¿En qué consisten las nuevas políticas ambientales de Perú? ¿Tendrán efecto?

En el último tramo de la presidencia de Ollanta Humala, el Congreso Nacional de Perú aprobó un conjunto de políticas innovadoras relacionadas con el cambio climático centradas en reducir la deforestación, proteger las cuencas de agua y la biodiversidad, y proporcionar las herramientas necesarias para atraer las inversiones internacionales mediante programas de las Naciones Unidas tales como REDD+ y el Fondo Verde para el Clima.

Hay mucho optimismo con respecto a las nuevas políticas, especialmente en la capital. No obstante, se ve templado por el reciente cambio de gestión y por la ilegalidad y el oportunismo económico que, por lo general, reinan en la lejana Amazonía peruana y sus ecosistemas vulnerables.

“Es un conjunto de leyes muy valioso, da una señal importante”, comentó a Mongabay Michael Jenkins, fundador y CEO de Forest Trends, organización con sede en Washington. “Pero Perú es un país muy complicado, no se puede soslayar ese hecho. Se promulgaron estas leyes a nivel nacional, pero deben implementarse también a nivel regional y local”.

En esencia, las nuevas políticas promueven lo siguiente:

• Regular y fomentar la inversión pública en servicios del ecosistema. Por ejemplo, en el sector de agua y saneamiento, se han asignado USD 30 millones para garantizar el abastecimiento de agua de las ciudades conservando al mismo tiempo las cuencas de agua.

• Aprobar una Estrategia Nacional para el Cambio Climático y los Bosques, con el objetivo de determinar las principales amenazas a los bosques del país y desarrollar planes que las combatan. El enfoque de “producción y protección” tiene como objetivo lograr un uso más eficiente de los terrenos ya deforestados y al mismo tiempo evitar que se talen más árboles. La estrategia también le permitirá a Perú atraer fondos internacionales para la conservación forestal provenientes de Noruega, Alemania y Estados Unidos.

• Brindar una guía oficial para desarrollar compensaciones de biodiversidad en los ecosistemas andinos. La guía detalla el proceso para evaluar la pérdida potencial de biodiversidad ocasionada por la minería, las represas hidroeléctricas y la construcción de caminos, y crear compensaciones regionales a fin de asegurar que no haya pérdidas netas de biodiversidad.

Estas nuevas políticas se vinieron gestando hace años con los aportes de diversas ONG, como Forest Trends y World Wildlife Fund (WWF) y el impulso de Manuel Pulgar-Vidal, exministro del Ambiente de Perú. Pulgar-Vidal presidió la Cumbre del Clima realizada en Lima en 2014 y fue copresidente de la organizada en París en diciembre pasado.

Así logró aumentar la visibilidad de Perú como un país con conciencia ecológica, comprometido con la atenuación y adaptación al cambio climático. Las nuevas políticas serán tenidas en cuenta por la ONU al momento de revisar y asignar los incentivos monetarios proporcionados por REDD+ para reducir la deforestación y la degradación de los bosques. Miles de millones de dólares ya han sido donados a programas de REDD+ a nivel internacional. Mediante el programa REDD+, los países ricos ofrecen incentivos financieros a aquellos en desarrollo para contribuir a la protección de sus bosques tropicales y, de esa manera, reducir las emisiones de carbono que produce la conversión de tierras.

Pulgar-Vidal, así como todo el gabinete del presidente Humala, el 28 de julio entregó el gobierno al presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, quien había ganado las elecciones nacionales en junio con el 50,1 % de los votos. El compromiso de Kuczynski, economista que desea mantener el ritmo de crecimiento acelerado del país, con los bosques lluviosos de la Amazonía —los cuartos más extensos del mundo— no está claro.

“Habrá que ver si el nuevo gobierno puede sacar provecho de lo que tiene adelante”, expresó Enrique Ortiz, ecologista peruano que dirige el Fondo para la Amazonía Andina en Washington D.C. “Estamos viendo señales positivas, pero todavía no se puede decir con cuánta seriedad se tomarán estas leyes”.

