- El líder indígena del pueblo miskito narra a Mongabay Latam las presiones que viven los nueve pueblos originarios de Honduras en la defensa del territorio: la minería y tala ilegales, así como la ganadería expansiva, están arraigadas.
Donaldo Allen González recuerda que La Mosquitia solía ser un sitio olvidado que nadie quería visitar en Honduras. Sin embargo, desde hace unos 30 años, su riqueza en biodiversidad —mar, bosques, sistemas lagunares— se convirtió en blanco de numerosas personas que encontraron en este territorio espacio para acaparar y explotar los recursos que son propiedad de los pueblos indígenas. Estas mismas tierras han sido destruidas y deforestadas por el narcotráfico que ha convertido a la selva en un corredor crucial para el paso de droga, con pistas clandestinas, fincas y ‘narcolaboratorios’.
“Lamentablemente, hoy en día no quieren salir de aquí”, afirma el presidente de la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), que agrupa y representa a nueve pueblos indígenas y afrodescendientes. “Este es el último paraíso del país, la última joya, la zona donde todavía hay un hábitat social funcional, con una gran cantidad de recursos, donde miro volar los pájaros y donde se puede pescar cualquier especie de manera natural”, explica.
Ahora el pueblo miskito encabeza una lucha contra el acaparamiento ilegal de las tierras y la expansión de la frontera agropecuaria. Aunque es un reclamo histórico, recientemente el gobierno hondureño ha desplegado una operación militar para retirar a quienes invaden el territorio indígena, situación que ha desencadenado amenazas contra los habitantes. “Este flagelo —que existe hace unos 20 o 25 años— ha sido bien difícil de controlar. Hoy tenemos recursos todavía, por eso los celamos”, afirma el líder indígena miskito.
Mongabay Latam conversó con Donaldo Allen González sobre la lucha de los pueblos originarios hondureños contra el acaparamiento de las tierras, la minería, tala y la ganadería extensiva.
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—¿Cuáles son las principales problemáticas que han detectado en los territorios indígenas hondureños y de qué forma han afectado a las comunidades?
—Honduras es suscriptor del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Desde 1995 se aprobó esa ley para proteger, supuestamente, a los pueblos indígenas en todos los ámbitos que conciernen a sus derechos. Sin embargo, no se está dando cumplimiento de este acuerdo. Específicamente, una de las preocupaciones es el deterioro y acaparamiento ilegal de las tierras que históricamente hemos vivido. Lamentablemente, muchos pueblos se están quedando sin sus recursos, sin tierra. Se han realizado varias acciones de manera inconsulta en contra de los pueblos indígenas en Honduras.
Una de nuestras acciones firmes y fuertes es estar exigiendo al Estado el respeto sobre los recursos y señalando el acaparamiento de manera inadecuada, sobre todo, por la explotación minera, la explotación de nuestro recurso maderable y la ganadería extensiva en el departamento de Gracias a Dios, el cual yo represento como miskito.
Lamentablemente, hoy en día, el Estado de Honduras ha irrespetado los derechos de los pueblos indígenas, y los terceros —que nosotros llamamos ‘ladinos’—, se están empoderando de manera inadecuada y realizando grandes deforestaciones en este vasto territorio que ya está titulado a favor de los pueblos indígenas que históricamente vivimos en La Mosquitia hondureña.
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—¿La titulación del territorio se logró en su totalidad? ¿Ha habido voluntad política del Estado para reconocerlo?
—Este territorio está titulado de manera correcta a favor de los pueblos, para los 12 consejos territoriales, desde el 2016. Son 1.6 millones de hectáreas, es decir, todo el departamento de Gracias a Dios. Pero nos entregaron el título sin hacer un saneamiento [procedimiento técnico-jurídico para regularizar la propiedad de tierras] y, en ese sentido, hemos estado exigiendo al Estado de Honduras su aplicabilidad desde la óptica y las necesidades de los pueblos indígenas que habitamos La Mosquitia, porque, desde el momento que nos entregó sin saneamiento, los terceros siguen acaparando sin respetar el título que hemos logrado.
