- El colectivo Yasunidos espera que para 2021 la Corte Constitucional se pronuncie sobre el pedido de consulta popular para impedir la explotación petrolera del bloque 43, también llamado ITT, dentro del parque nacional Yasuní y que ha sido pospuesto desde hace siete años. Este tema es polémico pues involucra la protección de indígenas en aislamiento y la conservación de miles de hectáreas de bosque prístino.
- La deforestación, la agroindustria, la energía hidroeléctrica y la minería son, según los expertos consultados, las principales amenazas que seguirá enfrentando el Chocó en 2021. El fortalecimiento de la institucionalidad ambiental será otro de los grandes desafíos de Ecuador.
*Este reportaje es una alianza periodística entre Mongabay Latam y GK de Ecuador.
El 2020, en medio de la pandemia por el COVID-19, las actividades de extracción de minerales y petróleo continuaron como la principal manera de generar recursos para Ecuador y la fusión del Ministerio de Ambiente con la Secretaría del Agua generó múltiples dudas sobre la fortaleza que podría mantener el sector. También, más de 100 guardaparques fueron despedidos y el cuidado de las áreas protegidas quedó en el limbo. Por otro lado, al inicio del 2020, la Consulta Popular impulsada por el colectivo Yasunidos fue negada por segunda vez por el Consejo Nacional Electoral, la primera fue en 2014.
El 2021 es un año electoral en Ecuador, lo que también cambiará el rumbo del país en varios sectores, incluido el ambiental. La mayoría de los candidatos presidenciales ofrecen impulsar las actividades de extracción de recursos naturales, un tema que ha generado serios problemas ambientales en el país y continuos conflictos con los pueblos indígenas. Estos son los desafíos ambientales de Ecuador para 2021.
1. El futuro de la consulta popular para el Parque Yasuní
En octubre de 2020, la Corte Constitucional de Ecuador admitió a trámite la acción extraordinaria de protección del colectivo Yasunidos cuyo principal objetivo es mantener las reservas de petróleo debajo del parque nacional Yasuní. El grupo de activistas ambientales, conformado en 2013 para evitar la explotación petrolera del bloque 43 o ITT dentro del parque y para defender la vida de los Pueblos Indígenas en Aislamiento (PIA), presentó este recurso luego de que el Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador (TCE) ratificara la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) donde se negaba el pedido de consulta popular. La justicia ecuatoriana había negado en ocasiones previas este recurso.
Pedro Bermeo, representante de Yasunidos, dice que esperan que esta acción extraordinaria de protección se resuelva a su favor. “En caso de que la Corte [Constitucional] considere que hay una vulneración de derechos, tiene que haber reparación integral y esa reparación, en gran medida, es la consulta popular”. Bermeo asegura que ahora es más urgente convocar a la consulta popular para decidir el futuro del Yasuní porque “en este momento el Estado ha intensificado la extracción petrolera en el contexto del COVID -19 y los PIA podrían ser exterminados”.
Según Bermeo, el 2021 será un año decisivo para el ambiente y considera que debe existir una política post extractiva como “la única forma de seguir coexistiendo en este planeta” y evitar la desaparición de los PIA. El líder de Yasunidos está a la espera de que los jueces convoquen a la audiencia del caso en los próximos días. El tiempo es clave en este proceso pues el 7 de febrero se realizarán las elecciones presidenciales y las expectativas del colectivo es que la Corte priorice el tema y la consulta sobre Yasuní pueda ser incluida en el proceso electoral que se realizará en menos de un mes.
2. El fortalecimiento del Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador
En marzo de 2020 el Ministerio del Ambiente del Ecuador y la Secretaría de Agua se fusionaron. Este era un objetivo del gobierno desde octubre de 2018 cuando el presidente Lenín Moreno expidió un decreto que lo ordenaba pero se llevó a cabo casi dos años después. La fusión, según el decreto que la formalizó, fue una “optimización institucional”.
El Ministerio ha tenido una alta rotación de ministros desde que inició el gobierno de Moreno. Por la cartera de Ambiente han pasado seis personas: cinco oficialmente y uno encargado. Tarsicio Granizo fue el primero y dice que el problema no es solo el cambio constante de ministro sino de todos los funcionarios. “Es muy difícil reinventar el Ministerio del Ambiente cada vez que se cambia un ministro, es imposible planificar en el mediano o largo plazo, es imposible dar continuidad a las iniciativas e ideas”. Lo sucedido con el despido de más de 100 guardaparques en junio del año pasado, debido a la crisis financiera causada por la pandemia del COVID-19, evidencia esa inestabilidad.
