El rostro de Nemonte Nenquimo le ha dado la vuelta al mundo este año. La lideresa waorani que encabezó la lucha contra el proyecto de explotación petrolera del Bloque 22, en Ecuador, se convirtió este año en la imagen de las luchas indígenas en Latinoamérica. Durante el 2020, Nenquimo recibió el premio Goldman 2020, el mayor reconocimiento ambiental que se entrega a nivel mundial; además que fue seleccionada como una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time.

Pero la lucha de quienes defienden el medio ambiente también ha mostrado los rostros de aquellos que fueron asesinados por enfrentarse a la ilegalidad. En Colombia, la violencia contra líderes indígenas, sociales y ambientalistas se disparó e incluso, según la organización Global Witness, el país ocupa hoy el primer lugar del mundo en número de asesinatos de ambientalistas.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), hasta el 5 de diciembre ocurrieron 79 masacres en Colombia, con 340 personas asesinadas. Entre los crímenes cometidos contra defensores ambientales este año está el de Javier Francisco Parra, uno de los coordinadores regionales de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena). También forman parte de esta terrible lista los líderes indígenas Carlos Escué del resguardo Munchique Los Tigres; Juan Carlos Petins del resguardo Belalcázar y Eduardo Pino Julicué, hijo de la exconsejera de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) Luz Eyda Julicué.

México también figura entre los países más peligrosos para los defensores ambientales. En enero, Homero Gómez González, defensor de la mariposa monarca, fue encontrado muerto después de permanecer varios días desaparecido. Este año también asesinaron a Adán Vez Lira, defensor de una zona de manglares, en Veracruz; Isaac Herrera Avilés, abogado que defendió una zona boscosa en Jiutepec, Morelos, y Eugui Roy Martínez Pérez, estudiante de biología en Oaxaca.

Mientras tanto, en Perú, cinco defensores ambientales fueron asesinados en el 2020. El jefe de la comunidad de Unipacuyacu, Arbildo Meléndez, que se enfrentaba a invasores en su territorio, murió en abril de este año. Otros ambientalistas como Benjamin Ríos Urimishi, Gonzalo Pío Flores y Lorenzo Wampagkit Yamil fueron víctimas de la ilegalidad. El último asesinato del año ocurrió en septiembre, cuando Roberto Carlos Pacheco, hijo del conocido ambientalista Demetrio Pacheco, fue asesinado cerca de su concesión forestal en Madre de Dios.

Un año bajo fuego

Los incendios forestales acabaron este año con miles de hectáreas en Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina. Según el nuevo atlas Amazonía bajo presión, publicado recientemente por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) Brasil y Bolivia representan el 93% del área total afectada por los incendios forestales entre los años  2001 y 2019, y este año no fue diferente.

Los ecosistemas del Pantanal Sudamericano, la Chuquitanía y el Gran Chaco Sudamericano fueron arrasados por el fuego que se volvió incontrolable principalmente entre los meses de julio y septiembre. Alrededor de 63 000 incendios forestales fueron detectados en Brasil este año hasta el 31 de agosto. Mientras que en Bolivia los últimos reportes de la Fundación Amigos de la Naturaleza indicaron que más de 4 millones de hectáreas fueron arrasadas.

Deforestación en territorio menonita

El avance de la deforestación en Perú tiene entre sus causas la pérdida de bosques a gran escala en la Amazonía. En este panorama, la presencia de las colonias menonitas está cobrando importancia pues hasta el momento se ha reportado que alrededor de 3000 hectáreas fueron taladas fueron dentro de los terrenos que ocupan estas colonias  en Masisea, Ucayali; Tierra Blanca y  Padre Márquez, en Loreto.

Este grupo religioso que empezó a llegar en el año 2017 a Perú enfrenta, actualmente, tres investigaciones fiscales por deforestación ilegal en los lugares mencionados.

En Bolivia, las colonias menonitas también han causado deforestación a gran escala. Solo este año, el monitoreo de Global Forest Watch reportó 11 693 alertas de deforestación dentro del Área Protegida Municipal Laguna Concepción, en Santa Cruz, una pérdida de bosque ocasionada por los menonitas asentados en esa zona. En los últimos 10 años las tierras deforestadas por esta colonia pasaron de 14 714 hectáreas a 34 090 hectáreas dentro del área protegida.

