- El brasileño Blairo Maggi hizo una fortuna con inmensas plantaciones de soya en Mato Grosso en la Amazonía Legal. Hoy en día, el Grupo Amaggi, la empresa familiar, domina el sector de la agroindustria del país —saca provecho de los productos agrícolas y las carreteras, los ferrocarriles y las vías fluviales industriales que los transportan—.
- Maggi fue ascendiendo en la política brasileña hasta convertirse en el gobernador de Mato Grosso, senador y, actualmente, ministro de agricultura de la administración de Temer. También es el líder de la bancada ruralista, el grupo de presión de la agroindustria, que domina el gobierno brasileño.
- En otros tiempos conocido como el Rey de la Soya, Maggi a menudo impulsó políticas agroindustriales perjudiciales para el medioambiente, incluidas aquellas que resultan en una importante deforestación del Amazonas, que ponen punto final a la demarcación de las tierras indígenas y proyectos de infraestructura perjudiciales que ponen la biodiversidad en peligro. Paradójicamente, también ha trabajado para acabar con la tala ilegal y para reducir la deforestación.
- El lunes 17 de julio Maggi se reunió con la administración de Trump para instar a los EE .UU. a que levante su prohibición sobre la carne de vacuno brasileña, una prohibición suscitada por el escándalo relacionado con un servicio federal de inspección de la carne corrupto de su ministerio. Recientemente, Maggi fue acusado de corrupción por investigadores federales de la operación Lava Jato. Maggi sigue moldeando las políticas del Amazonas.
La vida del polémico hombre de negocios y político Blairo Borges Maggi le ha llevado de una pequeña granja familiar a controlar un inmenso imperio agroindustrial internacional. Vio a Maggi ascender desde gobernador del estado de Mato Grosso, a senador, hasta su puesto de trabajo actual —jefe del ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA, por sus siglas en portugués)—, una posición que asumió bajo la presidencia de Temer en 2016, después de la caída de Dilma Rousseff.
Maggi es una figura compleja, no fácil de encasillar. Los medios de comunicación le habían apodado como el “Rey de la Soya” mientras que los ecologistas le demonizaron galardonándole con un premio Motosierra Dorada por presidir sobre una deforestación del Amazonas de récord a principios del siglo XXI. Más recientemente, fue elogiado por algunos conservacionistas por ayudar a reducir la tala ilegal de bosques.
En la actualidad, el ministro se ve a sí mismo como defensor de la agroindustria brasileña —una industria de materias primas increíblemente lucrativa que continúa expandiéndose incluso cuando la economía del país flaquea—. Maggi pregona su papel y el papel de Brasil en la reducción del hambre en el mundo, llama a los productores de soya del país “una parte esencial de la cadena alimentaria”. Pero la historia de Maggi también está sacudida por acusaciones de corrupción y, por asociación, con la bancada ruralista, el grupo de presión de la agroindustria brasileña —vinculado al robo de tierras y la deforestación del Amazonas—.
Su actual alto cargo en el gobierno de Temer —la administración del gigante de la agroindustria brasileña, que ha codiciado el Amazonas durante mucho tiempo— le da a Maggi una influencia extraordinaria sobre el futuro de la selva tropical. Como tal, es un hombre que los ecologistas necesitan conocer y entender mejor.
Incluso cuando, el presidente Temer se enfrenta a un voto en la Cámara de Representantes sobre serias acusaciones de corrupción en su contra, Maggi viajó a los Estados Unidos para suplicar al Secretario de Agricultura de la administración de Trump, Sonny Perdue, que pusiese punto final a la prohibición estadounidense de las exportaciones de carne de vacuno brasileña. Una prohibición suscitada por un escándalo de carne contaminada relacionado con un servicio federal de inspección corrupto supervisado por el ministerio de Maggi.
