“Eso no se olvida —dice— aquí mucha gente dejó la pesca, otros se dedicaron a cortar madera —la tala ilegal—, otros se fueron a los Estados Unidos. Los pescados volvieron, pero no como antes. Al final, ¿quién fue el culpable? todo el mundo dice que las palmeras, pero no se ha visto la justicia”, afirma el lanchero.

¿Quién es el responsable? es una pregunta que la justicia guatemalteca aún no ha podido si quiera formular. El caso ha pasado de juzgado en juzgado luego que la empresa acusada, Reforestadora de Palmas del Petén S.A., REPSA, planteara acciones legales en varios de los juzgados que han llevado el caso, mientras que la fiscalía también ha objetado la parcialidad de algunos juzgadores.

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El origen de la crisis

 

El río La Pasión desciende de las tierras altas de Alta Verapaz y se adentra en la planicie de Petén. A sus orillas se asienta Sayaxché, un pueblo de frontera a 10 horas de la capital de Guatemala donde habitan unas 114 740 personas. Originalmente, Sayaxché fue un enclave maderero hasta mediados del siglo pasado, luego en los años 60, destino de agricultores migrantes y, desde los 80 y 90, una región ganadera. En la actualidad, la vida económica del pueblo gira en torno a un producto: la palma africana.

Una quinta parte de todo el municipio de Sayaxché, 664.31 kilómetros cuadrados, se encuentra sembrada con palma africana, según registros de la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma). Para todo el departamento del Petén este producto representa el 20 % de su Producto Interno Bruto.

Esta omnipresencia es patente incluso en una de las zonas más golpeadas por el desastre ecológico del 2015: el barrio El Pescador en Sayaxché. Una decena de lanchas aparcadas en la orilla y una pescadería vacía dan cuenta de esto. “Si quiere ir por lancha a la zona de las palmas, mi hermano puede llevarlos. Él conoce, trabajó allí. Si quiere ir en pick up, mi primo lo lleva, también trabajó allí”, ofrece un lanchero de este barrio.

De los cerca de doscientos habitantes de El Pescador, según el presidente del consejo comunitario de desarrollo de este sector, Ramiro Hernández, solo una tercera parte sigue dedicándose a la pesca. Hernández forma parte de la Comisión para la Defensa de la Vida y la Naturaleza de Sayaxché, una agrupación surgida a raíz del desastre y que dio voz a las denuncias por contaminación.

“No fue la primera vez, ni la segunda. Han sido muchas las veces que las plantas procesadoras de palma han vertido al río. Cuando llueve mucho, se rebalsan sus piscinas, pero nada como lo del 2015”, recuerda Hernández. El relato del líder comunitario confirma los testimonios iniciales sobre el desastre ecológico: en la noche del 28 de abril y el 6 de junio de 2015, dos grandes eventos de contaminación precipitaron la muerte de millares de peces en el río La Pasión.

Según un informe de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, tras el desastre, los peces murieron sofocados: faltó oxígeno en las aguas del río La Pasión debido al ingreso de grandes cantidades de materia orgánica que “aumentó la demanda bioquímica de oxígeno” y asfixió a los peces.

¿Quién pudo ser responsable de la entrada de esa materia orgánica? En la denuncia por contaminación industrial, la hipótesis de la fiscalía apunta a que las lagunas de oxidación, usadas para tratar los desechos de la palma procesada, pudo ser el origen del vertido. Ello, es respaldado por el estudio de EPA el cual incluyó una visita de campo a las instalaciones de REPSA. El estudio, difundido en una investigación del portal Plaza Pública, señala la existencia de una tubería de 15 centímetros de diámetro utilizada para descargar, desde una de las lagunas de oxidación y sin ningún tratamiento, los desechos más contaminantes a un canal que conduce al río.

“Todo empezó en el arroyo San Ignacio”, recuerda Hernández, los primeros reportes recogidos por los pescadores apuntaban a este afluente del río La Pasión, donde desembocan las aguas tratadas de las lagunas de oxidación de REPSA en Sayaxché.

