Según expertos y organizaciones internacionales, una de las grandes amenazas que sufren los defensores de derechos humanos y ambientales en América Latina es el acoso judicial por su labor.
La organización Frontline Defenders asegura que, excluyendo asesinatos, el 40 % de los defensores que sufren violaciones a sus derechos son aquellos que protegen recursos como la tierra, el bosque y el agua.
Las consecuencias de estos procesos judiciales impactan en su vida económica, familiar, comunitaria e incluso en su libertad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que los responsables de esta criminalización son entidades públicas y empresas privadas.
Imagen principal: Marcha en caso Arauca. Foto: Dixon Torres.
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