- La comunidad indígena embera karambá de Quinchía lleva 13 años resistiéndose a la exploración y explotación minera de oro a gran escala.
- Pese a que se desconoció su presencia omitiendo el derecho a la consulta previa, sus lideresas han recibido amenazas anónimas y el proyecto minero sigue avanzando en el municipio, su defensa por el agua, el territorio y el mismo oro no se detiene y no se detendrá, en sus palabras, “hasta que el sol se apague”.
(Este reportaje de La cola de rata es parte del Especial Tierra de Resistentes que puede ser visitado aquí)
Edith Lucía Taborda Guevara es una mujer inquieta, de cabello oscuro, crespo y caminar suave, pero si fuera una palabra sería fuerza. Sin importar a quién se dirija, su voz retumba histriónica. Es gobernadora mayor de la parcialidad indígena embera karambá, una comunidad que forma parte del pueblo embera chamí desde hace 11 años.
Para los indígenas embera karambá el territorio no se vende, ni se negocia. En su cosmovisión, el agua es un bien común que les permite avanzar, fluir. “Así haya muchas cosas, si no hay agua, no hay vida, no hay naturaleza, no estaríamos nosotros”, manifiesta Edith Lucía. Mientras el oro es la sangre que corre por las venas de la madre tierra: “La vida del territorio, la armonía, el oro es necesario donde está y por eso vemos muchas desarmonías en los territorios, en los lugares donde se perfora”, agrega.
En Quinchía siempre han convivido la vocación agrícola con la minera, exactamente artesanal, que hoy practican tanto indígenas como mestizos. Los indígenas no se niegan a esta forma de minería, aunque Edith Lucía reconoce que también es una manera de desangre “de a poquito”, justificable cuando se hace “no solamente por sacar y atesorar, sino por lo menos (para) que haya un mínimo vital para cada familia”. “Con esa práctica que han hecho durante muchísimo tiempo, muchos años, muchas décadas, vemos que seguimos sobreviviendo y seguimos perviviendo, y siguen comiendo y están ahí, hay naturaleza. Pero si ya entra un proyecto de extractivismo a gran escala, a cielo abierto o subterráneo, pues obviamente se va a acabar con absolutamente todo”, explica.
La gobernadora se refiere a la empresa minera que llegó en 2009 al municipio. Empezó llamándose Seafield S.A.S., propiedad de Seafield Resources Ltd., empresa canadiense. Lentamente, fue haciéndose lugar entre la Asociación de Mineros de Miraflores, que desde 1991 contaba con un título minero para la explotación subterránea de oro y plata.
Kevin Andrés Hernández Vargas, guardia indígena karambá y minero artesanal, menciona que “cuando llegó la empresa minera cogió a estos 38 socios y les dijeron que ellos no eran capaces de tener el título, que no tenían lo de los recursos para poder sostener el título, entonces que en ese caso ¿por qué no se lo vendían más bien a ellos? Y se les comenzaron a entrar, a enredarlos”. Así, Seafield logró la cesión parcial de derechos de esa cooperativa de pequeños mineros: 10 % en junio de 2010, 30 % más a enero de 2013. A noviembre de ese mismo año ya eran 100 % suyos los derechos y obligaciones de ese contrato en virtud de aporte.
Seafield S. A. S. pasó en 2016 a llamarse Miraflores Compañía Minera S.A.S., quedando bajo el control de la empresa matriz North Hill Colombia Inc., con sede en Road Town, capital de las Islas Vírgenes Británicas en el Caribe. Eso significa que está registrada en el mayor paraíso fiscal y la novena jurisdicción más opaca del mundo, según el índice de secreto financiero del Tax Justice Network, una ONG enfocada en denunciar la evasión fiscal, la opacidad financiera y los paraísos fiscales.
En el 2013, cuando tuvo el 100 % del título de los pequeños mineros y 10 contratos más de concesiones mineras en todo el municipio, Seafield recibió un crédito de la compañía RMB Australia Holdings Limited por 46,7 millones de dólares a cambio de una prenda minera: el derecho de explorar y explotar las concesiones como garantía del préstamo. En 2014, Seafield solo tenía deudas y poca capacidad financiera, por lo cual RMB asumió el control de la compañía.
