- Un análisis de Mongabay Latam detectó que al menos 109 residuos de la industria petrolera se superponen sobre 15 áreas naturales protegidas de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Otros 561 pasivos ocupan espacios de 50 comunidades nativas.
- Más de 2897 kilómetros de ductos de hidrocarburos atraviesan 65 reservas naturales y 140 territorios indígenas de estos países.
Más de 2800 kilómetros de tuberías recorren la Amazonía y las costas de Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Se trata de cientos de ductos que transportan millones de litros de crudo desde los ecosistemas más sensibles hasta los buques cargueros que los transportarán a su destino final. En el camino, en esa jungla de cañerías, han ocurrido más de 3 mil derrames, según lo reportado en el especial Manchados por el petróleo, que han afectado a miles de comunidades locales e indígenas.
Para conocer la huella de estas operaciones, mapeamos los pasivos ambientales reportados entre el 2012 y el 2022 por las autoridades ambientales. Los hallazgos son alarmantes: 4284 pasivos ambientales dispersos en los territorios de Bolivia, Ecuador y Perú, una cifra que casi se duplica si se suman los 3994 impactos petroleros que no son considerados pasivos pero que comparten muchas similitudes por los daños provocados en los cuatro países.
¿Dónde están ubicados esos desechos y quiénes son los más afectados? Para responder esta pregunta se localizaron geoespacialmente los pasivos y otros impactos petroleros en territorio, de acuerdo con las coordenadas entregadas por las autoridades ambientales de cada país. Se pudo establecer, que 109 residuos petroleros se superponen con 15 áreas naturales protegidas de Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, además que 561 desechos de la actividad petrolera se encuentran dentro de 50 comunidades indígenas.
Si ubicamos, además, los puntos de contaminación localizados como máximo a un kilómetro de estos territorios, la cifra crece a 1681 pasivos y otros impactos petroleros dentro y alrededor de 20 reservas naturales y 90 comunidades indígenas.
La bióloga Jazmín Arias, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad Nacional de Colombia y experta en conflictos socioecosistémicos, explica que es clave monitorear los “impactos potenciales” de los residuos petroleros tanto dentro como alrededor de los territorios protegidos. “Estos contaminantes cerca de los territorios protegidos podrían llegar a fuentes de agua que abastezcan a las poblaciones o ecosistemas. Hay restos petroleros como chatarra a la intemperie que pueden causar lixiviados [sustancias líquidas de los residuos] con el paso de las lluvias. Todos esos óxidos luego van al suelo o incluso a cuerpos de agua. Por eso, con esta información, podemos hacer proyecciones de efecto y mitigaciones ambientales y sanitarias”, precisa.
Con toda la información reunida, periodistas de Mongabay Latam, Rutas del Conflicto y Cuestión Pública de Colombia, La Barra Espaciadora de Ecuador y El Deber de Bolivia mapearon durante ocho meses estos sitios y viajaron a los territorios de las comunidades afectadas para conocer de cerca la situación.
Presión petrolera en tierras indígenas
La cifra de los tres países —sin contar Colombia, pues no se encontraron coincidencias— bordea los 561 pasivos y otros impactos petroleros dentro de comunidades nativas. Si se toma en cuenta la presencia de estos desechos a un kilómetro de estos territorios, la cantidad se dispara a 1525 residuos petroleros dentro o alrededor de 90 comunidades indígenas.
El panorama más preocupante se observa en Ecuador, donde se detectó al menos 123 pasivos en 11 comunidades indígenas ubicadas en los departamentos de Sucumbíos y Orellana, ambos en la región amazónica. Si consideramos los otros impactos petroleros, que en Ecuador se denominan “fuentes de contaminación”, el país suma 406 puntos más que recaen en 31 comunidades indígenas localizadas en Sucumbíos, Pastaza, Zamora Chinchipe, Orellana y Napo. Solo en el territorio indígena del Sector Tipishca, en el departamento de Sucumbíos, se concentran 102 “fuentes de contaminación”.
“Las áreas que usaban las comunidades para agricultura, para el cacao, todo eso sigue contaminado. Es una amenaza a su soberanía alimentaria. Ahora en 2023 seguimos mirando el impacto de la industria de contaminación sin fin donde no hay remediación adecuada, no hay compensación y no hay justicia”, dice Kevin Koening, director de Clima, Energía e Industrias Extractivas de Amazon Watch de Ecuador.
Hay puntos de contaminación situados también alrededor de estos territorios protegidos que elevan la cifra a 404 pasivos en 17 comunidades y 969 “fuentes de contaminación” en 51 tierras indígenas.
Pablo Fajardo, abogado del caso Texaco-Chevron, menciona los problemas de salud que han detectado en las comunidades indígenas de Sucumbíos y Orellana, en la Amazonía ecuatoriana, y que son cada vez más recurrentes. “Una de las cosas más graves es la incidencia en los casos de cáncer en mujeres. De los 442 casos que hemos documentado, el 72.6% son mujeres, es decir, casi tres a uno entre mujeres y hombres (…) Creemos que la causa de este altísimo volumen de casos de cáncer es la contaminación de las fuentes de agua”, asegura Fajardo. A ello añade Donald Moncayo, coordinador de la Unión de Afectados por Texaco-Chevron, que los casos detectados de cáncer en las comunidades “están a menos de un kilómetro de las instalaciones petroleras, de los mecheros y de los pasivos ambientales dejados por Chevron”.
