Especialistas coinciden en que el año sirvió para que se intensificaran los conflictos que el país arrastra desde hace años.Dos episodios recientes muestran la gravedad de la situación: el gobierno difunde videos sobre minería y la presenta como la gran solución a la crisis. En otro flanco, fuerzas de seguridad del Estado incursionan en territorios indígenas para apoderarse de la riqueza de sus tierras. En un país que atraviesa una emergencia humanitaria compleja como la de Venezuela, hablar de conservación, naturaleza y biodiversidad es también verificar que los derechos ambientales también se resienten, se quiebran. Por eso, hacer una retrospectiva del año en esta materia es llegar a la conclusión de que los problemas no hicieron más que agudizarse por razones tan diversas como la profundización de una actividad extractivista que no respeta estándares ambientales y que es vista como el salvavidas a la crisis económica, hasta la flexibilización de normas para la protección de áreas protegidas que hace una década eran infranqueables. Esa es la conclusión a la que llegan los especialistas consultados para este balance sobre la situación ambiental y de las tierras indígenas en la nación con mayor caída del Producto Interno Bruto en la región (70 % en los último seis años) y una hiperinflación inédita que ya acumula 25 meses. “El 2019 fue la continuación de un proceso. Hay temas ambientales que inciden e intensifican la emergencia humanitaria compleja y, a su vez, elementos de la emergencia humanitaria que inciden sobre los problemas ambientales”, explica Alejandro Álvarez Iragorry, biólogo y coordinador de la Coalición Clima 21 – Ambiente y Derechos Humanos, quien precisa que esto sucede con el conflicto minero, que no solamente constituye un crimen ambiental sino que también repercute en ámbitos sociales, culturales y de salud.