Actualmente, Miraflores es filial de Los Cerros Limited (LCL), una compañía australiana de Metminco y Andes Resources Limited, dos empresas mineras de ese mismo país. Metminco igualmente recibió créditos de RMB Australia Holdings. Desde 2019, la minera Miraflores tiene calculada una reserva de oro por 0,84 millones de onzas en la vereda Miraflores, 1,3 millones de onzas en Tesorito (vereda Veracruz) y 0,46 millones de onzas en la vereda Dosquebradas: un total de 2,6 millones de onzas de oro en Quinchía. A eso se suma otro yacimiento de 54 gramos de oro por tonelada de mineral total extraído en Chuscal, que se explora en alianza con Anglo Gold Ashanti desde 2019.
En total, a 2022, la compañía minera Miraflores tiene 12 concesiones activas (minas en exploración o listas para explotación), tres terminadas o en proceso de liquidación y cuatro solicitudes en evaluación, que cubren en total 4861 hectáreas. Cuatro de las concesiones fueron cedidas por Anglo Gold Ashanti a Miraflores.
Exploraciones y explotaciones mineras rodean a Miraflores
En la entrada a la vereda Miraflores, un tubo de acueducto delgado cruza la vía por el cielo. A unos cuantos metros, una carpa grande ─de propiedad privada─ tiene el logo de la compañía minera que adoptó el nombre de la vereda, pese a que sus habitantes indígenas no quieren compartirla con ellos. La carpa cubre una plataforma de exploración: un planchón vasto por donde perforan la tierra con maquinaria pesada las 24 horas. Una cuadra más arriba hay un pozo para echar el lodo resultante de las exploraciones: es el tanque de cianuración. En una esquina, antes de llegar a la cancha de la vereda, hay una oficina y una camioneta Nissan blanca ronda cerca de la plataforma todo el día.
La compañía Miraflores está en fase de exploración en algunas concesiones; en otras ya terminaron y bien renunciaron a la concesión o están haciendo montaje para explotar. Las exploraciones en Veracruz, aledaña a Miraflores, se hicieron cerca a guaduales ─parte del bosque seco tropical─, al menos un cauce y casas. Por donde pasaron las plataformas quedaron, como tumbas, placas de cemento numeradas, atravesadas verticalmente por tubos PVC.
El título de Miraflores cuenta con un Plan de manejo ambiental aprobado por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) que según la compañía minera “fue tramitado por otra empresa”, aunque en el registro de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aparece a nombre de Miraflores S.A.S. La minera explicó a La Cola de la Rata “que ese documento no se utiliza para ninguna actividad en este momento”, debido a que en la actualidad “nuestra empresa no está realizando ningún tipo de trabajo en el yacimiento, diferente de los estudios de viabilidad técnica y ambiental para el futuro proyecto”.
En 2013 ya habían explorado en Miraflores, uno de los lugares donde la compañía quiere pasar a explotar. Ante la Agencia Nacional de Minería, la compañía ha registrado como gran minería únicamente ese título minero; los demás los reporta para mediana (en ocho casos) y pequeña (en nueve), aunque cualquiera de estos proyectos podría crecer más adelante.
El problema es que nada más en Miraflores viven 141 indígenas karambá, de los 4902 de Quinchía. Siete de las concesiones de la compañía minera afectan 11 veredas donde habitan familias embera karambá.
Kevin, el guardia indígena, explica que a la población minera, campesina, mestiza y hasta indígena, la compañía minera les ha “prometido (…) indemnización, pensión, proyectos productivos” y la mayor bandera: trabajo. Por eso, “los que están a favor dicen que por culpa de nosotros no les han podido cumplir” y, en cambio, “cuando se reúnen con comunidad indígena y con asociaciones mineras (…) dicen que no tienen dinero para dar porque son una empresa muy pequeña”.