El Ministerio del Ambiente dijo, en junio de 2020, que los trabajadores no fueron despedidos sino que cambió el modelo de contratación: de nombramiento provisional a contrato ocasional. Es decir, a un tipo de contrato inestable en el que el trabajador no tiene derecho a indemnización por despido ni incentivos para la jubilación. Para Granizo, si el gobierno sigue así, para el próximo año, o lo que resta del gobierno de Moreno, el Ministerio “va a quedar como un cascarón vacío, sin posibilidad de control y sin autoridad”.
El presupuesto general del Estado para 2021 será el mismo que el del año anterior: 35 498 millones de dólares, de los cuales muy poco va al sector ambiental como lo demuestra lo que ha sucedido en los últimos dos años. En 2019 el presupuesto del Ministerio de Ambiente fue de 24 millones de dólares y de poco más de 19 millones para la Secretaría de Agua (Senagua). Para 2020, el Ministerio tuvo una reducción de dos millones y la extinta Senagua recibió casi la mitad de su presupuesto anterior. Benito Bonilla, miembro de la fundación ecologista Pachamama dice que el buen funcionamiento del Ministerio de Ambiente y Agua depende de su presupuesto, “si no tiene recursos, no tiene capacidad operativa y en el caso del Ambiente esto se traduce en menos operativos de control en los territorios”.
Para este 2021, Tarsicio Granizo cree que otro de los desafíos para el Ministerio de Ambiente y Agua es que el gobierno decida si de verdad lo quiere robustecer. Para él, se necesita el fortalecimiento de las autoridades ambientales de cada provincia y una política de Estado donde haya una agenda ambiental para todos los ministerios de Ecuador.
El 24 de mayo será una fecha clave pues acaba el periodo presidencial de Moreno y el nuevo gobierno lo primero que tendrá que hacer, dice Granizo, es “determinar si el tema ambiental es una prioridad o solo una figura decorativa”. Por su parte, Benito Bonilla cree que al minimizar el rol del Ministerio de Ambiente, aumentarán fenómenos como la tala ilegal en la Amazonía.
3. Hora de actuar para conservar el Chocó ecuatoriano
El Chocó ecuatoriano lleva décadas siendo cercado por graves amenazas. Sus cerca de 1.17 millones de hectáreas de selva en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Pichincha y parte de la provincia de El Oro han sido de interés para la siembra de palma, la minería legal e ilegal y, en general, para actividades que han traído consigo deforestación.
Nathalia Bonilla, miembro de la fundación Acción Ecológica, dice que la tala del bosque del Chocó “afecta a los derechos de la naturaleza porque estamos destruyendo ecosistemas enteros. Si se tala, los animales no tienen esos ecosistemas para vivir. En un primer momento se desplazarán en busca de remanentes pero esto significa una gran presión y poco a poco irán muriendo”.
En octubre de 2020 el Concejo del Distrito Metropolitano de Quito, al que pertenecen 286 mil hectáreas del Chocó, aprobó con 22 votos a favor una resolución para protegerlo. Con ese proyecto se prohíbe de forma permanente las concesiones mineras metálicas y se borran las que ya existían en el mapa minero dentro del territorio de la Reserva de Biósfera del Chocó Andino.
Según un estudio de Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) publicado en julio de 2019, el Chocó ecuatoriano es uno de los bosques tropicales más amenazados del mundo y se ha perdido el 61 % de su extensión, equivalentes a 1,8 millones de hectáreas. Jorge Brito, investigador de mamíferos y anfibios en el Instituto Nacional de Biodiversidad de Ecuador (Inabio), cree que para 2021 la situación del Chocó seguirá siendo compleja y “no solo para el 2021, sino para el 2022 y el 2023 por la fuerte presión de la frontera agrícola o porque muchas de estas zonas han sido concesionadas para la minería”.
Los expertos aseguran que la afectación se reflejará en la contaminación del agua, la reducción de los bosques y en la pérdida de especies, “de las vidas que ni siquiera hemos logrado inventariar. Mucha de esta vida posiblemente desaparecerá con la pérdida de estos bosques”, dice Brito.
Nathalia Bonilla comenta que “el bosque del Chocó corre un inminente peligro de deforestación para dar paso a la palma aceitera”. Según dice, esta actividad se ha hecho más intensa desde hace siete meses, cuando la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley de Palma que regula las actividades económicas alrededor de la cadena de extracción, producción y comercialización de aceite de palma. Esta ley contempla ubicar sembríos dentro de zonas de protección hídrica, lo que preocupa a expertos y comunidades pues, además de la contaminación del agua, se darían fuertes procesos de deforestación y destrucción de suelos productivos.
