- El 2022 será un año decisivo para la defensa y futuro de los parques nacionales, entre ellos El Ávila y el Archipiélago Los Roques, que enfrentan el avance y presión de los proyectos inmobiliarios impulsados por el propio Estado.
- Defender el arbolado urbano, reforestar e impulsar una agenda de adaptación y mitigación ante el cambio climático son algunas de las tareas que han asumido los ciudadanos, ante la inacción y desdén del poder Ejecutivo y los gobiernos locales.
- Científicos e integrantes de organizaciones no gubernamentales coinciden en que entre los desafíos están el obligar al propio Estado a cumplir las normativas ambientales, pero también trabajar para que la sociedad identifique que la degradación de los recursos naturales tiene consecuencias en su cotidianidad y en las generaciones futuras.
Las asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales vinculadas a temas ambientales parecieran haber llegado a un punto de hartazgo con respecto a las exigencias que hacen ante el Estado venezolano. Es precisamente desde el Poder Ejecutivo —tanto nacional como local— de donde provienen los permisos y hasta los proyectos que atentan contra los parques nacionales, alientan la economía extractivista o eliminan el arbolado urbano. Por eso, los desafíos ambientales de 2022 vienen con la impronta de una ciudadanía activa que busca impedir más daños a los recursos naturales de Venezuela.
En Caracas se deberán unir esfuerzos contra una promesa presidencial que amenaza al principal e icónico pulmón vegetal de la capital venezolana: el Parque Nacional El Ávila, donde Nicolás Maduro pretende erigir una “ciudad comunal” que va a tono con el proyecto de Ley de Ciudades Comunales que se discute en la Asamblea Nacional. Según este instrumento, esa ‘ciudad’ no es más que la articulación de las comunas que ya existen en la zona de Galipán, una de las pocas áreas pobladas del parque, pero ambientalistas y defensores de derechos humanos apuntan a que así se favorecerá a quienes buscan levantar más construcciones en el lugar. A esto se suma que está todavía en evaluación la modificación del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de este parque, en el que podrían aceptarse nuevos asentamientos y actividades prohibidas como el ciclismo.
En el interior venezolano, donde los derrames petroleros continúan, la clave será seguir informando para ejercer presión sobre las instituciones que deben actuar ante un problema que afectará a las generaciones futuras. Lo mismo aplica para el Parque Nacional Archipiélago Los Roques, donde se levantan nuevas edificaciones que violan las normativas y atentan contra los delicados ecosistemas de esta área protegida.
Estos son los desafíos ambientales de 2022 en Venezuela.
Este artículo es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y Runrun.es de Venezuela.
1.Resistir e insistir en Los Roques
Desde 2019, distintos frentes han denunciado el levantamiento de nuevas construcciones en el Parque Nacional Archipiélago Los Roques en áreas no permitidas y con diseños que violan lo establecido en las normativas vigentes. La pandemia no fue excusa para que estas edificaciones se retrasaran. Durante los 10 meses en los que este territorio estuvo completamente confinado, las únicas vías para arribar fueron los vuelos y embarcaciones oficiales y así, de acuerdo con habitantes de la zona, llegaron los materiales necesarios para que estas operaciones no se detuvieran. Muestra de ello es que un hotel, de los varios que se construyen, está cerca de ser inaugurado. Las otras construcciones privadas han seguido su avance y están casi terminadas.
“El problema con estas construcciones es de fondo y tiene que ver con la violación de la zonificación del parque nacional. Al lado de la pista de aterrizaje (donde están las nuevas estructuras) no se podía construir nada, ni siquiera algo ecoamigable. No es un asunto de diseño, ni de impacto visual, sino de la lógica del ordenamiento del uso del espacio”, reclamó José Ramón Delgado, oceanógrafo, director de la Fundación Caribe Sur y miembro venezolano de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
El experto explicó que para hacer cualquier construcción dentro de Los Roques debía cumplirse con dos pasos: el primero, referido a la ocupación del territorio, contempla que todo lo que se planee debe ser en concordancia con el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) y con una aprobación del Instituto Nacional de Parques (Inparques), que es la autoridad en el lugar. El segundo es mostrar todos los detalles de la construcción en cuanto a forma y dimensiones, y un estudio de impacto ambiental que certifique que el proyecto será realizado con la menor intervención posible a la naturaleza. Esto también debe tener la aprobación de Inparques. A pesar de que las construcciones no se hicieron en concordancia con el PORU, provocaron la tala de mangle y pusieron en riesgo los frágiles ecosistemas de la zona, todo siguió adelante.