Cabe mencionar que el saneamiento ha comenzado en La Mosquitia, pero hay resistencia de terceros que han acaparado las tierras y todos los reclamos que estamos haciendo prácticamente están quedando en vano. La titulación de tierras, solo en La Mosquitia hondureña, se ha dado para cuatro pueblos: los garífunas, miskitos, tawahka y pech. Estos pueblos contamos con nuestro propio idioma, nuestra propia lengua, nuestra propia cultura y cosmovisión, sin embargo, va en deterioro porque hay una presión de terceros que vienen del interior del país.
—¿Qué tipo de actividad criminal han detectado en los territorios indígenas de Honduras y qué impactos tiene en la gente y sus comunidades?
—Yo no puedo hablar de criminalidad, pero sí hay mucha presión para los pueblos. Ha habido algunos asesinatos, supuestamente por otros asuntos, pero la raíz es el tema de tierra. Por otro lado, el Estado de Honduras recién está poniendo mano dura después de tanta queja de los pueblos, de las organizaciones indígenas y de la sociedad hondureña en contra de este flagelo de la toma de los territorios indígenas sin consulta.
Todas las sociedades han estado muy molestas y ya no solo los pueblos indígenas estamos reclamando. Estoy recibiendo algunas preocupaciones desde las comunidades, porque los terceros —que el Gobierno está presionando a través de las Fuerzas Armadas— están viendo como los que estamos denunciando somos los pueblos indígenas y ellos, antes de retirarse, están tomando represalias contra la población indígena y la dirigencia.
Me han comentado que hay más de 400 hombres de las Fuerzas Armadas para contrarrestar esta situación que se está dando, eso da lugar para que haya una presión contra las organizaciones y los pueblos indígenas que prácticamente estamos a la merced de Dios, porque nosotros estamos por tierra como a 20 horas de Tegucigalpa.
No hay presencia de la Secretaría de Medio Ambiente en La Mosquitia, no hay representación de la Fiscalía de Etnias: todo está concentrado a nivel de Tegucigalpa. Hay que hacer un cambio sustancial, se debe tener representación de estas entidades en La Mosquitia para que la información llegue a fluir de estas instancias representativas del gobierno.
—En materia de organización política, ¿cómo ha servido contar con la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), que usted preside, para la defensa del territorio? ¿En qué medida son escuchados por el gobierno?
—Las comunidades están reclamando derechos y están totalmente organizados defendiendo su territorio: tienen guarda recursos, tienen consejos comunales, están organizados en más de 500 comunidades, se reúnen para crear una política en cuanto al manejo de sus recursos, pero la infiltración de los terceros o los acaparadores es de manera inconsulta y, si hay que matar, ellos están dispuestos a hacerlo para lograr el acaparamiento ilegal. Grandes bosques vírgenes se están acaparando para ganadería y otras actividades, para lo cual el gobierno, de una u otra forma, ha tomado consideración y, en estas últimas semanas, están haciendo acto de presencia para hacer un acompañamiento a los pueblos indígenas que habitamos La Mosquitia.
Por esa situación, nos están viendo como los malos de la película, por los terceros, porque la Fuerza Armada está diciendo a través del gobierno que deben de desalojarse, eso no les está gustando y siento que puede haber mayor represalia, pero estamos listos para aguantar la presión. En mi condición de presidente a nivel nacional, yo estoy hablando de La Mosquitia, pero esta situación se está dando a nivel de todos los nueve pueblos que habitamos en los 17 departamentos de Honduras. Hay pueblos que han perdido todo, hay pueblos que casi no tienen nada, hay algunos pueblos que todavía cuentan con territorios y nuestra labor como CONPAH es hacer acompañamiento a todos estos pueblos.
—Existen numerosos casos de defensores de la tierra asesinados y comunidades indígenas desplazadas por la violencia y proyectos extractivos en Latinoamérica, ¿cómo estos hechos de persecución, desaparición y muerte han afectado a su territorio y a la gente?
Un ejemplo es el caso de la muerte de Berta Cáceres. Es horrible: hay amenazas a diario. A mí me han llamado para amenazarme, que debía de retirarme de un sitio donde estuve porque iban a asesinarme. Después calculé que era solo intimidación, para que nos resistamos, para que no digamos nada. Aquí ha habido muchos asesinatos, por ejemplo, en el pueblo tolupán, cada rato caen líderes, también en el pueblo chortí y el pueblo garífuna… son un sinnúmero de situaciones que se están dando. Tenemos que tener precaución, pero estamos a la deriva y por la gracia de Dios.