En la visión de la empresa, se centraron en relacionarse con los no indígenas por ser más numerosos. “La gran mayoría de los vecinos de la comunidad de Miraflores son comunidades no étnicas, entonces, de hecho, el relacionamiento principal de la compañía ha sido con las comunidades no étnicas, con la Junta de Acción Comunal de la vereda, con las asociaciones de usuarios de acueductos de las cinco veredas, digamos que están en la zona vecina a Miraflores”, explica Rafael Mateus, director de Portex, empresa encargada de las comunicaciones de la compañía Miraflores.
Mateus dice que desde 2016 la compañía ha socializado acuerdos con 193 mineros que trabajan en las minas artesanales de Miraflores, incluidas personas de la vereda. De ellos, 180 los han firmado, lo que significa una inversión “por el orden de los 6000 o 7000 millones de pesos [entre 1,5 y 1,7 millones de dólares]”.
Estas explicaciones las dio durante una videollamada del 11 de mayo que pidió para, en sus palabras, “contextualizar el trabajo de la compañía”, con el ánimo de que La Cola de Rata reformulara las preguntas que le había enviado a la gerente Catalina Cadena una semana antes. El segundo formulario fue respondido en junio. (Puede consultar las respuestas completas de Miraflores S.A.S. acá).
Las intimidaciones
La gobernadora karambá ve su labor de lideresa como un mandato de Dios “para creer, salvaguardar, proteger y velar por la madre tierra”. Se reconoce firme, aunque han existido “momentos en los que nos hemos sentido quebrantados”.
Cuenta que, finalizando 2012, mineros artesanales de la vereda Mápura se acercaron a la sede de la parcialidad indígena con la preocupación de no poder seguir haciendo minería de batea en el cauce entre la quebrada Aguas Claras y el río Mápura, que reciben las aguas del río Batero, como hace varias generaciones.
“En esos días, ellos veían que el agua bajaba blanca y se metían allá y de una salían con los pies quemados, con las manos quemadas, al hacerle el proceso de lavado de la batea”, dice Edith Lucía. “Entonces ya no podían meterse al río”.
Mineros e indígenas intuían que la sustancia que les causaba esa quemazón era un residuo de las perforaciones que tanto Seafield S.A.S. como otra compañía minera, venían haciendo en las partes altas, como parte de sus trabajos de exploración y explotación correspondiente. Para confirmarlo o descartarlo, solicitaron a la autoridad ambiental departamental (Carder) un estudio físico-químico del agua. En un primer momento su solicitud no fue atendida, pero, tras insistir, hubo una visita en 2013.
El día de la visita, cuenta la gobernadora, la funcionaria de la Carder y Taborda se encontraron en el centro poblado y se desplazaron hacia los puntos de inspección en una camioneta de la institución departamental. Al llegar a los puntos, la funcionaria le indicó que solo haría ─recuerda la gobernadora─ “una revisión ocular del terreno”, a lo que Edith Lucía contestó que “eso no servía para nada (…) sabiendo que lo que nosotros necesitábamos era saber qué era lo que estaba quemándoles los pies y las manos a nuestros compañeros”.
Minutos después, al celular de Edith Lucía llegó un mensaje:
“Ya vamos bajando con la gobernadora karambá”.
Taborda concluyó que el mensaje, en realidad, iba para alguien de la compañía minera. Intuyó que la Carder había avisado a la compañía de la supervisión.
Terminaron el recorrido en Mápura, donde se cruzaron con un antiguo docente de la Universidad Tecnológica de Pereira, quien en ese tiempo ya trabajaba con la empresa minera. Edith Lucía reiteró su descontento con que el análisis se hiciera a ojo, argumentando que las “trazas en el agua se quedaban por un tiempo si había verano, pero con el invierno se iban y ya no se encontraba nada” a simple vista. En un momento, el exdocente le recomendó que no fuera sola al territorio, recuerda Edith sobre ese día de 2013.
“Creo que lo dijo más que todo por ser buena gente, pero cuando uno dice las cosas es porque sabe que puede suceder algo feo (…) Yo tenía una guardia conmigo y ella puso la denuncia”, agrega la gobernadora.
Su preocupación se sumaba a que un año atrás, en 2012, había recibido una amenaza de muerte anónima a su teléfono, estaba recién posesionada en su mandato como gobernadora. En adelante, cuenta, ya no pudo desplazarse con frecuencia y seguridad por el territorio.