Un enfoque unificador

Gena Gammie, directora asociada de la Iniciativa de Agua de Forest Trends en Perú, dijo que las nuevas políticas describen una estrategia unificada para los bosques del país y establecen múltiples objetivos de atenuación y adaptación al cambio climático.

“Cuando nos pusimos a observar la situación, nos dimos cuenta de que los líderes regionales hacían una cosa mientras que el gobierno nacional hacía otra distinta”, contó Gammie. “Empezamos a preguntarnos: ¿qué queremos lograr? ¿Qué es lo que causa deforestación? ¿Qué tenemos que hacer y cuál es el mejor enfoque estratégico?”.

Gammie señaló que hay investigaciones que indican que en la cuenca del río Amazonas, una región muy selvática, los pequeños propietarios de tierras son los responsables de gran parte de la deforestación existente: de una a cinco hectáreas por vez, nunca más de cincuenta.

Otro estudio reciente dice que los datos utilizados para justificar la conversión de tierras para la agricultura de pequeña escala no fueron verificados sobre el terreno. A pesar de todo, Gammie ve oportunidades de influir en los pequeños terratenientes. “Hay agricultores que producen café y cacao sin capacidades sofisticadas. Talan árboles para poder cultivar, desgastan muy rápidamente el suelo y luego se trasladan a otro terreno y comienzan a deforestarlo. Estos productores no están vinculados con ninguna cooperativa ni reciben ayuda en forma de créditos”.

Uno de los objetivos de las nuevas políticas es ayudar a los pequeños agricultores a hacer un uso más eficiente de la tierra, a hacerla más productiva y sostenible, y disminuir la necesidad de deforestar más terreno. Una intervención tal, en consonancia con la política nacional, debe también realizarse a nivel local y regional.

Jenkins agregó: “Nuestra estrategia no puede reducirse solamente a salvar los bosques. Hay muchos habitantes en la zona que dependen del ecosistema para obtener su sustento. Se necesita un enfoque tanto de protección como de producción, y hay que ofrecer alternativas a la minería de oro ilegal y a las plantaciones ilegales de aceite de palma. Eso será difícil porque ambas actividades son altamente lucrativas”.

Sin embargo, hay maneras de lograrlo, según los expertos. Si se implementaran y cumplieran en forma justa (grandes condicionales en un país como Perú), las nuevas políticas podrían brindar incentivos a los habitantes locales empobrecidos para trabajar los terrenos ya degradados o deforestados, sin necesidad de tocar bosques intactos y de gran biodiversidad.

Jenkins dijo que alrededor de USD 500 millones de fondos internacionales han sido asignados para la conservación de bosques de Perú, ya sea a través de REDD+ como del Fondo Verde para el Clima. Idealmente, esos fondos podrían en parte ayudar a los agricultores a tener cultivos legales y sostenibles como café, cacao para chocolate o incluso aceite de palma, que se perfila como el nuevo cultivo comercial en Perú.

“Se puede usar dinero proveniente de Noruega, por ejemplo, para fomentar una actividad hasta armar la marca (de café o chocolate peruano) y crear los mercados necesarios”, explicó.

Sin embargo, las propuestas que menciona Jenkins son puestas en debate por un estudio reciente sobre los factores que impulsan la deforestación en la Amazonía peruana, que cuestiona la trayectoria de monocultivos de commodities.

“Hay evidencia de que en otras partes de la Amazonía, como Brasil, si bien la agricultura de pequeña escala (difusa y diversa como es) impulsa la deforestación, nuevos procesos como la consolidación de tierras, el establecimiento de plantaciones y la ganadería de gran escala pueden convertirse —y lo hacen con el tiempo— en las mayores actividades impulsoras”.

