- El veto de Estados Unidos para exportar a ese país madera extraída del Amazonas los golpeó pero no los detuvo. Los socios tras las dos empresas sancionadas se reinventaron, con nuevas compañías y aliados, para seguir enviando madera sobretodo a República Dominicana y a México.
- Nada tendría de particular, salvo que no se trata de un bosque cualquiera, sino de la reserva más grande de oxígeno del planeta, y el gobierno de Perú no provee los mecanismos para trazar transparentemente la madera desde su origen.
Una investigación transfronteriza y colaborativa de periodistas en cinco países ha descubierto cómo los socios de dos empresas forestales peruanas sancionadas en Estados Unidos entre 2017 y 2019 por transportar madera de origen ilegal se las han arreglado en años recientes para seguir exportando madera a varios países, mediante otras sociedades, parientes o aliados, de paso dejando un rastro de inconsistencias.
Los socios de estas firmas sostienen que verifican la legalidad de su madera, pero no han proporcionado a las autoridades estadounidenses y peruanas ninguna prueba que demuestre que han mejorado su enfoque para hacer frente a la tala ilegal, como confirmó el entonces Representante de Comercio de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, cuando ordenó a las aduanas estadounidenses en 2019 que bloquearan las futuras importaciones de madera a ese país de Inversiones WCA, E.I.R.L y, el 19 de octubre de 2020, que extendiera un veto similar que le había puesto a Inversiones La Oroza SRL (Oroza).
Con respecto a La Oroza, la medida de la USTR se tomó «con base en la madera extraída ilegalmente encontrada en su cadena de suministro (La Oroza)» y porque «el Gobierno de Perú no ha demostrado a satisfacción del Comité de la Madera que La Oroza cumple con los requisitos necesarios para la extracción y el comercio de productos madereros».
Inversiones La Oroza fue la que mayor carga de madera ilegal llevaba en los ampliamente reportados viajes que en 2015 hizo el barco Yacu Kallpa desde Iquitos, en la Amazonía peruana, hacia Estados Unidos. Como consecuencia, vino la emblemática decisión de bloquearle la entrada a sus productos en 2017, veto que extendió el año pasado por otros tres años hasta 2023.
La otra empresa, Inversiones WCA, E.I.R.L -la tercera que más carga llevaba en el Yacu Kallpa- fue bloqueada para entrar a Estados Unidos en 2019, porque el gobierno de Perú encontró que un año antes había enviado al país del norte madera que no había sido cosechada y comercializada de acuerdo con las normas peruanas. Este año las autoridades federales estadounidenses decidirán si le extienden o no el veto.
Esta investigación, realizada por Columbia Journalism Investigations (CJI) en Estados Unidos, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) con sede en Costa Rica, OjoPúblico en Perú, Mongabay Latam en Perú y México, El Informe con Alicia Ortega del Grupo SIN en República Dominicana y Agência Pública en Brasil, encontró que las dos empresas exportaron a México, y en el caso de La Oroza, que su socio siguió enviando madera al conglomerado empresarial de los Ceballos Gallardo, a pesar de que ya les había enviado cargas de la madera a bordo del Yacu Kallpa en el 2015.
Los hermanos Ceballos no respondieron varios pedidos de entrevista, excepto por un mensaje cortó que envió Ernesto Ceballos a una reportera de este equipo en México, en el que dijo que su empresa “había dejado de importar madera de Perú porque había incertidumbre legal con las autoridades forestales de ese país”. Como lo relata otro de los capítulos de esta investigación, empresas de Ceballos sí siguieron comprándole a La Oroza. (Ver explicación completa en Los clientes fieles mexicanos de La Oroza).
Las exportaciones de La Oroza y de WCA a países que no sean Estados Unidos son legales, pero la madera que han venido comercializando en los últimos años incluidas algunas provenientes de especies amenazadas o vulnerables, como la caoba o el shihuahuaco, la han extraído del Amazonas mientras autoridades de Brasil y de Perú han aflojado los controles para trazar el rastro de la madera a sus orígenes, como coincidieron varias fuentes consultadas por esta investigación. (Ver explicación completa en Se debilita el trazo de la madera en la Amazonía peruana).
Los reporteros preguntaron a las autoridades peruanas sobre las críticas a su gestión reciente. Ante la pregunta de si se han flexibilizado las supervisiones y las acciones de decomiso en los últimos tres años, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) se limitó a responder que ha “realizado algunas acciones de control” incluso durante la pandemia y que, entre 2018 y 2021, llevó a cabo 35 de estas acciones sobre dos especies de cedro y una de caoba que aparecen listadas en la Convención de Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Sin embargo, explicó, “no han sido objeto de decomiso”.
El Banco Mundial calculó que el 80 por ciento de la madera que sale de Perú tiene origen ilegal y el Instituto BVRío, una entidad de la sociedad civil, encontró que el 90 por ciento de los productos forestales de la Amazonía brasileña pueden involucrar alguna operación ilegal.