Instituciones del Estado colombiano confirman ese temor. La Defensoría del Pueblo registró el siguiente episodio:
“El 4 de mayo de 2019, aproximadamente a las 7:00 p. m., un hombre desconocido estuvo vigilando el frente de la casa de la gobernadora Edith Taborda en el corregimiento de Batero. El hombre, que se comunicaba permanentemente por celular y observaba constantemente a los integrantes de la familia de la gobernadora mayor, mirando hacia el interior de la vivienda. Estuvo ubicado frente al predio durante cerca de una (1) hora, luego se trasladó seis metros más arriba, en donde permaneció una (1) hora más. Los integrantes de la guardia indígena intentaron acceder al hombre para tratar de identificarlo, pero al percatarse de la presencia de la guardia, este se desplazó hacia la tienda, se devolvió y nuevamente llegó al mismo sitio. Finalmente, el hombre huyó entre los cultivos de café”.
En la misma alerta, la Defensoría detalló otras situaciones con actores armados, entre 2017 y 2019, que afectaron la movilidad o intimidaron a líderes campesinos, reclamantes de tierra, ambientalistas y “autoridades étnicas del pueblo indígena embera chamí del municipio de Quinchía que integran las parcialidades embera karambá y embera chamí de Quinchía y el resguardo Escopetera Pirza”.
En otros momentos, Edith Lucía ha evidenciado que la vigilan hombres desconocidos en motocicletas y drones que sobrevuelan su casa de noche. “Se entiende que no es un delito, pero es un seguimiento que le están haciendo a uno”, acota.
Recientemente, en 2021, recibió también otra amenaza de muerte por mensaje de texto. Esta vez sucedió después de haber acompañado el plantón contra la subida de maquinaria minera. Le escribieron que la iban a matar por sapa.
Debido a esas amenazas, la líder embera karambá tiene un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) del Gobierno nacional desde 2019. Sin embargo, dice sentir preocupación porque su esquema ha menguado.
La situación de su comunidad también preocupa. Desde 2016, mediante un informe de riesgo, la Defensoría recomendó que la UNP adoptara un programa de protección colectiva para las comunidades y autoridades indígenas de Quinchía.
En la alerta de 2019, la entidad refirió que “solo hasta abril de 2018 se activó la ruta de protección colectiva para la parcialidad embera karambá, y en noviembre de 2018 se realizó el taller de concertación de medidas”. En 2020, en un documento de seguimiento, enviado al Ministerio del Interior, advirtió que no había avances en la implementación, pese a que el 30 de agosto de 2019 el caso había pasado por el Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas (Cerrem) y que se había enviado la “propuesta diseñada por la UNP de la ruta de protección individual y de la ruta de protección colectiva, tanto a la Alcaldía de Quinchía como a la Gobernación de Risaralda”. Expresó su preocupación porque “no existe una respuesta oportuna por parte de las entidades cuando se trata de la protección de las comunidades indígenas”.
Buscado por esta alianza periodística para hablar de la participación de la alcaldía en los procesos relacionados con la comunidad indígena karambá, el alcalde de Quinchía, Absalón Trejos Arias, no ha respondido hasta el día de publicación de este reportaje.
Otros integrantes de la comunidad dicen que, aunque no han recibido amenazas directas como su gobernadora mayor, sí han sido objeto de intimidaciones. El guardia Kevin Hernández ha visto hombres afuera de su casa que preguntan por él sin nunca identificarse, así como ha recibido llamadas en las cuales le cuestionan dónde está, para dónde va y qué planes tiene, siempre de personas que no se identifican. “Es mejor andar como con cautela”, acota.
¿Qué sostiene a Edith Lucía Taborda en su defensa pese a estos escenarios? Ella dice que “el mismo amor por el territorio, por la madre naturaleza, por la familia, por la gente que aquí vive” y, ante todo, “la voluntad y el ánimo de poder dejarles a nuestras próximas generaciones algo bonito” porque “el territorio es lo más sagrado que tenemos”.
