- Oxigreen, que es una de las muchas empresas que recorren la Amazonía colombiana impulsando proyectos de carbono con comunidades indígenas, está diseñando uno con el resguardo de Nonuya de Villazul en el medio río Caquetá. Gerencia esta firma un político sancionado por mal manejo administrativo en Casanare e inhabilitado para ejercer cargos públicos y contratar con el Estado.
Con mostacho negro y overoles, atraviesa corriendo la pantalla un muñeco muy parecido al súper Mario Bros que se hizo célebre en las consolas de videojuego de todo el mundo en los años ochenta.
Salta obstáculos y esquiva balas al ritmo de música de sintetizador, mientras reclama una mazorca, un pescado y un fajo de billetes que le dan fuerza para continuar. Tras pasar un morichal de espigadas palmeras llega a un río que parece frenarlo, pero saca un martillo y, tras construir un puente, cruza a la otra orilla. Con su herramienta aún en la mano, va dejando flamantes obras públicas en varios poblados: un hospital en Santa Rosalía, un colegio en Cumaribo, una carretera en La Primavera y, por último, un coliseo en Puerto Carreño.
Solo que no es Mario, ni tampoco su incondicional hermano Luigi, sino súper Henry, quien con esta original animación intentó conquistar a los votantes de Vichada en 2015 para que lo eligieran gobernador.
Era la segunda vez que Henry Silva Meche aspiraba a salir elegido en el extenso y despoblado departamento colombiano, en el extremo oriente del país, con un territorio de sabanas que se extienden hasta más allá del río Orinoco hacia Venezuela. Es una región desconectada de los centros urbanos y cuyos 107 mil habitantes están entre los más pobres del país.
Al final, Silva, candidato del Partido Liberal, obtuvo 6415 votos y no pudo emular el salto victorioso a la bandera de su alter ego virtual Mario Bros.
Siete años después, “súper” Henry sigue recorriendo la exuberante geografía colombiana —ya no en busca de votos, sino de proyectos con los que comunidades que evitan la deforestación pueden vender bonos de carbono a empresas que quieren compensar su huella ambiental. Como gerente y representante legal de Oxigreen S.A.S., ha visitado la zona del medio río Caquetá de la Amazonia colombiana, en inmediaciones del Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, para proponer a varios resguardos indígenas poner en marcha proyectos conjuntos en el mercado de carbono. Consiguió firmar ya un acuerdo con al menos un resguardo, el de Nonuya de Villazul.
No obstante, entre su fallida campaña a la gobernación y su reinvención como empresario de bonos de carbono, Henry Silva recibió una mala noticia: en mayo de 2018, la Contraloría General de la República lo halló responsable de detrimento patrimonial. La entidad que vela por el buen uso de los recursos públicos de los colombianos lo acusó y sancionó por no haber vigilado un contrato mientras era funcionario de la Gobernación de Casanare, así como por permitir que fuese liquidado y pagado pese a que la empresa contratada nunca cumplió.
Ese fallo le acarreó dos consecuencias disciplinarias: en agosto de 2018, la Procuraduría General de la Nación registró una inhabilidad para desempeñar cargos públicos por cinco años y otra idéntica para contratar con el Estado. Ambas están vigentes hasta el 1 de agosto de 2023. Silva Meche reconoce la existencia de la sanción, pero dice estar esperando un último recurso para anularla y argumenta que esta restringe únicamente su relación laboral con el sector público, pero no con comunidades indígenas ni otros actores privados.
Esto significa que varias comunidades indígenas de la Amazonia colombiana están discutiendo y —una de ellas ya ha acordado— proyectos de pago por servicios ambientales con un exfuncionario público inhabilitado por mal manejo administrativo. Además, hasta donde pudo constatar esta investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Mongabay Latam y La Silla Vacía, realizada con apoyo del Rainforest Investigations Network del Centro Pulitzer y con reportería adicional del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Silva no informó a sus interlocutores de esta sanción. Dos líderes indígenas del resguardo Nonuya de Villazul dijeron a esta alianza periodística que Silva Meche nunca se las comunicó.
