- Los pasivos ambientales provocados por la actividad hidrocarburífera en Ecuador se multiplican cada año sin que el Estado ni las empresas responsables emprendan acciones eficaces de remediación. Hasta la fecha, son 1107 pasivos y otras 3568 “fuentes de contaminación”, como las denomina la autoridad ambiental.
- A pesar de que Ecuador explota petróleo desde la década de los setenta, no cuenta con datos mínimos, estadísticas ni estudios sobre condiciones de salud de las poblaciones directamente afectadas por esta actividad extractiva. La población demanda investigaciones urgentes.
- La petrolera estatal Petroecuador EP ha heredado la responsabilidad de los 1107 pasivos ambientales causados por Texaco.
“Aquí hay una piscina”, dice Ermel Chávez, representante del Frente de Defensa de la Amazonía. Arranca una rama larga de entre la vegetación y se agacha para despejar con ella el suelo. Hunde la rama dibujando un orificio y presionando hacia abajo: un metro, dos metros, tres y no se detiene. “Hay piscinas de hasta 6 metros de profundidad. El petróleo está acá adentro”, asegura, mientras extrae la rama embarrada en una pasta gris que expele un fuerte olor a combustible. Unos metros más allá, pastan unas cuantas vacas. Los Ángeles es una de las 24 comunidades de la parroquia San Carlos, en el cantón Joya de los Sachas, en la provincia de Orellana, Ecuador.
El campo Sacha, que fue concesionado en tiempos del expresidente Rafael Correa a la estatal venezolana Pdvsa, ahora está bajo la administración de Petroecuador y es el más grande de la zona. La parroquia San Carlos está justo frente a la estación Sacha Sur que forma parte del campo petrolero.
Entre la vegetación se ven varias hondonadas o fosas en forma de piscinas que albergan residuos petroleros que fueron cubiertos en algún momento con tierra. “Los árboles frutales no crecen aquí y si es que se dan, no dan fruto”, aseguran los comuneros de la zona. “Hay una capa de petróleo acá adentro, el petróleo está petrificado”, añade Ermel Chávez, refiriéndose a los desechos que llenan esas piscinas mientras muestra un árbol de cacao cuyo crecimiento asegura se ha estancado. “El problema de este tipo de pasivos es que, por lo general, aquí en el campo hacen pozos de agua”, precisa y señala la casa más próxima: una construcción de una planta que se levanta a una veintena de pasos y que ha sido abandonada. La familia que vivía ahí debió mudarse, dice Chávez, pues el agua del pozo que habían abierto para abastecerse “ya está envenenada”.
Para llegar ahí desde la ciudad Joya de los Sachas, hay que recorrer unos 12 kilómetros en auto, en dirección a la ciudad de Francisco de Orellana. Al borde de la carretera, junto al campo petrolero Sacha, se divisa a uno que otro grupo de obreros de la empresa estatal Petroecuador EP y varios pozos de extracción de crudo a los que los lugareños llaman ‘muñecos’, por la forma que tienen. Algunos están cerrados y abandonados.
Esta escena trágica es una de las tantas que dejó la operación de la petrolera estadounidense Texaco en la Amazonía ecuatoriana y que representa uno de los pasivos ambientales más conocidos en el país y el mundo. Durante el proceso judicial, la misma Texaco reportó haber construido 333 piscinas en su período de operaciones, entre 1964 y 1990 —recuerda Ermel Chávez—, y en la inspección judicial, utilizando las mismas imágenes satelitales que Texaco pidió tomar en momentos distintos, “se descubrió 990 piscinas”.
Según información oficial enviada por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), incluida en la base de datos construida para este especial periodístico, Texaco es responsable de 1107 pasivos ambientales acumulados en Orellana (608) y Sucumbíos (499). El Estado, además, tiene un total de 3568 registros del sector hidrocarburífero que ha catalogado como “fuentes de contaminación”. El Estado, además, tiene un total de 3568 registros del sector hidrocarburífero que ha catalogado como “fuentes de contaminación”. De estas últimas, se registra que el 51% de fuentes se encuentran remediadas, es decir, 1838 fuentes de contaminación. El 49% restante no ha sido remediado.
Así, Texaco ha dejado 714 piscinas de petróleo enterradas que con el paso de los años han vuelto a emerger. Además hay 374 sitios contaminados por efluentes o derrames y 19 son fosas, según la base de datos elaborada con información del Maate. Tanto la empresa estadounidense como la estatal Petroecuador, que administra hoy la operación y heredó esos 1107 pasivos ambientales, fueron obligadas a reparar esas piscinas en las proporciones correspondientes al impacto generado, pero Petroecuador no lo ha hecho y Texaco únicamente escondió las piscinas, como consta en el mismo expediente judicial del caso que exhibe el sitio web de la Cancillería de Ecuador.