En una carta del 4 de mayo 2015, recibida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN, y adjunta a la investigación del Ministerio Público, REPSA reconocía su responsabilidad en un primer vertido la noche del 28 de abril. Luego de que las intensas lluvias, que azotan la planicie petenera, rebalsaran las lagunas de oxidación de la compañía, el vertido llegó hasta el arroyo San Ignacio. Cuando ocurrió el segundo y más fuerte evento, el 6 de junio, la mortandad de peces fue aún mayor pero la empresa se desmarcó de toda responsabilidad.

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El ping pong de la justicia

 

La primera denuncia, por el caso de contaminación industrial contra REPSA, fue recogida por un juzgado de la Libertad, Petén, en junio de 2015. Tras inhibirse por decisión de la jueza, es decir, dejar de llevar el caso, el proceso pasó al Juzgado de Delitos Ambientales de Petén, refiere el abogado Rafael Maldonado, exintegrante del Centro de Acción Legal Ambiental y Social, Calas, uno de los querellantes que acompañaron la denuncia.

La jueza Karla Hernández, jueza B pluripersonal de primera instancia penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de San Benito, Petén, se encargó entonces del caso. Hernández resolvió, el 17 de septiembre de ese mismo año, el cierre temporal de la empresa durante seis meses.

Al día siguiente, el 18 de septiembre, más de un centenar de presuntos trabajadores de la compañía, molestos por la resolución, tomaron el complejo judicial de San Benito y retuvieron a tres activistas comunitarios en el edificio impidiéndoles salir durante varias horas. Pero el cierre temporal de actividades de la empresa nunca se llevó a cabo, refiere Maldonado, luego de que la Sala de Apelaciones de Petén diera trámite a una serie de amparos (acciones de petición por la presunta violación de un derecho constitucional) presentados por la compañía.

El 5 de octubre 2015, la Sala Regional de Apelaciones de Petén recibió una demanda civil contra la jueza Hernández por “extralimitación de sus facultades” presentada por REPSA dando trámite a la denuncia en menos de 24 horas. La convulsión social continuó a lo largo del mes y, el 22 de octubre, el complejo judicial de Poptún, Petén, en donde se encuentra la Sala Regional de Apelaciones, fue cercado por presuntos trabajadores de REPSA.

Un día más tarde, la Sala Regional de Apelaciones otorgó un amparo provisional a la empresa y dejó así sin efecto la clausura temporal de la compañía indicando en su resolución que “las circunstancias del caso lo hacen aconsejable”.

REPSA, sin embargo, asegura haber cooperado con la investigación: “Desde el momento en que se tuvo conocimiento del evento —el primero con fecha 28 de abril de 2015— la acción que se tomó fue la de colaborar con la investigación que realiza el Ministerio Público. Ello, permitiendo el ingreso a las instalaciones de todas las autoridades relacionadas con la investigación, proporcionando informes y todo lo que, hasta el día de hoy, ha sido requerido por la Fiscalía a cargo de la investigación”, señala.

La oficina de relaciones públicas de la compañía indicó que “las acciones que REPSA ha presentado, dentro del proceso, las ha realizado únicamente con la finalidad de que el procedimiento se realice de forma objetiva y se respete el debido proceso”.

Al respecto, Susana Siekavizza, directora ejecutiva de la Gremial de Palmicultores de Guatemala, Grepalma, indicó que la empresa investigada ha colaborado con todos los requerimientos del Ministerio Público y que son los más interesados “en agilizar y dilucidar las responsabilidades”.

En 2016, la jueza Hernández dejó el caso por decisión propia y este fue trasladado al departamento de Izabal “lo cual nos preocupó por antecedentes de falta de independencia. A estas alturas lo que vemos es que el caso se ha enfriado”, refiere Maldonado. Una fuente confidencial del Ministerio Público confirmó a Mongabay Latam que la fiscalía emprendió acciones ante el riesgo de un juicio parcializado y logró su traslado a Cobán, Alta Verapaz en 2017. Sin embargo, nuevos recursos presentados por los denunciados han impedido que el proceso judicial inicie, pese a que desde junio del año pasado la fase de investigación ha concluido, según la Fiscalía de Delitos contra el Medio Ambiente.