Esta colaboración hace parte de ‘Carbono Gris’, una serie periodística que buscar hacer más transparente el mercado de carbono en América Latina.
Pesos por no tumbar la selva
Oxigreen S.A.S. es uno de los actores más nuevos en el rápidamente creciente mercado voluntario de carbono en Colombia.
En los últimos cinco años han aparecido casi un centenar de proyectos privados en todo el país —llamados Redd+— cuyo negocio consiste en enlazar a comunidades locales que cuidan bosques estratégicos para mitigar la crisis climática global con empresas que compran sus bonos de carbono para compensar su propio uso de combustibles fósiles. Cada uno de esos bonos o créditos equivale a una tonelada de dióxido de carbono —uno de los gases de efecto invernadero que propician el cambio climático— que ya no subiría a la atmósfera producto de ese esfuerzo de conservación.
Estos esquemas fueron incorporados a la Convención de Naciones Unidas de Cambio Climático para conectar a gobiernos nacionales que están frenando la deforestación con otros que quieren pagar por esos resultados y Colombia decidió ampliarlos para incluir proyectos privados del mercado voluntario de carbono. Desde entonces los proyectos Redd+ se han expandido por los bosques tropicales de la Amazonia y del Pacífico colombianos, pero también por los manglares caribeños, los páramos andinos y las sabanas de la Orinoquia de donde proviene Henry Silva.
Hay tres razones que explican esta bonanza. La primera es que el gobierno colombiano creó en 2017 un incentivo tributario que permite a las empresas que usan combustibles fósiles reducir o no pagar el impuesto al carbono si compran estos bonos. La segunda es que gran parte de las selvas y bosques de Colombia —que suman 600 mil kilómetros cuadrados, o el área de Ucrania— está custodiada por comunidades afrodescendientes e indígenas que suelen tener titularidad colectiva y gobernanza efectiva de sus territorios, razón por la cual muchas empresas empezaron a buscarlas para impulsar proyectos privados de carbono. A esos se suma una tercera: la posibilidad de obtener una alta rentabilidad, sin mayor supervisión estatal de los proyectos en lo técnico, lo social y lo ambiental.
Esos factores explican la veloz proliferación de este tipo de proyectos, que con frecuencia se traslapan y compiten con otra pionera iniciativa Redd+ estatal —llamada Visión Amazonia— gracias a la cual Noruega, Alemania y Gran Bretaña pagan a Colombia una suma anual calculada a partir de los resultados en la lucha contra la deforestación, que luego se reparte con comunidades indígenas, campesinas y entidades de gobierno del sector ambiental. El auge ha sido tal que hasta septiembre del 2022, antes de que dejara de ser accesible al público por mantenimiento, la plataforma del Ministerio de Ambiente contaba con casi 90 iniciativas privadas Redd+ registradas en distintas fases de avance o implementación.
A ese mercado llegó a competir Oxigreen.
El debut de Oxigreen
Oxigreen S.A.S. fue creada el 12 de julio de 2021 en Bogotá con el ánimo de impulsar la “formulación, promoción y ejecución de programas o proyectos Redd+ y otros que sean viables para el desarrollo social, ambiental, económico, científico, administrativo y cultural de las comunidades indígenas, afros y otras comunidades”, según se lee en su acta de constitución.
Sus tres socios fundadores no parecían estar pensando en dedicarse exclusivamente al mercado de carbono porque también registraron un centenar de actividades complementarias, como la instalación de sistemas de filtración de agua por nanotecnología, el cultivo de palma africana, la extracción de piedra o el comercio de licores y cigarrillos.
Al frente de Oxigreen hay tres socios: Juan Eduardo García Trejos con 25 % de las acciones, María Paula Alonso Gamboa con 38 % y Henry Alejandro Silva Pérez con 37 %.
