- El crecimiento exponencial de los cultivos de soya en el estado de Mato Grosso está avanzando sobre los bosques tropicales y las sabanas a un ritmo alarmante: en 1991 había 1,2 millones de hectáreas cultivadas, en 2010 eran 6,2 millones y en 2016 trepó hasta 9,4 millones de hectáreas
- Desde la época de la dictadura militar (1964-1985) hasta ahora, el gobierno brasileño siempre habló de la boca para afuera a favor de la clase agraria pobre, cuando al mismo tiempo beneficiaba con grandes recortes impositivos y otros beneficios a los grandes terratenientes, a la agroindustria y a las empresas de bienes de consumo transnacionales.
- Es muy probable que esta tendencia de favorecer a los grandes cultivadores de soya continúe bajo la gestión del actual ministro de Agricultura Blairo Maggi (“el rey de la soya”, como se lo conoce) y con la poderosa influencia del lobby de la agroindustria en el Congreso Nacional.
- Si la demanda de soya por parte de China y la ambición de Brasil por satisfacerla no disminuyen en el siglo XXI, las tasas de deforestación de la Amazonía seguirán en aumento, y los pueblos indígenas verán aún más amenazadas sus comunidades y medios de subsistencia.
(Leia essa matéria em português no The Intercept Brasil. También puede leer la serie Mongabay sobre la cuenca del Tapajós en portugués, en in Portuguese at The Intercept Brasil)
La cuenca del río Tapajós se encuentra en el corazón de la Amazonía y en el centro de una polémica disyuntiva: por un lado, construir más de cuarenta grandes presas, una vía férrea y rutas para convertir la cuenca en un vasto corredor industrial para la exportación de bienes de consumo, y por el otro, frenar el impulso desarrollista y conservar una de las regiones más ricas en términos biológicos y culturales.
Los interesados en el destino de la cuenca del Tapajós tienen opiniones en conflicto, pero dado que se trata de una región aislada, pocas de esas opiniones llegan a los medios de comunicación. La periodista Sue Branford y el sociólogo Maurício Torres visitaron recientemente el lugar en representación de Mongabay, y en las próximas semanas irán arrojando algo de luz sobre el acalorado debate que moldeará el futuro de la Amazonía. Esta es la sexta parte de su informe.
En los últimos cuarenta años, el norte del estado de Mato Grosso ha cambiado profundamente. Esta extensa transformación —sin parangón en casi ninguna parte del mundo— se debe en gran parte a la expansión de la agroindustria, en particular la soyera, que ha destruido largas extensiones de sabana y selva amazónica.
“Hay algunos lugares cerca de Brasnorte [al oeste de Sinop], por ejemplo, donde si te detienes a mirar en 360°, no se ve ni un solo árbol”, cuenta el antropólogo Rinaldo Arruda, profesor en la Universidad Católica de San Pablo.
Mucho se habla de la prosperidad que la agroindustria trajo al estado de Mato Grosso pero, según Andreia Fanzeres, coordinadora del programa de derechos indígenas de la ONG Opan (Operação Amazônia Nativa), las comunidades tradicionales que habitaron la región por cientos de años no fueron consultadas ni se beneficiaron en ninguna medida del auge de la soya: “A las comunidades indígenas, las familias agricultoras y la comunidad rural en general siempre las mantuvieron al margen del proceso de decisión sobre qué tipo de desarrollo se desea para la región”.
“La agroindustria está chantajeando al país”
La soya llegó al estado de Mato Grosso con una rapidez inusitada: la superficie cultivada saltó de 1,2 millones de hectáreas en 1991 a 6,2 millones en 2010, y a 9,4 millones en 2016.
Según una investigación independiente, la mayor parte de este crecimiento no produjo reducción de la selva tropical: solo un 1% de la deforestación amazónica se debe directamente a la expansión de la soya en la última década. Algunos sostienen que la drástica disminución se debe a la implementación de la “Moratoria de la Soya”, negociada en 2006 entre la industria y algunas ONG (y más tarde, el gobierno). Otros indican que la baja tasa de deforestación es el resultado de un cambio de uso de la tierra, que refleja cómo se está moviendo actualmente la soya hacia el interior de la Amazonía, al avanzar sobre pastizales, los cuales cubren áreas extensas. La moratoria de la soya será tratada más adelante en otro artículo de esta serie.*
Antônio Loris, profesor de geografía humana en la Universidad de Cardiff que ha investigado el avance de la agroindustria en Mato Grosso, sostiene que el período de crecimiento de la industria soyera de cuarenta años a esta parte fue fuertemente fomentado por la institución federal de investigación agropecuaria, la Embrapa: “Las nuevas tecnologías desarrolladas por la Embrapa generaron soluciones para la acidez del suelo [tropical y pobre en nutrientes], entre otras cosas. El sector agropecuario sufrió una crisis en la década de 1980. Y la soya llegó para ‘rescatarlo’”.