Esta investigación transfronteriza también estableció que la empresa Mafilo, S.A. de República Dominicana fue fundada, junto con un socio dominicano, por Luis Ascencio Jurado, gerente de Inversiones La Oroza, y que éste es hoy su mayor accionista. Desde su creación en 2016, esta maderera dominicana ha importado 5,5 millones de dólares desde diversos países, entre ellos Perú. Además, ha importado desde Brasil varias cargas de madera de especies amazónicas amenazadas, que compró a dos empresas brasileñas, actualmente investigadas por la Policía Federal de ese país, sospechosas de haber adquirido en el pasado madera cuyo origen se había certificado con documentos con información falsa.
La Policía Federal de ese país encontró esos documentos durante un gran operativo que empezó en 2017 para detener la extracción ilegal de madera de la Amazonía, llamada Operación Arquímedes. Según fuentes policiales en Brasil, como aún no han producido el informe final de sus operaciones, aún no lo han presentado ante el Ministerio Público Federal para que considere las acciones legales del caso.
Esta alianza periodística también encontró que el principal socio de Inversiones WCA, William Castro Amaringo, suspendió las exportaciones de madera con esta empresa después de la sanción del gobierno federal de Estados Unidos, pero continuó exportando en 2020 con otra de sus empresas, Miremi S.A.C., cuya actividad comercial original era la de aserrar y cepillar madera.
Después de comparar los datos de las entidades aduaneras de República Dominicana y de Perú, esta alianza periodística encontró inconsistencias.
En entrevista por video, desde su sede en Iquitos, Luis Ascencio Jurado dijo que se aseguran “de que el origen [de la madera] sea legal tanto en el Perú como en otras partes del mundo” y que desde 2016 toman medidas para extraer maderas de sus propias concesiones y exportar. “Pero en las estadísticas de las exportaciones a nivel del Perú, nosotros no exportamos ni el 0,50 por ciento de la madera”, pues después del Yacu Kallpa les bajaron sus exportaciones en un 80 por ciento. Además explicó el por qué la creación de Mafilo y cuál es su relación con esta y otras empresas (ver entrevista completa).
William Amaringo dijo a las reporteras que lo entrevistaron que la culpa principal recae en las autoridades de peruanas. Que su empresa ha tenido que enviar un ingeniero forestal que revise en el bosque para garantizar que la madera que saca es de procedencia legal y que ese es trabajo que debería hacer el Estado.
Esta investigación -que consta de cinco historias más, además de esta- analizó datos de tres países y en tres bases de datos comerciales (Veritrade, Panjiva y Sayari), consultó múltiples documentos oficiales y publicaciones especializadas y realizó unas treinta entrevistas y consultas con funcionarios públicos, fiscales, operadores de carga, académicos, ecólogos, empresarios de la madera y agentes portuarios de varios países.
Nuevas empresas, viejos socios
Ascencio Jurado es un ingeniero forestal al frente e Inversiones La Oroza S.R.L. Ltda, empresa que creó en 2004 siguiendo el oficio de familia, según él mismo contó. Aunque la socia mayoritaria fundadora de Inversiones La Oroza fue Ruth Antonia Ascencio Jurado, hermana de Luis Ángel, desde el 2019 es él quien lleva las riendas de la forestal, como su principal propietario y su gerente.
Esta empresa se dedica a la extracción, transformación y comercialización forestal en las regiones selváticas peruanos de Loreto y Ucayali. Tiene hoy adjudicadas cinco concesiones madereras en Loreto, según estableció Ojo Público, socio de esta colaboración periodística. Su sede está en la ciudad de Iquitos y su secadero se ubica en Pucallpa, la capital maderera del Perú sobre el río Ucayali donde operan 87 aserraderos, de acuerdo al reporte más reciente del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) peruano. Por años, antes de ser expandirse al exterior, los Ascencio proveían de madera a una de las grandes exportadoras de ese sector en el Perú, Maderera Bozovich.
Fue en octubre del 2017, cuando la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), tomó la decisión de prohibir las importaciones de madera de Inversiones La Oroza por tres años. Lo hizo amparado en una enmienda de 2008 a la Ley Lacey, que impide importar madera de origen ilegal y que permite exigir documentación de origen a cualquier importación si hay sospechas de juego sucio.
Entre 2013 y 2018, la supervisión de Osinfor a Inversiones La Oroza también resultó en la apertura de cuatro procesos y una suma de multas por 11.335 dólares por haber cometido varias infracciones a la Ley Forestal. Lo ha sido por infracciones que van desde no cumplir con los planes de manejo forestal a los que se comprometió en dos de sus cinco concesiones, hasta extraer madera falsamente avalada en esos planes o transportarla con permisos que no corresponden a la realidad.