El más conocido públicamente es García Trejos, oriundo de Cumaribo, quien fue candidato a diputado en la asamblea departamental de Vichada en 2015, en las mismas elecciones que Silva Meche aspiró a ser gobernador. Según, registros públicos, García es además representante legal y accionista de otras dos empresas ambientales: Kilama Consultoría S.A.S., que también fue registrada en 2021 para desarrollar proyectos Redd+, y Fuinssa Colombia Limited, que es la filial colombiana de una empresa británica del mismo nombre. Fuinssa fue creada para comercializar los servicios de una fintech con enfoque ambiental llamada Quayambaya Fintech Ecosystem & BNHE Concept. Esas dos sociedades fueron aliadas de otra empresa ambiental, Ecoinversión Forestal, que busca aumentar la reforestación industrial.
A su vez, Henry Alejandro Silva Pérez, un geólogo recientemente graduado de la Universidad Nacional y que ha trabajado en el Servicio Geológico Colombiano, es hijo de Henry Silva Meche.
Estos accionistas eligieron a Silva Meche gerente general y representante legal de la empresa, desde el día en que se fundó a mediados de 2021.
De político a empresario de carbono
La cabeza visible de Oxigreen es el mismo ‘súper’ Henry Silva Meche, ingeniero de petróleos, quien ha hecho carrera como político y funcionario público en Vichada y el vecino departamento Casanare.
Oriundo del municipio petrolero de Paz de Ariporo, tuvo su primer cargo público de relevancia hace dos décadas cuando fue gerente de la extinta Lotería La Nueve Millonaria, que pertenecía a nueve gobiernos departamentales. Entre finales de 2009 y mediados de 2011, fue secretario privado del gobernador de Casanare Raúl Flórez. En 2011, se lanzó por primera vez a la gobernación de Vichada, pero solo obtuvo la tercera votación más grande. Al año siguiente, fue candidato a director de Corporinoquia, la autoridad ambiental de toda la región oriental del país. En 2015, volvió a lanzarse a la gobernación —actuando de super Mario y grabando comerciales en lengua sikuani— y quedó segundo. En 2016, fue secretario general y de gobierno de la alcaldía de Cumaribo, en Vichada.
Silva Meche viene además de una familia de larga tradición política. Su hermano Jorge Julián fue congresista por Vichada durante más de una década y el otro, Bernabé, fue gobernador del departamento amazónico de Vaupés.
El ascenso político de Silva Meche se vio truncado cuando, en mayo de 2018, la Contraloría General de la República lo halló responsable por mal manejo administrativo ligado a un contrato que él había supervisado una década atrás durante su paso como secretario privado del gobernador de Casanare.
Tras cinco años de investigación, la Contraloría determinó que un convenio suscrito por la gobernación de Casanare en junio de 2009 con una empresa llamada Corporación Gerencia de Proyectos – GP para identificar a los beneficiarios de un proyecto de vivienda, por 1806 millones de pesos (625 mil dólares de la época), no fue ejecutado correctamente.
Según la Contraloría, a la empresa se le contrató originalmente la identificación de familias que fueran las posibles destinatarias de 2445 viviendas nuevas de interés social y 2933 mejoramientos de viviendas existentes, en los 19 municipios del departamento llanero. Al finalizar el contrato, GP Corporación debía entregar esta lista de 5208 “soluciones de vivienda” potenciales a la gobernación para que, a su vez, esta pudiera estructurar un proyecto de vivienda subsidiada. Para ello, debía identificar a los posibles beneficiarios, revisar su documentación, visitar los predios rurales donde se construirían las casas y levantar los planos de las que habría que mejorar.
El problema, según la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción del ente nacional de veeduría a los recursos públicos, es que esas metas de beneficiarios jamás se cumplieron. En parte porque, en marzo de 2010, un mes después de que el contrato hubiese sido prorrogado, la empresa y los funcionarios del gobierno departamental los cambiaron: incrementaron las soluciones de vivienda nueva a 3405 y disminuyeron los mejoramientos a 1983. Pero sobre todo porque el contratista tampoco las cumplió: GP Corporación entregó —según documentó el organismo de control— 1625 de las primeras y 1336 de las segundas.