Las flotas chinas en el mar sudamericano

En julio de este año se reportó la presencia de por lo menos 260 embarcaciones chinas pescando en los límites de la zona económica exclusiva de Galápagos. Desde entonces, la presencia de estas embarcaciones de origen asiático ha despertado preocupación en los países de la región.

En Ecuador, expertos en el tema aseguraron que este grupo de barcos era el mismo que meses antes protagonizó espectaculares persecuciones por parte de la Armada Argentina por pescar ilegalmente al interior de la zona económica exclusiva de ese país.

En septiembre, un grupo de 250 a 300 embarcaciones chinas se instalaron frente al mar territorial peruano, a la altura de Pisco, para dedicarse a la pesca de pota o calamar gigante (Dosidicus gigas). Aunque la Marina de Guerra del Perú aseguró que estos barcos extranjeros no operaban dentro del dominio marítimo del país, los pescadores aseguran que estos barcos realizan una pesca no reglamentada que amenaza con sobreexplotar los recursos marinos del mar sudamericano.

El avance de la minería ilegal

El precio del oro superó la barrera de los 2000 dólares la onza durante el 2020, un alza histórica que se ha visto reflejada en una mayor demanda del metal. Esto ocurrió en un contexto en el que la minería ilegal encontró espacios para seguir avanzando.

Áreas naturales protegidas como el Parque Nacional Madidi, en Bolivia, y la Reserva Nacional Alto Purús, en Perú, han estado fuertemente amenazadas por la minería ilegal este año. Inmensas dragas, llamadas también dragones chinos, se observaron en el río Kaká, cerca del Madidi; mientras que  la llegada de mineros ilegales al río Pariamanu amenaza el área protegida más grande del Perú.

Pero estos no son los únicos lugares donde los mineros ilegales están causando conflicto y deforestación, en la Cordillera del Cóndor, en el límite entre Perú y Ecuador, también está presente la actividad ilegal y en Colombia, el informe Explotación de oro de aluvión: evidencias a partir de percepción remota 2019 señala que el 52 % de las explotaciones auríferas, sin incluir las subterráneas, están en zonas protegidas ambientalmente o donde la minería está estrictamente prohibida.

El COVID-19 en la Amazonía

Entre las poblaciones más vulnerables por la pandemia del coronavirus  están los pueblos indígenas. La presencia del virus en los territorios amazónicos fue devastador y sus efectos aún no han terminado. Según la Red Eclesial Panamazónica y la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que realizaron monitoreos en territorios indígenas desde el inicio de la emergencia sanitaria, hasta el 21 de diciembre de 2020 se registraron 1 610 130 casos positivos en la Amazonía y los fallecidos sumaron 37 747 en los nueve países amazónicos de la región.

Brasil lidera esta lista con más de 25 000 fallecidos, seguidos por Bolivia que supera los 6 000 y Perú con más de 3000 indígenas muertos.

Casos como la muerte de los líderes Santiago Manuín, del pueblo awajún, y Benjamín Rodriguez, impulsor del Parque Nacional Yaguas, son solo algunos de los nombres que se llevó la pandemia del COVID-19.

La presencia del jaguar

El tráfico de colmillos, de garras y de piel amenaza a la especie emblemática de América: el jaguar. Esta especie categorizada como Casi Amenazada según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) tiene una población en declive debido, principalmente, a la pérdida de su hábitat, pero también por la caza ilegal a la que está sometida.

Sin embargo, no todo está perdido. Esfuerzos desde los gobiernos y otros sectores se están haciendo para proteger al gran felino de América. Por ejemplo, durante la última reunión COP 13 de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) —realizada en Gandhinagar, India— se propuso incluir a esta especie emblemática en los apéndices I y II de este acuerdo internacional.

También está el programa de corrales electrificados en la selva de Misiones, en Argentina, que se ha implementado para demostrar que es posible la convivencia entre la actividad ganadera y los jaguares.  Otro caso de conservación de la especie es la historia de Qaramta y Tania, dos jaguares en el Parque Nacional El Impenetrable, en el Chaco Argentino, que forman parte de un proyecto de reproducción del felino.