Bonilla es pesimista y cree que para el 2021 la situación del Chocó ecuatoriano no solo será complicada. Según menciona, el Chocó ecuatoriano es uno de los ecosistemas que se perderá en los próximos diez años. En Acción Ecológica creen que la situación es complicada porque “no hay la voluntad del Estado para protegerlo. Estamos viendo cómo se tratan de extraer todos los recursos con la intensidad más grande y dejando contaminación”.
4. La reactivación económica más allá de la minería y el petróleo
El 7 de febrero de 2021 los ecuatorianos elegirán un nuevo gobierno. Los nuevos presidente y vicepresidente le podrían dar un nuevo rumbo al país en todos los sectores y el ambiental no es la excepción. Dentro de la lista de los 16 binomios presidenciales está Pedro Freile que propone fortalecer la economía del país con la explotación petrolera y se ha movido en el mundo de energía hidroeléctrica o el candidato presidencial Giovanny Andrade que es cercano al sector minero y actualmente es presidente de la Cámara Minera Ecuatoriano-Chilena. Andrade propone que impulsará la minería en un eventual gobierno suyo. También está el exprefecto de Azuay, Yaku Pérez, dirigente indígena y activista ambiental, que se ha centrado en la defensa del agua y recientemente participó en un pedido de Consulta Popular para frenar la minería en su provincia y defender el agua.
Al margen de las elecciones, Ecuador ya ha comprometido algunos de sus recursos no renovables. De hecho, el país tiene compromisos con China. En 2016 Petroecuador y el Banco de Desarrollo Chino (CDB) acordaron la entrega de 181 millones de barriles de petróleo de los que ya se han entregado 73 millones. La segunda entrega comenzará en octubre de 2021 e irá hasta 2024. El economista Andrés Albuja, miembro del Foro de Economía y Finanzas Públicas del Ecuador, dice que durante décadas el país ha dependido de recursos provenientes de la extracción de petróleo y minerales y “eso no ha traído una mejora en el desarrollo del país. Y eso sin hablar del punto de vista ambiental”.
Benito Bonilla, miembro de la fundación ecologista Pachamama, dice que para el próximo año es evidente que la reactivación económica va a estar alrededor de la profundización del extractivismo porque “ha sido la manera histórica más fácil de llenar las arcas fiscales”.
Albuja, por su parte, agrega que la extracción de recursos naturales “ha sido sinónimo de corrupción y el dinero ha ido a parar a los bolsillos de los políticos de turno”. Según dice, el próximo año, y el próximo gobierno, podría apostar a la exportación de otras materias primas como atún, banano, brócoli, banano y café y a invertir en la producción para satisfacer la demanda interna del país.
En un pedido de información hecho por Mongabay Latam, el Ministerio de Ambiente y Agua asegura que, para 2021, impulsará bioemprendimientos como una estrategia de conservación y desarrollo. El documento dice que en octubre de 2020, el Ministerio suscribió el Pacto Nacional por la Bioeconomía Sostenible para la “transición hacia un sistema económico sostenible, socialmente inclusivo, competitivo y resiliente”.
El economista Albuja es escéptico ante esta respuesta. “Más bien hay que ver cómo salir de la dependencia que tenemos al petróleo y eso tomará al menos unos 10, 15 o 20 años, pero a corto plazo seguiremos dependiendo de ingresos petroleros”, agrega.
Benito Bonilla cree que el 2021 va a ser un año muy complejo en términos ambientales porque las empresas y el Estado van a tratar de simplificar procesos legales y con eso vulnerar derechos como el de consulta previa. “Eso se contrapone con una visión de derechos humanos colectivos”, recalca.
5. Cuidado con la operación de las hidroeléctricas
En febrero de 2020 desapareció la cascada San Rafael, de 150 metros de altura, ubicada entre las provincias amazónicas de Sucumbíos y Napo. Las autoridades dijeron que el hecho fue un fenómeno natural pero, cuando se construyó la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair a pocos kilómetros de la caída de agua y se inauguró en el 2016, expertos temían que esa construcción redujera el caudal del río Coca. La desaparición de la cascada fue el inicio visible de un proceso acelerado de erosión del río que provocó, entre el 7 y 8 de abril de 2020, la rotura del Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).
Tiempo atrás, antes de que el OCP entrara en operación en 2003, expertos advirtieron que la zona era de alto riesgo, un área sísmica con frecuentes deslizamientos de tierra y propensa a erupciones del volcán Reventador.
