- La policía federal arrestó y multó a participantes de una trama de fraude de créditos forestales y de tala ilegal que actuaban en los estados de Pará, Santa Catarina, Paraná y Mato Grosso.
- Los ladrones de madera contaban con la ayuda de los vacíos en el programa de licenciamiento del gobierno y del pésimo control de la cadena de producción de madera en Pará y Mato Grosso; fallos que las autoridades intentan corregir.
- Los ladrones de madera cortaron árboles de ipé en la reserva indígena amazónica Cachoeira Seca. Después, utilizaron informes falsificados y distintas empresas para mover la madera a otros estados y exportarla para su uso en caros entablados en Estados Unidos, Argentina, Panamá, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur.
- Las multas por extraer madera ilegal son de solo 5000 reales (1587 dólares) por hectárea; y por no entregar los informes apropiados, de entre 1000 y 100 000 reales (de 317 a 31 700 dólares). Cantidades insignificantes que no ayudan detener unos delitos que podrían resultar muy provechosos para los autores. Estas multas no han aumentado desde 2008.
La policía federal de Brasil (PF) ha cerrado una importante trama de fraude de créditos forestales y de tala que operaba en los estados de Pará, Santa Catarina, Paraná y Mato Grosso. La banda de ladrones de madera pudo cometer este gran delito ambiental en parte gracias a vacíos en el programa de licenciamiento de explotación forestal del gobierno y al pésimo control de la cadena de producción en Pará y Mato Grosso, según expertos en la materia.
La operación policial, llamada Anhangá Arara (espíritu protector de la naturaleza y los indígenas arara), se centró en el grupo empresarial de una familia residente en Paraná que ya había llevado a cabo actividades ilegales en los estados mencionados con el patriarca como responsable de la coordinación general.
La banda extraía madera de forma ilegal de la reserva indígena Cachoeira Seca do Iriri en Pará, y después “blanqueaba” los troncos pasándolos a través de diferentes empresas e introduciendo información falsa en el Sistema de comercialización y transporte de productos forestales (Sisflora).
Es probable que no se hubiera logrado completar esta actividad delictiva de no ser por el hecho de que Pará y Mato Grosso son los únicos estados en la Amazonía Legal que no se han unido aún al Sistema Nacional de Control del Origen de Productos Forestales (Sinaflor), establecido por IBAMA, la agencia ambiental de Brasil, en marzo. Sinaflor integra información sobre permisos de exploración forestal y sobre transporte y almacenamiento de madera cortada en propiedades rurales.
La policía federal pudo identificar a los autores del delito gracias a una operación llevada a cabo por IBAMA en la reserva Cachoeira Seca, donde viven 105 indígenas Arara La oficina de comunicaciones de la policía dijo que la PF no podía revelar los nombres de las personas implicadas de forma oficial cuando Mongabay se puso en contacto. Sin embargo, el informe de IBAMA de 2015 enviado a la PF ya citaba a la empresa maderera Silva & Suski, propiedad de un grupo familiar cuyo patriarca es Nelson da Silva. La empresa, con sede en Rurópolis, Pará, está registrada a nombre del hijo de Nelson, Daniel Antonio da Silva, ingeniero forestal.
La madera en la que los ladrones centraron la extracción es la de los árboles de ipé (Tabebuia impetiginosa y T. serratifolia), entre los árboles Amazónicos más valorados; el precio actual de un metro cúbico de madera de ipé cortado en tablas para tableros para exportación es de 2500 dólares según la Asociación Internacional de Madera Tropical. Este elevado potencial de beneficios explica cómo la banda podía compensar el coste de abrir nuevas carreteras de grandes distancias dentro de la selva amazónica. Esas carreteras para tala causan un daño ambiental significativo, ya que fragmentan la selva e invitan a más intrusiones del exterior.
La madera talada de forma ilegal, una vez recogida, se enviaba a los puertos de Belém, en Pará; Itajaí, en Santa Catarina; y Paranaguá, Paraná. Después, la madera se trasladaba a los Estados Unidos, Argentina, Panamá, Francia, Alemania, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur, según las autoridades.
La información proporcionada por FUNAI, la agencia de protección indígena, indica que Cachoeira Seca fue el territorio indígena más deforestado del país en 2016. De enero a septiembre de ese año, se deforestaron 680 hectáreas y se degradaron 1773 (con la tala selectiva de árboles). La reserva cubre 733 688 hectáreas. Sin intrusiones del exterior, los grupos indígenas han demostrado ser los mejores administradores del territorio en el Amazonas.
