- En la COP28 en Dubái, Paraguay avanzó en negociaciones con Singapur y Emiratos Árabes Unidos. Pero tanto su ley como Paracel, uno de los principales proyectos, están bajo cuestionamientos.
Con “una de las leyes más avanzadas del mundo” sobre mercados voluntarios de carbono, según el presidente Santiago Peña, Paraguay fue a la Conferencia de las Partes de la Convención sobre Cambio Climático (COP28) en Dubái con un gran objetivo: conseguir compradores para sus créditos y demostrar la efectividad de su principal política climática.
Peña casi lo consigue. Paraguay logró en la cumbre climática “la conclusión de las negociaciones sustanciales” para avanzar en un Acuerdo de Implementación en 2024 con Singapur y firmó un Memorando de Entendimiento con Emiratos Árabes Unidos (EAU) para la compra y venta de créditos de carbono, ambas en el marco del Artículo 6 del Acuerdo de París que propone crear un mercado regulado para estos créditos.
Sin embargo, parece que esa “ley tan avanzada en el mundo” —aprobada en octubre pasado de manera exprés, tras menos de un mes desde su ingreso al Congreso y en medio de fuertes cuestionamientos— se queda corta para que Paraguay pueda poner en marcha esos dos acuerdos. Organizaciones ambientales y políticos de oposición dudan sobre si esa norma tiene estándares de calidad más bajos de los que éstos acuerdos internacionales requerirían. Incluso, desde el propio gobierno de Peña, algunos funcionarios divergen sobre el trabajo que queda por delante para hacer efectivos los potencialmente lucrativos acuerdos, promovidos bajo la promesa de millones de dólares para el país.
Los mercados de carbono funcionan bajo una lógica simple: quien conserva o realiza un proyecto que reduce o evita emisiones cobra, quien contamina y necesita compensar, paga. Pero en el medio existen metodologías, empresas, compromisos legales y, por supuesto, intereses.
En esencia, hay dos tipos de mercados de carbono: el voluntario y el regulado. El voluntario es gestionado por entes privados como Verra y Gold Standard, con reglas y metodologías propuestas por estas organizaciones. Mientras que el regulado es el propuesto por el Artículo 6 del Acuerdo de París y tiene como objetivo que esas transacciones se den bajo reglas consensuadas por los 194 países partes de la Convención de Cambio Climático.
El Artículo 6 permite que los países puedan “cooperar voluntariamente” entre sí para garantizar el cumplimiento de sus respectivos objetivos climáticos. Esta cooperación se divide en tres tipos: acuerdos bilaterales para la compra-venta de créditos de carbono (Artículo 6.2), un mercado global de créditos de carbono con reglas consensuadas por todos los países firmantes de la Convención de Cambio Climático (Artículo 6.4) y un mecanismo de cooperación sin la lógica de mercado, donde un país puede apoyar económicamente a otro para mantener un bosque o evitar el uso de combustibles fósiles sin que el carbono reducido se contabilice a favor de quien pagó por esos proyectos (Artículo 6.8).
Paraguay lleva años expresando interés por los mercados de carbono, considerándolo como una “prioridad nacional” tanto en la última COP28 como en la anterior COP27 de 2022 en Egipto. El gobierno de Santiago Peña, que asumió en agosto de 2023, transformó este interés en política de Estado. Y antes de lograr cualquier acuerdo con Singapur o EAU, decidió voltear su mirada hacia los mercados voluntarios, donde están las empresas.
El oficialismo utilizó su mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso, medios aliados y la vocería del ministro del ambiente Rolando de Barros Barreto para aprobar una de las primeras leyes sobre créditos de carbono específicas para el mercado voluntario en Latinoamérica en menos de un mes.
La ley de créditos de carbono ha sido fuertemente criticada por organizaciones ambientales y por la oposición a raíz de la ausencia de artículos que garanticen la protección del ambiente y de los derechos humanos. Además, propone un concepto de “adicionalidad” mucho más laxo que el recomendado bajo estándares internacionales de los mercados voluntarios y los regulados. La adicionalidad es esencial en la lógica del mercado de los créditos de carbono, y significa que se debe demostrar que una captura o reducción de las emisiones a través de un proyecto —como un bosque— no hubiera sucedido si los mercados no pagaran para que se cuide ese bosque. El gobierno de Peña eliminó la obligación de garantizar tal cosa.