Los autores del estudio, publicado en el Journal of the Society of Conservation Biology, dicen que habría que investigar más para encontrar formas posibles de uso sostenible de tierras en la cuenca amazónica.

Argumentan que “para que Perú pueda reducir la deforestación y la degradación de los bosques y al mismo tiempo alcanzar objetivos de desarrollo y subsistencia, habría que investigar en forma más rigurosa y con métodos variados cuáles son los factores que impulsan la deforestación, y establecer procesos que involucren a todos los interesados para evaluar cuáles y cómo serían las compensaciones”.

“Hay que reexaminar los viejos supuestos sobre la deforestación, pero obtener mejor información para conocer cuáles son los impulsores de la deforestación es solamente el primer paso en la elaboración de planes de uso de tierras eficaces y de implementaciones de políticas”.

Variaciones regionales

Luis Fernández, ecologista y director del Proyecto Carnegie de Mercurio en la Amazonía, cree que las nuevas políticas nacionales son muy positivas, pero piensa que pueden tener mayor impacto en la región occidental de los Andes, donde la mayor parte de las empresas operan de forma legal, que en las zonas remotas de la Amazonía donde los estados tienen distintos niveles de estabilidad política y social.

“En el norte del país (como los departamentos de Loreto y San Martín) están las poblaciones más antiguas”, dijo Fernández, quien ha investigado mucho la cuestión de la minería de oro ilegal en la Amazonía peruana. “Las instituciones son muy antiguas. Los habitantes han vivido allí durante muchos años, y los políticos buscan soluciones para las problemáticas que existen en la zona”.

No obstante, en el sudeste del país, en el departamento de Madre de Dios, una de las regiones de Perú más vulnerables y vitales ecológicamente hablando, no hay control alguno. El gobernador regional Luis Otsuka no solo es minero, sino que fue presidente de la Asociación de Mineros Artesanales. En este rubro, es común que los mineros operen sin licencia, no cumplan las normas y no paguen impuestos.

“Él quiere cuidar a su gente, y su gente son los mineros”, dice Fernández. “Pero ese tipo de actividad hace mucho daño al ambiente. Es un problema grave, y muy difícil de combatir”.

Otro hecho que contribuye al problema es que gran parte de la población de ese departamento es inmigrante, es decir, se trata de trabajadores que se instalan en la región de forma temporal y luego, cuando el trabajo termina, se van. Por lo general cobran sueldos bajos y hacen trabajos forzados. No tienen conexión alguna con la tierra, la cultura o las tradiciones indígenas, y les importa poco la salud de los bosques y los ecosistemas.

“Implementar las soluciones que se proponen requiere cierto vínculo social”, explicó Fernández. “Suena un poco raro, pero eso explica por qué fracasan tantos proyectos”.

Ortiz, del Fondo para la Amazonía Andina, dijo que el presidente Kuczynski quiere modernizar al país en parte mediante la reestructuración y racionalización de normas para el desarrollo. El presidente ya dio a entender que la polémica mina de cobre Tía María, en la región sureña de Arequipa, tiene su aval para avanzar, a pesar de haber sido fuertemente resistida durante seis años por la comunidad agrícola. Los agricultores sostienen que la mina destruirá un valle fértil que da sustento a 15 000 familias.

“Tenemos la esperanza de que mejorar el país y la economía no signifique dar la espalda al medio ambiente”, dijo Ortiz. “Sería un gran error hacerlo. Sabemos que [Kuczynski] se preocupa mucho por el cambio climático, y que cree que es una problemática que hay que atender, pero no sabemos todavía qué hará al respecto”.

Jenkins, de Forest Trends, quien tuvo participación en las políticas ambientales que se aprobaron, admite que hay riesgos y reconoce lo que está en juego. “Hay muchas partes interesadas, pero francamente, no hay otra forma de hacerlo”, comentó en relación al impacto del cambio climático. “Es como si estuviéramos corriendo una maratón. Hay que seguir corriendo porque se acaba el tiempo”.