Los delincuentes consiguieron engañar a los reguladores del gobierno para que otorgaran el estado de legal a la madera con la presentación de Planes de Manejo Sostenible de Bosques (PMFS) con números falsos. El PMFS es un documento preparado por un ingeniero forestal independiente y contiene información sobre la propiedad que se va a someter a manejo forestal, como las especies y número de árboles que se van a extraer, y el volumen métrico de producción de madera, entre otros datos. La cantidad de producción anticipada se convierte en créditos forestales, una especie de cuota de comercialización que pasa de los productores de troncos a los aserraderos y comerciantes para llevar a cabo transacciones madereras legales. Los créditos se deducen del proveedor y se acreditan al comprador en cada fase de la cadena maderera.
Las autoridades empezaron a sospechar cuando los documentos entregados por los ladrones tenían un volumen de madera mayor al que existía en las áreas de origen licenciadas. El excedente de créditos —registrado en el sistema de Sisflora por la Secretaría Ambiental de Estado de Pará (SEMAS) y de Mato Grosso— había sido transferido a otras empresas, como firmas de tala clandestina, que después transportaban la madera a los puertos para su exportación.
“Las empresas triangulaban la madera, es un procedimiento muy habitual en este tipo de acción delictiva”, explicó a Mongabay Renê Oliveira, coordinador general de inspección ambiental en IBAMA. “En lugar de utilizar el balance [de créditos] en el área original de manejo, los créditos extra se desviaban a otras áreas sin autorización para la extracción. Se permite un margen de error de hasta un 10 por ciento en el volumen de madera calculado, pero en estos casos [sospechosos] las empresas crearon un saldo mucho más elevado”.
Estudios científicos muestran que el volumen por hectárea de árboles de ipé en el Amazonas suele estar entre 0,2 y 0,6 metros cúbicos por hectárea, y pocas veces supera los 0,4 metros cúbicos por hectárea. En 2014, se descubrió que la empresa Agropecuária Santa Efigênia de Pará había falseado sus números porque declaró una cifra inverosímil de 5,75 metros cúbicos por hectárea de ipé en un plan de manejo forestal. En el caso de los ladrones de madera de Silva & Suski, Sisflora otorgó a la empresa créditos a través de SEMAS Pará sin verificar los números para ver si era posible tal extracción en el punto falsificado.
“Cada estado debería licenciar solo lo que puede inspeccionar. El licenciamiento y la inspección deben estar integrados”, dijo a Mongabay Rômulo Batista, especialista en el Amazonas de Greenpeace Brasil. En la actualidad, el problema es que “No se disparan [alarmas] de forma automática cuando aparecen números excesivos”.
Según Batista, el sistema de licenciamiento utilizado en Pará y Mato Grosso tiene como consecuencia un exceso de créditos de madera, lo cual es indicador de tala ilegal y falsificación. “Las operaciones de IBAMA y la Policía Federal son importantes para reducir las prácticas ilegales, pero hasta que se realice una reforma, es probable que continúe ese tipo de fraude”.
Las pérdidas económicas causadas por la empresa Silva & Suski a la reserva indígena Cachoeira Seca se calculan en 897 millones de reales (unos 284 millones de dólares) entre 2010 y 2017, con el momento álgido en 2015, según la policía federal. En Mato Grosso, las pérdidas fueron de más de mil millones de reales (317 millones de dólares) en el mismo periodo.
Oliveira, de IBAMA, dijo que la agencia multó a los responsables y que se ha presentado una demanda. La multa por destrucción o daño a los bosques sin autorización o licencia ambiental es de 5000 reales (1578 dólares) por hectárea o fracción, y por no entregar informes en el periodo exigido por la ley, la multa va de 1000 a 100 000 dólares (de 317 a 31 700 dólares), cantidades que parecen insignificantes y que posiblemente no contribuyan a disuadir un delito que puede generar grandes beneficios para los autores.
Algo a tener en cuenta es que esas multas no se han aumentado desde 2008. Cuando preguntamos, el Ministerio del Ambiente contestó a través de su oficina de comunicaciones y dijo que los niveles de las multas se establecen mediante decretos presidenciales, y solo pueden aumentarse de ese modo. Durante el mandato de Rouseff y el tiempo que lleva Temer en el gobierno no se han decretado aumentos en las multas.
La Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad de Pará (SEMAS) dijo a Mongabay que se espera que la propuesta de IBAMA de integrar la información generada en Sisflora y el Sistema Integrado de Monitoreo y Licencias Ambientales (Simlam) con el sistema federal Sinaflor se materialice a finales de año. Técnicos de IBAMA y SEMAS se reunieron a finales de octubre para hablar sobre los detalles del proceso de integración.
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