Algunas estimaciones señalan que, por lo menos, la mitad de la madera que se comercializa en el país tiene un origen ilícito.La presencia del crimen organizado, la impunidad, el exceso de trámites burocráticos y la falta de políticas y presupuesto para fortalecer la silvicultura han hecho aún más difícil el panorama para las comunidades que producen madera legal. Hasta hace unas horas, el árbol con tres décadas de vida se erguía poderoso, incólume y frondoso. Ahora es una ruina, solo quedan sus ramas que yacen a la vera del camino hacia la comunidad de Bioto, en la costa del Pacífico occidental de México. Su grueso tronco va camino a uno de los aserraderos de la zona. El derribo de la parota (Enterolobium cyclorarpum), como en estas tierras se llama a ese árbol y cuya madera se considera semipreciosa, se realizó sin que existiera algún permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Así es como sucede con casi todos los árboles que se talan en la región boscosa del municipio de Cabo Corrientes, en la costa norte de Jalisco. “Ellos —el gobierno en cualquiera de sus niveles— no tienen poder aquí… . El que decide lo que se tira y lo que permanece es don Guty, Agustín Hernández (informes policiacos señalan que su verdadero apellido es González Chavarín), él es el verdadero gobierno en esta costa; van con él y le piden el favor. Si él no lo da, ningún papel te sirve”, comenta con certeza un campesino de la zona.