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—¿Qué significa ser líder indígena en este contexto? ¿Cómo es vivir bajo amenaza y criminalización y ver a otras compañeras y compañeros pasando por lo mismo?
—Hasta ahora, repito, el Gobierno está poniendo presión, pero por hacerlo a través del Ejército, también somos amenazados porque dicen que somos los informantes. También hay personas de los mismos pueblos que te venden. Hay gente que por unos dólares más, te vende. Hay una presión bárbara, fuerte. Pero cuando uno se tira en este tipo de cosas, independientemente de lo que pase, pues estamos metidos en el marco de lo que establece la causa de mi pueblo, que es mi causa. Es bastante difícil. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo por defender los recursos y los territorios que históricamente nuestros ancestros nos han heredado. Yo no tengo la varita mágica para decir cuál debe ser la forma de protegernos, porque protección no tenemos.
El gobierno reconoce a CONPAH como una organización indígena a nivel nacional y nuestra voz se escucha, pero que tengamos con qué defendernos y decir: ‘este es el ejército indígena’, no hay. El que se mete en esto, está sabido de que hay que hacer un esfuerzo, nada más. Hay países que están peor que Honduras, como El Salvador. Cuando tenemos reuniones a nivel centroamericano, con el Consejo Indígena de Centro América (CICA), analizamos este tipo de situaciones y una de las acciones que hacemos permanentemente es la denuncia en contra del gobierno, en contra de los terratenientes, en contra de poblaciones no indígenas.
En fin, estamos haciendo lo posible y repito que, posiblemente, el reclamo está haciendo eco en este momento para que el gobierno tome consideración en buscarle salida, porque todos los acaparamientos son ilegales, no hay nada legal porque los territorios de los pueblos indígenas es donde están los últimos vestigios de bosques. El gobierno está comprometido en buscar alternativas y está diciendo: ‘ok, tenían razón los pueblos’.
Este gobierno apenas tiene tres meses, siento que podemos tener alguna acción más positiva, pero definitivamente tiene que escucharnos y tiene que reunirnos con los actores. Hay que recordar que hubo 12 años de dictadura y con el tema de la pandemia, los pueblos nos encerramos en nuestras comunidades y los terceros aprovecharon para hacer lo peor, porque nadie podía salir, entonces a ellos sí les valió, se incursionó en nuestros territorios para hacer y deshacer mientras nosotros estamos en casa escondidos.
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—¿Qué significa para usted la palabra “territorio”?
Desde mi punto de vista, la palabra territorio o territorialidad, es una porción de tierra que pertenece a una cantidad de personas que históricamente han usado. Esa área contiene lagunas, ríos, mar, zona costera, con recursos naturales… pero yo salgo y me interrelacionó con una área de muchos más ecosistemas que contiene. Yo puedo salir de aquí y hacer 15 horas de viaje en el río para ir a sembrar. Entonces, la territorialidad va más allá. Es válido y nadie me tiene que decir nada; para mí, eso es territorialidad.
Aquí no se ocupa el alambrado, sino que se dice: ‘esto es de mi abuelo’, pero ahora hay necesidad de decir que nos han cambiado esta territorialidad o esta cultura por la presencia de los terceros que han venido a cambiar un poco la idiosincrasia de este pueblo.
Nos sentimos orgullosos de defender esta naturaleza. La Mosquitia es de los pueblos indígenas. Algunos ya murieron, otros todavía vivimos, pero la preocupación fuerte que tenemos es que la mayoría no han nacido. Por eso nuestro deber es proteger y conservar, para que nuestras futuras generaciones, nuestros nietos y nuestros tataranietos, se den cuenta qué es lo que dejaron sus abuelos y abuelas, así como lo dejaron nuestros abuelos, en su momento, antes de morir.
*Imagen principal: Donaldo Allen durante el IX Congreso Territorial Mesoamericano, en Panamá. Foto: Elvis Antonio Greham
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