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El coloso verde

 

En Guatemala, el cultivo de la palma africana abarca tres regiones: La costa sur, en el litoral Pacífico; el nororiente, en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, departamento con puerto en el Atlántico; y la región norte, también en Alta Verapaz, y en Petén.

Aunque en 1988 se dieron de los primeros cultivos intensivos de palma, el mayor pico de crecimiento se dio a partir de los 2000, sobre todo en la región norte.

Para finales del 2017, la Gremial de Palmicultores de Guatemala estimaba en 165 510.53 hectáreas el cultivo de palma de aceite en el país. Esto es el 2.2 % del área total agrícola cultivable de Guatemala, una exportación de US$455.11 millones, alrededor de un 90 % como aceite crudo de palma con México, los Países Bajos y El Salvador como los principales destinos en los últimos seis años.

En ninguna otra parte del país, el peso de esta agroindustria es tan grande como en el municipio de Sayaxché con 40.13 % del total de la palma del país. Además de REPSA, que es parte del Grupo Hame, se encuentran presentes en el municipio NaturaAceites, Naisa y Tikindustrias, algunas de las principales productoras del país. Según explica el abogado Helmer Velásquez, director de la Coordinadora de Cooperativas y Oenegés de Guatemala, Congecoop, este municipio es el más representativo del peso, e influencia, de la agroindustria de la palma en todos los aspectos de la vida de una comunidad.

“La palma está presente desde el financiamiento de la “La furia del Pasión”, el equipo de fútbol de Sayaxché, hasta las campañas electorales. La vida económica del pueblo gira entorno a la palma. Hemos documentado como a partir de los años 2000 se produce un cambio en las economías locales, poblados cercados por la palma pierden su valor productivo y terminan vendiendo”, señala Velásquez.

En Petén, los gobiernos de las dictaduras militares (entre los años 60 y 80) promovieron la migración a la zona bajo la promesa de convertir al departamento en “el granero del país”. Sin embargo, lo que más creció en un inicio fue la ganadería, hoy cada vez más reemplazada por el cultivo de palma, explica Velásquez.

En 1998 el gobierno de Guatemala llevó a cabo el Programa de Administración de Tierras, con apoyo de un préstamo del Banco Mundial, cuya meta a largo plazo era regularizar los títulos de propiedad luego de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. Sin embargo, señala Velásquez, “el resultado en zonas como Petén fue que luego de la regularización de tierras de migrantes, o de desplazados por el conflicto armado interno, muchas de esas personas vendieron más tarde sus tierras a las empresas palmeras”.

El estudio Tierra e Igualdad, desafíos para la administración de tierras en Petén, Guatemala, publicado en 2011 señala que “la población campesina que vendió y/o perdió sus tierras ante el avance de la ganadería y de la palma africana tras los procesos de legalización de tierras, no logró ubicarse como trabajadores en las fincas y/o en las plantaciones agroindustriales. Ofreciendo el sector agroindustrial poco y precario empleo”. El doctor Bayron Milián, quien participó en el estudio Tierra e Igualdad, estima que en el caso de Sayaxché el avance de la palma, en la última década, ocupó en un 80 % tierras usadas para ganadería y “el resto en remanentes de bosques y tierras de cultivo”.

Crescencio de la Cruz, lanchero originario de Sayaxché, mientras remonta el río la Pasión, resume esta historia así: sus padres emigraron de Alta Verapaz en los años sesenta a este municipio. Hoy, él tiene 50 años y tres hijos. Es agricultor en época de cosecha, en tierras que heredó de sus padres y que expandió con los años. El resto del tiempo es lanchero. Cuando la agroindustria palmera se expandió, hace una década en Sayaxché, pensó en vender sus tierras, al igual que muchos otros propietarios pero no lo hizo.