En julio de 2016, justo después de que estallara el escándalo de la exportación de madera ilegal en los viajes del Yacu Kallpa, pero aún antes de que Estados Unidos impusiera sus sanciones a Inversiones La Oroza, Ascencio creó otra empresa maderera, Mafilo SRL, en República Dominicana. Lo hizo mediante una persona apoderada, junto con los dominicanos Juan Agustín Vargas González (más conocido como John Vargas) y Amauris Andreu como socios minoritarios. Andreu salió de la sociedad y hoy quedan sólo Vargas y Ascencio, quien aún mantiene la mayoría de las acciones, según los registros públicos.
Vargas proviene de una familia de tradición maderera de la ciudad dominicana de Santiago de los Caballeros. Hace varios años se separó de la empresa familiar, Madesol, para montar su propia comercializadora llamada Maderas del Valle (Madeva), según le dijo su hermano Arnaldo Vargas de Madesol a este equipo periodístico.
Con Vargas como socio común, las dos compañías dominicanas Madeva y Mafilo trabajan en tándem, según explicó el ingeniero forestal Abraham Maca, quien fue representante legal de Inversiones la Oroza entre 2015 y 2016, época en que se descubrió que el Yacu Kallpa cargaba madera de origen ilegal obtenida por esa empresa y comenzó la investigación en Estados Unidos. Maca se encontraba en las oficinas de Mafilo cuando este equipo periodístico lo contactó. “Si ellos tienen una madera él me la presta, nos la da”, dijo Maca. “Igual pasa conmigo. Es una relación de amistad, pero más no. Yo le digo ‘mi socio’ porque nos hablamos mucho, él me ayuda bastante”. Sin embargo, contrario a lo que afirma Maca, los registros oficiales dicen que Vargas es socio de las dos y el mismo Vargas explicó su razón para asociarse con Mafilo.
“La lógica de participar accionariamente en Mafilo fue la expansión”, explicó Juan Agustín Vargas en respuestas escritas a preguntas enviadas por esta alianza periodística. “Tuvimos la oportunidad de formar parte de una empresa en proceso de formación por un suplidor nuestro de muchos años. En ese momento buscaba crecer hacia el mercado de Santo Domingo, ya que Madeva SRL sólo opera en Santiago, salvo un pedido puntual de clientes en Santo Domingo”.
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Aliados cercanos
El siguiente caso demuestra qué tan de la mano trabajan Madeva y Mafilo. El 29 de abril de 2018, Madeva importó 21.977 kilos de caoba (Swietenia macrophylla) desde el puerto de Paranaguá, en el sur de Brasil. La caoba es un magnífico árbol que crece hasta 70 metros de altura y que figura en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Al haberla incluido en lista CITES, Brasil y Perú informan al mercado internacional que esta especie está en peligro de extinción y, por tanto, su comercialización requiere una verificación especial de que ha salido de un plan de explotación forestal sostenible.
Solo quedan bosques significativos de caoba en el borde sur de la selva amazónica, desde el estado brasileño de Pará hasta el este de Perú, según un informe presentado por los científicos Mark Schulze de la Universidad de Florida y James Grogan de la de Yale a la Organización Internacional de Maderas Tropicales en 2013.
El Ministerio de Medio Ambiente de República Dominicana informó que la empresa importadora que quiera traer maderas de especies en convención CITES, como el cedro o la caoba, debe gestionar un permiso ante la Dirección de Biodiversidad de ese ministerio y presentar a ésta un “dictamen de extracción no perjudicial”, emitido por la autoridad CITES del país de origen. Esa Dirección reportó que, en efecto, tenía registrada a Madeva como importador de la caoba desde Brasil, y por tanto, es de asumir que presentó su permiso CITES correspondiente.
No obstante, Madeva solo sirvió de puente para Mafilo SRL. Según documentación detallada de la aduana de ese país, la primera le endosó la carga a la segunda, por un valor FOB de 29.454 dólares.
Inversiones La Oroza y Mafilo también son muy cercanas. Cuando una periodista de este equipo le preguntó a Maca sobre cómo funcionaba la cadena completa de su empresa, éste dijo:
“Tenemos los aserraderos, las concesiones. Pero realmente este es un mercado pequeño. El mercado grande es México, no República Dominicana. Casi todo lo que se produce en Perú va a México. Los contenedores con el roble, la congona, sí vienen para acá. Pero el mercado grande es México. Allá vendemos mucho”.
En efecto, el mercado de Dominicana es más pequeño que el de México. El total de importaciones dominicanas de maderas aserradas en 2019 fue de 89.9 millones de dólares, según datos del Observatorio de Complejidad Económica. Esa misma fuente reporta que las importaciones mexicanas fueron ese año de 531 millones de dólares. De todos modos el mercado dominicano es desproporcionadamente grande en comparación con el tamaño de su economía.
“La empresa que allá manejamos con John”, explicó Ascencio refiriéndose a Mafilo, la empresa que tiene en sociedad con Juan Agustín Vargas en República Dominicana, “es una empresa muy diferente, es una empresa en la cual tengo acciones, mínimas, pero las tengo. Trabajamos con otros países que no es el Perú, trabajamos maderas americanas, maderas africanas. No manejamos maderas de acá de América del Sur. Es una cuestión muy aparte de la de acá”.