Estaban borrados del mapa del Ministerio del Interior
El 25 de abril de 2014, la sala penal del Tribunal Superior de Pereira notificó al Ministerio de Minas y Energía de una sentencia en primera instancia en respuesta a una tutela interpuesta contra la compañía minera Seafield S.A.S. por Edith Taborda y Luis Arley Guapacha, entonces gobernador de otra comunidad indígena ─embera chamí─ de Quinchía.
Las dos comunidades argumentaban que Seafield S.A.S. había vulnerado su derecho a la consulta previa, libre e informada al realizar acciones de exploración, con las cuales, según ellos, había afectado a familias karambá en Miraflores y familias chamí en Limón, Santa María y El Naranjal.
La empresa minera se defendió manifestando que sus actuaciones se alineaban con la normatividad nacional. En su defensa, argumentó que en 2012 el entonces representante legal de Seafield S. A. S., Giovanny Ortiz Ramos, había solicitado a la dirección de consulta previa del Ministerio del Interior una certificación sobre la presencia de comunidades étnicas en seis puntos de influencia de su título minero 010-87M.
La respuesta del Gobierno nacional, según indicó la empresa ante el tribunal, certificó que allí no existían comunidades o parcialidades indígenas. “No hay registro de resguardos constituidos, comunidades por fuera de resguardo, consejos comunitarios, adjudicación de títulos colectivos (…) ni se identifica presencia de otros grupos étnicos”, declaró la ingeniera topográfica Beatriz Leguizamón en la resolución 1952 de 2012 del ministerio.
Esa respuesta, sin embargo, contradecía otra información oficial del Estado colombiano. La parcialidad indígena embera karambá está reconocida por un concepto de 2007 del antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), que se encargaba de la gestión de tierras de minorías étnicas, mientras que la parcialidad embera chamí lo está desde 1997 (DET OFI6271). Por esta razón, en septiembre de 2013, el Ministerio del Interior debió emitir un nuevo concepto reconociendo la presencia de la comunidad indígena karambá en las coordenadas de trabajo de la compañía minera.
La tutela de los indígenas fue negada por improcedente, pero ─en la misma decisión─ los magistrados instaron a Seafield S.A.S. a que “en el menor tiempo posible, y si aún no lo ha hecho, proceda a solicitarle a la dirección de consulta previa del Ministerio del Interior realizar la consulta previa con los miembros de las parcialidades indígenas”. Y resaltaba a la comunidad karambá de Miraflores.
El Tribunal Superior de Risaralda insistió en que no había vulneración de la empresa ni del ministerio, “la primera porque inicialmente actuó amparada en una certificación que le decía que en el área de influencia del título minero 010-87M no existía presencia de comunidades indígenas, y la segunda porque, hasta la fecha, no le han solicitado que inicie el proceso de consulta”. Aun así, reiteró su orden: “Ello no quiere decir que la empresa accionada no deba realizar la consulta”.
Apenas en 2015, la compañía Miraflores inició los encuentros para la consulta previa con la comunidad embera karambá. Es decir, seis años después de haber empezado a explorar allí.
Rafael Mateus explica que esta se hizo necesaria porque, aunque en 2011 les dijeron que no había indígenas en la zona, “cuando empezamos a hacer el levantamiento de línea base social, nos dimos cuenta que ahí en Miraflores había unas familias que se autorreconocían como embera karambá”. “Se hizo todo el esfuerzo por parte de la empresa de llegar a acuerdos con ellos”, dice Mateus, y agrega que la consulta comenzó tanto con los embera chamí como con los embera karambá. Con los últimos, en todo caso, no hubo acuerdo.
El 2015 fue tenso. En la visión de los indígenas, la consulta se configuró como una disputa para que se aceptara, sí o sí, el proyecto minero. Para la gobernadora karambá, incluso los funcionarios públicos, en sus palabras, “no venían como garantes de este proceso” o “eran sumisos solamente a lo que la empresa dijera”, mientras que aquellos que “hablaban algo a favor de la comunidad (…) los hacían vetar y de una los sacaban del tema y mandaban otras personas”.