“El problema apunta a un solapamiento de las autoridades. En el pasado hubo una autoridad única de área, luego se impusieron las figuras de varias autoridades y ahora (desde 2011) tienen un jefe del Territorio Insular, que es algo militar. Eso evidencia un conflicto de poderes y el que tiene mayor poder es el que hace cumplir su deseo. Pero es un parque nacional y hay que respetar lo que dice la norma”, recalcó Delgado.
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El oceanógrafo subrayó que la lejanía de Los Roques con respecto a la costa (a 176 kilómetros al norte de Caracas) impide que se pueda hacer una vigilancia ambiental efectiva, sobre todo ante el supuesto “movimiento de construcciones de posadas” en los cayos, que también prohíbe el PORU.
Ante todas estas amenazas contra el parque nacional, el experto insistió en que la resistencia a estas construcciones debe hacerse desde el apego a las normativas. Aseguró que ya hay denuncias de estos hechos ante el Ministerio Público, pero ningún fiscal ambiental ha actuado para detenerlas. Queda, entonces, continuar la labor de alertar e informar a la población sobre lo que sucede, y presionar a las instituciones para evitar más daños ambientales.
Delgado recordó el proyecto en el que la fundación que representa ha insistido durante años: la creación de un corredor ecológico marino transfronterizo que comprenda los espacios marítimos de Venezuela (tanto insulares como continentales) y de Países Bajos (Curazao y Bonaire) y proteja la alta biodiversidad de la zona y su buen estado de conservación. Esto, como instancia internacional, limitaría el avance de este tipo de proyectos.
“Este corredor refuerza los lazos entre ambos países y genera un espacio de conservación dentro de un esquema de conectividad ecológica. Además, posee un importante potencial para ser incluido en la Lista del Patrimonio Mundial Natural de la UNESCO, lo cual sería un paso significativo hacia la sostenibilidad de esta ecorregión”, señala un documento que explica la importancia de esta iniciativa.
“Pareciera que las personas se olvidan que para disfrutar de Los Roques, tal como está ahora, se necesitó un esfuerzo muy largo de horas hombre, dinero, capacitación, de estudio, no fue un capricho. Los Roques se convirtió en parque nacional porque era un lugar donde la pesca no estaba regulada y podía poner en peligro esa cuna de recursos. Luego entraron variables como el turismo y se acordó que todo debía estar supeditado al PORU que se aprobó en 1991”, rememoró. La insistencia de las denuncias públicas es la vía que queda para evitar cualquier avance.
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2.Derrames petroleros como problema generacional
La falta de mantenimiento de las instalaciones petroleras en una industria en declive como la venezolana ha traído como consecuencia que los derrames de hidrocarburos, tanto en el Lago de Maracaibo como en las costas, sean una constante que poco impacto genera en la opinión pública. Sin embargo, hay quienes como el biólogo marino Eduardo Klein, confían en que mientras más información tengan los ciudadanos sobre los impactos de estas fugas, más fuerte será la presión sobre los organismos que deben actuar y no lo hacen.
“Aquí hay un problema estructural. El causante principal de los derrames es la industria petrolera que está bajo el control del Estado y todas las instituciones (ministerios, institutos ambientales) que, de alguna manera, deben vigilar las operaciones de esta industria también están sometidas a la políticas del Estado. Entonces, no hay un contrapeso de organizaciones gubernamentales que te ayude a solventar ese problema”, afirmó Klein, quien también es profesor universitario y coordinador del Centro de Biodiversidad Marina de la Universidad Simón Bolívar (USB). “Básicamente, todo el mundo está alineado en no hacer nada en relación con los derrames”, lamentó.