Los inicios en la agroindustria
Nacido en 1956, Maggi todavía era un niño cuando su padre, André, empezó a cultivar semillas de soya en una pequeña propiedad en São Miguel do Iguaçu, en el estado de Paraná al sur del país. La granja prosperó y, en 1977, la familia —que incluía a la Lúcia, la esposa de André; su hijo, Blairo; y cuatro hijas—fundó la empresa Sementes Maggi.
Los precios internaciones de los granos siguieron subiendo y también las perspectivas de la familia Maggi, que entonces miró hacia las inmensas llanuras del centro-oeste de Brasil. En 1979, André Maggi compró 2400 hectáreas (5930 acres) en el estado de Mato Grosso.
Hoy en día, el Grupo Amaggi (“A” como en André) es uno de los mayores exportadores de soya del mundo y uno de los mayores productores de grano de Brasil. El diversificado Grupo Amaggi también ha invertido fuertemente en los grandes proyectos de infraestructura subvencionados por el gobierno que son necesarios para mantener la industria de la soya, incluidos terminales de soya, autopistas, ferrocarriles y vías fluviales industriales —proyectos sobre los que Blairo Maggi ejerce una influencia importante como ministro de agricultura—.
Aun así, en el fondo sigue siendo un granjero: “Lo que realmente me hace feliz es ver las plantas en el campo”, dijo Maggi al periódico The Guardian en 2008.
Según la revista de negocios Exame en 2016, los ingresos netos por ventas de Amaggi Commodities alcanzaron 3 mil millones de dólares, un 27,6% más que en 2015. El año pasado, el beneficio neto ajustado fue de 126,8 millones de dólares, en comparación con 29,8 millones de dólares en 2015.
Sin duda, el éxito económico del grupo se debe, en gran medida, al afán emprendedor de su fundador (murió en 2001) y a su laborioso hijo, que ayudó a construir la empresa. Pero las fortunas de Amaggi también se beneficiaron significativamente de la dictadura militar brasileña (1964-1985), cuyos programas favorecieron enormemente a la entonces emergente clase agroindustrial —los ruralistas— que siguieron recibiendo beneficios bajo la democracia. Según muchos expertos, en la actualidad, la bancada ruralista, el grupo de presión de la agroindustria, es la fuerza política más ponderosa en el Congreso y en la administración de Temer.
Ganar a lo grande en un terreno de juego desigual
“La historia empresarial de Maggi tiene sus orígenes en los planes de expansión agraria de la dictadura militar en el Cerrado y el Amazonas”, explicó la geógrafa Sandra Costa, una estudiante doctoral de la Universidad de São Paulo cuya tesis de su máster se titula La cuestión agraria en Brasil y el grupo rural en el Congreso Nacional.
Un aluvión de dinero federal, a través de iniciativas de la dictadura militar como POLOCENTRO —Programa de Desarrollo del Cerrado—, financió la infraestructura de la agroindustria (carreteras, almacenamiento de granos y electrificación), y subvencionó el crédito rural, la investigación de la siembra a gran escala y el apoyo técnico para los nuevos productores que acceden a la agroindustria.
Pero hubo mucho más: “El gobierno repartió tierras —hasta entonces habitadas por campesinos e indígenas— a empresas interesadas en producir materias primas que serían negociadas en los mercados bursátiles”, dijo Costa a Mongabay. “Las zonas fueron arrendadas a productores de mediano y gran tamaño o vendidas a precios muy bajos”.
Después del vencimiento de los contratos originales de arrendamiento, muchos productores, sobre todo en el Amazonas y el Cerrado, fabricaron escrituras de bienes raíces fraudulentas, que a menudo incrementaban el tamaño de sus propiedades, dijo la geógrafa.
“En esta fase de la colonización agrícola (1975-1984), los pequeños agricultores […] las poblaciones indígenas y [tradicionales] fueron ignorados por las políticas gubernamentales [favorables a los negocios]”. Percibidos como obstáculos al progreso, la población rural empobrecida fue desposeída de sus tierras, forzada a mudarse a las ciudades o aceptar puestos de trabajo peligrosos en el campo —a menudo en condiciones de esclavitud—. Esta dura realidad contrasta drásticamente con la imagen proyectada por la “llamada agricultura brasileña moderna”, dijo Costa.