Eso motivó a que antes de la reunión final, Edith Lucía buscara la asesoría de organizaciones legales como Dejusticia, Tierra Digna y Podion, además de denunciar la cooptación de garantes ante la sede nacional de la Defensoría del Pueblo. Logró que confirmaran el acompañamiento de distintos delegados de las instituciones nacionales para el cierre de la consulta.
En septiembre se cerró una discusión técnica que giró en torno a cómo socializar los estudios de impacto ambiental y territorial que permitirían a la comunidad indígena tener información real sobre las afectaciones a su territorio para, posteriormente, decidir si aceptaban o no la explotación. La postura de los karambá fue que se hiciera en conjunto entre la empresa minera y la comunidad indígena, para lo cual propusieron una ruta metodológica de 14 meses que consistía en socializar los impactos, recolectar información para identificar las afectaciones ambientales, socioculturales, económico-productivas y político-organizativas y, por último, activar un “laboratorio de aguas para examinar las afectaciones actuales y posibles (futuras) de las fuentes de agua” que les permitiera elaborar un plan de mitigación, de acuerdo con el relato de Taborda. Las reuniones de la consulta se hicieron en el teatro de Quinchía.
Rafael Mateus indica que el proceso de preconsulta duró 17 meses y “se hizo todo el intento, primero para llegar a acordar la ruta metodológica, y no se logró”.
La compañía agregó que “la Dirección de Consulta Previa dio por cerrada la Consulta Sin Acuerdos, dando por garantizado el derecho para la comunidad y facultando a la empresa a continuar con su proceso exploratorio y de explotación para el título 010-87M y por lo tanto, la elaboración de los estudios necesarios para la solicitud de licenciamiento ambiental».
Al final, solo llegaron a la fase de preconsulta, en la que se expone el marco jurídico de la consulta previa. Kevin Hernández también recuerda que, al cierre, una funcionaria del Ministerio del Interior dijo: “Aquí no se llegó a ningún acuerdo, entonces esto se cierra y le doy permiso a la empresa de que trabaje, que haga lo que quieran, pero sin tocar lo de la comunidad indígena”.
El abogado Fernando Herrera explica que, en efecto, las consultas se pueden cerrar por varios motivos, incluyendo que hubiese acuerdos, que fuesen parciales ─es decir, que la comunidad autoriza el proyecto bajo ciertas condiciones─ o no hubiese acuerdos. En este último caso, argumenta, aplica el decreto 1397 de 1996, que dice que “ninguna obra, exploración, explotación o inversión podrá realizarse en territorio indígena sin la previa concertación con las autoridades indígenas, comunidades y sus organizaciones”, a lo que se suma que “no se podrá otorgar ninguna licencia ambiental sin los estudios de impacto económico, social y cultural sobre los pueblos o comunidades indígenas, los cuales harán parte de los estudios de impacto ambiental”.
“Si esos proyectos no son aprobados por la Asamblea de Autoridades, no son proyectos legales y lo que se exige ahí a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales es que no se les otorgue licencia ambiental”, dice Herrera.
“Lo que dice la institucionalidad es que la consulta previa se empareja con el proceso de licencia ambiental, pero como la exploración no tiene licencia ambiental, entonces comienzan a explorar sin consulta previa”, dice Julio Fierro Morales, geólogo que trabajó en temas mineros en la Contraloría de Sandra Morelli y que lidera la Corporación Terrae.
Por este tipo de escenarios, en Colombia se han emitido sentencias a favor de otras comunidades indígenas que han tutelado a entidades del Estado por prácticas arbitrarias que afectan su derecho a la consulta. En una de ellas, la Corte ha admitido que las afectaciones tanto de exploración como explotación pueden impactar el ambiente, la salud o la estructura social, económica y cultural de una comunidad indígena.
Rafael Mateus argumenta que “se le ha dado ya las garantías suficientes a la comunidad embera karambá para que ejerza su derecho fundamental de consulta previa”. Según su interpretación del convenio 169 de la OIT, la consulta previa “es la participación efectiva de las personas que puedan tener algún tipo de efecto, para que lo conozcan y participen y puedan acordar con el operador la manera en que se van a manejar los efectos”, pero, advierte, “no es una herramienta para oponerse”.
