- Las comunidades indígenas asentadas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu registran usurpaciones de territorio y la presencia constante de cocaleros y el narcotráfico.
- Habitantes de tres comunidades serán instruidos como ecoguardias y capacitados para el control de sus bosques con tecnología y, en consecuencia, del área natural protegida.
- La Dirección de Vigilancia Amazónica y Nacional, unidad de la Fuerza Aérea del Perú, sobrevoló parte de los ámbitos afectados y halló expansión de deforestación y de sembríos de coca.
En Santa Rosa de Huacaria, selva de Perú, los comuneros machiguengas y huachipaires parecen medir el tiempo en cantidad de territorio usurpado o recuperado. Si remontan la memoria a algún evento importante, su primera referencia es cuánto terreno tenían invadido en aquel momento y cómo lo volvieron a controlar. Manuel (*), uno de los dirigentes de la comunidad dice que hace 10 años, más de 20 hectáreas del bosque de Santa Rosa de Huacaria fueron deforestadas por invasores no indígenas asentados en las orillas del río Piñi Piñi. Cinco años después, 10 hectáreas más quedaron arrasadas en el límite del pueblo con el Parque Nacional del Manu. Hasta ahora, la población organizada ha podido disuadir los intentos de invasión que, según Manuel, están vinculados con la expansión de cultivos ilícitos de coca. La amenaza sobre Santa Rosa de Huacaria, sin embargo, es constante y la misma que acecha a otras comunidades colindantes con el área natural protegida.
De las 36 806 hectáreas de superficie titulada que tiene Santa Rosa de Huacaria, el 70 % quedó superpuesta al Parque Nacional del Manu desde que el área protegida fue creada, en 1973. Unas 50 familias dedicadas a la agricultura y la pesca viven en esta comunidad indígena ubicada en la región Cusco.
Con el control de sus bosques, tres comunidades nativas podrán monitorear también las amenazas contra el Parque Nacional del Manu. Foto: Hermertson Cano
Junto con Palotoa Teparo, Shipetiari, Diamante e Isla de los Valles, Santa Rosa de Huacaria conforma el grupo de comunidades indígenas enclavadas en la zona de amortiguamiento del parque nacional, entre Cusco y Madre de Dios. El río Carbón discurre por el límite de ambas regiones. Se trata de un sector convulso por las disputas territoriales y que está marcado por el riesgo que entraña la presencia de cocaleros y narcotraficantes. Por eso, si algo se ha fortalecido en Santa Rosa de Huacaria durante los últimos años es su guardia comunal indígena.
“Gente foránea busca terreno en nuestras comunidades con el cuento de hacer agricultura. Pero, al final, es para cultivar coca. Por eso no permitimos que se queden. Actuamos de inmediato”, indica el dirigente comunal a Mongabay Latam.
De acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Perú registra 92 784 hectáreas de hoja de coca. Si bien, de acuerdo con el estudio de Devida, el Parque Nacional del Manu no presenta sembríos de coca, 1025 hectáreas de cultivos ilícitos están diseminados en su zona de amortiguamiento. Son 66 hectáreas más en este cinturón de protección del parque con respecto a la medición precedente, que dio cuenta de 959 hectáreas de cocales. Es decir, la presión tiene un crecimiento sostenido sobre las comunidades próximas al Parque Nacional del Manu y el área natural misma.
El Parque Nacional del Manu abarca más de 1716 hectáreas de alta diversidad en flora y fauna silvestre. Su riqueza natural está conformada, entre otras variables, por más de 1000 especies de aves y cientos de especies de mamíferos, reptiles, anfibios y peces. También, por una gran variedad de bosques en los que destacan los árboles de cedro, tornillo, lupuna y castaña. En la amplitud del parque se extienden un complejo sistema hidrográfico y las comunidades Tayakome y Yomibato, con sus anexos Maizal y Cacaotal, respectivamente. Además, habitan poblaciones mashco piro, en aislamiento voluntario, y machiguengas, en contacto inicial. Todo aquello compone la enorme importancia del área natural protegida y lo relevante de su conservación.