Por ello, ya aparecieron las primera dificultades. El proyecto de forestación de eucaliptos de la empresa de celulosa sueco-paraguaya Paracel —una de las principales firmas interesadas en la puesta en marcha de esta nueva ley— se ha topado con problemas para ser aprobado en el mercado voluntario de carbono, justamente por señalamientos sobre su falta de adicionalidad y porque la compañía proporcionó datos desactualizados. Así lo demuestran documentos sobre el proyecto consultados por El Surtidor en el marco de la alianza periodística Carbono Opaco, coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que reúne a 13 medios de ocho países para indagar cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina. Verra y Paracel confirmaron la existencia de dichas dificultades.
Qué firmó Paraguay con Singapur y Emiratos Árabes
El 6 de diciembre de 2023, tras una reunión en la COP28 de Dubái entre el presidente paraguayo Santiago Peña y el ministro principal de Singapur, Teo Chee Hean, ambos países anunciaron oficialmente “la finalización de las negociaciones sustantivas” para avanzar en 2024 hacia un acuerdo de implementación de compraventa de créditos de carbono.
Las negociaciones en realidad habían terminado dos días antes en una sala de reuniones dentro del recinto de la conferencia en Expo City, Dubái.
Ese 4 de diciembre anterior, representantes de ambos gobiernos fueron panelistas de un conversatorio en el pabellón de Singapur en la COP28. Por Paraguay participó el viceministro de inversiones extranjeras, Rodrigo Maluff.
En términos simples, los dos países se comprometieron a crear una comisión bilateral “para definir los criterios” de los proyectos en Paraguay a los cuales empresas en Singapur podrán comprar créditos de carbono y, de este modo, evitarse pagar un impuesto al carbono a sus emisiones producto del uso de combustibles fósiles en su país de origen. Ningún documento fue firmado.
“Lo acordado es crear una carretera que conecta a ambos países para gestionar la transferencia de créditos de carbono”, así fue como lo describió el ministro de Industria, Javier Giménez García. “Es un paso para posicionar a Paraguay como el mercado pulmonar para el mundo”.
Según el comunicado del gobierno de Singapur, el potencial acuerdo de implementación a ser firmado en 2024 “crea los criterios y procesos sobre los cuales los proyectos de créditos de carbono serán desarrollados y comercializados… cuando se firme, sería el primer acuerdo de este tipo de Paraguay y el primero de Singapur en Latinoamérica”.
Con Emiratos Árabes Unidos, el gobierno paraguayo firmó el 6 de diciembre un “memorando de entendimiento” durante la cumbre del clima de la que ese país petrolero fue anfitrión. De acuerdo con fuentes del gobierno paraguayo, el memorando no significa todavía la compraventa de créditos.
Durante toda la COP28, el gobierno paraguayo mantuvo un estricto hermetismo. La delegación rehuyó a varios pedidos de entrevistas realizados vía WhatsApp y en persona.
Un “memorando de entendimiento”, como el que se firmó con Emiratos Árabes, en la práctica es una declaración de intenciones para avanzar en conversaciones más específicas a futuro, mientras que un “acuerdo de implementación” como el que se busca con Singapur sí tiene un estatus legalmente vinculante y debería ser aprobado por el Congreso paraguayo, como indica el artículo 141 de la Constitución del país. Los acuerdos de implementación buscan evitar, por ejemplo, que ambos países contabilicen como “propio” el carbono que vendieron o compraron y, por tanto, se cuente dos veces un mismo resultado ambiental. A ese “engaño a la atmósfera” se le llama doble contabilidad en el mundo del carbono.
Las negociaciones con Emiratos Árabes y Singapur se están dando bajo la sombrilla del Artículo 6.2 del Acuerdo de París, firmado en 2015, y en donde se propone la creación de mercados de carbono “regulados” bajo reglas de la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas.
Mientras en los mercados voluntarios de carbono, las reglas de juego y el registro de los proyectos son definidos por organizaciones privadas como Verra o Gold Standard. Los interesados en registrar un proyecto de carbono se deben adecuar a las reglas y metodologías que validan estas organizaciones para ingresar a una base de datos a la que acuden posibles compradores.
