se desmontaron entre 2010 y 2017 están inutilizadas, abandonadas. Se deforestó porque sí, para vender posteriormente unas tierras que al final tampoco se vendieron. Hacer especulación inmobiliaria con los montes de la Argentina es una locura.
¿La Ley de Bosques precisa una reforma?
Sí, necesitamos establecer algún tipo de límite a la tala indiscriminada, sobre todo si después el resultado es tener tierras improductivas. Que la producción avance sobre esos lugares donde ya destruyeron el monte y dejen tranquilo al resto. Pero además, hace falta una política de manejo de bosques que recupere y restaure las zonas afectadas. El Gran Chaco es una de las regiones de América Latina donde más se deforestó en los últimos diez años.
También es la región con los peores índices de desarrollo social del país. ¿Cabe pensar que los planes de aumentar la producción mejoren la situación como se promete o todo seguirá igual?
El agronegocio llegó al país hace 20 años, no es tan antiguo. Vinieron con su paquete tecnológico prometiendo el fin del hambre, no solo en determinadas regiones sino en el mundo, pero no resolvieron nada. El resultado es que la mayoría de la humanidad está por debajo de la línea de la pobreza. Quizás solo en tiempos medievales haya habido un mundo tan hambriento como el actual; aunque seguro nunca hubo uno más desigual.
Mencionó anteriormente el problema de los agroquímicos, ¿puede esperarse una próxima ley que regule su utilización?
Presenté un proyecto de ley de presupuestos mínimos de agroquímicos. Prohíbe las fumigaciones aéreas, la aplicación de agroquímicos a menos de 1500 metros de zonas urbanas, escuelas o parajes, los vuelos sobre ciudades o parajes aunque los aviones estén vacíos de agroquímicos y el establecimiento de depósitos de esos productos en ciudades.
¿Le ve posibilidades de aprobación?
Va a ser difícil, hay que trabajarlo y construir consenso. También existe una propuesta de la Federación de Municipios Agroecológicos que promueve un plan de reducción de uso de agroquímicos en 20 a 30 años. La idea que se persigue es mantener los niveles de producción pero agroecológicamente, y sin la utilización de herbicidas o productos semejantes.
Ahora mismo, la norma ambiental que parece más cercana es la Ley de Humedales, ¿tendrá sanción este año?
Esa es nuestra intención, aunque sabemos que los intereses que están enfrente son muy poderosos: se sienten afectados los sectores minero, arrocero, forestal, inmobiliario y, por supuesto, el agronegocio, que económicamente es el más poderoso y rentable del país después del financiero.
¿Hay algún punto en común en el que coincidan esos sectores para oponerse?
Todos se han escondido siempre detrás de un discurso que es falso: “No nos dejan producir, no nos dejan desarrollar, no se puede. Van a convertir el 21 por ciento del territorio nacional en una reserva ecológica”, dicen, y es mentira. Primero porque el 21 por ciento del territorio argentino son zonas de humedales, no estrictamente humedales; y también porque por mandato constitucional ninguna ley es retroactiva. Si hay un barrio residencial construido en un humedal, aunque esté mal y sea ilegal, nadie lo va a tocar.
¿Cuáles son los fundamentos principales de la norma en la que se está trabajando?
Lo que buscamos es obligar a que se hagan estudios de impacto ambiental para respetar los criterios que establezca la ley. Queremos que no puedan prender fuego a 70 000 hectáreas de pastizales como ocurrió en estos meses en el Delta del Paraná para mejorar la pastura y que el dueño de esa tierra gane más dinero con la exportación. En el fondo, estamos discutiendo márgenes de ganancia, nadie pretende que alguien pierda dinero pero quizás deban ganar menos. Los humedales son un servicio que nos brinda el ecosistema y que el Estado debe regular, porque si no lo hace el mercado lo destruye y serán sus nietos quienes no podrán producir.
¿Con qué avances legales, desde el punto de vista ambiental, se sentiría satisfecho cuando termine su actual período en el Congreso?
En la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano —un nombre que, por cierto, habría que cambiar— me conformo con establecer líneas de trabajo claras. Cuando empezamos, la Comisión era bastante ecléctica y la presentación de proyectos guardaba más relación con las realidades territoriales de los diputados y diputadas que con políticas públicas. Nosotros pretendemos establecer dos grandes líneas: discutir el mundo rural —y por eso los proyectos de Humedales, de Bosques, de Agroquímicos…— y la transición energética. Quiero atar los destinos de nuestro gobierno a esos dos ejes. Y también, por otro lado, lograr que la perspectiva ecológica pueda ir contagiando a todas las áreas de trabajo del Parlamento y establecer lineamientos de política pública para acordar que sigamos caminando hacia el mismo lado más allá de quién gobierne.
Imagen principal: Los camiones esperan para ser cargados en un área cercana al Parque Nacional Copo que está siendo desmontada. Foto: Greenpeace Argentina.
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