Pese al desaliento, el experto valoró el trabajo de organizaciones no gubernamentales y de la prensa nacional que insiste en denunciar la ocurrencia de estos eventos. “Eso hay que mantenerlo, hay que identificar a los actores más involucrados en el tema de los derrames y mantener el nivel de información de la gente al día, porque no contamos con información oficial”, puntualizó.
El biólogo consideró que “bombardear a la sociedad con información más detallada posible” sobre los derrames es una alternativa para hacer que, cada vez más, las instituciones responsables actúen en pro de evitar los vertidos. Se trata, dijo, de una presión externa debido a que la interna no ha sido efectiva.
En esa comunicación, advirtió al experto, siempre se debe destacar la gravedad de los derrames. “Hay que mantener la conciencia de la gente, no es un problema más sino un problema serio. La contaminación y la continua afectación del ambiente es un problema generacional. Eso no nos está afectando solamente a nosotros sino que va a afectar a tus hijos, porque el efecto del ambiente va a ser tan duradero que tus hijos son quienes van a encontrar un ambiente deteriorado como consecuencia de estos derrames”, acotó.
Esa información, además, sirve como insumo para varias organizaciones no gubernamentales que llevan un monitoreo de los vertidos y pueden actuar ante instancias internacionales, valiéndose no solo de la perspectiva ambiental sino de los derechos humanos ambientales que son violentados con estas fugas que no se detienen y que, incluso si se paran ahora, tardarán años en resolverse. “Es un problema enorme del país y presión enorme del ambiente marino en Venezuela”, insistió Klein.
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3.La defensa del Ávila
Hay dos amenazas que se ciernen sobre el Parque Nacional El Ávila, la gran montaña verde al norte de Caracas: que el ciclismo, actividad prohibida hasta ahora dentro de sus lides, se legalice; y que se construya una “ciudad comunal” en ese territorio, tal como lo anunció el presidente de la república, Nicolás Maduro, en una alocución televisada, sin que se dieran más detalles sobre ese plan. En el pasado, las acciones ciudadanas han detenido el avance de ciertas actividades. En 2022, está por verse si estas surten o no efecto.
“Creo que todos los ciudadanos, caraqueños o no, tenemos que manifestarnos, al menos con la duda, para saber cuál es el impacto de ciertas actividades en el parque nacional. Debemos estar alertas, manifestarnos, defender la constitución y las leyes que preservan este ambiente”, afirmó Alejandro Luy, director de la ONG ambientalista Tierra Viva.
Para el biólogo es fundamental que se respete el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) de esta área protegida y que se sepa que todavía está vigente, a pesar de que durante el primer semestre de 2021 se realizaron una serie de charlas y talleres con el fin de hacer modificaciones a esta normativa. El nuevo PORU continúa en evaluación.
Luy insistió en que hay dos instituciones que, desde el Estado, tienen responsabilidades sobre estas amenazas y pueden actuar: el Ministerio Público, a través de los fiscales especializados en Defensa Ambiental, y el Instituto Nacional de Parques (Inparques), que al ser el encargado de la administración del parque, también debe garantizar la seguridad y el orden dentro del mismo.
“El Estado debe velar por el cumplimiento de la Constitución de la República y las leyes. Los organismos del Ejecutivo deben ser técnicos y no ideológicos para que, en el marco de lo que establecen las leyes, respeten los fines para los cuales crearon los parques nacionales. No es otra cosa lo que ambas partes tenemos que pedir. El manejo técnico con el que se les puede explicar a los ciclistas por qué no se puede hacer ciclismo en el Ávila, también funciona para indicar al Ejecutivo por qué no se puede construir una ciudad”, apuntó Luy.
El experto insiste en que, a pesar de que hasta ahora ha ocurrido lo contrario, lo que se debe esperar es que quienes están detrás de la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Ecosocialismo o Inparques defiendan los lineamientos legales basados en criterios técnicos. “Para el manejo ambiental de Venezuela, lo primero que debemos recuperar es una institucionalidad ambiental donde la movilización de los principales actores del Estado esté fundamentada en lo que dicen las leyes, no en excepciones, no en quién manda más”, recalcó.