“Nuestra realidad agraria es el resultado de un proceso histórico de un estado patrimonial, que no distingue fronteras entre lo público y lo privado, y del que los grandes terratenientes siempre han formado parte y controlaban el Ejecutivo, el Legislativo e incluso la Judicatura”, afirmó Costa.
Rey de la soya y gobernador
A principios de la década de los 90, los Maggi entraron en política, André, el patriarca de la familia, fundó Sapezal, un municipio en Mato Grosso, y se convirtió en su primer alcalde. Blairo empezó como un senador suplente.
“La creación de […] Sapezal está arraigada en un proyecto de colonización del Grupo Maggi”, apunta la página web del municipio, una declaración que demuestra los estrechos lazos entre la agroindustria y las comunidades que ayudaron a crear en el Cerrado y el Amazonas. A los pocos años, André Maggi dejó su puesto; aunque no antes de iniciar un corredor de exportación de materias primas en el río Madeira.
En 2002, Blairo Maggi fue elegido gobernador de Mato Grosso, con un 50,6 % de los votos. En aquella época, las exportaciones de soya de Brasil estaban experimentado un auge sin precedentes y Maggi priorizó las inversiones en infraestructuras durante su mandato, pavimentó más de 600 millas de carretera y ayudó a enlazar el interior de Brasil donde se cultiva la soya con la costa atlántica y los mercados globales.
Por ejemplo, Maggi construyó la polémica carretera MT-235 por la reserva indígena Utiariti, que permitió transportar soya en camiones al río Madeira. Esto fue muy útil para Maggi —propietario de más de 200 000 hectáreas (494 000 acres) de soja en 2008— y también para otros agricultores..
La construcción de carreteras permitió al gobernador ganarse un gran reconocimiento local: Maggi “siempre ayudó a la región […] Abrió carreteras para sus propios productos, pero luego dejó a todos usarlas. Así que, ¿Por qué se quejaría nadie?” dijo Dal´Mazo, el antiguo alcalde de Sinop.
Pero el gobernador Maggi no fue elogiado por los ecologistas. En 2003, su primer año en el gobierno, el índice de deforestación en Mato Grosso aumentó más del doble. INPE, la agencia que sigue la deforestación en el Amazonas, publicó que hubo una pérdida forestal de 10 088 millas cuadradas en la región entre agosto 2003 y 2004, de la que el 48 % tuvo lugar en Mato Grosso.
En ese momento, una de las mayores críticas contra Maggi se puede encontrar en el periódico The Independent, en un artículo titulado La violación de la selva tropical…y el hombre detrás de ella: “Es Blairo Maggi, el millonario agricultor y el político intransigente que preside el auge de la producción de la soya”, publicó el periódico. “Es conocido en Brasil como O Rei da Soja —el Rey de la Soya—. Los ecologistas brasileños le llaman otra cosa —el Rey de la Deforestación—”.
Las indiferentes declaraciones de Maggi sobre el medioambiente no ayudaron a su imagen: “Para mí, un 40 % del aumento de la deforestación no significa nada y no siento ninguna culpa sobre lo que estamos haciendo aquí”, le dijo al periódico The New York Times, “Estamos hablando de un área mayor que Europa que casi no ha sido tocada, así que no hay nada por lo que preocuparse”.
Maggi recibió el Premio Motosierra Dorada en 2005 de Greenpeace, la ONG ambiental, por su contribución a la destrucción de la selva del Amazonas.
La reelección
La imagen negativa del gobernador no evitó que fuese reelegido en 2006, esta vez con un 65,3 % de los votos, que mostró que su impopularidad con los conservacionistas no se extendía a los votantes de Mato Grosso que le veían como el portador de la prosperidad a su anteriormente remoto estado.
