- Aunque la pandemia se ve como una oportunidad para apostar por un desarrollo más amigable con el medio ambiente y la biodiversidad, los planes de algunas provincias de expandir la agricultura y la ganadería para generar ingresos puede traer consecuencias a corto plazo.
La pandemia sorprendió a la Argentina en el momento más agudo de una caída económica que comenzó en 2012 y se acentuó en los últimos dos años. El gobierno que asumió sus funciones en diciembre de 2019 recibió un país que había dejado de pagar algunas de sus deudas, con índices de desempleo y pobreza en ascenso, y una inflación anual que superaba el 50 por ciento. Los expertos señalan que el coronavirus llegó simplemente para dar el golpe de gracia.
Por ello las palabras que más se repiten por estos días en Argentina son dos: reactivación económica. Aunque los científicos, organizaciones ambientales y colectivos quisieran que se sumen dos más: cuidado ambiental. En medio de este debate, el gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich, dijo en una columna de opinión publicada en el diario Clarín que “aumentar la competitividad del complejo agroindustrial es clave para posicionar al país como proveedor mundial de alimentos”. En su declaración, el mandatario chaqueño sostiene que quienes estén dispuestos a invertir en su tierra serán beneficiados con apoyos económicos que van desde subsidios hasta reintegros de capital. No menciona lo ambiental, ni el valor del bosque, ni el desarrollo de las poblaciones rurales. Al mismo tiempo, en otra columna publicada en julio en el diario La Nación, resalta el potencial que tiene la provincia para estirar la cifra actual de 1,8 millones de hectáreas cultivadas hasta los 3 millones en 2030. “Chaco —sostiene Capitanich— está llamado a ser el símbolo de nuestra agroindustria y el ícono de nuestra recuperación económica”.
“Me plantean que es utópico pensar ahora en la cuestión ambiental, dada las urgentes necesidades económicas”, opina Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina: “Yo digo que es mucho más utópico tratar de superar este momento haciendo lo mismo de siempre. Justamente es en las urgencias cuando hay que hacer las cosas de un modo diferente”.
Se trata de una línea de pensamiento en la que coinciden varios ambientalistas. “El único modelo que conocen los gobiernos latinoamericanos para salir cuanto antes de una crisis de pobreza es el extractivismo que nos trajo hasta aquí”, subraya Hernán Giardini de Greenpeace Argentina. A su vez, Nicolás F. Avellaneda, de Sed Cero, una amplia red de organizaciones y empresas que trabaja por mejorar el acceso al agua en las poblaciones del Gran Chaco, sostiene que “la necesidad de generar divisas llevará a fortalecer un tipo de industrias que se contrapone con la lógica, el trabajo y la forma de vivir de las comunidades campesinas. Las amenazas para ellas irán en aumento”. Ricardo Tiddi abunda en la idea: “Argentina responderá como en la crisis anterior: desmontando [deforestando] y sembrando soja”.
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Tala e incendios en cuarentena
Desde hace un cuarto de siglo, el Gran Chaco lidera el ránking argentino de ecorregiones deforestadas. Sus tierras, su biodiversidad y su gente han visto y padecido en este tiempo el avance imparable de la frontera agroganadera. Los suelos, el paisaje, la vida cotidiana y hasta el clima se han visto modificados de algún modo. Solo un aspecto no ha sufrido cambios: las cuatro provincias que conforman la mayor parte del área —Formosa, Salta, Santiago del Estero y Chaco—se mantienen entre las cinco de menor desarrollo socioeconómico del país, cualquiera sea el índice que se mire.
En semejante contexto, la irrupción del coronavirus SARS-Cov2 no es más que una nueva muesca en el revólver. Para luchar contra la epidemia, el gobierno argentino decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio el día 20 marzo, y todavía permanece vigente, con todas sus variantes de aperturas y cierres según fuera evolucionando la situación en cada rincón del país. Aunque desde el primer día hubo actividades declaradas “esenciales” que no se vieron interrumpidas. Por ejemplo, la agroganadera.
“La producción siempre va a ser constante y creciente porque la demanda de alimentos no se interrumpe”, razona Luciano Olivares, subsecretario de Desarrollo Forestal del Chaco como explicación a dicha medida. La explotación forestal se sumó a la lista un mes después.
Según los datos que recaba periódicamente Greenpeace a través de información satelital, en este tiempo de cuarentena, la deforestación en la región fue incluso mayor que la ocurrida en el mismo período de 2019. Alrededor de 30 000 hectáreas de bosque nativo fueron taladas entre el 15 de marzo y el 31 de julio, indica Giardini, coordinador de la campaña de bosques en Greenpeace Argentina.