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4.Sociedad civil contra el cambio climático
El informe presentado por el Estado venezolano en la más reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2021 (COP26) recibió duras críticas por parte de la comunidad científica venezolana que vio en este documento una serie de “contribuciones” que no fueron tales.
“El documento que actualiza la Contribución Nacionalmente Determinada (CND) de Venezuela, se define en el marco de una política nacional de ‘acción para el empoderamiento climático’ que, en realidad, no toma medidas hacia una transición justa para superar el modelo de desarrollo. Las contribuciones presentadas se orientan a la ‘remediación’ de algunos de los impactos del extractivismo depredador, reconocidos en el documento, presentando falsas soluciones como una supuesta ‘ecologización’ de la política minera, o la revitalización o mantenimiento de proyectos prácticamente inexistentes o que no se encuentran activos, como el parque eólico de Paraguaná, mientras persiste la insistencia con la ampliación de la explotación del carbón en el norte del estado Zulia”, dice el artículo “COP26 de Glasgow y el rol de Venezuela ante la crisis climática: un balance crítico”, publicado por el Observatorio de Ecología Política de Venezuela.
Además, la delegación venezolana “no suscribió el acuerdo para frenar la deforestación y la degradación de los bosques globales, ni tampoco el del impulso para salir del carbón, ni el de reducción de emisiones de metano, así como tampoco fijó la fecha para alcanzar el ‘cero neto’ de emisiones, quedándose así al margen de los pocos acuerdos contraídos en esta COP”, añade la nota.
Pero hay quienes no esperan al Estado para actuar contra el cambio climático. Por esa razón, una veintena de organizaciones no gubernamentales, universidades e instituciones académicas se unieron durante 2021 en la Alianza para la Acción Climática Venezuela, a fin de articular acciones contra este problema y buscar en 2022 “incidir en la agenda de adaptación y mitigación ante la emergencia climática del país”.
Consciente de que la sociedad civil no sustituye al Estado, la Alianza se propone desde la realización de estudios e investigaciones, hasta acciones dirigidas a la “incidencia, formación y comunicación sobre el cambio climático”, indicó Antonio De Lisio, investigador, geógrafo y presidente del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (Invesp), una de las organizaciones que forma parte del grupo.
“Para 2022, vamos a trabajar en esas áreas para fortalecer las posiciones de la sociedad civil venezolana en esta materia porque, hasta ahora, el cambio climático lo ve como una cuestión que todavía no es parte de su cotidianidad cuando sí lo es”, sentenció De Lisio. “Se piensa, por ejemplo, que el problema del suministro del agua en Venezuela es porque no hay mantenimiento de las tuberías. Y es cierto que no lo hay, pero también hay un problema de deforestación. En una evaluación que hicimos en 2019 identificamos que hay 30 kilómetros cuadrados que están alrededor de 100 represas en Venezuela donde hace falta mejorar la cobertura vegetal”, detalló.
Para De Lisio, el retroceso en la gestión ambiental que existe en el país se manifiesta también en un rezago en el cambio climático. El investigador apuntó que la reciente adición de la Alianza a la Climate Action Network de América Latina (CANLA) —una red global de organizaciones no gubernamentales que trabajan contra las causas y efectos nocivos del cambio climático—, les ayudará a incidir en una agenda mundial en la cual Venezuela es un estado ausente.
Parte de las actividades de la Alianza se centran en incidir, a través de redes sociales, en el público joven. Pero próximamente ejecutarán procesos de educación no formal y otras acciones que persiguen crear conciencia sobre la disminución de los gases de efecto invernadero vinculadas a hábitos y sistemas de producción.
La Alianza está conformada por las organizaciones Acción Campesina, CIDIAT ULA, CISP, Clima 21 Ambiente y DDHH, Colectivo de Montañismo Ecológico Tatuy, Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica, Escuela de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería UCV, Dirección de Sustentabilidad Ambiental de la UCAB, Foro para el Estudio del Cambio Climático de la Universidad de Los Andes (FECC-ULA), Todos por el Futuro Universidad Nacional Experimental del Táchira, Fundación Desarrollo Sustentable de Venezuela, Fundación Tierra Viva, Grupo Social CESAP, INVESP, Más acciones más planeta y Provita. La intención, afirmó De Lisio, es que en 2022 esta red sea cada vez más robusta y más amplia.
