- El arbitraje comenzó en 2011 cuando Renco demandó al Perú por un trato injusto respecto de otras empresas en la ejecución del Programa de Manejo Ambiental
- La empresa demandante exigía un pago por reparaciones de 800 millones de dólares
- La Asociación Interamericana de Derecho Ambiental (AIDA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) solicitan que el Estado peruano se preocupe por la situación médica de los afectados por la contaminación ambiental generada por el complejo metalúrgico
Han pasado 5 años desde que el Grupo Renco demandara al Perú frente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial al amparo del Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos (APC) por, supuestamente, haber tratado de forma “injusta” a esta compañía respecto de otras al incrementar las exigencias ambientales para su gestión del Complejo Metalúrgico de La Oroya.
El Ciadi ya se pronunció y falló a favor de Perú, informó el Ministerio de Economía peruano a través de una nota de prensa.“El Ciadi ha desestimado la demanda por falta de jurisdicción, lo que podemos entender con esto es que no validaron los argumentos que presentó Renco de que recibía un trato injusto y el Perú no tendrá que pagar los 800 millones de dólares que le exigía la compañía”, explica a Mongabay Latam la abogada de la Asociación Interamericana de Derecho Ambiental (AIDA), María José Veramendi.
El drama de la contaminación ambiental
Si bien el Complejo Metalúrgico de La Oroya funciona desde 1922, es a finales de la década de 1990 en que se privatiza y en 1997 llega Doe Run, filial del Grupo Renco. A comienzos del 2000, La Oroya se vuelve famosa a nivel internacional porque el Instituto Blacksmith de Estados Unidos la declara una de las diez ciudades más contaminadas del mundo. A esto se suma que entre el 2004 y el 2006, más del 90 % de niños examinados por el Ministerio de Salud peruano y organismos internacionales excedían hasta en tres veces el nivel de plomo en la sangre, y hasta 6 veces el límite de cadmio y arsénico en la orina, según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo el informe del caso de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Incluso a raíz de la contaminación por plomo a la población local se llevó el caso de 65 personas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ahora las víctimas están protegidas por medidas cautelares que resguardan su salud integral. Este año el número aumentó a 79 personas. Sin embargo, de lo que nadie habla es que “el Estado peruano está siendo sumamente negligente con el cumplimiento de la medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dice Veramendi.
También hay una exigencia laboral de los más de 2000 trabajadores del Complejo Metalúrgico de La Oroya, que no reciben su sueldo completo porque se han paralizado las operaciones del centro minero debido a la remediación ambiental que se solicitó y que hasta el momento no se ha desarrollado. Según el representante del Sindicato de Trabajadores de Doe Run, Luis Castillo, la junta de acreedores que integra tiene como límite hasta el 27 de agosto para conseguir un nuevo comprador. La compañía paralizada vale 175 millones de dólares, de acuerdo a un reporte que elaboró a fines del 2014 PricewaterhouseCoopers a los acreedores que querían comprar la empresa minera.
«Por años se ha querido caer en la falsa premisa de que la exigencia de operar adecuadamente el Complejo Metalúrgico de La Oroya atenta contra los derechos de los trabajadores. Sin embargo, Doe Run Perú y cualquier empresa que opere el complejo puede y debe hacerlo de forma que también proteja y respete los derechos a la salud y a la vida de sus trabajadores y de toda la población», sostiene Astrid Puentes, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
¿Qué pasa luego del fallo?
Según especialistas consultados, si bien el Perú no ha ganado nada específicamente, salvo no pagarle nada a Renco, lo que podría suceder es que le sean repuestas sus “costas”, término que se usa para sus gastos en su defensa frente al tribunal internacional, ya que ha invertido dinero al contratar estudios de abogados y en los viajes de la delegación gubernamental hacia Washington. Por su parte, el Grupo Renco ha dicho que el laudo preliminar del Ciadi es “una victoria insignificante para el Perú (basada en) tecnicismos legales”, de acuerdo a declaraciones que dio al portal de Bloomberg.
El presidente electo del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, tiene la intención de reanudar las actividades del Complejo Metalúrgico de La Oroya e incluso promovió una “marcha pacífica” de los trabajadores desempleados hacia el Congreso para se promulge una Ley a favor de sus exigencias, aunque posteriormente aclaró que esa convocatoria “fue un decir, nada más”. El mandatario podría reactivar el complejo solo si recibe facultades extraordinarias del Parlamento, según abogados consultados.
A través del diario oficial El Peruano se ha convocado a dos reuniones previas a la fecha de la liquidación de activos del complejo de La Oroya, específicamente para los días 26 de julio y 2 de agosto. Durante esos días se decidirá el futuro de una las ciudades más contaminadas del mundo.
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