La meteórica expansión de la soya a gran escala se produjo a fines de la década de 1990 cuando, según Loris, “aprovechó tanto el boom [mundial] de los bienes de consumo y la liberalización de la economía [brasileña]”. La producción de soya está altamente mecanizada y es más eficiente en grandes plantaciones, lo que derivó en una concentración de la propiedad de la tierra en el estado de Mato Grosso, que se reparte entre unas pocas empresas e individuos ricos.
A medida que bienes como la soya iban en auge en el mercado mundial, la economía brasileña empezó a depender cada vez más de los millones de dólares que ingresaban por las exportaciones. Loris lo explica así: “Eso hizo que los agricultores de soya [de gran escala de Mato Grosso] reunieran la influencia política suficiente para exigir que se pavimentaran las rutas y se creara más infraestructura logística, como vías navegables”. Y concluye: “Hoy en día, la agroindustria está chantajeando al país”.
Al viajar por la ruta BR-163 hacia el interior despoblado de Mato Grosso, se puede observar quiénes son los nuevos dueños de la región: las multinacionales, que venden sus semillas y pesticidas a los agricultores y que luego compran lo que estos producen. Elevados por encima de un mar de soya, se ven cada tanto los silos con los logos de las empresas multinacionales de commodities que ahora controlan la región: Bunge, Archer Daniels Midland (ADM) y Cargill.
También hay silos pertenecientes a Amaggi, una poderosa empresa de bienes de consumo brasileña. Amaggi fue constituida por André Maggi y está manejada por su familia, incluido su hijo Blairo Maggi. Conocido como el “rey de la soya” y exgobernador del estado de Mato Grosso, Blairo Maggi al año pasado fue designado por el presidente Temer como ministro de Agricultura. El aumento de la influencia de Maggi sucedió en paralelo al crecimiento de poder de la “bancada ruralista”, el lobby de la agroindustria que actualmente domina gran parte del Congreso Nacional.
Después de haber acumulado una fortuna a través del cultivo, el procesamiento y la exportación de soya, hoy en día Amaggi pertenece al grupo de grandes actores del mercado internacional, y tiene una relación particularmente cercana con Bunge, con quien posee terminales de grano en Miritituba, el nuevo puerto para exportar bienes en el río Tapajós. La cosecha de soya hoy baja en camiones desde el norte de Mato Grosso por la recién pavimentada ruta BR-163 hacia Miritituba, donde se carga en barcazas para surcar el río Tapajós y el Amazonas con destino a puertos extranjeros, especialmente en China.
Agroindustria, como de costumbre
Algunos atribuyen al cultivo de soya haber traído “modernidad” y “desarrollo” al estado de Mato Grosso. Aprosoja, el gremio de agricultores de soya, por ejemplo, habla del “impacto socioeconómico positivo del cultivo de soya”. Afirma que por cada persona directamente involucrada en el cultivo de soya, se crean otros once puestos de trabajo, “si se toma en cuenta todo el empleo generado a lo largo de la cadena productiva”. Cuando era senador por el estado de Mato Grosso en 2012, el actual ministro de Agricultura dijo lo siguiente al diario Folha de San Pablo: ““Si no fuera por la soya, Mato Grosso todavía estaría atrasado. Actualmente el productor de soya obtiene un 30 % de retorno de la inversión que realizó”.
Pero para otros, la expansión que viene experimentando la soja es un ejemplo más de la tendencia histórica de reducción de los bosques tropicales de Brasil y de quita de derechos a las poblaciones indígenas y rurales tradicionales, que fueron desplazadas por monocultivos agrícolas pertenecientes a unos pocos que se llevan la mayor tajada de beneficio.
El sociólogo José de Souza Martins, cuyos escritos se convirtieron en lectura esencial para los estudiosos de la Amazonía, explicó que, si bien el gobierno militar en la década de 1970 alentó mucho a los campesinos sin tierra a que se instalaran en la Amazonía, en realidad los mayores beneficiarios de ese esfuerzo y del dinero que empezó a invertirse en la región fueron los grupos económicos poderosos.
