- La empresa procesadora de aceite de palma opera con tres permisos otorgados por la autoridad ambiental; dos están bajo investigación y otro le generó una multa.
Incumplimiento en informes y normas ambientales, operaciones con permisos vencidos, contaminación de agua y aire, así como una posible afectación a la población de manatíes antillanos (Trichechus Manatus) de la ciénaga de Paredes, enmarcan la existencia de Oro Rojo, empresa extractora de aceite de palma en Colombia.
En estos tres puntos clave te explicamos el conflicto que ha alertado a las comunidades locales y científicas, documentado en una investigación de la Alianza periodística Tras las huellas de la palma.
¿Qué es Oro Rojo?
Es una empresa dedicada a la extracción de aceite de palma desde 2013 en Colombia. Su planta está ubicada cerca de la ciénaga de Paredes, uno de los complejos hídricos de la cuenca del río Magdalena que están cada vez más contaminados y donde está en riesgo la salud de las poblaciones de manatíes antillanos, especie en Peligro crítico.
La Corporación Autónoma de Santander (CAS) —una de las autoridades ambientales del departamento de Santander, en el nororiente de Colombia—, le otorgó tres permisos ambientales, sin embargo, dos de ellos —vertimiento de aguas residuales y concesión de aguas— están bajo investigación, mientras que el de emisiones atmosféricas obtuvo una multa por más de 27 000 dólares.
Oro Rojo no pertenece a Indupalma —el gigante pionero en la industria palmera colombiana— pero sí le presta sus servicios. Ambas empresas pertenecen al grupo Gutt-Haime, emporio industrial colombiano que se dedica a la producción de grasas, aceites comestibles, jabones y detergentes.
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¿Qué problemas está ocasionando?
En junio de 2016, una inspección de la CAS detectó, por tercera ocasión en dos años, que desde la extractora de aceite de palma Oro Rojo salían residuos tóxicos hacia el Caño 41, uno de los afluentes que nutre a la quebrada La Gómez que, a su vez, llega a la ciénaga de Paredes, en la cuenca media del río Magdalena.
La ciénaga es el hábitat del manatí antillano, especie de la que se han reportado siete animales muertos entre 2010 y 2021, un número alarmante considerando que solo se han contabilizado 28 manatíes en esa zona. Las causas de muerte no son claras, por lo que los especialistas que trabajan en su investigación no pueden atribuírselas únicamente a esta empresa, sino a un cúmulo de factores que también la incluyen.
“Esto no se debe a una sola industria. Yo sé que los cultivos de palma son supremamente grandes alrededor de la ciénaga de Paredes, pero también hay que tener en cuenta que hay minería, ganadería con sus agroquímicos y agricultura con sus pesticidas y metales pesados. Todos aportan”, afirmó Katherine Arévalo, bióloga que participó en una investigación sobre la calidad del agua en los sitios donde los manatíes se alimentan y reproducen en la ciénaga.
La experta señaló que estos mamíferos acuáticos son una especie sombrilla, por lo que al protegerlas se garantiza la conservación de otras especies de flora y fauna. Además, los manatíes se consideran una especie centinela, pues tienen una relación tan estrecha con el ecosistema en el que viven, que su salud refleja lo que pasa a su alrededor.
Un estudio más reciente del equipo de científicos determinó que el agua está cada vez más contaminada, con un exceso de elementos químicos como bario, cobre y níquel. Por esto, Arévalo insistió en la urgencia de un trabajo conjunto entre todas las industrias de la zona y que las autoridades ambientales vigilen fuertemente para hacer cumplir las normativas.
¿En qué estado se encuentran las investigaciones en su contra?
De los tres procesos que tiene la extractora Oro Rojo, solo uno llegó hasta la última instancia: el de los gases que emite la caldera que convierte el agua en vapor y que, en su proceso, produce una ceniza de palma que puede contaminar el aire. Tras una serie de incumplimientos relacionados con la entrega de informes sobre posibles afectaciones o contaminaciones, así como por operar sin el permiso de emisiones atmosféricas vigente, la CAS inició una investigación el 1 de septiembre de 2016 y ordenó la suspensión de la caldera.
Menos de un año después, se formularon cargos contra Oro Rojo y, el 1 de enero de 2019, se declaró responsable a la extractora. El 10 de agosto de 2020, la CAS la multó con 106 millones de pesos (cerca de 27 400 dólares), sin embargo, según Diana Triana, funcionaria de la autoridad ambiental, subsanaron la sanción y de nuevo tienen permiso de emisiones atmosféricas.
Otras dos investigaciones —que iniciaron hace siete años y están relacionadas a temas de agua— siguen abiertas y sin avance. La CAS no ha acusado formalmente a Oro Rojo por el descargue de aguas contaminadas al Caño 41 y tampoco informó sobre cuándo lo hará, por lo que no hay sanciones ni suspensión de sus operaciones y esta continúa operando en impunidad.
Lee la investigación completa aquí
**Ilustración de portada de Kipu Visual para Mongabay Latam.
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