El Artículo 6.2 en particular crea un mercado regulado bilateral que permite que dos países compren o vendan créditos de reducción de gases de efecto invernadero, que les permitan a las naciones cumplir sus objetivos de mitigación comprometidos bajo el Acuerdo de París.
¿Hasta qué punto las reglas de ese mercado regulado son concertadas por los países? ¿Cuáles son los estándares mínimos a respetar en esas compras y ventas de créditos de carbono? Esas son dos de las principales discusiones que se dieron en la COP28 de Dubái, sin que las naciones hayan llegado a un consenso. Tampoco hubo un acuerdo unánime sobre los estándares del Artículo 6.4, que —en un espíritu similar— crearía un mercado global regulado bajo reglas acordadas por todos los países que son parte de la Convención de Cambio Climático.
Debido a que varios países ya están avanzando en acuerdos bilaterales, aún en ausencia de estas regulaciones, ha surgido una salida temporal: usar créditos de carbono que estén registrados en los mercados voluntarios que se adecuen a las reglas y metodologías elegidas por los países que firman el acuerdo bilateral.
Como ejemplo está el propio acuerdo de implementación que Singapur firmó durante la COP28 con Papúa Nueva Guinea, y que incluye una guía de las metodologías de los mercados voluntarios que podrán utilizarse. Con ello, Singapur busca asegurar que sus empresas puedan comprar créditos de carbono de calidad para así no pagar el impuesto al carbono que tiene ese país asiático. Para ello, los créditos deben estar adecuados a los estándares de adicionalidad que el gobierno singapurense adoptó en octubre de 2023.
Emiratos Árabes Unidos y sus empresas ya han avanzado en garantizar el acceso a los resultados ambientales de numerosos proyectos en otros rincones del mundo para “compensar” sus emisiones. El caso más reciente es el de Blue Carbon, la empresa fundada por un miembro de la familia real de Dubái que compró en cinco países de África subsahariana el carbono sumido por bosques que, en conjunto, ocupan un área equivalente, al tamaño del Reino Unido.
Esto ha sido criticado por una veintena de organizaciones ambientales internacionales, que denunciaron que los proyectos podrían terminar violando los derechos de comunidades locales a la propiedad de sus tierras o a la consulta previa, libre e informada sobre actividades que se realicen en en éstas, de manera parecida a lo que ya ha sido denunciado, por ejemplo, en Colombia o en Kenia.
En Colombia una comunidad indígena denunció que un proyecto de créditos de carbono se hizo en su territorio sin que se les consulte, y sin que ellos reciban los beneficios por proteger el bosque. En Kenia, denuncias de la organización Survival Internacional documentan cómo, bajo la excusa de proyectos de conservación para créditos de carbono, muchas familias han sido desplazadas de sus tierras ancestrales e intimidadas y violentadas por guardias privados.
De acuerdo con su última política climática publicada en 2023, Emiratos Árabes Unidos —un petroestado que planea seguir expandiendo su producción de combustibles fósiles— dice “reservarse el derecho” a utilizar los mercados de carbono para cumplir los compromisos asumidos por el país en mitigación.
¿La ley paraguaya sirve para acuerdos internacionales?
Pese a encontrar ya dos potenciales clientes para sus créditos de carbono, existen dudas de si la ley de Paraguay sobre mercados de carbono, que fue aprobada entre septiembre y octubre de 2023 deberá ser modificada para que se adecúe a los acuerdos nacientes con Singapur y Emiratos Árabes Unidos.
La legislación fue aprobada en ambas cámaras del Congreso en medio de denuncias de senadores opositores de tráfico de influencias para favorecer a estudios jurídicos que asesoran a proyectos de carbono. Congresistas como Celeste Amarilla y Esperanza Martínez denunciaron que el entonces proyecto de ley difería del que había sido socializado con los representantes legislativos, y que en una sala contigua a la cámara de Senadores, el equipo del ministro del Ambiente Rolando de Barros Barreto modificaba en tiempo real el proyecto a ser votado.