Mientras los generales hablaban de “ocupar la tierra vacía”, los grandes terratenientes establecieron haciendas ganaderas que expulsaron a mucha más gente de la que se asentó en la región, como sucedió con comunidades indígenas “invisibles”, extractores de caucho y pescadores.
Cândido Neto da Cunha, un ingeniero agrónomo que trabaja en el INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria de Brasil), sostiene que lo que está sucediendo ahora con la soya es, en gran medida, una continuación de los programas militares. “A pesar de que el concepto de ‘desarrollo’ remplazó al de ‘seguridad nacional’ como la base ideológica, el Estado está generando las mismas consecuencias sociales negativas al apoyar a la agroindustria, tales como éxodo rural, deforestación y condiciones de trabajo precarias”.
Desnivel en el campo de juego de la soya
En su marcha hacia el norte, la soya aparece en lugares inesperados. Como por ejemplo, el asentamiento de reforma agraria Wesley Manoel dos Santos, creado por el INCRA en 1977. Ubicado a 70 km al noroeste de Sinop, este asentamiento es un ejemplo de los serios desafíos que atraviesan los pequeños agricultores brasileños.
Este terreno fue adquirido originariamente por la filial brasileña de la empresa Mercedes Benz a fines de la década de 1960. Según una investigación de Odimar João Peripolli, profesor de la Universidad del Estado de Mato Grosso, la empresa instaló hasta diez filiales separadas para eludir los límites legales de tenencia de tierras. Cada subsidiaria adquirió “40 000, 50 000 e incluso 60 000 hectáreas, lo que a fin de cuentas significa que la empresa [Mercedes Benz] había comprado cerca de 500 000 hectáreas de tierra. Todo ese territorio se empezó a denominar “Gleba Mercedes” (el holding Mercedes)”.
La empresa utilizó su palanca como gran terrateniente para obtener jugosos beneficios federales, sobre todo reducciones de impuestos de parte de SUDAM, la Superintendencia de Desarrollo de la Amazonía. Se suponía que ese dinero debía invertirse en la tierra, pero eso no sucedió, según pudo saber Peripolli a través de testimonios. Las vastas posesiones de la empresa “nunca fueron ocupadas efectivamente”. Mercedes Benz luego vendió los terrenos a una empresa de San Pablo, la cual a su vez los vendió al INCRA, que creó un asentamiento de reforma agraria y entregó lotes a 507 familias.
Pero no es fácil para los pequeños emprendimientos familiares competir económicamente en una región donde el gobierno fomenta en forma activa la instalación de la agroindustria a gran escala. A falta de la asistencia técnica necesaria de parte del gobierno, las familias del asentamiento probaron diversas estrategias de supervivencia. Al principio, comenzaron a criar ganado y vender productos lácteos en la ciudad de Sinop. Aunque era el mercado más cercano, tardaban tres horas en trasportar los productos hasta allí, y eso si no llovía.
Al comienzo anduvo bien, pero luego empezó a haber obstáculos gubernamentales. Jair Marcelo da Silva, conocido como Capixava, cuenta el cuidado con la higiene que tenían los productores pequeños, porque tenían el principio de vender solamente productos que ellos mismos consumirían. Sin embargo, este enfoque no satisfizo a las autoridades. “Los organismos encargados de seguridad alimentaria no piensan como las personas comunes, piensan muy diferente”, dice Capixava.
Las autoridades exigieron regulaciones poco realistas a los pequeños productores, y al no poder cumplirlas ellos, les prohibieron vender sus productos en Sinop. Fue el fin del sueño. “Tenía seis vacas, de las que obtenía un promedio de 90 litros de leche por día”, cuenta Capixava. “¿Qué podía hacer con esa leche [si las autoridades federales no me permitían venderla]? ¿Qué podíamos hacer todos? ¡Se la dimos a los cerdos! Imagínense eso”.
Luego intentaron criar y vender cerdos y pollos, pero de nuevo se toparon con las exigencias de los reguladores. Algunos habitantes del asentamiento, al no tener otra fuente de ingreso, se capacitaron para operar la maquinaria sofisticada que utilizan los agricultores de gran escala que tienen el dinero para cumplir con las normas de salud y seguridad del gobierno. Otros trabajaban como jornaleros. Las mujeres buscaron trabajo como empleadas domésticas en Sinop, y dejaban a los niños al cuidado de los maridos.