Sin embargo, poco a poco, Maggi empezó a dialogar con sus críticos. Participó en conferencias climáticas y organizó la XIV Reunión Katoomba, un evento en Cuiabá al que asisten científicos y ecologistas preocupados por la preservación forestal.
Cortejó a los ecologistas al trabajar para reducir la tala ilegal y la deforestación llevada a cabo por el sector agrícola. Presionó para implementar un mecanismo de compensación del carbono, que evitaba que los agricultores talasen los bosques a la vez que cosechaba ingresos fiscales para Mato Grosso. Aunque los índices de deforestación del estado se mantuvieron altos.
El segundo mandato de Maggi (2007-2010) también vio su apoyo a la construcción de presas hidroeléctricas en la cuenca del Amazonas, incluida la presa Dardanelos
de 256 megavatios (MW) en el río Aripuanã y otros proyectos hidráulicos más pequeños (SHPs, por sus siglas en inglés o PCHs por sus siglas en portugués).
La polémica presa Dardanelos costó, aproximadamente, 229 millones de dólares y fue financiada, en un 65 %, por BNDES, el gigantesco banco del desarrollo nacional de Brasil. El proyecto se enfrentó a numerosos desafíos legales por parte de los ecologistas. La Fiscalía General del Estado (MPE, por sus siglas en portugués) interpuso una demanda contra la Secretaría Estatal del Medio Ambiente (Sema) —creada por el gobernador Maggi en 2005— que declara que la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) del proyecto presentaba “problemas legales muy serios”. Según la demanda, la EIA no incluía el daño que provocaría la construcción de las líneas de transmisión necesarias para distribuir la energía. En 2010, la presa fue ocupada por manifestantes indígenas que demandaban una compensación por la destrucción de los cementerios.
Dos pequeñas plantas hidroeléctricas en Mato Grosso, propiedad de Amaggi Energia, se finalizaron en 2007. Ese mismo año, Sema autorizó un cambio de ruta en la línea de transmisión de Dardanelos, a un coste gubernamental añadido de 153 millones de dólares, lo que ahorró a Amaggi el coste de conectar los PCHs al sistema de transmisión eléctrico. En la actualidad, el Grupo Amaggi tiene cinco PCHs con una potencia total de 70 megavatios, usados para asistir la producción de soya. Uno de esos proyectos amenazó la subsistencia del grupo indígena Enawené-Nawé, que tiene grandes dificultades para mantener su forma de vida, y fue bloqueado por un fiscal federal en 2008. Sin embargo, el gobernador Maggi llevó el caso al Tribunal Supremo, que revocó la orden de suspensión.
La soya global
A la vez que aumentaban las fortunas de Blairo Maggi, también lo hicieron las fortunas del Grupo Amaggi, que se ha convertido en un gigante internacional. En 2008, la empresa inauguró Amaggi Europe con sede en Rotterdam, Holanda, seguido de la compra de una empresa trituradora de soya en Fredriksta, Noruega y el arrendamiento de 5000 hectáreas (12 355 acres) en Argentina —el tercer productor de soya más grande del mundo—. China, el mayor cliente de Amaggi, todavía no tiene una subsidiaria, pero el grupo ha dicho que intenta “estar en los EE. UU. y en Asia para 2020”.
El rápido crecimiento del conglomerado fue paralelo al incremento del patrimonio neto personal de Maggi. Entre 2006 y 2010 su fortuna pasó de unos 10 millones de dólares a 46 millones de dólares, según publicó el Tribunal Electoral cuando era un candidato al Senado brasileño.
El pasado marzo, en una entrevista con la revista Veja, Maggi le quitó importancia a su riqueza: “Puedo tener el título de multimillonario, pero mis ingresos son limitados. [En] el negocio de mi familia, solo recibo dividendos, no puedo comprar un yate de lujo, [o] hacer lo que quiera”.
Según la lista de los 50 mayores multimillonarios brasileños de la revista Forbes Brasil, en 2015, Maggi tenía un patrimonio neto de 1,22 mil millones de dólares, a la vez que otros miembros de la familia también aparecían en la lista: por ejemplo, su madre Lúcia tenía otros 1,22 mil millones de dólares.