Durante esa sesión del Congreso, el senador que impulsó la ley, Patrick Kemper, acusó entre gritos a este periodista de responder “a intereses de corporaciones internacionales”, debido a la cobertura crítica del proyecto de ley. El ataque fue condenado tanto por el Sindicato de Periodistas de Paraguay como por partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y medios del país y la región.
En esencia, la ley crea un registro obligatorio de todos los créditos de carbono en Paraguay, está dirigida específicamente a los mercados voluntarios de carbono y no a aquellos creados bajo el Artículo 6.
Consultados sobre si la ley serviría para los acuerdos internacionales con Singapur y EAU, el viceministro de Inversiones del Ministerio de Industria y Comercio, Rodrigo Maluff, y el director jurídico del Ministerio del Ambiente, Víctor González, sugirieron dos caminos distintos. Para Maluff, no está cerrada la puerta de modificar la ley para adecuarla a los estándares para garantizar la integridad de los créditos que exigen países como Singapur, mientras que González cree que gran parte de ese trabajo se puede realizar en el proceso de reglamentación de la ley que iniciará este año.
No es el único dique a superar. La ley de créditos de carbono de Paraguay se aprobó sin contemplar un sistema de salvaguardas ambientales y de derechos humanos, un estándar internacional que busca prevenir, identificar y sancionar posibles impactos de este tipo de proyectos en comunidades locales, en especial pueblos indígenas. Estas reglas son obligatorias para los proyectos que buscan evitar la deforestación (también conocidos como REDD+) y sirven “para potenciar los trabajos y no hacer daño” a las comunidades, explica Mirta Pereira, abogada y asesora de la Federación para la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) en Paraguay.
Pereira fue parte de la delegación paraguaya, liderada por el entonces ministro del Ambiente Oscar Rivas y los líderes indígenas Julio Martínez y Carlos Picarenai de FAPI, que negociaron y apoyaron la aprobación de esas salvaguardas en la COP16 de Cancún en 2010. “Estas salvaguardas lo que buscan es mitigar los impactos negativos de los proyectos y, sobre todo, defender los derechos de la gente. Son siete principios, entre los que se destacan la participación, la transparencia y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas a través de, por ejemplo, la creación de mecanismos de queja”, explica la abogada. “También buscan proteger todo lo otro que da un bosque, como lo es la biodiversidad y el agua, y evitar el peligro de reversión: que los bosques no sean solo protegidos cuando hay dinero de un proyecto y luego todo vuelva a la normalidad de la deforestación”.
Bajo “el apuro porque se viene la COP28”, en palabras del diputado oficialista Pastor Soria, la mayoría oficialista en el Congreso rechazó los pedidos de inclusión de estas salvaguardas de la diputada Johanna Ortega y el senador Rafael Filizzola. Esa mayoría también rechazó crear un mecanismo de recepción de denuncias, consultas y derivación de posibles conflictos, otro estándar común en muchos países con mercados activos de carbono.
Para la diputada Johanna Ortega, “el hecho de que Paraguay haya vuelto de la COP28 solamente con el memorándum con Emiratos Árabes Unidos da cuenta de una estrategia fallida del país. Hay que ver cuáles fueron los motivos, pero creo que hubo alguna dificultad que el Ministerio del Ambiente o la delegación oficial no pudo sortear para firmar acuerdos concretos. La expectativa era mayor. Una promesa de firmar algo con Singapur que todavía no es nada concreto es un resultado mínimo”.
Para la diputada opositora, “es altamente probable que esa ley de créditos de carbono que se aprobó atropellando en el Congreso sin mucho debate no cumple ciertos estándares y, por lo tanto, va a requerir de una nueva modificación. Hubo un error en no escuchar a quienes teníamos que aportar en una mejor propuesta de ley. Tenemos que avanzar en tener una ley de créditos de carbono que garantice, por ejemplo, salvaguardas ambientales y de derechos humanos”.
Sin estas salvaguardas es mucho más difícil que las comunidades puedan denunciar posibles irregularidades en proyectos de carbono que deberían beneficiarles, como ha ocurrido en Colombia con una comunidad indígena que ha llevado un caso hasta la Corte Constitucional.