Con el tiempo, fueron abandonando la idea de usar la tierra para ganarse la vida.
La soja llena el vacío económico
En poco tiempo, la tierra improductiva del asentamiento captó la atención de los grandes productores de soya, y los habitantes empobrecidos comenzaron a alquilarles sus lotes por nada o casi nada.
A cambio, los grandes productores “domesticaron la tierra”. Esta expresión, que se escucha con frecuencia en la región, se refiere a talar y quemar la vegetación nativa, sacar las raíces de los árboles caídos y usar químicos para reducir la acidez del suelo; un proceso de preparación de la tierra que puede tomar hasta tres años.
Así, los habitantes conseguían que limpiaran su lote de vegetación —algo que no podían afrontar por sí mismos— y, en un entorno donde la tierra vacía vale más que con bosque, terminaban teniendo un activo mucho más valioso que al comienzo. Aunque, por supuesto, no se quedaban con el cultivo de soya; esas ganancias iban para los productores de gran escala.
La soya también ingresó en el asentamiento de reforma agraria por otro camino, más sinuoso y menos legal. Durante la visita que hicimos en noviembre de 2016, descubrimos una plantación de soya enorme, demasiado para pertenecer a un productor pequeño únicamente. Capixava explica cómo la plantación apareció allí. La ley establece que los habitantes deben mantener una parte de su lote como bosque, y el INCRA decretó que tenía más sentido, desde el punto de vista ecológico, reunir todas esas áreas en una única reserva forestal colectiva. Capixava dijo que la reserva forestal de su asentamiento “era tan cerrada que nunca entró el fuego”.
Pero poco a poco, los grandes productores de soya comenzaron a ingresar en ella. Capixava contó que utilizaron lo que se conoce como correntão —una cadena larga, de cien metros aproximadamente, sujetada en cada extremo por dos tractores— que tira abajo todo a su paso.
De esa forma, limpiaron ilegalmente 3500 hectáreas, un área que ahora está completamente cubierta de soya. Nadie sabe muy bien cómo pasó todo eso, pero muchos habitantes dicen que un empleado corrupto del INCRA cedió la reserva forestal a los productores de soya y que luego, con lo que obtuvo a cambio, se compró una mansión en Barra do Garças, una ciudad del sur del estado.
“Gleba Mercedes” no es el único caso. El avance ilegal de la agroindustria en los asentamientos de reforma agraria también ocurrió en otros lugares La operación Tierra Prometida, lanzada por la policía federal en noviembre de 2004, condujo al arresto de más de veinte personas en el asentamiento Tapuráh-Itanhangá, ubicado al oeste de Sinop.
Según la policía, los productores de soya se habían apropiado de más de 1000 de los 1149 lotes del establecimiento, y habían armado una plantación enorme de soya. Entre las personas arrestadas estaban Odair y Milton Geller, hermanos del ministro de Agricultura de ese entonces, Neri Geller, quien actualmente es el secretario de Política Agraria del ministerio.
El profesor Antônio Loris no tiene muchas esperanzas de poder reformar la agroindustria de gran escala porque piensa que “es intrínsecamente corrupta”. Afirma que “hay una manifestación muy evidente e inmediata de la corrupción (como por ejemplo, la manera en que el INCRA está controlado por terratenientes y ladrones de tierra), pero que también hay otra forma, de largo plazo, representada por la apropiación agresiva de la tierra, la violencia contra los ocupantes de los asentamientos y los indígenas y la destrucción social y ambiental”.
¿Legalización y legitimación del robo de tierras?
La Constitución brasileña dice que un habitante de un asentamiento de reforma agraria no puede vender el título de su terreno por diez años. Esto significa que la compra de los lotes del asentamiento Tapuráh-Itanhangá por parte de los grandes productores fue completamente ilegal porque, si bien el asentamiento fue creado en 1997, la mayor parte de los beneficiarios no había tenido su lote por más de diez años al momento de la compra.
Sin embargo, en diciembre de 2016 Temer emitió un decreto presidencial (MP 759) que modificó la situación. El decreto trata sobre todo de la situación habitacional caótica de los barrios pobres que han surgido alrededor de casi todas las grandes ciudades de Brasil. Dado que este decreto facilitará que algunas personas registren la propiedad su tierra, fue bien recibido por algunos abogados; uno hasta lo llamó el “regalo de Navidad” del presidente Temer. Bruno Araújo, ministro de Ciudades, sostiene que con este decreto, que permite que los habitantes pobres urbanos obtengan título de sus tierras, “millones de activos saldrán a la economía”.