“Salvo en Chaco, donde hubo mayores controles, denuncias y multas. En el resto del área, en cambio, el control fue menor al habitual”, precisa Giardini. “El último informe oficial —del 16 de mayo— dice que el 86% del área deforestada en la provincia fue ilegal, es decir, sin permisos”, agrega Ricardo Tiddi, técnico en Sistemas de Información Geográfica e integrante de Somos Monte, una asamblea de organizaciones ambientalistas.
Un trabajo realizado por el Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTyD), sistema nacional de evaluación y monitoreo de tierras integrado por científicos de distintas instituciones estatales, confirma estas impresiones: “Los desmontes (deforestación) son una problemática presente en la zona que durante la cuarentena no se ha detenido…y también han continuado las tareas de habilitación de cambios en el uso del suelo en zona amarilla”, señala el estudio. La ley 26331, o Ley de Bosques, establece que en zona amarilla está prohibido alterar el paisaje natural, salvo autorización expresa y respetando una serie de limitaciones.
La pandemia, por otra parte, coincide con un período especialmente seco en el Chaco semiárido, lo cual ha originado un factor de riesgo añadido para el monte: los incendios. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales pudo detectar hasta 78 focos de calor entre marzo y mayo, solo en el Departamento Almirante Brown, distrito chaqueño limítrofe con las provincias de Santiago del Estero y Salta. “Algunos incendios ocurridos en la zona fueron producto de quemas intencionales de cordones boscosos de desmontes ilegales [tala ilegal]”, precisa la investigación del ONDTyD.
Del otro lado del mostrador también existen reclamos por promesas insatisfechas que limitan cualquier intento de control y vigilancia eficaz. Luciano Olivares, subsecretario de Desarrollo Forestal de Chaco, lo resume en un pedido: “Que se actualicen e incrementen los recursos del Fondo de Bosques en función de la inflación y de los problemas que se presentan”.
El actual ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié, avala de algún modo su reclamo: “Hay una parte del fondo creado por la Ley de Bosques que corresponde al presupuesto nacional y otra que se deriva de las exportaciones. Pero ese presupuesto estaba frenado. En mayo pudimos transferir una porción correspondiente al período 2018/2019”.
La norma ordena que las provincias reciban aportes financieros del Estado en función de la cantidad de hectáreas de bosque nativo que conservan. Dichos recursos deberían usarse para tareas de control y cuidado, pero también para compensar a los dueños de tierras ubicadas en zonas rojas (prohibición total de deforestación) o amarillas. Cabandié, desde que asumió el cargo en diciembre pasado, sostiene que la ley debería ser modificada ya que “permite hacer cualquier cosa en las zonas verdes y eso es una locura. Estoy trabajando en eso, provincia por provincia”, asegura.
“El financiamiento de la Ley de Bosques nunca alcanzó el mínimo del 0,3% del presupuesto nacional…En 2019, el presupuesto de la ley fue de tan solo el 5 por ciento de lo que debería ser”, sostenía hace unos meses Marcelo Navall, director de la Estación Experimental Santiago del Estero del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). “En otras partes del mundo, el ecoservicio tiene una retribución, hay que buscar la manera de que aquí también sea así”, subraya Alejandro Aldazábal. Para el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, “sin ese paso, un dueño siempre estará pensando en cómo cambiarle el uso a su finca para que le sirva mejor. Hay que buscarle alternativas, como el turismo, y ayudarlo a desarrollarlas. No se puede esperar 15 años”.
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Darle valor al monte nativo
En el Departamento Almirante Brown, no muy lejos del Parque Nacional Copo, desarrolla su actividad Luis Dellamea, productor agroganadero pero al mismo tiempo propietario de Tantanakuy, uno de los escasos emprendimientos ecoturísticos de la región. “Tengo mis vacas y mis tierras, pero también supe ver la potencialidad turística y la posibilidad de equilibrio entre las dos actividades”. Su experiencia con el Fondo de Bosques tampoco ha sido la mejor: “Tantanakuy está en zona amarilla. La ley establece apoyos crediticios del Estado para fomento y desarrollo de infraestructuras, pero en más de una década eso nunca se concretó”.
Dellamea, por otro lado, se manifiesta contrario a algunas prácticas que incluso sufre en carne propia: “Antes de la pandemia, alrededor nuestro se habían deforestado unas 5 000 hectáreas de zona amarilla. No dejaron ni cortinas boscosas, es tierra arrasada”, se lamenta, en tanto que relata que muy cerca de su finca se produjo otro desmonte a principios de agosto: “Unas 400 hectáreas, con topadoras y cadenas. Cuando llegó la policía el monte estaba destruido”.