No obstante, los documentos oficiales dicen otra cosa. Primero, que Ascencio sí es accionista mayoritario de Mafilo. Y segundo, que desde su creación Mafilo importó a República Dominicana casi 1.425 toneladas de madera por un valor FOB de 1.170.285 dólares que le envió Inversiones La Oroza desde Perú, lo cual representa una séptima parte de todas sus importaciones.
Confrontado con los registros públicos dominicanos que muestran su condición de accionista mayoritario. Ascencio terminó reconociendo su rol como fundador y principal dueño de la empresa. “Sí, puede decir que soy accionista mayoritario”, dijo.
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Compañeros convenientes
La expansión de Inversiones La Oroza no termina allí. Justo en el mismo mes en que la autoridad de comercio del gobierno de Estados Unidos le exigió explicaciones al gobierno de Perú por las exportaciones de madera de origen ilegal de Inversiones La Oroza de 2015, el esposo de una tía de Ascencio Jurado creó una nueva empresa para comercializar madera.
P&O Exportaciones y Comercialización S.A.C. fue fundada en Perú el 15 de febrero de 2016 por Pedro León Montes, como socio mayoritario y dueño de 6300 acciones. Montes es casado con Rachel Jurado Zurita, según consta en el registro público. Ella es, a su vez, hermana de la mamá de Luis Ascencio Jurado, Mila Jurado Zurita, según estableció esta colaboración.
Esta nueva compañía inmediatamente se abocó a exportar madera, sobretodo proveniente de las concesiones de Inversiones La Oroza, según se deriva de las Guías de Transporte Forestal que amparan la movilización de madera en el departamento peruano de Ucayali. Y comenzó a abrir mercados, incluso alcanzando a exportar a Estados Unidos 226 toneladas de madera peruana, según registros oficiales de la aduana de Perú. No se hallaron más exportaciones de madera de esa empresa al país del norte, después de que éste sancionara a Inversiones La Oroza.
Al respecto, Luis Ascencio Jurado, explica que P&O Exportaciones y Comercialización es un aliado que les compra madera para clientes diferentes que ellos tienen en el mercado. También se han aliado con P&O, añadió, “porque de alguna manera tenemos algún beneficio tributario vendiendo madera a una empresa en la capital”. Precisó que se trata de un crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas (IGV), una bonificación que dan en Perú a las empresas de provincia.
P&O Exportaciones y Comercialización también comercia con la maderera dominicana Madeva, la que fue fundada por Juan Agustín Vargas, el socio de Ascencio en Mafilo. De un total de 7.296 toneladas de madera que P&O exportó desde Perú entre el 2016 y el 2020, el 66% fue para dos clientes: Mafilo y Madeva.
P&O envía madera a México y, en ocasiones, comparte clientes con Inversiones La Oroza. Esta última le sigue exportando a empresas mexicanas de la red familiar de los Ceballos Gallardo, las mismas que habían alegado su buena fe cuando en 2015, en el puerto mexicano de Tampico, les inmovilizaron madera ilegalmente extraída que le habían comprado a la sancionada forestal peruana y que ésta les envió en el barco Yacu Kallpa.
Una fiscal de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) peruana había pedido a las autoridades mexicanas incautar la madera porque ya se había establecido en Perú que la documentación que la avalaba estaba plagada de inconsistencias. Pero, como lo relató la organización no gubernamental Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), la presión de los madereros mexicanos dueños de la madera y de los peruanos, a través de la embajada, fue tal que nadie incautó la madera y ésta fue devuelta a los compradores, sin siquiera informarle a la fiscal de la FEMA. La organización Global Witness incluso publicó un video mostrando a William Amaringo, socio de WCA, la empresa que exportó madera ilegal abordo del Yacu Kallpa, hablando de un acuerdo con un político local peruano para liberar la madera inmovilizada en México.
Esta colaboración transfronteriza estableció que, a pesar del escándalo, otras empresas mexicanas que antes eran clientes de la sancionada forestal peruana Inversiones La Oroza ahora importan madera de P&O. En México, la ley no obliga a los importadores a verificar que la madera que entra al país tenga una procedencia legal. Quien importa madera del Perú a México solo debe presentar la factura, el certificado fitosanitario —documento que avala que la madera no tiene plagas y que, en teoría asegura la legal procedencia de la madera—, el certificado CITES —en caso de ser una especie protegida— y el pedimento aduanal.
Así las cosas, entre las dos empresas, Inversiones La Oroza y P&O Exportaciones, concentraron el grueso de sus exportaciones cada una en un país y con socios cercanos entre sí.
