- Mongabay Latam recorrió los 38 kilómetros del río Cenepa, cerca de la frontera con Ecuador, donde las dragas para la extracción de oro operan día y noche.
- Las operaciones mineras han sitiado a siete comunidades nativas awajún. En el recorrido se detectaron 70 puntos de explotación ilegal de oro.
La incesante actividad minera ha convertido los territorios awajún, ubicados en los márgenes del río Cenepa, en sectores donde la población es amenazada y explotada. A la par, la destrucción ambiental avanza sin control. A falta de una vigilancia permanente en la zona, las balsas mineras han tomado el dominio de la cuenca fronteriza entre Perú y Ecuador.
Los pueblos de la región padecen la crisis ambiental y de seguridad a lo largo de la cuenca. Los contornos de árboles que antes envolvían el río, hoy son apenas declives de tierra muerta en que se apilan cientos de cilindros cargados de mercurio. Sin embargo, el trecho que flanquean las comunidades de Tutino y Nuevo Tutino quizá sea el epicentro del infierno en que se ha convertido el río Cenepa.
Las carencias en cada comunidad, además, han sido un factor decisivo para esa suerte de dominio territorial alcanzado por los ilegales. En aquella región, las balsas mineras son cotidianas en el espacio fluvial: operan una al lado de otra formando una enorme muralla que bloquea el paso normal de cualquier embarcación.
A inicios de septiembre de 2023, Mongabay Latam y la organización Paz y Esperanza recorrieron los 38 kilómetros del río Cenepa y el balance de lo hallado en el trayecto fue abrumador: 70 puntos de explotación ilegal de oro en los que los mineros operan balsas y dragas en tierra.
En tres claves, te explicamos la grave situación que existe en la región.
Vivir bajo el terror
Comunidades como Nuevo Kanam han sufrido secuestro, amenazas y desplazamiento forzado en contra suya y de sus familias, luego de que liderazgos indígenas denunciaran la presencia de 15 dragas en el río Cenepa. Quienes conforman una línea de lucha por la conservación del afluente han sido blanco constante de intimidaciones.
Las balsas mineras se fueron a mediados de 2023 no por el temor a las denuncias, sino porque acabaron con el oro de esta parte y ahora explotan sobre otros espacios.
En estos territorios, además, la necesidad fue obligando a los pobladores a aceptar lo que el dinero de los ilegales imponía. Por ejemplo, algunas adolescentes y mujeres adultas se convirtieron en víctimas de los intereses de aquella economía ilícita. Son empleadas como cocineras en las balsas y algunas veces son víctimas de explotación sexual.
“La estrategia de los mineros es convertirse en comuneros, como parejas de las mujeres awajún, para no ser expulsados. Con el dinero logran que las familias de estas mujeres los admitan y protejan. Así se van haciendo fuertes en las comunidades”, comenta Augostina Mayán, una de las lideresas awajún.
También se ha identificado una deserción escolar en aumento. Los estudiantes optan por atender las necesidades diarias de los mineros para obtener cualquier beneficio económico.
Denuncias sin nombre
Ninguno de los comuneros o dirigentes indígenas que fueron entrevistados pudo identificar con nombre y apellido a los mineros ilegales que proliferan en sus pueblos. Si aluden a alguno, debido a un suceso en específico, lo llaman por su alias, un sólo nombre y, a veces, por un diminutivo: “Maquisapa”, “Betito” o similares.
Dante Sejekam, presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc) y quien ha emprendido una defensa firme del territorio awajún, sostiene que ni siquiera los líderes de las comunidades donde los ilegales perforan el Cenepa en busca de oro los tienen identificados.
En lo que los pobladores coinciden es que los ilegales provienen de Pucallpa (Ucayali), Puerto Maldonado (Madre de Dios), Iquitos (Loreto), Puerto Inca (Huánuco) y el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Es decir, de lugares que registran frecuentes delitos ambientales que afectan a pueblos originarios, conforme lo ha ido reportando este medio durante los últimos años.
Explotación de la necesidad
En la comunidad de Kusu Kubaim no hay energía eléctrica. Aquello no es el problema mayor si se le compara con no tener servicio de alcantarillado o contar apenas con acceso al agua del río que la minería ha contaminado con mercurio. De acuerdo con los pobladores, esto les ha provocado fuertes alergias y males estomacales cuando consumen pescado.
En San Antonio, cuentan que ya nadie de la comunidad utiliza el agua del Cenepa, sino que usan la que discurre por las quebradas cercanas y sale de a poco por las piletas de captación. De hecho, el último estudio de la Administración Local del Agua Bagua-Santiago acerca de la calidad de agua superficial en el río Cenepa, indica que la concentración de plomo excede los estándares establecidos por el Ministerio del Ambiente. La evaluación subraya las actividades mineras y los vertimientos de aguas residuales provenientes de algún tipo de proceso de manufactura como posibles responsables de las altas concentraciones de plomo.
El crudo panorama de Kusu Kubaim y San Antonio se replica en todas las comunidades de la cuenca: ninguna tiene servicios básicos, infraestructura educativa adecuada ni postas médicas abastecidas. Por eso, cuando algún poblador sufre una urgencia de salud, el tema alcanza niveles dramáticos.
Tal contexto marcado por la necesidad y desatención del gobierno peruano fue propicio para que las cuadrillas de mineros ilegales irrumpan en los pueblos awajún, negocien su permanencia y exploten el río a sus anchas.
El director de Medio Ambiente de la Policía Nacional, general Gregorio Villalón, declaró que su personal está realizando un trabajo progresivo en los ríos Cenepa y Santiago pese a las limitaciones en recursos, humanos, logísticos y financieros que tiene.
“Podemos destruir uno o diez motores, pero ellos en una semana vuelven a instalarse”, afirma Villalón. En esa línea, Villalón consideró como tareas pendientes dar sostenibilidad a las acciones contra la minería y fortalecer el trabajo articulado entre las partes involucradas (fiscalía, gobierno regional y dirigencias comunales). “No se trata de ir una vez, intervenir y ya no regresar porque todo se pone igual”, precisa. Y tiene razón.
Lea el reportaje completo aquí.
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