Los guardianes de las áreas protegidas

Los guardaparques fueron clave para la conservación durante la pandemia por el COVID-19. Durante los meses de inmovilización tuvieron que hacer frente a problemas de ilegalidad que amenazaron a las áreas naturales protegidas.

Las invasiones en el Parque Nacional Carrasco, en Bolivia; la minería ilegal en el Parque Nacional Purús, en Perú; además de la caza ilegal y la tala ilegal fueron actividades que penetraron las áreas naturales protegidas latinoamericanas mientras estas permanecían cerradas por la emergencia sanitaria.

En Ecuador, los despidos masivos en el Ministerio del Ambiente dejaron sin empleo a más de medio centenar de guardaparques y mantiene en la incertidumbre a casi 200.

#SinCienciaNoHayFuturo

El COVID–19  ha puesto en primer plano el trabajo de los científicos. Investigaciones aceleradas en el campo de la salud, así como las publicaciones sobre cómo la depredación de los ecosistemas nos ha puesto frente a una de las más graves crisis sanitarias del último siglo, reflejaron la trascendencia de mirar el trabajo que están haciendo los científicos en todos los campos del conocimiento.

El hashtag #SinCienciaNoHayFuturo se volvió una constante en las redes sociales desde julio de este año, cuando científicos de diferentes partes del mundo lo utilizaron para llamar la atención sobre la falta de financiamiento para sus investigaciones.

Continuar investigando sin poder salir a campo también ha sido uno de los grandes retos que durante meses tuvieron que enfrentar científicos dedicados a la conservación. Una situación que además los llevó a reflexionar sobre los cuidados y protocolos que deben considerar para el contacto que mantienen con las especies silvestres.

La recuperación de las especies

El nacimiento de tres polluelos de guacamayo en el mes de octubre devolvió la esperanza a los conservacionistas de la Fundación Rewilding Argentina. Se trataba de las crías de Ara chloropterus, o gran rojo, que desde hace más de 100 años no estaban presentes en el Parque Nacional Iberá.

El nacimiento de estos pichones silvestres es un avance para la recuperación de esta especie en Argentina. Un trabajo similar también se está realizando en Chile, donde la fundación Tompkins Conservation ha logrado reintroducir cóndores, ñandúes, pumas, huemules y otras especies emblemáticas en la Patagonia.

En Bolivia, la instalación de nidos artificiales para la paraba barba azul ha logrado el aumento de la población de esta especie. La experiencia en la Reserva Barba Azul, en los Llanos  de Moxos, es una esperanza para la recuperación de esta especie en peligro de extinción.

La ‘desaparición’ de una cascada

La historia de la ‘desaparición’ de la cascada San Rafael empezó el 2 de febrero cuando de pronto la caída de agua más alta de Ecuador dejó de verse en el paisaje donde había estado por miles de años. El geólogo Alfredo Carrasco explicó que el río había cambiado su curso y que el agua discurría ahora por otro lugar.

Emilio Cobo, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza tenía la hipótesis de que las operaciones en la represa de Coca Codo Sinclair estarían relacionadas indirectamente con el colapso de San Rafael.

Dos meses después, se hundió la tierra en el río Coca, en el sector de San Rafael, ocasionando el colapso de las bases y las tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), causando un derrame de petróleo sobre las aguas del Coca.

Conservación y amenazas en las comunidades forestales

A inicios de la década de 1980, comunidades y ejidos de México reclamaron su derecho al manejo de los recursos forestales que se encontraban en su territorio, que hasta ese momento habían estado concesionadas a empresas privadas. En esos años, el gobierno mexicano canceló esas concesiones y ordenó que se permitiera a los comuneros realizar el aprovechamiento forestal.

Así nació lo que actualmente se conoce como manejo forestal comunitario. Historias de éxito y de amenazas han sido parte de la cobertura de Mongabay Latam durante el 2020. Casos como la organización de Ixtlán de Juárez, integrada por cuatro comunidades de Oaxaca, que manejan 24 mil hectáreas de selva baja, o la comunidad indígena de Capulálpam, en la Sierra Norte de Oaxaca, que enfrenta a la minería, son algunos de los proyectos de conservación de bosques en México.

Imagen principal: Nemonte Nenquimo, ganadora del Premio Goldman para Sudamérica y América Central. Foto: Jerónimo Zúñiga, Amazon Frontlines.

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