Pero el decreto también modificó la forma de contabilizar el período de diez años para los habitantes de los asentamientos, algo que pasó inadvertido para la mayoría. En el sistema anterior, el período comenzaba una vez que se había establecido la estructura del asentamiento y que el ocupante había recibido su título de propiedad. Ahora se empieza a contar a partir de que la familia recibe notificación formal de que les asignaron un lote.
Parecería ser un simple ajuste burocrático sin importancia, pero el ingeniero agrónomo Cândido Neto da Cunha en cambio cree que es muy relevante: “El decreto MP 759 tiene la clara intención de legalizar la ocupación ilegal de tierras de los asentamientos de reforma agraria y de ponerlas a disponibilidad en el mercado”. También afirma que los asentamientos no reciben el apoyo que necesitan de parte del gobierno federal, y eso debilita económicamente a sus ocupantes. “Se vuelven más vulnerables a la presión de vender sus tierras, en zonas donde la agroindustria se está expandiendo”, explica.
El apetito voraz de China por la soya se está comiendo el corazón de la Amazonía
La creciente y descontrolada demanda global por la soya genera un panorama bastante oscuro para la selva amazónica y las comunidades indígenas y tradicionales.
La razón detrás del avance de la soja en territorio brasileño es la demanda y las políticas de China. Hasta 1995, China se autoabastecía de soya. Pero ese año la población del país superó la producción de los cultivos de alimentos, y el gobierno tomó la decisión de priorizar esa producción. Aumentó la producción nacional de alimentos para humanos (trigo, arroz y maíz) y disminuyó la producción de soya (que se utiliza principalmente para dar de comer a los animales). El motivo era simple: la gente y el gobierno todavía recordaban la gran hambruna de 1959-61, por la cual murieron de hambre millones de personas, y por eso estaban tan temerosos de depender de la importación de comida para subsistir.
El impacto del cambio de política fue inmediato: para 2011, China importaba 56 millones de toneladas de soya. A partir de ahí, la demanda no hizo más que crecer: se espera que China importe 102 millones de toneladas este año y probablemente 180 millones para 2024, cifra que representa más de lo que producen en conjunto los principales exportadores mundiales (EE.UU., Brasil y Argentina).
¿De dónde saldrá esa producción? Es poco probable que EE.UU. pueda aumentar su producción, y los analistas sostienen desde 2010 que la superficie cultivada de soya en Argentina no puede crecer tanto tampoco. Esto hace que sea Brasil quien deba salvar la brecha.
Hasta hace poco, Brasil venía aumentando en forma significativa su producción de soya principalmente a través de la productividad por hectárea, pero parece que la tendencia se ha detenido: desde 2000, la productividad de soya de Brasil de estabilizó en alrededor de tres toneladas por hectárea.
La única opción que queda para satisfacer la demanda de China, sostiene Lester Brown, presidente de Earth Policy Institute, es empujar la frontera agrícola hacia el interior de la Amazonía. Es un objetivo en completa consonancia con los planes del poderoso lobby de la agroindustria en Brasil, la bancada ruralista y, a saber por las medidas legislativas, también con los del actual gobierno federal.
El antropólogo Rinaldo Arruda expresa profunda alarma por las perspectivas de una invasión de la soja en el corazón de la Amazonía en este siglo XXI. Pronostica “ciudades superpobladas, sin sanidad y muy violentas; conflictos internos por doquier y ambientes degradados. Una Amazonía con asentamientos urbanos precarios… La noción de que nuestra sociedad, al menos desde el siglo XIX, se volvió más y más civilizada es profundamente errónea. No existe, es una ficción”.
*Nota del editor: El artículo originalmente no hacía mención a la Moratoria de la Soya en la Amazonía, dado que únicamente quería dar cuenta del desarrollo histórico de la soja y sus impactos en el estado de Mato Grosso. En otro artículo destacado de esta serie se brindará una evaluación completa de la moratoria, de 2006 hasta la actualidad.
(Leia essa matéria em português no The Intercept Brasil. También se puede leer la serie Mongabay sobre la cuenca del Tapajós en portugués, en in Portuguese at The Intercept Brasil)
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