El multimillonario Maggi continúa viéndose a sí mismo como un guardián de la agroindustria: “Quiero más ferrocarriles [y] autopistas pavimentadas o [nuevas]”, dijo recientemente, refiriéndose a su objetivo de reparar y expandir la inmensa red de transporte brasileña.
Entre sus grandes sueños está una vía fluvial industrial que pueda mover la soya y el grano de Amaggi, y las materias primas de otras empresas de Mato Grosso a lo largo de los ríos Juruna y Teles Pires, el río Tapajós y el Amazonas hasta el Atlántico y los puertos en Europa y Asia. Los científicos han expresado alarma al posible daño ambiental de esos proyectos, lo llamaron “una crisis en ciernes”.
Maggi también sigue siendo un defensor tenaz de las mejoras en la autopista BR-163, que enlaza Mato Grosso con el río Tapajós y es percibido por los productores como una salida vital a los mercados extranjeros para la soya, la carne de vacuno, el maíz y otras materias primas. Sin embargo, “Durante la última década el número de ladrones de tierras creció alrededor de la BR-163”, le dijo el investigador de Imazon, Paulo Barreto, a Mongabay. E, incluso, la creación de nuevas unidades de conservación a lo largo de la carretera no acabó con el delito. “Hoy en día, los instalados grileiros [acaparadores de tierras adinerados] reaccionan contra las zonas protegidas, [al asumir el control de tierras federales], una verdadera degradación de los instrumentos de políticas públicas”.
Dos días después de dejar el ministerio de Medio Ambiente del presidente Lula en mayo 2008, Marina Silva declaró que el gobernador de Mato Grosso, Blairo Maggi, y el gobernador de Rondônia, Ivo Cassol, la habían presionado para aflojar alguna de las medidas implementadas por el gobierno para reducir la deforestación en el Amazonas.
In 2013, though opposed by left-leaning congressmen who support the environment, Maggi was elected by his fellows as the president of the Committee on Environment, Consumer Protection and Supervision and Control (CMA).
Estrella política ascendiente
En 2010, la estrella de Maggi ascendió aún más con su elección como senador de Mato Grosso y se reveló rápidamente como un dotado parlamentario.
En 2013, aun con la oposición de los congresistas de la izquierda que apoyan el medioambiente, Maggi fue elegido por sus compañeros como presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Protección del Consumidor y Supervisión y Control (CMA).
Maggi, junto con otros 27 senadores, presentó una enmienda constitucional para suspender la demarcación de las tierras indígenas, un proceso iniciado por la Constitución brasileña de 1988. Esto llegó como un impacto enorme para los grupos indígenas brasileños que, de buena fe, durante décadas, habían venido persiguiendo el lento proceso legal, pero el paso también fue visto como una inmensa victoria para los ruralistas, muchos de los cuales esperan echar mano a tierras reclamadas por los indígenas. La medida todavía no ha sido aprobada, pero está siendo considerada por el Congreso.
Otra de las contribuciones de Maggi al Senado fue su defensa de la PEC 65/2012, una enmienda constitucional que racionalizaría (los críticos dirían “vaciaría”) el proceso de licencias ambientales para grandes proyectos de infraestructura, como las presas y las carreteras. La PEC 65/2012 establece que tras la presentación de una Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) inicial, no se puede suspender o cancelar el trabajo futuro del proyecto.
Como ponente del comité de Constitución y Justicia, Maggi declaró en abril 2016; la PEC 65 “tiene como objetivo garantizar la seguridad jurídica en la ejecución de las obras públicas. No afecta al derecho a un medio ambiente equilibrado ecológicamente”. Los ecologistas se oponen a la enmienda que todavía está a la espera de la votación.
Mientras tanto, Amaggi sigue creciendo. El conglomerado abrió una división en Suiza en 2013 (vende maíz y salvado a Italia, Argelia y Marruecos) y otra en Ciudad del Este, Paraguay, en 2014, que suministra a los mercados europeos y asiáticos.