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5.Por una Caracas reforestada
El sábado 27 de noviembre de 2021 ocurrió un hecho inédito en Caracas: decenas de ciudadanos se reunieron para manifestarse y marchar en favor de los árboles que, durante los últimos meses, habían sido mutilados o eliminados del paisaje urbano por orden de las alcaldías que componen el Área Metropolitana de la capital venezolana.
Antes de comenzar la caminata, uno de los convocantes tomó un megáfono para leer un documento: “Casi a diario el sonido de la motosierra nos perturba cerca de casa o desde el altavoz del celular denunciando una nueva tala en algún lugar de la ciudad. Suele ser este ruido feroz un alerta que nos conmina a defender nuestros árboles, pero hasta ahora un paso atrás de los perpetradores que, en grosera exhibición de poder, nos convierten en espectadores de lo irreversible: la tala, el desmoche, la poda severa, la desfiguración, la ridiculización del árbol”, pronunció José “Cheo” Carvajal, periodista, activista y director de la asociación civil Ciudad Laboratorio @ciudlab.
Él mismo aseguró a Mongabay Latam que la eliminación de árboles sucede porque ninguna institución protege a la vegetación urbana y los gobiernos locales solo responden a las demandas de vecinos, comercios e inmobiliarias sin hacer evaluaciones pertinentes.
De esa crítica, poco después, vino un llamado a la acción. “Si nosotros los ciudadanos no ponemos una parte de nuestros esfuerzos en el fortalecimiento de las instituciones que deben proteger nuestros árboles a escala local, estatal y nacional, si no desarrollamos una acción pedagógica sostenida, en todos los ámbitos posibles, pero sobre todo en las escuelas, poco lograremos reforestando la ciudad, pues de antemano todos los árboles que sembremos quedarán bajo sospecha y amenaza”, leyó Carvajal.
Con la lectura de ese manifiesto se presentó públicamente “Plantados”, una plataforma/ coalición de organizaciones ciudadanas en defensa de los árboles de Caracas que lidera Carvajal y que desde ese momento señaló cuáles serían sus actividades concretas para frenar las talas indiscriminadas. La primera es la contención ciudadana y el monitoreo de los árboles, que requerirá el fortalecimiento y ampliación constante de una red que pueda revisar y registrar la situación del arbolado.
Como segunda meta está una reforestación planificada con árboles que, en principio, sean mantenidos en viveros hasta que tengan una altura y fortaleza adecuada para ser plantados sin correr riesgos.
“Ese tipo de cosas las queremos hacer los ciudadanos. El grupo ecológico San Pedro tiene su vivero. Nosotros, como Ciudad Laboratorio, tenemos también un año preparando un vivero y hay otras organizaciones que están en lo mismo y queremos ver cómo ampliar esto como una gran red y ver dónde están las oportunidades y ver cómo podemos empezar a sembrar. Lo ideal es hacerlo de la mano de las instituciones, porque se supone que las alcaldías deben monitorearlo. Pero si estas no están disponibles para ello, tendrán que ser los ciudadanos acompañados de un saber, que afortunadamente lo hay y está reunido en esta plataforma, para hacerlo de manera correcta”, explicó el activista.
La tercera acción será la pedagógica, dirigida tanto a instituciones como a comunidades para que comprendan no solo la importancia y beneficios de un arbolado sano sino también su mantenimiento y cuidado que evite su derribo. Y la cuarta: la presión estratégica para que las instituciones recuperen y asuman su rol de protección del arbolado urbano con miras a una política integral de sostenibilidad. La intención del grupo es discutir los programas y planes de poda y reforestación con los alcaldes y los concejos municipales.
* Imagen principal: Área del Parque Los Roques afectada por construcciones. Foto: Lorena Meléndez G.
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