Alerta en Palotoa
El rostro de Margarita (*) se contrae cuando intenta calcular cuánto del territorio solicitado como ampliación por Palotoa Teparo está tomado por colonos, personas no indígenas que irrumpieron en la comunidad nativa para quedarse. Ella vive en la zona y ha visto cómo en los últimos años empeoró la situación de Palotoa Teparo, una población machiguenga con una superficie de 6182 hectáreas tituladas y un pedido de 13 000 hectáreas de extensión territorial pendiente desde hace 20 años.
“No sabemos cuánto espacio ocupan, pero es amplio. Están deforestando y haciendo un albergue ya”, cuenta y arruga el ceño.
El territorio invadido es cada vez un misterio más grande para los comuneros de Palotoa Teparo. En los últimos años, cuando trataban de ingresar para comunicar que existe un requerimiento de titulación aún por resolverse sobre aquel terreno, los usurpadores les exigían mostrar títulos o documentos que los acreditaban como propietarios y, finalmente, los echaban con amenazas.
Por esa razón, no tienen claro el tamaño actual de la invasión ni la cantidad de bosque que han perdido. Tampoco, si en ese ámbito ahora hay cultivos de coca o de otro tipo. Lo que sí saben, y los consterna, es que la deforestación continúa y no hay un control efectivo de las autoridades: “La fiscalía ha ido varias veces, pero solo decomisa las motosierras y ahí nomás queda todo. Después, los colonos obtienen nuevas motosierras y siguen talando. Así se repite el círculo”.
Ella relata a Mongabay Latam que la zona crítica de Palotoa Teparo no es la que limita con el Parque Nacional del Manu, aunque con el tiempo sí podría generar una presión a ese sector. Por el momento, la comunidad organizada acompaña los patrullajes que los guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) realizan en la colindancia con el parque nacional. Son 38 familias las que habitan Palotoa Teparo, al amparo de un comité de vigilancia que recibirá el entrenamiento para el monitoreo de sus bosques a cargo de la organización internacional Global Conservation, en coordinación con el Sernanp.
El programa de formación de ecoguardias implica la capacitación en el uso del sistema EarthRanger, que recolecta información en tiempo real de deforestación, cultivos, presencia de animales o personas dentro de las áreas naturales protegidas, y será impartido en tres comunidades situadas en el cinturón que rodea al Parque Nacional del Manu: además de Palotoa Teparo, participarán Santa Rosa de Huacaria y Shipetiari. Este esquema de control forestal ya se está aplicando en poblaciones indígenas ubicadas en las zonas de amortiguamiento de los parques nacionales Sierra del Divisor (desde el 2019) y Otishi (desde el 2023), con el fin de contrarrestar los avances de la tala ilegal, cultivos ilícitos de coca e invasiones territoriales.
“Históricamente, las comunidades colindantes han venido apoyando en el cuidado del parque. Son una suerte de guardianes voluntarios (…) Son ellos quienes mejor conocen el territorio, y a sus conocimientos ancestrales se sumará la tecnología para la defensa del espacio”, indica el jefe del Parque Nacional del Manu.
La preocupación de comuneros y administradores del área protegida tiene asidero. El subprefecto de la provincia del Manu (Madre de Dios) tiene en sus registros cinco denuncias por amenazas contra comuneros indígenas recibidas durante el último año. Tres fueron desestimadas pues no llevaban adjuntos los medios probatorios.
El subprefecto explica que cuando las denuncias son dirigidas contra alguien en específico (con nombre propio) deben tener al menos una prueba que las sustente. “Eso es muy difícil de conseguir en las comunidades, entonces nos vemos obligados a desestimar la denuncia y al agresor lo envalentona. Pero tenemos una directiva que cumplir”, remarca. Para que el caso proceda y se puedan otorgar las medidas de protección, precisa, la acusación tiene que consignar la frase “contra los que resulten responsables”.
Debido a las dificultades para la obtención de garantías personales más el peligro creciente en las comunidades indígenas del Manu, la subprefectura provincial tiene coordinaciones en marcha con el Ministerio Público a fin de que se emita un protocolo de atención rápida para los defensores de derechos humanos. Una herramienta que permitiría atender, por ejemplo, los riesgos de los defensores indígenas en las siguientes 24 horas después de la denuncia.
Amenazas en Shipetiari
Una de los casos que sí procedió, puesto que la acusación cumplía con los requisitos, tuvo como escenario la comunidad nativa de Shipetiari, otro de los pueblos indígenas que está en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu y cuya guardia comunal también será capacitada en el uso de herramientas para el monitoreo del territorio.