Pero no todo salió como Maggi quería. A finales de 2013, Maggi y otros funcionarios fueron nombrados en relación con la Operación de la Policía Federal Ararath, una investigación sobre las ventajas indebidas recibidas por los políticos; Maggi no fue llamado en persona delante del Tribunal Supremo federal (STF, por sus siglas en portugués). “Como gobernador, Blairo Maggi obtuvo préstamos de BicBanco [un banco], ocultó sus condiciones de prestatario y [actuó] con intenciones espurias en la política de Mato Grosso”, informó el ministro del STF, Dias Toffoli, que autorizó a seguir con la investigación.
Los documentos incautados en la residencia de antiguos asistentes del gobernador de Mato Grosso “revelaron que… Maggi obtuvo una ventaja monetaria de 1,2 millones de dólares”. El dinero fue destinado a pagar Alencar Soares Filho, consejero del Tribunal de Cuentas del Estado (TCE-MT) para que se jubilase y dejase el puesto a Sérgio Ricardo de Almeida, también del TCE y un probable aliado de Maggi.
En mayo 2016, el Fiscal General Rodrigo Janot solicitó al ministro del STF Dias Toffoli que se cerrase la investigación de Maggi de la Operación Ararath. Toffoli estuvo de acuerdo, declaró que la investigación fracasó en “obtener una prueba concluyente y efectiva de la ejecución directa o participación de Maggi en” actos de corrupción. Dos días después, Maggi fue nombrado ministro de Agricultura por el recién designado presidente Michel Temer.
Problemas con la carne
Desde que asumió su cargo hace más de un año, el nuevo director del MAPA ha limpiado su programa de desregulación federal. En una entrevista en febrero 2017 publicada por Telesur, Maggi dijo que “Una de las cosas que más afecta a los resultados de los productores es la burocracia, las normas aprobadas hace años que hoy en día tienen muy poco sentido y cuesta dinero adherirse a… ¡Liberar el mercado para que vaya más rápido!”.
Muy pronto, anunció su Plan Agro +, que incluye 69 medidas “para aumentar el rendimiento y reducir la burocracia en la agroindustria brasileña”. El ministerio de Maggi redujo la exigencia de las normas de certificación sanitaria de las materias primas y puso punto final a las nuevas inspecciones de cargamentos y puertos por parte del Servicio de Inspección Federal (SIF), y eliminó el requisito del sello de la agencia que garantiza la calidad del producto animal.
En el lanzamiento del Plan Agro +, Maggi declaró: “El estado ya no puede permitirse contratar cientos de técnicos para las posiciones burocráticas. Necesitamos confiar más en empresas [de la agroindustria] […] que invierten millones de dólares en sus cadenas productivas. El estado solo llevará a cabo inspecciones ocasionales. Quien penalizara a las empresas una vez que sean pilladas en una infracción es… principalmente el mercado”.
El juicio del mercado golpea con rapidez. En marzo 2017, la Policía Federal reveló una corrupción generalizada en la industria de la carne brasileña y el servicio de inspección federal encaminada a facilitar “la producción de carne adulterada a través de la emisión de certificados sanitarios sin ninguna inspección efectiva”.
Empleados del ministerio de Maggi cometieron delitos en los estados de Paraná, Goiás y Minas Gerais para “proteger grupos empresariales, en detrimento del interés público”, según los investigadores policiales de la Operación Carne Débil (un nombre en clave que alude a la frase “El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil”).
Al menos durante los últimos tres años, y mucho antes de que llegase Maggi, los inspectores agrícolas brasileños permitieron que productos caducados y adulterados de 21 plantas procesadoras de carne fuesen vendidos y exportados. A cambio, los agentes del MAPA recibían sobornos o, incluso, las empresas procesadoras de carne les pagaban sus sueldos directamente, como hizo Seara, propiedad de JBS, la mayor empaquetadora de carne de Brasil —cuyo copropietario, recientemente implicó al presidente Temer en la corrupción.