Pese a esa falencia de la empresa, los funcionarios de la gobernación firmaron el recibo de los productos, liquidaron el contrato y le pagaron el monto faltante. “No se entiende como se levanta un acta de terminación ni mucho menos un acta de liquidación de un convenio sin que se establezca que se cumplió con el objeto para el cual se habían destinado los dineros del Estado”, escribió la Contraloría en su auto de imputación.
Ese incumplimiento significó un daño al patrimonio público que la Contraloría tasó en 705 millones de pesos, que —ajustado a precios de 2018— estableció en 926 millones de pesos (320 mil dólares de entonces). A eso se sumó el impacto de que, según el ente, “1780 familias no pudieron obtener el beneficio de vivienda y 647 familias tampoco lograron el mejoramiento de sus viviendas”.
La Contraloría argumentó que Henry Silva Meche era uno de los funcionarios públicos responsables de la supervisión y vigilancia de ese convenio dado que, en diciembre de 2009, su jefe el gobernador Raúl Flórez le delegó por decreto toda la ordenación del gasto del departamento, incluyendo la potestad de abrir licitaciones, adjudicar contratos o imponer multas. “Al omitir ejercer su deber de dirección, seguimiento y control a la ejecución (…) permitió que el contratista realizara mayores cantidades de actividades por ítem y, en consecuencia, desfinanciara otras actividades de otros ítems necesarias para cumplir con el objeto del convenio. Omisiones que fueron determinantes en la generación del daño”, dijo la Contraloría, describiendo su comportamiento como “negligente” y “culpa grave”. Como resultado, falló en su contra por responsabilidad fiscal.
La Contraloría también culpó a otros dos funcionarios públicos de la gobernación, incluyendo al director de planeación y al asesor en temas de vivienda que habían sido los supervisores directos del convenio, así como a la empresa contratista. Según el ente, ellos y Silva Meche “omiten sus deberes al determinar que el objeto (…) había sido en su totalidad, sin que se hicieran las respectivas observaciones y sin exigírsele a la empresa Gerencia de Proyectos – GP Corporación cumplir con la totalidad del objeto convenido”.
Silva Meche apeló el fallo argumentando que su conducta no había contribuido al daño fiscal, ya que —según dijo— nunca le habían delegado la facultad de determinar el gasto o de vigilar contratos y que, encima, no había ordenado ningún giro de recursos a GP Corporación. El 3 de agosto de 2018, el entonces Contralor General Edgardo Maya desestimó su defensa —“le asistía la obligación de vigilancia y control respecto a la ejecución del convenio”— y dejó en firme la decisión.
Esa misma semana, la Procuraduría General de la Nación registró en su sistema que esa responsabilidad fiscal le acarreó dos de las sanciones disciplinarias más duras que hay en Colombia: ser inhabilitado para ejercer la función pública y contratar con el Estado.
Carbono en el medio río Caquetá
Tres años después de su sanción y aún a dos de que terminen sus inhabilidades, Henry Silva Meche ha hablado con al menos dos comunidades indígenas de la Amazonia para proponerles realizar proyectos de carbono conjuntamente.
Representantes de Oxigreen propusieron un proyecto de carbono a líderes de al menos un territorio indígena a orillas del tramo medio del río Caquetá, el resguardo de Monochoa, pero al final este optó por asociarse con otra empresa llamada Yauto S.A.S., según contó un líder indígena a esta alianza periodística.
Oxigreen tuvo mejor suerte con otro resguardo de esa misma zona, el de Nonuya de Villazul, con cuyos líderes Silva Meche firmó en septiembre de 2021 un acuerdo de alianza para estructurar un proyecto Redd+ a diez años, que podría ser prorrogado dos veces hasta una vigencia total de 30 años.