Otro posible escollo está en el concepto de adicionalidad que contempla la ley paraguaya. El gobierno de Santiago Peña impulsó, como uno de los principales argumentos a favor de los mercados de carbono, su uso para financiar el cuidado de parques nacionales y otras áreas protegidas del país, hoy con limitaciones de presupuesto y personal que impiden garantizar su bienestar ante invasiones de, por ejemplo, cultivadores de marihuana.
El problema es que el Estado paraguayo ya está obligado por ley a proteger estos parques y áreas protegidas, por lo que debería estarlas protegiendo aunque no hubiera mercados de carbono que dejaran dinero.
La solución del gobierno de Santiago Peña fue agregar en septiembre de 2023 una modificación crucial al proyecto de ley original: cambió el concepto de adicionalidad. En esencia, eliminó el requisito de demostrar que ese carbono —de un bosque, por ejemplo— es adicional a lo que de por sí se debe proteger por ley y que no se podría preservar sin el dinero proveniente del mercado.
Consultado sobre los cambios impulsados por el gobierno paraguayo, Inigo Wyburd, investigador especializado de la organización Carbon Market Watch señaló en ese entonces que
“La adicionalidad es necesaria. Es importante que se vea reflejado en el texto de la ley. Áreas que no están en riesgo de ser deforestadas no deben ser elegibles para recibir créditos de carbono”.
Esa modificación también beneficia al poderoso sector agroganadero, que dio un apoyo político crucial para lograr que la ley se aprobara. La Asociación Rural del Paraguay, por ejemplo, hizo parte de las mesas de trabajo, las audiencias públicas y defendió la ley en medios. Con ese cambio, ganaderos y sojeros quedaron habilitados para monetizar en los mercados voluntarios de carbono las reservas boscosas que ya están obligados legalmente a mantener en el Chaco o la Región Oriental. Esto está prohibido en el sistema de pago por “servicios ambientales” que existe en Paraguay, donde solo quienes tienen remanentes boscosos que excedan lo obligado por ley pueden recibir dinero a cambio de no deforestar. Esta es una de las principales políticas que el país impulsó como modo de reducir la alarmante deforestación, sobre todo en el Chaco, el segundo ecosistema forestal más importante de Sudamérica luego de la Amazonía, y que de acuerdo a informes oficiales perdió 4 millones de hectáreas de bosque en los últimos 15 años.
El sistema de pago por servicios ambientales, incluso, ha sido manipulado. Así quedó en evidencia cuando una empresa del expresidente Horacio Cartes pagó a otra de su propiedad para compensar el daño ambiental de su cementera. Y lo hizo con bosques pertenecientes a otro ecosistema distinto y sin ningún cálculo de equivalencia entre ellos. Durante esa transacción, el director ambiental de la cementera era el actual ministro del Ambiente, Rolando de Barros Barreto.
La ley de créditos de carbono, aprobada en octubre y que no contempla el concepto de adicionalidad, también podría beneficiar a los proyectos de reforestación con especies maderables exóticas como eucaliptos, que podrían recibir un ingreso extra por sus plantaciones, además de los beneficios fiscales que ya reciben por parte del Estado.
Consultado durante la audiencia pública del proyecto de ley, Víctor González, asesor jurídico del Ministerio del Ambiente, dijo que el cambio en el tema de adicionalidad se dio “para hacer lo más amplia posible la ley a todo tipo de proyectos”.
Sin embargo, la modificación realizada por el gobierno paraguayo contradice el objetivo mismo de los créditos de carbono, que es incentivar la mitigación adicional. También va en contra de los estándares recomendados por el Consejo de Integridad para el Mercado Voluntario de Carbono (ICVCM), un organismo independiente que busca elevar los estándares de calidad en estos mercados.
La ley paraguaya además contradice los criterios del gobierno de Singapur para permitir que un crédito se utilice para no pagar el impuesto al carbono en el país asiático, ya que esa nación exige que todo proyecto “debe exceder lo requerido por alguna ley o regulación del país” donde los proyectos están ubicados.
Consultado sobre los cuestionamientos a la ley durante su participación en el pabellón de Singapur en la COP28, el viceministro Maluff respondió que “medidas como la ley anti deforestación de la Unión Europea” ayudarían a que Paraguay se adecúe a mejores estándares en créditos de carbono. Esto contradice la posición paraguaya a lo largo de toda la conferencia, que fue de abierta crítica a las políticas ambientales de la UE en tratados comerciales.