La consecuencia de ese nivel de destrucción ha sido que buena parte de la fauna silvestre del lugar encontró refugio en las 2 500 hectáreas de monte intacto de Tantanakuy, pero su dueño no lo ve como un elemento positivo a largo plazo: “El aumento de fauna termina siendo desastroso. Cada tatú carreta (Priodontes maximus) necesita unas 400 hectáreas para su movilidad; si se acumulan muchos ejemplares en 2 500 hectáreas, el animal acabará saliendo y lo atropellará un camión o lo cazarán para comérselo. El paisaje aquí es virgen, pero corre el peligro de quedarse solo con árboles y pájaros”. Alejandro Aldazábal, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta comulga con esta idea: “Cada ambiente tiene una determinada capacidad de carga de individuos de una especie, si es superada empiezan a morirse por ausencia de comida, oxígeno o la razón que sea hasta alcanzar el número adecuado”.
¿Es posible que la pandemia promueva un cambio radical en la gestión de los bosques del Gran Chaco? “Tener un bosque y conservarlo debe ser algo positivo, debemos ponerlos en valor”, sostiene Aldazábal, y aporta: “En Salta, la tasa que se paga actualmente por metro cúbico de madera extraída es la misma que en 1992: 6 pesos. La diferencia es que entonces eso equivalía a 6 dólares y hoy no llega a diez centavos. Evidentemente, a nadie le importó el bosque durante todo este tiempo”.
El físico Ricardo Tiddi maneja sus propias cifras: “En Chaco se puede comprar tierra para desmontarla a 500 dólares la hectárea, pero esa misma hectárea almacena más de 300 toneladas de carbono. Si una tonelada de carbono se cotiza a 25 dólares en el mercado internacional, el valor de ese suelo debería ser de 7 500 dólares. Sin embargo, un árbol de varios siglos de edad que se corta de ese bosque se vende por unos 13 dólares”. El integrante de Somos Monte hace hincapié en lo que califica como “profundas incoherencias entres los flujos de fondos” para explicar algunas de las rutas que llevan a la pérdida de bosque.
“La pandemia debe servirnos para entender que tenemos que hacer las cosas diferentes. No podemos volver a usar los recursos naturales como los estábamos usando”, remarca Manuel Jaramillo, y agrega: “No se trata solo de dejar de deforestar. Hay que recuperar el valor productivo del bosque nativo, y esto será imposible mientras no se controle y fiscalice el uso de la madera y haya posibilidad de ingresarla ilegalmente en el comercio”.
El director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre Argentina apunta al postergado desarrollo de la ecorregión como eje del futuro a mediano plazo. “Hasta ahora, ni la deforestación, ni las divisas que producen la soja o la ganadería vinieron acompañadas de desarrollo”, dice, y propone “un nuevo ordenamiento ambiental que defina cuáles son las mejores prácticas productivas para promover desarrollos sociales genuinos en cada región”. En ese sentido, Marcelo Navall cree que en el Gran Chaco “la ganadería sustentable, el aprovechamiento forestal controlado, la apicultura y muchas actividades productivas más podrían ser compatibles con el cumplimiento de la ley y el sostenimiento de los servicios ecosistémicos de los bosques nativos”.
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Alimentar al mundo es la meta
Los pasos que se atisban en el horizonte, sin embargo, no parecen ir por ese camino. El nuevo Consejo Agroindustrial Argentino, que reúne a 42 entidades relacionadas al campo y la producción alimentaria, si bien en su carta de presentación menciona la necesidad de trazar “una estrategia de descarbonización de nuestra agricultura” y de “mostrar que protegemos el Gran Chaco”, tiene como objetivo principal a corto plazo “consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos de origen animal y vegetal”, tal como afirma el gobernador chaqueño.
Por otro lado, en noviembre el país se apresta a firmar un acuerdo con China para la producción de un número todavía indefinido de toneladas de carne porcina destinadas exclusivamente a ese mercado. Esto implicaría la creación de grandes granjas de cría de cerdos. Existe el temor de que el Chaco, por su extensión y por encontrarse lejos de las grandes ciudades, sea uno de los sitios candidatos a acoger algunos de esos emprendimientos.
En ambos casos, la creación de empleos directos y la generación rápida de divisas es la principal motivación, siempre acompañada por la promesa de cuidados de las normas ambientales que en anteriores ocasiones se han demostrado muy difíciles de fiscalizar y de cumplir.
“Algunos sectores empiezan a entender las consecuencias que tiene el manejo de lo ambiental. Me cuesta ser optimista, aunque eso nos da una oportunidad”, se ilusiona Hernán Giardini. Por su parte, Manuel Jaramillo apuesta a que el Consejo Económico y Social que el gobierno nacional pondrá en marcha para liderar el proceso de recuperación en la pospandemia “sea también, necesariamente, Ambiental”.
Lo que vaya a ocurrir en el Gran Chaco argentino tras el paso del Covid-19 es un enorme interrogante. De los movimientos sociales y la conciencia general dependerá en buena medida que no sea otra vuelta de tuerca rumbo al desastre.
Imagen principal: Pecarí en el centro de ecoturismo Tantanakuy. Foto: Tantanakuy.
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