“Ahorita vemos que mucha de esa gente ya no encuentra trabajo. Gastó su dinero, los jornales no alcanzan para todos y, además, hay muchos trabajadores por temporada que vienen de otros departamentos. Yo no vendí y tampoco podía irme a trabajar —a la palma— por Q82 (US$10.65) el jornal en época de fumigación, o hasta Q140 (US$18.19) o Q150 (US$19.49) al día en época de cosecha, con jornadas durísimas donde pagan por el peso de racimos cortados. Ya no lo aguantaría”, explica de La Cruz.

Mientras seguimos remontando el río La Pasión, se observan algunas lanchas cargadas con madera. Ya en tierra el lanchero lo explica: muchos de los que eran pescadores, después del desastre de 2015, ahora se dedican a la tala del árbol de tinte (también conocido como árbol de Campeche del cual se extraen tintes naturales y es usado en ebanistería) en las orillas del río o en las reservas naturales. “Eso no está bien, pero la gente tiene que comer y el trabajo en las palmas no alcanza para todos”, admite de La Cruz.

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Tierra, río y palma

 

A 30 kilómetros río abajo de Sayaxché, en la ribera del río La Pasión se encuentra la comunidad de Canaán, formada por 87 familias, entre ellas migrantes de las montañas de Alta Verapaz, e incluso del vecino país de El Salvador. Margarita Hernández, promotora en actividades productivas es originaria de esta comunidad y capacita a sus vecinos para generar y comercializar sus propios productos y no depender de los trabajos estacionales de la agroindustria, o del cultivo de granos básicos. Para esta comunidad, el río representaba un complemento a sus ingresos, “la gente pescaba para tener su pescado al menos los domingos, hoy muchos ya no lo tienen”, refiere.

La media docena de vendedoras de pescado, que se instalan a un costado de la alcaldía de Sayaxché, coinciden con ese relato. Losley Carbolon, vendedora durante 20 años, lo explica así: en tres años, la falta de pescado llevó el precio por libra de Q20 (US$2.59) a Q35 (US$4.54). En un departamento donde el 57 % de la población se ubica bajo la línea de la pobreza, esta brecha en los precios hace prohibitivo lo que hasta hace poco era parte de la dieta local.

Un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, tras el desastre de 2015, cifró la mortandad de ese año entre el 31 % y el 54 % de la totalidad de la producción esperada ese año. Tres años después, sin haberse determinado culpables, ninguna indemnización ni compensación ha sido entregada a los pescadores que vieron destruida su actividad laboral.

Edwin Samayoa, encargado de la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Sayaxché, confirma estos datos. Es más, asegura que tanto en 2017 como en 2018, ha habido otros casos de contaminación de menor escala, denunciados por vecinos, en afluentes del río La Pasión, en la periferia de zonas palmeras. Pero, según explica, para cuando logran recoger las muestras, cumpliendo los requisitos de la cadena de custodia, estas ya no son válidas para analizar en laboratorios a 12 horas de distancia.

Con el juicio del ecocidio detenido y sin muestras de reactivarse, la esperanza de obtener respuestas y sanciones, para estos últimos casos de menos impacto mediático, se diluye en el río La Pasión al igual que el rastro de la contaminación.

Desde el Gobierno, indican que el Ministerio de Medio Ambiente cumplió con presentar las denuncias y hacer el acompañamiento técnico al Ministerio Público y que, respecto a los responsables “todavía no se sabe si fue la empresa o no”.

Los habitantes de Sayaxché y Canaán mientras tanto piden a sus autoridades compensaciones, como mejoras en los servicios de agua potable y más opciones para generar ingresos en la región que no dependan tanto del monocultivo de la palma africana. Para agricultores, pescadores y vecinos en general, las palmeras son una realidad ineludible, a la que buscan adaptarse, y frente a las cuales no ven muchas perspectivas de justicia en casos ambientales.

Foto Portada: Un poblador atraviesa la Laguna Petexbatun, que recibe afluentes del río La Pasión. Foto: Bill Barreto.