El mecanismo de inspección de la carne se volvió tan extremo que algunos puestos de inspectores del MAPA fueron ocupados, presuntamente, por representantes de las empresas procesadoras de carne. Según la policía, el personal de uno de los gigantes procesadores de carne, BRF, incluso ocupó puestos de inspectores dentro del ministerio de Agricultura y emitieron certificados sanitarios con el uso de las claves de acceso de los agentes del MAPA. A cambio, las empresas de carne financiaron fuertemente las campañas electorales de los partidos políticos en el gobierno.
Durante el último año, el ministerio de Maggi ha identificado unas 200 normas y regulaciones consideradas obsoletas o ineficientes. Estas van a ser simplificadas o eliminadas para reducir los costes de los productores de la agroindustria.
La defensa de Maggi
Con la detonación del escándalo de la carne en el centro del ministerio, Maggi intervino. Acusó a la Policía Federal de “errores técnicos”, suspendió las exportaciones de unidades bajo investigación, despidió a inspectores y a superintendentes. Evitó mencionar su propia relajación de los estándares de inspección, en su lugar, dijo que los problemas provenían de una escasez de agentes que supervisan las plantas de procesamiento, luego añadió que el MAPA no tenía suficientes fondos para contratar nuevos agentes.
China, uno de los mayores importadores de carne brasileña (1,75 mil millones de dólares en 2016 según el ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios), puso una prohibición en todos los productos cárnicos y exigió una repuesta gubernamental, rápidamente facilitada por el ministro Maggi que llevó a una delegación china a visitar una planta de BRF en Rio Verde, Goiás. Los brasileños, que consumen el 80% de la producción de carne del país, no recibieron el mismo grado de clarificación.
“La falta de respuestas por parte del gobierno muestra que el programa de exportación es más importante que la salud y la seguridad alimentaria. Maggi muestra todo el tiempo —incluso en sus comentarios diarios en Facebook— que su única preocupación es la agenda económica. Lo que importa es la percepción externa del problema [de la carne]. Maggi no creó esta lógica, pero ha adquirido una versión radicalizada [bajo su liderazgo]. Maggi es el catalizador de fuerzas que promocionan la agroindustria a cualquier precio”, dijo Alceu Castilho, editor de la De Olho nos Ruralistas, una página web que sirve como guardián de la agroindustria brasileña.
La ventaja fiscal de la agroindustria
La exención de las exportaciones de la agroindustria a las contribuciones a la seguridad social federal es otro subproducto de la mentalidad brasileña de “agroindustria a cualquier precio”.
De acuerdo con la ley, las empresas exportadoras de la agroindustria son los únicos negocios brasileños con esa ventaja, que continúa a pesar de una crisis que amenaza con colapsar el sistema de la seguridad social del país, que tenía un déficit de 70 mil millones de dólares en 2016.
Los ruralistas y Maggi se oponen firmemente al impuesto: “La agroindustria ha aportado la mayor contribución a la economía brasileña y al balance de las cuentas públicas, por lo que penalizar a los que son más eficientes es una locura”, dijo el ministro en defensa de su industria.
La terminación de esta exención especial a la exportación es uno de los objetivos del plan de reforma de la seguridad social que actualmente está siendo debatido en el Congreso. De acuerdo con las estimaciones del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA, por sus siglas en portugués), si se aprueba, la medida generaría un ingreso adicional de 2 mil millones de dólares al año.
Y la deforestación…
El grito de los ruralistas de “agroindustria a cualquier precio” también se extiende al medioambiente, dicen los críticos. El pasado marzo, Maggi declaró que, “Brasil necesita ser reconocido como un país que promociona la agricultura sostenible y preserva el medioambiente. [Pero] nadie en el mundo tiene leyes que protejan las orillas de los ríos y la propiedad legal de las reservas como ocurre aquí”, una declaración que indica el compromiso constante del ministro con la desregulación y el debilitamiento de las protecciones de la tierra.
