- La investigación del Centro Internacional de Investigación Forestal (CIFOR) se basó en entrevistas a 300 pobladores, entre campesinos e indígenas, de 21 comunidades de la provincia del Napo en Ecuador y de la región de Ucayali en Perú.
- Aparte de la titulación formal, el Gobierno debe considerar que las personas tienen lazos emocionales con la comunidad y necesitan un Estado fuerte como compañía, señala el estudio.
- El artículo fue premiado como el mejor estudio del 2015 por la revista internacional Society & Natural Resources.
El mundo científico también confirma la importancia de la titulación de tierras como estrategia de conservación de los bosques y recursos naturales. Así lo demuestra el estudio de los científicos Peter Cronkleton y Anne Larson de CIFOR, quienes analizan la tenencia de tierras en Perú y Ecuador, dos países amazónicos con una presencia importante de pueblos indígenas.
La relevancia del estudio denominado “Formalización y Apropiación Colectiva del espacio en la frontera de bosques: Comparación de los sistemas de propiedad comunal e individual en la Amazonía peruana y ecuatoriana” reside en que observa la diversidad de propiedades de tierra que existen en países de América del Sur y prioriza la tenencia de tierra comunal por encima de la privada para la protección del medio ambiente.
En la investigación la tenencia de tierras es vista en su máxima expresión. Desde las tierras de los pueblos indígenas hasta las propiedades de aquellos migrantes que se asientan en tierras agrícolas, denominados “colonos”; en ambos casos las propiedades pueden ser colectivas o individuales. Sin embargo, la titulación privada de tierras no es la solución contra la deforestación y la invasión de espacios naturales que deberían ser conservados en lugar de convertirse en áreas destinadas a las actividades informales.
“El artículo plantea que la titulación no es la solución a todos lo problemas. Hace énfasis en que la titulación individual no se presenta como la solución principal a los conflictos, vulneraría la titulación de los territorios comunales”, dijo a Mongabay, la especialista en Conservación Silvana Baldovino, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
Baldovino apoya la idea de que los pueblos indígenas son los mejores protectores del área donde viven, y con su titulación, se podría tener una seguridad jurídica que enfrente la apropiación ilícita de recursos naturales como la madera, los minerales, el petróleo o los monocultivos extensivos que han deforestado gran parte de la Amazonía en ambos países.
El problema del territorio
En Perú y Ecuador existen dos grandes corrientes de opinión acerca del problema de la tenencia de tierra. Está la del economista peruano Hernando de Soto, exasesor del régimen de Alberto Fujimori, que defiende la titulación de tierras mediante la tenencia individual, incluso en circunstancias en que esta pertenezca a un grupo de personas, como en el caso de los pueblos indígenas.
Por otro lado, está la noción de territorios comunales de los pueblos indígenas. “Es muy importante reconocer la importancia de las tierras comunales para el futuro de los bosques, así como el futuro de la cultura indígena”, dijo Cronkleton, uno de los autores del artículo científico.
En Ecuador, hay 324 mil propietarios rurales que no tienen el título legal individual de su tierra, según el Banco Interamericano de Desarrollo. De acuerdo a cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), los títulos de propiedad en Ecuador solo corresponden a 29 % de la superficie total nacional, y de esta dimensión solo el 10 % pertenece a comunidades indígenas y afroecuatorianas.
En el Perú la realidad es similar. Existen más de 1100 comunidades nativas de la Amazonía que no tienen títulos de propiedad comunal, según el informe “Las demandas territoriales de los pueblos indígenas amazónicos del Perú” de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). El problema de la tierra es de larga data en el Perú, a comienzos del siglo pasado el intelectual José Carlos Mariátegui ya lo señalaba como un problema que debía ser solucionado para promover el desarrollo de las poblaciones indígenas.
Sin embargo, según la experta en Conservación de la SPDA, Ecuador le lleva la delantera a Perú en el reconocimiento del territorio indígena. “En el Perú es el único lugar en donde se pide al pueblo indígena que se reconozcan como persona jurídica, lo que está sujeto al código civil, como si fueran una asociación, cuando deberían tener un tratamiento diferente; en cambio, en Ecuador ya se ha reconocido al territorio colectivo indígena en la Constitución”, explicó.
La titulación es solo el comienzo
En el estudio de Cronkleton y Larson, sin embargo, no señalan a la titulación de individual o colectiva de tierras como las únicas soluciones. En la investigación se han encontrado matices. Existen casos en los que algunas personas con predios individuales poseen prácticas colectivas en el trabajo y la asignación de tierras; también hay situaciones inversas.
Además, los científicos señalan que la titulación de tierras debe ir acompañada del respeto a la seguridad jurídica de los territorios. “Demostramos que, sin una gobernanza institucional fuerte, la titulación de tierras, aunque importante, no es suficiente por sí sola (…)La titulación suele promoverse partiendo de la base de que el gobierno estará presente para ofrecer apoyo institucional suficiente a fin de permitir que los pequeños productores se beneficien de los derechos sobre la tierra”, dijo Cronkleton.
Esto se explica en la lejanía y la incomunicación que tienen los gobiernos con los pueblos de la Amazonía. “Así que la idea de que el Estado está presente y va a resolver todo, que los títulos se mantendrán actualizados, y que el Estado es realmente importante, no es más que una ficción”, complementa Larson.
“La titulación no te asegura nada”, opina Baldovino. En el Perú, detalla la especialista, si se le da ese derecho a una comunidad nativa, se le otorga el derecho al suelo, pero si se encuentran minerales o petróleo, la propiedad de esos recursos es del Estado, lo que ha originado innumerables conflictos sociales.
Asimismo, existen otros factores que no se toman en cuenta cuando las autoridades deciden sobre la titulación de tierras. Los especialistas se refieren a que el Estado no considera los fuertes vínculos sociales y el sentimiento de pertenencia a una comunidad; tampoco la ocupación y el uso del territorio como prueba de la tenencia de la tierra, lo que brinda seguridad a los pobladores.
“Mejorar la gobernanza en algunas de estas zonas va a implicar algo más que programas de titulación. Es necesario realizar mayores esfuerzos para entender y tener en cuenta los medios de vida de la población rural”, enfatiza Cronkleton.