En julio de 2024, 17 comuneros que acompañaban a un equipo técnico del Estado, encargado de la georreferenciación territorial para la ampliación de la comunidad, fueron retenidos y amenazados por invasores armados, quienes los increparon para que no continuaran con el proceso.
Los 17 habitantes machiguengas obtuvieron las garantías personales (el Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos), entre ellos, Gerardo Keimari Enrique, poblador que apoyaba continuamente las labores del Comité de Vigilancia y Control de Shipetiari.
A inicios de octubre de 2024, luego de varias semanas de amedrentamientos que comentó entre sus allegados, Gerardo Keimari apareció muertoal margen del río Madre de Dios, cerca de su comunidad. El caso continúa en investigación.
El subprefecto cruza los brazos y endurece el tono de voz: “Es decir, hubo problemas con los invasores y después, repentinamente, aparece un fallecido. Eso genera sospechas y es muy preocupante”.
Sin embargo, para un dirigente de Shipetiari, el asunto está claro. La única posibilidad que contempla ante el asesinato de Gerardo Kemiari es la de una represalia por las denuncias contra los invasores que atacaron a los 17 machiguengas en julio de 2024. “Ahora ya no podemos llegar hasta la zona donde tenemos un pedido de ampliación porque arriesgamos nuestras vidas”, expresó en diciembre.
El jefe del Parque Nacional del Manu señala que, si bien allí todavía no existen cultivos ilícitos o pistas de aterrizaje clandestinas, esto se agolpa en las márgenes del río Alto Madre de Dios, que serpentea la zona de amortiguamiento del área natural protegida. Durante el verano amazónico, el amplio cauce del río y sus contornos constituyen un espacio propicio para el trazo de los aeródromos ilegales: el nivel baja hasta secarse y emergen enormes playas de arena donde aterrizan las avionetas del narcotráfico.
Comunidades indígenas como Diamante y Shintuya, próximas al Alto Madre de Dios, son las que están más expuestas al peligro. De las dos, Diamante está situada dentro de la zona de amortiguamiento del parque nacional. Shintuya, no, pero limita con Palotoa Teparo y su posición es bastante cercana a la franja de protección del área natural.
Zonas de emergencia
La Dirección de Vigilancia Amazónica y Nacional (Divan), unidad de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), como parte de un convenio orientado a la protección del Parque Nacional del Manu, realizó un sobrevuelo en 9000 hectáreas de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu. Lo que halló fueron 408 hectáreas de bosques deforestados. En 83 de ellas se extienden cultivos ilícitos de hoja de coca.
La evaluación revela un avance de 107 hectáreas de depredación forestal sobre las zonas analizadas, en los cuatro últimos años, pues hacia 2020 el desbosque ascendía a 301 hectáreas conforme a lo captado por imágenes satelitales en aquel año.
Algunos de los puntos neurálgicos están en las inmediaciones de Pilcopata, Itahuanía, Shintuya y Diamante, al sur del Parque Nacional del Manu. Una de las conclusiones de la unidad militar es que la zona de sobrevuelo no solo presenta un crecimiento continuo de cultivos ilícitos, sino también incremento demográfico pues en la evaluación fueron detectadas varias viviendas rústicas y no indígenas.
Dentro de las 25 442 hectáreas territoriales de Diamante viven unos 300 comuneros de la etnia yine. Diamante, en la región Madre de Dios, limita con Shipetiari, el Parque Nacional del Manu y la Reserva Comunal Amarakaeri. La comunidad cuenta con un puesto para el control y vigilancia de las tribus mashco piro que habitan el parque nacional.
Para ellos, los yines también han establecido un programa de entrega semanal de alimentos. Pero en Diamante el narcotráfico está ganando terreno cada día.
Lo primero que pide Teófilo (*) es que, por seguridad, no la llamemos por su nombre. Él, que recorre asiduamente la zona, calcula que al menos dos veces por semana se puede escuchar el aterrizaje y despegue de avionetas en el aeropuerto de Diamante cuando se está cerca de la zona, en el bosque. Dice que el aeródromo de la comunidad está tomado por el narcotráfico y eso ha convertido a Diamante en un punto de paso para las redes de la droga.