El documento —al que esta alianza periodística tuvo acceso— estipula que se buscaría certificarlo con el sello de calidad Verified Carbon Standard (VCS) de la organización estadounidense Verra y que sus ganancias repartirían con 70 % para las comunidades y 30 % para la empresa. Aunque el proyecto aún no aparece en Renare, la plataforma de iniciativas de mitigación del Gobierno nacional, el gerente de Oxigreen y el líder indígena al frente del proyecto confirmaron a esta alianza periodística que está en proceso de formulación y que esperan presentarlo para certificación en los próximos meses. Según dos líderes indígenas, Henry Silva Meche estuvo allí al menos dos veces durante las conversaciones.
Según dos líderes indígenas consultados, al frente del documento de diseño de proyecto (o PDD, en la jerga del sector) que sustenta técnicamente el proyecto está William Laguado Cervantes, un ingeniero forestal que dirige la Corporación Centro de Investigación Carbono & Bosques desde hace más de una década. Esa consultora sin ánimo de lucro antioqueña ha participado en la formulación de otros proyectos Redd+ en el país, como el que lidera Corpochivor en Boyacá con apoyo de la empresa suiza South Pole o el del grupo Allcot en inmediaciones del Parque Nacional Serranía de la Macarena, en el sur del Meta. Además de estructurar el proyecto de Nonuya, Laguado tiene una relación de negocios con uno de los socios de Oxigreen: es fundador y socio accionista de Kilama Consultoría S.A.S., junto con Juan Eduardo García Trejos, según consta en sus documentos de cámara de comercio.
En respuesta a esta alianza periodística, Silva Meche dijo que Oxigreen está terminando el documento de diseño de proyecto y que, en sus palabras, “la empresa está analizando seriamente tomar el camino de un estándar internacional, que bien podría ser VCS-Verra”. Explicó que poner en marcha el proyecto de Nonuya de Villazul es la “prioridad en el corto plazo” de Oxigreen y que éste “será presentado al estándar, bien sea nacional o internacional, en unos dos o tres meses”.
Consultada por el estado del proyecto, la organización estadounidense Verra respondió que a la fecha no ha recibido postulaciones que se ajusten a la descripción y que aún no hay fichas ligadas a Oxigreen en su registro.
Nonuya de Villazul es un resguardo de casi 2600 kilómetros cuadrados situado a orillas del río Caquetá en el departamento de Amazonas, en una zona que —pese a la cercanía de actividades dañinas como la extracción ilegal de oro con dragas— está aún relativamente bien conservada. Encapsulado entre dos de los resguardos indígenas más grandes del país, este territorio con forma de trébol fue creado en 1988 como parte de la pionera política colombiana del entonces presidente Virgilio Barco de crear territorios colectivos indígenas, por la cual 200 mil kilómetros cuadrados de selva amazónica quedaron bajo esta forma de gobernanza. Dos décadas después fue ampliado, cuadruplicando su tamaño hasta el actual. Hoy alberga a unas 270 personas en sus dos comunidades de Villazul y Peña Roja, sobre todo de los pueblos nonuya y muinane.
A pesar de ser más pequeño que varios de sus territorios vecinos, Nonuya ha ocupado un lugar singular en la historia del estudio científico de la zona del medio río Caquetá, que el biólogo tropical Carlos Rodríguez no duda en describir como “la más y mejor estudiada de la Amazonia” por el centenar de investigaciones que se realizaron allí entre mediados de los años ochenta y comienzos de este siglo.
Las selvas del resguardo —del tamaño de Luxemburgo— han sido el lugar de hallazgos significativos. En 1995, tres botánicos colombianos encontraron un singular árbol nuevo para la ciencia, que bautizaron como Pseudomonotes tropenbosii. A raíz de que se le clasificó en una familia para la que solo se conocían especies en Asia y África, emergió con fuerza la hipótesis de que el gigante de hojas ovaladas y semillas aladas podría ser tan antiguo como la época en que la esquina protuberante de Sudamérica aún encajaba dentro del Golfo de Guinea.