En República Dominicana, según el ingeniero forestal Maca, Mafilo, con cinco años de fundada, es un jugador pequeño en el mundo maderero. En efecto, esta investigación confirmó que otros comercializadores del producto en ese país, como Madesol, importan mucha más madera que Mafilo. Aún así, la de Mafilo no es una operación despreciable: ha movilizado 7.255 toneladas de madera provenientes de Perú, Brasil, España, Costa de Marfil y Camerún por un valor de $5,5 millones de dólares (valor FOB) entre enero del 2016 y febrero del 2021, según cifras de la Dirección General de Aduanas de República Dominicana.
En 2020, aún a pesar de las restricciones de movilidad a causa de la pandemia, Mafilo importó de Perú un poco más de un millón de dólares. De eso le compró muy poco a Inversiones La Oroza (88.676 dólares) y bastante más a P&O Exportaciones y Comercialización (488.343 dólares), según los datos de la Dirección General de Aduanas de República Dominicana. Juan Agustín Vargas, copropietario de Mafilo con Luis Ascencio Jurado, en comunicación escrita a este equipo ofreció cifras un poco inferiores: 63.569 dólares desde La Oroza y 487.491 dólares desde P&O.
El asunto llama la atención porque en entrevista con Ascencio Jurado, el empresario aseguró con vehemencia que Inversiones La Oroza no había exportado madera a República Dominicana en 2020.
Ascencio también insistió en que el modelo de operación que montó tras ser sancionado en Estados Unidos, que implica su alianza en Perú con P&O Exportaciones y Comercialización, la empresa de su pariente, y la creación de Mafilo en República Dominicana, no tiene «‘mala voluntad’, entre comillas; es un negocio, una pequeña empresa nada más». Reiteró que su único vínculo con P&O es por ventajas fiscales y que Mafilo es una empresa independiente que no importa madera de la zona de Perú donde la extrae.
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Dos empresas con récord sospechoso
El 24 de julio de 2019, desde la ciudad selvática de Porto Velho, en la Amazonia de Brasil, partió un cargamento con 50 toneladas de cerejeira (Amburana cearensis). Esta madera, que en Perú se conoce como ishpingo y en otros lugares como roble brasileño, figura en la lista de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en la categoría intermedia de “en peligro”, en una escala donde el riesgo más grave se clasifica como “crítico” y el más leve como “vulnerable”.
La carga, que iba a República Dominicana, había sido exportada por la compañía brasileña Woodland Comercio Importaçao e Exportaçao, Ltda, y como compradora en República Dominicana quedó registrada en el manifiesto de aduana del barco la empresa Mafilo SRL.
Woodland ha sido señalada en el pasado de comprar madera de origen ilegal en Brasil. En diciembre de 2017, once contenedores de Woodland fueron confiscados por la Policía Federal brasileña en el primer gran embargo de la Operación Arquímedes, la gran pesquisa con la que las autoridades de ese país buscaron detener la extracción ilegal de madera dela selva amazónica sin autorización.
En el informe técnico 384 de 2018, la Policía Federal señala que Woodland recibió 42,8 metros cúbicos de madera de Madeireira São Lucas, que, a su vez, había movilizado 1.564 metros cúbicos (un volumen que llenaría aproximadamente 51 camiones) recogidos mediante la tala de especies nativas en una zona considerada pública.
La comercializadora de madera contaba con el respaldo de un plan aprobado por la secretaría ambiental del estado de Amazonas, como lo exige la ley, pero éste era fraudulento pues autorizaba a sacar madera de un área que no le pertenecía a quien se le había autorizado el plan de corte. En el reporte técnico 333, la Policía Federal también encontró que, en el mismo 2018, Woodland había comprado otros 48,73 metros cúbicos de madera a la compañía Real Madeiras, también respaldados por un plan de manejo fraudulento.
El 5 de noviembre de 2019, la misma Woodland hizo otra exportación de cerejeira o ishpingo desde Brasil a Mafilo en República Dominicana.
Contactada, la compañía Woodland Comércio Importação e Exportação dijo por medio de su abogado y representante ante la investigación de la Policía Federal, Maguis Umberto, que los contenedores confiscados en la Operación Arquimedes ya le fueron devueltos a la compañía por determinación judicial.
El vocero dijo además que han entregado a la Policía Federal la documentación que muestra la legalidad de la cadena de custodia del cargamento confiscado y que no tienen conocimiento de las irregularidades apuntadas en los documentos de origen de la madera, pero que la investigación todavía no ha terminado.
Otra carga similar de la misma madera viajó para el mismo destinatario, pero ésta exportada por otra firma brasileña, Complexo Industrial Florestal Xapuri, localizada en el estado amazónico de Acre.
A esta empresa también le habían confiscado cinco contenedores del producto forestal en diciembre de 2017, dentro de la mencionada Operación Arquímedes. Según el hallazgo policial, Complexo Industrial había comprado madera sin origen legal comprobado de otras empresas forestales y, junto con Woodland, sigue bajo investigación de las autoridades federales brasileñas.
Contactado, Complexo Industrial Florestal Xapuri dijo a través de su oficina de prensa que los cinco contenedores confiscados en la Operación Arquimedes ya fueron devueltos a la compañía por determinación del juzgado federal en Amazonas.