Los entretelones del acuerdo con Singapur y una empresa con cuestionamientos
Las negociaciones entre Paraguay y Singapur sobre créditos de carbono datan al menos desde el segundo semestre de 2023. Durante la cumbre de Naciones Unidas en Nueva York, el 20 de septiembre del año pasado, el presidente Santiago Peña tuvo una reunión con “ representantes de Paracel/Trafigura”, de acuerdo a la agenda oficial.
Paracel es una empresa de capital sueco-paraguayo que entre otras inversiones, cuenta con 185 000 hectáreas de plantaciones de eucaliptos en el norte de Paraguay. Esas plantaciones tienen como destino la producción de celulosa, en una fábrica propia todavía pendiente de construcción. La empresa pretende monetizar esos mismos cultivos de eucalipto en los mercados voluntarios de carbono, de acuerdo con el proyecto que la compañía presentó a la certificadora estadounidense Verra, una de las más grandes del mundo. Paracel tuvo gran interés en la ley de créditos de carbono, promoviendo conversatorios y participando de las reuniones donde se debatió el desarrollo de la ley. La empresa incluye la venta de créditos de carbono como uno de sus tres productos principales en su último informe de sustentabilidad publicado en 2022.
Por otro lado, Trafigura es una corporación con sede en Singapur y una de las principales comerciantes independientes de petróleo, metales y otros commodities del mundo. De acuerdo al registro de contratos oficiales, es una de las mayores proveedoras del Estado paraguayo, al cual le vende combustibles fósiles para la petrolera estatal Petropar. También fue proveedora de combustible para Enex Paraguay, cuando su dueño todavía era Horacio Cartes, el padrino político del presidente Peña.
Trafigura es también considerada “la mayor comercializadora de créditos de carbono del mundo”, según el diario Los Angeles Times. De acuerdo con una publicación del mismo medio, en agosto de 2023, la empresa se había encontrado que la mayoría de los créditos que había comprado para compensar sus emisiones “no valían nada”, debido a cuestionamientos a la metodología utilizada para calcularlos.
El 7 de septiembre de 2023, dos semanas después de la publicación, el presidente de la empresa, Félix Guastavino, se reunió con el presidente de Paraguay, Santiago Peña en la residencia presidencial en Asunción.
Dos semanas después, fue cuando el presidente paraguayo se reunió con representantes de las empresas Paracel y Trafigura en Nueva York. En la fotografía oficial de esa reunión, publicada por Santiago Peña en su cuenta de X (Twitter), se puede identificar al presidente de Paracel, Per Olofsson, y a Benedict Chia, el director nacional de cambio climático del gobierno de Singapur. De acuerdo a su biografía en la web de Naciones Unidas, Chia es el encargado de “supervisar la política y estrategia de créditos de carbono de Singapur” y fue elegido como parte del equipo supervisor del Artículo 6 en la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. La participación de Chia no fue anunciada.
Consultada sobre si esa reunión en Nueva York se trató el tema de la compra créditos de carbono, Paracel sólo se refirió a la presencia de su máximo directivo en todo tipo de reuniones. “Per Olofsson, como Chairman of the Board de Paracel, participa en reuniones de distintas índoles, las cuales apuntan a contribuir con el posicionamiento de Paraguay a nivel internacional, mencionando acerca de la experiencia de invertir en Paraguay y hablando sobre las condiciones para la inversión internacional en nuestro país y además de esto trabaja de manera activa en el diálogo con bancos, instituciones financieras y otros stakeholders claves con el fin de que Paracel siga avanzando y de esta manera pueda aportar en el desarrollo a nivel nacional”, fue la respuesta oficial de la empresa.
Así, Paracel no negó que la reunión tuviese que ver con créditos de carbono.
El mismo día de la reunión en Nueva York, Paracel recibió una carta de Verra denegando el registro de su proyecto de créditos en el mercado de carbono voluntario. “No es un rechazo final, sino que los proyectos tienen la oportunidad de resolver los problemas señalados”, explicó la organización estadounidense a esta alianza periodística.
Por los “problemas señalados”, Verra se refiere a la falta de claridad en el tema de adicionalidad en el proyecto presentado por Paracel.