Ese descubrimiento fue tan llamativo que ameritó una nota en la revista Science y fue descrito por el Jardín Botánico de Nueva York como “el equivalente botánico de encontrar una población de gorilas viviendo en la selva colombiana”. “Si estamos hallando árboles selváticos de 250 pies [75 metros] de altura, ¿no deberíamos ir ya a averiguar qué hay allí antes de que sea talado todo en 30 o 40 años?”, dijo en esa época el respetado botánico estadounidense Peter Raven.
“Aunque no le tenían un uso, ni como maderable ni como alimento, era un árbol conocido por los indígenas, sobre todo porque su semilla es muy característica y visible. Les daba risa que se dijera que era una especie nueva, casi como diciendo ‘pero si es que lo conocemos desde chiquitos’”, recuerda Carlos Rodríguez, quien aún dirige la fundación Tropenbos Colombia que trabajó durante años en esa área y en cuyo honor fue bautizado el árbol.
A eso se suma que el resguardo alberga la que quizás es la parcela para estudios ecológicos del bosque a largo plazo más antigua de Colombia y una de las más antiguas de toda la Amazonía, donde biólogos y botánicos realizan inventarios forestales e investigaciones de doctorado de manera continua desde finales de la década de los 80.
Hay otro hecho que atestigua el valor social y cultural de Nonuya: de sus linderos salió uno de los artistas colombianos más singulares de las últimas décadas, aunque ya no vive allí.
Abel Rodríguez Muinane, un taita nonuya de 81 años comúnmente conocido como ‘el nombrador de plantas’, se ha hecho famoso por sus exquisitos dibujos en gran formato de la selva amazónica. Con delicadas pinceladas de tinta china y acuarela en papel, plasma en sus obras la intrincada estratificación del bosque tropical: sus arbustos y dantas en el suelo, las bromelias y bejucos colgando de los troncos del sotobosque, los loros y monos que comen los frutos en el dosel.
La técnica pictórica de ‘don Abel’ —como se le suele llamar— ha impresionado mucho a los botánicos a los que solía guiar hace tres décadas en sus expediciones por la selva: en parte por sus representaciones de más de 300 especies de plantas claramente distinguibles entre sí, pero además porque captura con precisión fotográfica hasta las formas de las copas los árboles —algo muy difícil de apreciar desde el suelo— y porque pinta siempre de memoria. Además de su atractivo estético, sus dibujos incorporan los usos dados a cada planta, sus relaciones con los animales y hasta los cambios físicos observables según la estación del año. Todo ello prueba que, además de un aventajado artista, Rodríguez tiene un profundo conocimiento de los ecosistemas amazónicos y de sus plantas, que heredó de los mayores de su comunidad y que ha impulsado un enriquecedor ‘diálogo de saberes’ —en palabras de Carlos Rodríguez— con la comunidad científica.
Esa mezcla de sabiduría ancestral y exuberancia plástica le ha granjeado enorme respeto a don Abel, al punto que su obra ha llegado a espacios artísticos como la Documenta de Kassel o el Museo de Arte Moderno de Nueva York y le hizo merecedor del premio Príncipe Claus del gobierno holandés. En Colombia, uno de sus dibujos está expuesto de manera permanente en el Museo Nacional en Bogotá y él, como descendiente de indígenas que huyeron de los abusos de los caucheros a inicios del siglo XX, fue invitado a la serie de conversaciones sobre arte y conflicto armado de la Comisión de la Verdad nacida del acuerdo de paz de 2016.
Ver acta de constitución de Living Forest S.A.S
Antecedentes desconocidos en Nonuya
El hecho de que el promotor del proyecto haya sido sancionado en el pasado por mal manejo administrativo por los dos principales organismos de control del Estado colombiano y que esté actualmente inhabilitado para manejar recursos públicos ha generado preocupación entre varios líderes indígenas de Nonuya por el futuro de su proyecto.