Ninguna de las dos empresas ha sido acusada de ningún delito, ya que la Policía Federal aún no ha entregado sus conclusiones al Ministerio Público Federal.
Las dos empresas fueron además mencionadas en otra operación, la Operación Sinapse, ésta de la policía ambiental brasileña, Ibama, en circunstancias similares, por haber comprado madera de origen ilegal de otras compañías.
Por su parte, Ascencio Jurado dijo que no conocía a los exportadores brasileños que le habían exportado madera a Mafilo, pues quien encontraba los exportadores y financiaba la operación eran las empresas logísticas. Esta operación estuvo a cargo de Fedex Trade Networks. Consultado en Brasil, el vocero de Fedex dijo que ha operado en Brasil desde 2009, coordinando la logística de envío de cargas por aire y mar y que sus servicios incluyen reservar espacio en los contenedores de carga al servicio de exportadores e importadores. “Los exportadores son responsables de cumplir con los requerimientos y de proveer los documentos requeridos a las autoridades, antes de que se apruebe el movimiento de exportaciones desde Brasil”, explicó.
Algunas incongruencias
En el contraste de las exportaciones de Inversiones La Oroza y de P&O Exportaciones y Comercialización hacia República Dominicana, con lo que reportó la aduana dominicana como importaciones de esas empresas desde 2016 hasta enero de 2021,aparecieron algunas incongruencias.
En al menos dos cargamentos entre el 2017 y el 2020 los exportadores peruanos reportaron valores FOB (por el inglés ‘free on board’, que se refiere al costo de la madera incluyendo los gastos de puerto, etiquetado, empaquetado y gastos de aduana, entre otros) más altos para la madera que los que reportó el importador Mafilo ante la autoridad dominicana. Esto a pesar de que los cargamentos en cuestión coincidían exactamente en peso y tipo de madera.
Por ejemplo, el 21 de noviembre de 2018, Inversiones La Oroza exportó dos contenedores con 55,870 kilos de madera de ishpingo desde Perú a República Dominicana. La madera ingresó el 4 de diciembre, con exactamente los mismos pesos y números de contenedor -HLXU8531319 y BEAU4708612- siendo reportados como saliendo de Perú en el buque Callao Express.
En Perú, La Oroza reportó el embarque con un valor FOB de US$49,701, pero la declaración de importación proporcionadas por la Aduana en la República Dominicana muestra un precio menor: 28.280 dólares.
Al cierre de esta edición La Oroza envió a este equipo periodístico, una factura por 20,6662,16 que lista 35711 unidades de madera aserrada de ishpingo que, de acuerdo con la empresa, completa la diferencia de precios de la exportación. La factura proporcionada no consta en los registstro oficiales de la Aduana Dominicana.
Aunque las diferencias en las dos exportaciones peruanas con destino a Mafilo ascienden a apenas a 32 mil dólares más de lo declarado por sus correspondientes importaciones en República Dominicana, el asunto es importante. Según el abogado peruano experto en aduanas y comercio Laureano López, si se confirman las diferencias en estos informes de exportación e importación podría significar que «algo no está bien». «Puede ser que el importador esté subvalorando para pagar menos impuestos, y normalmente el exportador peruano sobrevalora para conseguir devoluciones de impuestos. Si se demostrara un delito, para el exportador peruano sería defraudación de renta».
Este equipo de investigación envió preguntas a P&O Exportaciones sobre estas discrepancias. Su gerente, Orlando Vega Japay, negó que existieran diferencias de precios y proporcionó una hoja de cálculo en la que se detallan las facturas que coinciden con los precios originales de todos los casos que este equipo había encontrado. Vega envió algunas de las facturas originales que, según él, completan los montos de los envíos.
El análisis de contraste también reveló que los códigos arancelarios se cambiaron con alguna frecuencia. Por ejemplo, madera exportada por las empresas peruanas con el código 4407.22, que se refiere a virola (Virola calophylla), imbuia (Ocotea porosa, listada como vulnerable en la lista global de especies amenazadas) o balsa (Ochroma pyramidale) es reclasificada cuando llega a República Dominicana con el código 4407.99, uno más genérico usado para “otras maderas tropicales”. Por lo menos 17 cargamentos, que suman 144 toneladas de madera importada desde Perú por Mafilo, presentan este cambio.
Cuando se le preguntó a Ascencio sobre el tema dijo que esto no era algo de lo que él como empresario era responsable; que era asunto de agentes aduaneros y firmas de transporte y logística.
En su análisis reciente de las discrepancias en el comercio internacional de la madera que sale del Perú, el investigador de de la Universidad George Mason de Estados Unidos, Camilo Pardo-Herrera encontró patrones generales similares.