Lo cierto es que durante 2020 la erosión regresiva del río Coca no ha parado y, según los expertos, continuará en el 2021. Según el ecólogo Jorge Celi, PhD y director del Laboratorio Nacional de Referencia del Agua y Director de la Cátedra Unesco en Manejo de Aguas Dulces Tropicales de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, “esto pasa por hacer grandes obras en sitios inadecuados y sin calcular cuánta energía necesitamos en el país”. Celi dice que no está mal generar energía, pero se debe hacer de forma correcta y planificada. Además, le preocupa que la erosión intensa y acelerada del río Coca pueda llegar a Coca Codo Sinclair y termine afectándola.
La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP), empresa pública encargada de las hidroeléctricas del país, en respuesta a un pedido de información de Mongabay Latam, manifestó que entre 2020, 2021 y 2022 a través de la Comisión Ejecutora Río Coca conformada para estudiar, mitigar, controlar y remediar los efectos de la erosión del río, realizará una inversión de más de 124 millones de dólares para estudios y diseño, construcción de obras como diques bajo el cauce del río, compra de equipos y gastos administrativos.
Sin embargo, lo que pueda ocurrir con Coca Codo Sinclair, dado el avance de la erosión del río Coca, no es la única preocupación que genera el sector hidroeléctrico en Ecuador. Actualmente, el proyecto San José del Tambo, en la provincia de Bolívar, también representa un riesgo ambiental que viene creciendo desde hace casi siete años.
La historia de Hidrotambo, como también se le conoce, empezó en 2005 cuando recibió la licencia ambiental para su construcción, instalación y operación de 8 megavatios de potencia. Entró en funcionamiento en 2014 y tan solo un año más tarde, la hidroeléctrica hizo que el curso del río Dulcepamba cambiara “y eso ocasionó un desastre”, dice Celi.
En 2015, las obras de captación de la hidroeléctrica provocaron una inundación en la comunidad San Pablo de Amalí, en el cantón Chillanes, en la provincia de Bolívar, donde fallecieron tres personas y se destruyeron varias hectáreas de fincas, según un comunicado de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).
La inundación no fue el único problema de este proyecto. Una investigación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) dice que a Hidrotambo le concesionaron la mayor parte del agua del río Dulcepamba que provee de agua a más de 70 comunidades cercanas. En julio de 2019, la entonces Secretaría del Agua le ordenó a la hidroeléctrica que redujera el funcionamiento en las épocas secas para no afectar a las comunidades.
Eduardo Gonzales, abogado de Hidrotambo, dice que la empresa presentó una reclamación administrativa de nulidad, pero que en septiembre de 2020, el Ministerio de Ambiente y Agua no la aceptó. Gonzales asegura que enseguida presentaron otra petición y hasta hoy está pendiente. Esto significa que la orden de la entonces Secretaría del Agua no ha entrado en vigencia, “por lo tanto, no existe incumplimiento por parte de Hidrotambo”. Sin embargo, en octubre de 2020 la Defensoría del Pueblo visitó la zona y verificó que Hidrotambo no ha cumplido con esa disposición.
Jorge Celi explica que son casi 3 kilómetros en los que el cauce del río está modificado e inestable. Eso sucedió, dice el experto, por un fenómeno humano, no por uno natural. Para Celi, una de las principales afectaciones de esa modificación es que se impide la migración de peces que vienen desde la Costa hacia los Andes. “Ya no pueden usar ese tramo porque está seco, no tienen esa fuente de comida que tenían antes”, destaca el ecólogo.
Que el río Dulcepamba vuelva a su cauce natural podría tomar décadas pero es difícil que esto ocurra mientras la hidroeléctrica permanezca ahí. Para 2021, Celi cree que los responsables del proyecto deben hacer una reestructuración del caudal: diseñar una estrategia de cómo debería estar el río para que no haya más impactos en las comunidades y menciona que no está seguro de que eso sea económicamente factible, “porque las reparaciones cuestan más que la represa”.
Por otro lado, para el experto, el Dulcepamba no es el único río afectado porque problemas como estos siempre suceden cuando hay construcción de hidroeléctricas. Recuerda, por ejemplo, el proyecto Hidroeléctrico Piatúa, en el río del mismo nombre y que va hacia la provincia de Napo, que fue suspendido por un juez en 2019 debido a deficiencias de los estudios presentados por la empresa Genefran S.A. y por afectaciones a los modos de vida de los indígenas kichwa de Santa Clara.
*Imagen principal: Los guardaparques son los más afectados con la reestructuración que vive el Ministerio de Ambiente y Agua. Foto: Asociación de Guardaparques del Ecuador (AGE).
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