Aunque el gobierno del expresidente Iván Duque consideró que los proyectos de carbono eran tratos entre privados, sus ventas inciden en el recaudo tributario. Muchos de los bonos transados en el mercado nacional están siendo destinados por sus compradores, usualmente empresas como aerolíneas o distribuidores de gasolina, a compensar su uso de combustibles fósiles y evitar pagar el impuesto al carbono. Es decir, aunque los recursos con que se desarrollan los proyectos no son públicos, sus resultados se usan para reducir ese impuesto al carbono que está destinado en buena medida al sector ambiental.
Consultados si sabían de las inhabilidades vigentes de Silva Meche, dos líderes indígenas de Nonuya de Villazul dijeron a esta alianza periodística que habían oído rumores, pero que el tema jamás había surgido en conversaciones con la empresa o su gerente.
“Él no nos contó nada de eso. Entonces uno dice, ¿hasta dónde son transparentes?”, dice un líder, que pidió omitir su nombre para no profundizar más las divisiones existentes ya en el territorio y ante los riesgos de seguridad en la zona, donde hacen presencia varias estructuras guerrilleras que decidieron no sumarse al acuerdo de paz con las antiguas FARC de 2016 o retomaron las armas posteriormente.
Para ese líder, la primera alarma sobre Oxigreen surgió cuando se enteró por una conocida que la empresa no tiene página web y que no hay mayor información suya en internet. Su preocupación aumentó cuando esa misma persona le dijo que había encontrado información sobre la sanción fiscal de Silva Meche. Esos dos elementos, más lo que describe como una reiterativa falta de respuesta de la empresa a las llamadas de los líderes indígenas y de la ausencia de información sobre los avances del proyecto, han hecho crecer la insatisfacción dentro de Nonuya. “Eso es lo que a mí no me parece bien. Si somos socios, ¿cómo no nos tenemos informados? No es muy transparente”, dice. Dado que otro grupo de indígenas en el resguardo todavía defiende a la empresa, lo interpreta como las primeras señales de una fractura interna a causa de los bonos de carbono.
“No podría afirmar que lo sé. Hay comentarios que dicen eso, pero en manos mías no hay un documento que lo diga y él no nos lo ha contado”, dice otro líder, haciendo énfasis en que lo más importante es que cualquier solución económica respete las formas de vida de las comunidades locales y sus prácticas de conservación. “Creo importante que haya esclarecimiento de esas cosas para el bien de nuestro proceso”, añadió.
Edwin Paky, el líder muinane que ha promovido el proyecto, dijo a esta alianza periodística que firmaron el acuerdo con Oxigreen porque, tras escucharlos en asamblea comunitaria, les convenció más su propuesta que la que presentó Yauto. Reconoce que ha habido dificultades en el último año porque, a su juicio, las comunidades están esperando la llegada rápida de recursos al territorio, pero asegura que el proyecto está ya en un estado avanzado de formulación y está convencido de que podrá ser validado y certificado a mediados de 2023. Eso significa que podrían estar vendiendo sus primeros bonos algunos meses después, recursos que —según Paky— les permitiría resolver problemas del resguardo como el mal estado de la escuela de Peña Roja, la ausencia de gasolina para la lancha de transporte escolar o el hecho de que el puesto de salud está dotado pero no tiene médico.
Para Paky, una de las ventajas de Nonuya de Villazul en el mercado de carbono es que el resguardo cuenta con un robusto repositorio de datos que han recolectado en las dos parcelas de medición que establecieron. Una de 6 hectáreas data de 2010 —e incorpora la de 1,2 hectáreas creada con Tropenbos Colombia hace tres décadas— y otra de una hectárea se instaló en 2014 con apoyo del Instituto Sinchi, el centro gubernamental de investigación sobre la Amazonia. “Avanzamos más rápido por los datos que ya teníamos, producto de 10 años de monitoreo de carbono”, dice Paky, quien es ingeniero agroecológico de la Universidad de la Amazonía y trabajó durante varios años en el herbario amazónico del Sinchi. Él mismo hizo su tesis de pregrado, que fue publicada en una revista académica, midiendo el carbono en la parcela más grande. Según Paky, William Laguado y Oxigreen han incorporado esos datos en la formulación del proyecto Redd+.