Cruzando los datos de exportaciones desde Perú con los datos de importaciones de los países a donde exportó Perú, para los mismos períodos y los mismos tipos de madera según códigos arancelarios, Pardo-Herrera halló que no concuerdan. Así, por ejemplo, cuando comparó las estadísticas de Perú y México, encontró que el primero reporta haber exportado entre 2009 y 2018, en promedio, 4,1 millones de dólares anuales menos de lo que reporta el segundo haber importado de Perú. Y cuando cruza República Dominicana con Perú, descubrió que ocurre al revés: por ejemplo, en el 2015 Perú reportó haber exportado 2,7 millones de dólares más que lo que República Dominicana reportó como importados. Todos los datos utilizados por Pardo-Herrera tienen la misma fuente: el comercio que declaran oficialmente los países a Naciones Unidas y que alberga la plataforma UN Comtrade.
El giro de Inversiones WCA
La otra empresa peruana a la cual las autoridades estadounidenses le bloquearon la entrada a Estados Unidos, desde 2019 y hasta 2021, es Inversiones WCA.
La orden la dio el entonces Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, a la agencia de Aduanas y Protección de la Frontera (CBP, por sus siglas en inglés) en julio de 2019, como resultado de una petición que hizo el Comité sobre Comercio de Productos de Madera a Perú en febrero de 2018 para que verificara si tres embarques de Perú a Estados Unidos estaban cumpliendo con la normas ambientales y forestales del país sudamericano.
“La petición se hizo en el contexto de la preocupación permanente de que continúa la tala ilegal en Perú”, dijo el comunicado que anunció la sanción. Luego de que el gobierno peruano hiciera la verificación, encontró que un embarque de madera de Inversiones WCA no había sido extraído cumpliendo con las normas.
Esta fue la segunda vez que el gobierno estadounidense tomó acciones enérgicas para hacer cumplir el anexo forestal aprobado bajo el tratado de comercio entre los dos países (PTPA).
Aunque el gobierno peruano no tomó medidas específicas para asegurarse de que Inversiones WCA estuviera explotando la madera amazónica en forma sostenible, la propia empresa no exportó más sus productos al año siguiente de la sanción, según la información de la aduana de Perú.
No obstante, su principal accionista William Castro Amaringo -cuyas iniciales dan nombre a Inversiones WCA- también es socio de otras empresas del ramo, como Consorcio Forestal de Loreto S.A.C., W&A Forest Company S.A.C. y Miremi S.A.C.
Esta investigación confirmó que Miremi sí siguió exportando a México, Francia, Dinamarca y China. Entre 2019 y 2020, esta empresa exportó 4116 toneladas de madera por un valor de 4,6 millones de dólares, según la base de datos comercial Panjiva. Sus principales clientes están en México, incluyendo una empresa del consorcio maderero Ceballos. También llama la atención que la gran mayoría de la madera que exportó es de la especie Dipteryx odorata, conocida local y comercialmente como shihuahuaco o cumaru.
Aunque no se encuentra en este momento protegida por la convención CITES o en la lista roja de especies de la UICN, científicos peruanos vienen argumentando desde más de cinco años que la explotación masiva de su madera de lentísimo crecimiento está llevando a la especie hacia el peligro de extinción y piden con urgencia medidas para protegerla, como la inclusión en dichas listas.
Este equipo de investigación se comunicó con Castro Amaringo, para que explicara por qué sin haber certificado que su operación maderera cumplía ya con las normas y leyes forestales peruanas, había continuado exportando.
El empresario apuntó a las autoridades del país -Serfor y Osinfor- porque, según su versión, eran responsables de verificar la acusación pero no “trabajaban para sacar adelante a la industria forestal” y ello los había perjudicado. “Entonces, terminamos con una sanción injusta. Son tres años que no puedo meter madera a Estados Unidos y a los verdaderos informales no le pasa nada”, dijo.
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Muerte por voracidad comercial
Son cada vez más los países que están intentando regular y controlar la comercialización internacional de madera, en particular la de especies amenazadas.
Además de la mencionada enmienda a la Ley Lacey de 2008 en Estados Unidos que impide importar madera de origen ilegal y que permite exigir documentación de origen a cualquier importación si hay sospechas de juego sucio, Australia expidió la Ley Australiana de Prohibición de la Tala Ilegal en 2012 (AILPA, por su sigla en inglés) y la Unión Europea sacó el Reglamento de la Madera (EUTR, por su sigla en inglés) en 2013.
Sin embargo, el cumplimiento con estas leyes y políticas se complica por cadenas de suministro que son cada vez más complejas.
No es posible saber a ciencia cierta si estos jugadores mencionados en esta investigación exportaron madera de origen ilegal desde Brasil o Perú, pero investigadores coinciden en que tanto en Brasil como en Perú las autoridades no han tenido la capacidad de regular la explotación voraz, desordenada y muchas veces ilegal de las especies forestales más comerciales.