En específico, la certificadora cuestionó que el proyecto de Paracel argumentara que necesita el dinero de los créditos de carbono debido a “las barreras de inversión” para lograr que existan las plantaciones de eucaliptos.
“Sin embargo”, dice la carta de Verra, “Paracel SA recibió un préstamo de USD 200.000.000 por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la implementación de la fábrica de celulosa y las plantaciones de eucalipto”, ambas incluidas en el proyecto de créditos de carbono.
El dinero que el BID constituye un problema, según Verra, porque bajo su definición de adicionalidad, no se trata solo de que el proyecto capture carbono adicional a lo requerido por una ley, sino que también “significa que la reducción o remoción de emisiones deben suceder de actividades que no hubiesen sucedido sin las ganancias provenientes de la venta de los créditos de carbono”. Para Verra, el préstamo del BID a Paracel da indicios de que, aun sin el dinero de los mercados de carbono, las plantaciones existirían.
Verra también cuestionó que Paracel afirmara que su proyecto era “el primero de su tipo”, mientras utilizaba datos de plantaciones forestales desactualizados de 2015, cuando había un 77.5 % menos hectáreas cultivadas que en 2022. Y que la empresa argumenta que “Paraguay es un país de riesgo para hacer negocios”, cuando en realidad, según notó Verra, la nación tiene un grado bastante alto de seguridad de inversión de acuerdo con firmas de rating financiero como Moody’s y S&P.
Como resultado de esas observaciones, Verra “puso el proyecto en pausa” y denegó su registro en el mercado voluntario que administra, un paso obligatorio para empezar a vender esos créditos.
Consultada vía correo electrónico el 27 de noviembre de 2023, sobre las observaciones hechas por Verra en su carta, Paracel contestó que “es importante aclarar que el proyecto no está rechazado por Verra, [sino que] nos encontramos en un período de respuestas a las preguntas realizadas… Paracel actualmente se encuentra trabajando en las respuestas y preparando la documentación solicitada por esta institución”, respondió su coordinador de Comunicación, Marcelo Rojas. De acuerdo con Verra, Paracel tenía hasta el 19 de diciembre de 2023 para presentar los correctivos y así evitar el rechazo definitivo de su proyecto. Al 15 de enero de 2024, ni la empresa ni Verra han publicado actualizaciones respecto al estado del proyecto.
Consultado sobre el debate sobre la adicionalidad en la ley paraguaya, Rojas respondió que “Paracel ve de forma positiva” que exista una ley de créditos de carbono “para clarificar y estandarizar las reglas de este mercado”. Sobre la adicionalidad, dijo, “pensamos que las reglas fundamentales son las internacionales y esas son las que determinan la posibilidad de vender créditos de carbono. Los compradores más significativos son los que exigen que se cumpla con las reglas, y estándares más altos de adicionalidad y sostenibilidad”.
Verra también respondió a consultas sobre la ley paraguaya, reconociendo que están al tanto de su existencia y que tiene como política “respetar la autonomía de los gobiernos nacionales y no comentar sobre leyes, resoluciones o regulaciones”. La organización señaló que ya incluyó como requisito a los proyectos de Paraguay que se ciñan a lo requerido por la ley local. Esto incluye la llamada “constancia de no objeción” que el gobierno paraguayo dará a los proyectos “que se ajusten a las metodologías del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC)”, según explicó Víctor González, del Ministerio del Ambiente en la audiencia pública previa a la aprobación de la ley.
Sin consenso sobre la transparencia en los mercados de carbono en la COP28
Los posibles proyectos de Paraguay con Singapur y Emiratos Árabes Unidos también están atravesados por las fallidas negociaciones hasta ahora en torno a cómo organizar el Artículo 6.2.
En la COP28 de Dubái, los países no pudieron consensuar criterios mínimos de transparencia sobre el contenido de los acuerdos bilaterales entre países, incluyendo cómo sería el paso a paso para verificar que los acuerdos se ajusten a estándares de calidad o qué límites habrá a que alguna de las partes pueda renegociar lo ya acordado.
“La ausencia de consenso en el Artículo 6 en la COP28 evita que se repliquen los errores ya vistos en los mercados voluntarios”, dijo tras el cierre de negociaciones Gilles Dufrasne, experto de la organización europea Carbon Market Watch, que monitorea el mercado de carbono a nivel global.