Sobre la sanción fiscal del gerente de Oxigreen, Edwin Paky dice que sí fueron informados. Aunque él no conoce los detalles ni ha visto los documentos de la Contraloría que las sustentan, dice que Silva Meche abordó el tema antes de la firma del acuerdo, ante una pregunta de la comunidad. “Él dijo que trabajaba en la gobernación y que hay cosas que uno no hace pero por las que paga la responsabilidad, pero que eso no tenía nada que ver con Oxigreen”, explica, añadiendo que Silva Meche hizo énfasis en que la empresa no tenía ningún problema jurídico y que ofreció retirarse de la gerencia si había inconvenientes. Consultado si cree que los antecedentes del gerente podrían afectar el proyecto, el líder indígena señaló que “en el momento no nos preocupó pero no le pusimos tanto cuidado y más nos dedicamos a la construcción del proyecto”, pero que “cuando se den los recursos, tendremos que estar pendientes de la correcta gestión financiera”.
“No tengo ninguna inhabilidad, ni jurídica ni moral, para desempeñar uno o dos cargos en el sector privado, bien sea a nivel nacional o internacional”, dijo a esta alianza periodística Henry Silva Meche. En respuesta escrita reconoció la sanción de la Contraloría, pero enfatizó que ésta no tiene relación alguna con su trabajo al frente de Oxigreen y que son hechos de conocimiento público.
“Sí fui sancionado de manera irregular y grosera por la Contraloría (…) sin ser responsable y sin que mis funciones administrativas y delegadas tuvieran el alcance de ser ordenador del gasto y funcionario competente para hacer el seguimiento del caso administrativo por el que fui declarado responsable fiscal”, dijo a esta alianza, explicando que interpuso un recurso de nulidad ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que entregó su alegato final en octubre pasado. “Estoy a la espera del fallo de dicho tribunal, que ya son casi cinco años de lucha en defender mi buen nombre”, dijo, subrayando que “fui declarado responsable fiscal de manera solidaria, no por actos de corrupción”. (La respuesta completa de Silva Meche está disponible aquí).
Silva Meche sostiene que la sanción e inhabilidades no afectan su gestión de un proyecto de carbono, en tanto restringen únicamente su relación profesional con las tres ramas del Estado. Al no ser los resguardos indígenas entidades públicas y al considerarse su territorio como propiedad privada, explicó, “no pesa sobre mi humanidad inhabilidad alguna para firmar bien sea alianzas, acuerdos o algún tipo de contrato, ya que el mismo se estaría realizando en el ámbito privado y no en el ámbito público”. Asimismo, insistió en que como gerente y representante legal de Oxigreen no ha recibido “ninguna sanción administrativa ni de ninguna otra índole”. No respondió si informó a los líderes indígenas de Nonuya de Villazul sobre su sanción y, en caso de haberlo hecho, a quiénes y cuándo.
El proyecto que permitiría a Nonuya de Villazul emitir bonos de carbono por proteger la selva amazónica aún no ha empezado. Pero cuando lo haga, sería de la mano de un empresario y ex político cuya integridad ha sido puesta en duda por uno de los principales entes de control en Colombia.
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Actualización 09/03/2023:
Tras la publicación de este reportaje, Ecoinversión Forestal nos contactó para explicar que tuvo a Kilama Consultoría S.A.S. y a Fuinssa Colombia Limited como aliados estratégicos de su proyecto ambiental, pero que a partir de la fecha ya no lo son y confirmó que los retiró de su página web.
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Infografías: Miguel Méndez
Revisión legal: El Veinte
Carbono Gris es un proyecto liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) sobre cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina, en alianza con Mongabay Latam, La Silla Vacía, Rutas del Conflicto y La Liga contra el Silencio, con apoyo del Rainforest Investigations Network del Centro Pulitzer. Lara Dihmis y Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) aportaron reportería adicional.
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