“Hace unos años la comunidad tuvo una lucha y pudo recuperar el aeropuerto. Los narcos entraban a la comunidad a ofrecer dinero para que se lo arrenden, y ante la negativa, lo tomaron por la fuerza”, relata.
El aeródromo comunitario está a unos 40 minutos de recorrido en moto desde la zona urbana de Diamante y, como en otras pistas de aterrizaje inmersas en la selva, las mafias cargan las avionetas con los paquetes de droga en menos de dos minutos. Al final de un resoplido, la fuente detalla que son distintas organizaciones criminales las que utilizan el aeropuerto de Diamante, que todas están enfrentadas y, por ello, cada una debe disponer de un cordón de hombres armados alrededor de la pista para evitar robos o ataques de sus rivales.
La mercadería ilícita, comenta la fuente, procede de localidades aledañas a la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu, como Itahuanía, Patria y Pilcopata. Él sabe que los cultivos de coca se extienden en aquellos sectores y está convencido de que Diamante no alberga sembríos ilícitos de grandes proporciones. Reconoce, sin embargo, que es sitio estratégico para las redes del narcotráfico que arremeten, incluso, desde el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
“Los envíos son a Bolivia, de ahí distribuyen a Brasil y otros países. En algunos casos ha habido fuertes tiroteos entre bandas. Si hay matanzas, nadie dice nada. No existe la ley. Ahí queda”, declara.
Otro hombre, Mario (*), quien conoce muy bien el área, narra que ha hallado varios cadáveres en sus recorridos por los bosques de Itahuanía. Si alguien, aun de casualidad, es detectado observando el movimiento del narcotráfico -cuenta- puede ser asesinado en el acto o queda amenazado para siempre.
El temor, la necesidad de dinero y la grave falta de atención del Estado han confluido para que pobladores de esta parte de la Amazonía peruana hayan accedido a cooperar con las redes de la droga. Así lo enfatiza Mario (*); de pronto, disipa un poco la tensión y agrega: “De una u otra manera es un sistema del que no pueden escapar. A veces es mejor ser su amigo, ellos no tienen ningún reparo en jalar el gatillo”.
No precisa el lugar, dice que no recuerda bien dónde o quizá se contiene en un veloz asalto de desconfianza, pero asegura que en Itahuanía también hay una pista de aterrizaje clandestino donde el narcotráfico opera constantemente.
En un esfuerzo para evitar que el violento avance del delito continúe, Diamante ha constituido un comité de vigilancia que debe patrullar mensualmente diversos puntos de su territorio y reportar las evidencias de amenaza encontradas.
Tecnología para la conservación
En noviembre de 2024, Global Conservation instaló servicio de Internet en las tres comunidades indígenas colindantes con el Parque Nacional del Manu que recibirán la preparación para el uso del sistema EarthRanger. Los talleres empezarán a fines de este mes (febrero) y apuntan a la instrucción de seis ecoguardias por cada comunidad seleccionada: Santa Rosa de Huacaria, Shipetiari y Palotora Teparo. El área global estimada de los tres sectores indígenas en que se trabajará el proyecto es de 55 000 hectáreas.
Teddy Cairuna, monitor de bosques de Global Conservation en la Amazonía peruana, anota que todos los datos en tiempo real que los ecoguardias vayan recogiendo durante los patrullajes en sus territorios también quedarán registrados en los archivos del sistema, adonde además podrán acceder las autoridades con competencia en el ámbito medioambiental.
“Cualquier información recolectada por un ecoguardia siempre va a caer en las manos correctas”, describe Danny Zendejas, partner manager en Latinoamérica y el Caribe de EarthRanger.
La arremetida de cada amenaza territorial ya ha sobrepasado las capacidades de las comunidades para defenderse como tradicionalmente lo hacían. La tecnología y su aplicación pueden contribuir a la identificación exacta del problema, pero todo será siempre más complejo sin una respuesta de las autoridades rápida y efectiva. El camino para la protección del Parque Nacional del Manu, a través del control forestal en sus pueblos colindantes, puede trazar una estrategia más completa o significar un urgente primer paso.
*Algunos nombres fueron cambiados o no revelados por razones de seguridad.
Imagen destacada: Una gran diversidad en flora y fauna y un complejo sistema hidrográfico alberga el Parque Nacional del Manu en sus más de 1716 hectáreas. Foto: Gabriel Herrera.
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