Cuando se le preguntó sobre las 3088 millas cuadradas de deforestación del Amazonas que tuvo lugar entre agosto 2015 y julio 2016, un incremento del 29 % respecto al año anterior, el ministro respondió: “Esos datos no tienen nada que ver con la soja o la agricultura. Lo más probable es que las zonas deforestadas hayan sido transformadas en campos para la ganadería. Las empresas procesadoras de carne ya no están comprando la carne de aquellos que provocan la deforestación ilegal. No descarto la posibilidad de que esto también tenga que ver con los asentamientos [rurales]”.
Hay evidencias contra lo que afirma Maggi, con una gran parte de la deforestación probablemente atribuible a la agroindustria, sobre todo a la industria ganadera que a menudo “blanquea” rebaños de vacas, los crían en tierras deforestadas ilegalmente, luego mueven los rebaños a pastos legales justo antes de llevarlos al matadero.
Márcio Santilli, uno de los fundadores del Instituto Socio Ambiental (ISA), descarta la imagen sin tacha de la agroindustria que los políticos ruralistas como Maggi presentan a los brasileños y la comunidad global: “Es un discurso engañoso y un fuerte escudo. Maggi, como el sector ruralista, no reconoce que hay una relación orgánica entre la producción agrícola y la deforestación”.
Desde el año pasado, abogados litigantes independientes del ministerio Público Federal de Pará han estado investigando la participación de Amaggi Exportação e Importação en una iniciativa comercial que destruyó 115 millas cuadradas de selva amazónica y, supuestamente, implicó la apropiación ilegal de tierras y el uso de esclavos.
Entre 2012 y 2015, Amaggi, la procesadora de carne JBS y el Grupo Bom Futuro (cuyos socios son primos de Maggi) presuntamente transfirieron 5,3 millones de dólares al ganadero AJ Vilela, el líder de una banda violenta de taladores ilegales del Amazonas. Supuestamente, el dinero se usó para comprar grano y animales de zonas deforestadas ilegalmente. AJ Vilela fue acusado como parte de la investigación federal Operación Ríos Voladores.
Este es solo uno de los problemas legales y acusaciones de corrupción a los que se enfrenta el ministro Maggi. Este enero el juez Luis Aparecido Bertolucci del Tribunal de Acción Civil del Registro Público en Cuiabá, ordenó la congelación de 1,2 millones de dólares de los activos de Maggi y el despido del asesor Sérgio Ricardo de Almeida del Tribunal de Cuentas Estatal (TCE-MT) por la presunta compra de una vacante en el TCE. El juez decretó que la clausura de la investigación criminal contra Maggi en la Operación Ararath no impide una acción civil por improbidad administrativa. En marzo, el ministro del MAPA presentó una petición en la que alega prejuicios contra el juez Bertolucci.
En abril, se anunció que Maggi y otros ocho ministros del gobierno del presiente Temer serían investigados por corrupción por el Tribunal Supremo federal (STF, por sus siglas en portugués) como parte de Lava Jato. Según el testimonio de los ejecutivos de la empresa de construcción Odebrecht, Maggi, presuntamente, recibió 3,6 millones de dólares en contribuciones ilegales a la campaña cuando se presentó a gobernador en 2006.
Es muy probable que las revelaciones sobre Maggi continúen surgiendo al ir progresando las diversas investigaciones, incluso cuando el gobierno de Temer se tambalea en el límite (con nuevas acusaciones de corrupción contra el presidente supuestamente a la vuelta de la esquina). Mientras tanto, el ministerio de Agricultura de la administración, guiado por Maggi, continúa produciendo nuevas medidas, que a menudo proporcionan a los ruralistas victorias mientras ponen el medioambiente y la biodiversidad de Brasil en riesgo.
Mongabay solicitó una entrevista con el ministro Maggi varias veces en abril y mayo de 2017, pero la oficina de comunicaciones del MAPA no contestó a las peticiones.
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