“Lo que hizo en ese entonces fue más criminal que dejar las piscinas abiertas, porque botó lodo encima y las piscinas quedaron taponadas (tapadas)”, recuerda Chávez. Con el paso de los años, los restos de petróleo y agua de formación —denominación que recibe el agua que naturalmente se encuentra atrapada en los poros de las rocas y que sale junto con el crudo cuando se lo extrae— han vuelto a emerger en todo el territorio de las provincias de Orellana y Sucumbíos, como lo han denunciado los miembros del Frente de Defensa de la Amazonía y organizaciones como Acción Ecológica, Fundación Pachamama, la Unión de Afectados por Texaco y otras.
Desde 1993 hasta la fecha, la transnacional —adquirida por Chevron en 2001— ha mantenido un litigio en tribunales nacionales e internacionales luego de que los habitantes afectados la demandaran por contaminar un área que equivaldría, de acuerdo con información de la Cancillería ecuatoriana, a la superficie de El Salvador, es decir, alrededor de 21 000 kilómetros cuadrados. Este dilatado litigio tiene arrinconado hoy al Estado ecuatoriano. Las sentencias en los arbitrajes internacionales no han favorecido al país y existe la posibilidad de que este tenga que pagar alrededor de 9500 millones de dólares a Chevron-Texaco. Pablo Fajardo, presidente de la Udapt, asegura que el ex procurador general, Íñigo Salvador, “hizo un trabajo nefasto, realmente desastroso, en la defensa técnica del Estado ecuatoriano”.
De acuerdo con un informe de la organización Corporate Accountability, publicado en abril de 2023, las emisiones que causa Chevron en un año en todo el mundo son equivalentes a 364 centrales eléctricas de carbón o “al total de emisiones de 10 países europeos juntos en similar periodo”. La Udapt asegura que Chevron arrojó en la Amazonía de Ecuador “60 billones de litros de aguas podridas, de formación, tóxicas, 650 mil barriles de petróleo”. ¿Qué hace falta para que Chevron y Petroecuador se encarguen de remediar las más de 700 piscinas abandonadas en la Amazonía de Ecuador?
Petroecuador, un nido de escándalos
En Ecuador, el Código Orgánico del Ambiente (COA) describe a un pasivo ambiental como “aquel daño generado por una obra, proyecto o actividad productiva o económica, que no ha sido reparado o restaurado, o aquel que ha sido intervenido previamente pero de forma inadecuada o incompleta y que continúa presente en el ambiente, constituyendo un riesgo para cualquiera de sus componentes”. Texaco nunca remedió los daños ocasionados y el Estado, que heredó esos pasivos ambientales, no ha logrado resultados favorables para sancionar ni para remediar los daños y reparar a las miles de víctimas.
Ermel Chávez cree que, mientras tanto, hacerse de la vista gorda se ha convertido en una política de Estado para los distintos gobiernos de Ecuador. A pesar de que los daños son evidentes, las autoridades y la mayoría de empresas petroleras niegan o minimizan que la industria hidrocarburífera haya destruido ríos y sembradíos, y haya alterado la vida de miles de habitantes amazónicos sin tomar en cuenta la opinión de los habitantes de la región y sin someter sus proyectos a consulta previa, libre e informada, como manda la Constitución desde 1998.
A la vera de las carreteras de las provincias de Orellana y Sucumbíos se levantan varios prostíbulos. Algunos de ellos se abrieron con la llegada de las primeras empresas petroleras, en la década de los setenta. Hoy, cuenta Chávez, en la zona hay más prostíbulos que farmacias o escuelas. Al borde de las vías también están los llamados “tallarines”, un montón de tubos oxidados, parchados y expuestos que a pesar del mal estado en el que se encuentran transportan el petróleo. Peor aún, constituyen un peligro permanente pues suelen calentarse hasta alcanzar temperaturas que podrían chamuscar en segundos cualquier objeto con el que tengan contacto.
Unos minutos después de cruzar la pequeña ciudad de Shushufindi está la refinería de la localidad, donde los tanqueros cargan y transportan el crudo hacia Esmeraldas, en la costa, para su exportación. Al menos un mechero está encendido en esas instalaciones, quemando gas y soltándolo a la atmósfera.
La estatal Petroecuador EP, que le tomó la posta a Chevron-Texaco, es la responsable del 96,5% de los derrames petroleros ocurridos entre 2021 y 2022, según el Maate. La entidad rectora de la política ambiental reconoció que no existen mediciones de riesgo de esos daños en cuanto a la salud, la seguridad o la calidad ambiental. En un documento enviado por correo electrónico, el equipo de comunicación de ese ministerio aseguró que “se están desarrollando metodologías de priorización para la intervención de zonas posiblemente afectadas por la presencia de fuentes de contaminación y/o pasivos ambientales”.