Un análisis de las exportaciones de 2015 registradas por el puesto de control en el puerto de Callao de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) del Servicio forestal peruano, hecho por la ong ambiental Agencia de Investigación Ambiental, encontró que apenas el 16% de la madera de los cargamentos verificados resultó ser de origen legal. Otro 17% se encontró fue ilegalmente extraída y el 67% restante “tiene riesgo alto o medio de ser ilegal”.
Es decir, cinco de cada seis árboles podrían haber sido ilegalmente talados.
En otra investigación publicada en el Journal for Nature Conservation, cinco científicos brasileños de la Universidad Federal Fluminense y del Jardín Botánico de Rio de Janeiro cruzaron los datos de los documentos de origen forestal (DOF) entre 2012 y 2016 con el libro rojo de especies en peligro de Brasil. Encontraron que, entre 2214 especies comercializadas, había 38 de especies en peligro que sumaron 6 millones de metros cúbicos. Eso equivalía al 10% de todo el tráfico de madera en Brasil en ese período. Algunas de estas especies en peligro estuvieron cada año entre las veinte más vendidas.
La tala que no obedece a planes de explotación sustentable del bosque contribuye a la pérdida de los ecosistemas amazónicos, cuya conservación es el mayor aporte de sus países a mitigar la crisis climática. Por eso los empresarios tienen que asegurarse de que la madera que comercializan proviene de una explotación forestal sostenible, una responsabilidad que les exigen las propias normas peruanas y brasileñas, y también las estadounidenses, australianas y europeas.
“Pero aún un manejo ordenado no garantiza que sea sustentable”, dijo a esta alianza periodística, la ecóloga Ángela Parrado Rosselli, quien ha investigado la regeneración de especies en la Amazonia colombiana. No lo garantiza porque no hay conocimiento claro de cómo se reproducen muchísimas especies, según la región donde se ubiquen, la calidad del suelo y el agua, o la producción de sus frutos. “Entonces los gobiernos aplican normas genéricas que no necesariamente garantizan la regeneración de todas las especies”, explica.
Además, dice Parrado Rosselli, aunque se cumplan los planes de tala autorizados, también es indispensable verificar si se manejó el bosque para permitir la regeneración de especies más débiles.
El buen manejo forestal para producir madera amazónica a los ritmos industriales que demanda el mundo es entonces, en el mejor de los casos, problemático. Lo que esta investigación periodística pone en evidencia es que, ante las inconsistencias de las cadenas de suministro en el comercio internacional, es difícil seguirles la pista incluso a actores vetados o bajo sospecha y de maderas provenientes de especies en riesgo.
Siendo productor principal de madera amazónica, con una explotación intensa y poco regulada, no es de extrañarse que solo en el 2020, Perú haya perdido 278.000 hectáreas de bosque natural, mayoritariamente amazónico, que dejaron de ser sumidero de 132 millones de toneladas de emisiones de CO2, según el último informe de Global Forest Watch.
Luis Jurado Ascencio, de Inversiones La Oroza, está convencido de que destruyen a la Amazonía no quienes, como él, la explotan comercialmente. “Yo sigo en este negocio porque en realidad primeramente soy forestal y me da muchísima pena que gentes inescrupulosas se están metiendo con nuestros bosques tropicales y los están deforestando de una manera criminal”, dice, citando entre esos depredadores a narcotraficantes. “Cada gente que se mete a esto se está haciendo más de dinero, a tal punto que ya en Iquitos ya hay chacras de cultivos de coca”.
Explica que no quiere desamparar a quienes trabajan para su empresa desde hace años y que, aunque ya no está haciendo las exportaciones de antes, quiere continuar intentándolo. Si no lo consigue, concluye, tendrá que dejar el negocio.
Por su parte, Brasil es el país del mundo que más bosque primario perdió durante el año pandémico, según Global Forest Watch: un 25% más que en el 2019. Los científicos coinciden en que las 1,7 millones de hectáreas recientemente destruidas y el acelerado ritmo de la devastación amenazan con liberar millones de toneladas de carbono a la atmósfera y convertir el Amazonas en una sabana de especies devastadas.
A pesar de las sanciones y de la presión internacional para contener la explotación de la Amazonia, sin los controles debidos en los países de origen, la madera que comercializan empresas forestales, aún las sancionadas, sigue fluyendo al mundo. Ellos usan nuevas avenidas y nuevos socios, pero la madera que exportan sigue estando bajo sospecha sobre su verdadero origen. La falta de claridad también impide que se detenga la destrucción de este bosque vital para la subsistencia del planeta y de la humanidad.
*Esta es una investigación periodística transfronteriza realizada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Columbia Journalism Investigations (CJI), El Informe con Alicia Ortega en República Dominicana, OjoPúblico en Perú, Mongabay Latam en México y Perú y Agência Pública en Brasil, que le siguió la pista a las operaciones internacionales de las empresas madereras Inversiones La Oroza e Inversiones WCA, E.I.R.L. con el apoyo del Amazon Rainforest Journalism Fund del Pulitzer Center on Crisis Reporting.
Ilustración: Miguel Méndez – CLIP.
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