“Comercializar créditos requiere fuertes salvaguardas ambientales y de derechos humanos, como se ha visto en los numerosos escándalos relacionados a los mercados voluntarios de carbono en los últimos 12 meses. El texto en la mesa (de la COP28) simplemente no proveía eso. De aprobarse, se hubiera corrido el riesgo de reproducir los errores de los mercados voluntarios, así que, al rechazarlo, los negociadores lograron el mejor resultado de una mala situación”, concluyó.
Para Catalina Gonda, experta argentina y observadora de las negociaciones en Dubái por la red de organizaciones Climate Action Network Latinoamérica (CAN-LA), el texto que se propuso “era débil”.“Básicamente, las partes que participen de estos acuerdos (países y/o privados) ponen las reglas y no hay un organismo independiente que los supervise. Se deja en gran medida a discreción de estas partes los criterios de integridad ambiental y salvaguardas socioambientales”, explicó.
Para Gonda, “lo único que existiría es una revisión de la información reportada por parte de un equipo técnico de la ONU: un mero trámite burocrático que no tendría demasiadas consecuencias”. Los países, explicó, tendrían la opción de clasificar la información reportada como «confidencial», sin tener que explicar los criterios. “Sin transparencia e información de acceso público, se diluiría aún más cualquier tipo de rendición de cuentas”, añadió.
De acuerdo con cuatro personas que siguieron de cerca las negociaciones durante la COP28 y sin vinculación entre sí, el gran impulsor de que los acuerdos bilaterales tengan mucha discrecionalidad fue Estados Unidos, interesado en ofrecer créditos de carbono para que sus aerolíneas pudieran llegar a los compromisos de mitigación asumidos.
En el plenario del último día de la COP28, Malcolm Stufkens, viceministro de Ambiente de Honduras, criticó que no se hubieran podido consensuar las reglas. “Los mercados deben tener una estructura regulatoria sólida, una transparencia estricta. Es necesario denunciar a quienes trabajan para degradar esta estructura, esta transparencia (…) con el fin de abrir la puerta al fraude climático, como sucede en los mercados voluntarios”, dijo.
Para Stufkens, mientras una gran mayoría de los países, incluyendo la Unión Europea, buscaron que los mercados de carbono tengan una regulación acorde, “hubo un poderoso lobby que presiona para continuar este lavado verde”.
“La propuesta minimalista de regulación” del Artículo 6.2 “hubiera permitido a los países definir sus propias reglas sobre qué informar, comercializar créditos señalados con problemas, podría haber llevado a situaciones de doble contabilidad”, dice Jonathan Crook, experto de Carbon Market Watch. “El texto también habría legitimado cuestionables cláusulas de confidencialidad”, refiere.
El fracaso en lograr consenso sobre el Artículo 6.2 no debería ser celebrado, argumenta Crook, ya que cada vez más países y empresas están negociando acuerdos bilaterales, en ausencia de una regulación completa. “Esta situación corre el riesgo de afectar la transparencia y volver aún más difíciles las negociaciones en 2024, dada la ausencia de una dirección clara”, señaló.
Las dificultades de Paraguay de lograr acuerdos más sustantivos sobre créditos de carbono en la COP28 y la alta posibilidad de tener que modificar su recientemente estrenado marco jurídico sugiere que el apuro que inspiró a aprobar una ley con tantos cuestionamientos no se justificó, incluso, hasta pudo haber sido un gol en contra.
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*Diseño e ilustración: Willyam Matsumoto & Naoko Okamoto (El Surti). Edición: Andrés Bermúdez Liévano (CLIP) y Thelma Gómez Durán (Mongabay Latam).
Carbono Opaco es un proyecto sobre cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina, en alianza con Agência Pública, Infoamazonia, Mongabay Brasil y Sumaúma (Brasil), Rutas del Conflicto y Mutante (Colombia), La Barra Espaciadora (Ecuador), Prensa Comunitaria (Guatemala), Contracorriente (Honduras), El Surtidor (Paraguay), La Mula (Perú) y Mongabay Latam, liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). Revisión legal: El Veinte. Diseño logo: La Fábrica Memética.
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