Después del fallido proceso de consulta, la compañía minera ha seguido haciendo mesas de concertación con mineros artesanales en las que invita a lideresas de la comunidad karambá. La más reciente se hizo en mayo de 2022. Edit Ladino, otra indígena karambá, explica que han asistido como oyentes, pero los karambá exigen que haya presencia del Ministerio del Interior y que, de cualquier manera, esas mesas no reemplazan el proceso de consulta.
La compañía respondió a esta alianza periodística que “el trámite de consulta previa en este caso ya se encuentra surtido”, pero que esto “no significa que el diálogo con esta comunidad esté cerrado por parte de la compañía». “Todo el equipo humano de nuestra compañía continúa presto a escuchar a la comunidad y tener un diálogo”, reiteró.
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«A Miraflores no pasarán»
“Ellos dicen que entran como sea al territorio, que así estemos nosotros de acuerdo o no, entran por encima del que sea, entonces nosotros siempre hemos salido cuando van a subir maquinaria, cuando van a hacer plataformas, cuando hacen estudios, siempre hemos salido a preguntarles ‘¿qué están haciendo o con permiso de quién?’”, indica Edit Ladino con la mirada firme.
La compañía minera ha tenido un especial interés en iniciar la explotación y hacer más exploraciones en Miraflores. Ha recurrido a la compra de tierras, algunas con documentos que soportan la tenencia (como 33,333 % del lote El Oro), otras no; ha impuesto actos administrativos contra los mineros artesanales ante la Agencia Nacional de Minería; ha instaurado querellas contra los líderes y lideresas indígenas karambá de la vereda y ha enviado personal para adelantar labores de investigación o exploración aun sin consulta previa o permiso.
Todo lo ha detenido la comunidad karambá con la convicción de que en su territorio son autónomos.
Rafael Mateus, de la compañía minera, justifica que sí “se ha tratado de mover maquinarias sin permiso de la comunidad embera karambá, primero (porque son) vías públicas y las vías públicas son de libre tránsito para todos los colombianos, incluyendo las empresas”. Aclara que “las actividades de exploración se han hecho en predios o de la empresa o de personas privadas que han permitido” y defiende que “no es como si fuera territorio colectivo. (…) Quienes son dueños de los predios actúan como personas naturales”. En conclusión, dice, solo deben tramitar permisos ante las entidades del Gobierno.
Recientemente, el concejal Rafael Molina les hizo una insinuación a Edit y Wilber. El 9 de mayo de 2022 los visitó en su casa indicando que podían garantizar trabajo a un hermano de Edit, quien previamente envió su hoja de vida a la compañía. En el audio de la visita se escucha cuando el concejal les dice: “Ella (Catalina Cadena) me les manda a decir que está muy interesada en que ustedes, que son los que manejan en Miraflores, le autoricen y le permitan a ella poder subir la máquina hasta ahí (lote Las Pilas) por 15 días”.
La compañía minera expone que “se siguen buscando canales de diálogo con los hermanos embera karambá de la vereda Miraflores para poder trasladar el taladro e iniciar los trabajos de perforación donde trabajarán personas de la vereda, como lo vienen haciendo en los demás lugares de perforación, recibiendo ingresos para ellos, ellas y sus familias”.
Al menos en tres ocasiones la compañía ha subido acompañada de la fuerza pública: en febrero de 2020, durante una visita de la Agencia Nacional de Minería (ANM) por un acto administrativo; en abril de 2021, cuando la compañía intentó subir maquinaria, y en octubre de 2021, durante otro intento por subir un taladro de perforación para exploraciones, asistieron agentes de la Policía, entre ellos, agentes antiexplosivos. En el acto administrativo de 2020 hubo presencia del Ejército, pese a que en el informe de la misma ANM dicen: “Durante la visita no se contó con acompañamiento de la Policía Nacional, se hicieron presentes algunas unidades del Ejército Nacional que tampoco acompañaron el recorrido”. En todos los casos, la presencia de la fuerza pública quedó registrada en fotografías recolectadas por la comunidad indígena.
Miraflores S.A.S. sostiene que durante el 2022 también “se ha intentado llevar un taladro”.
Albeiro reitera: “Nos ha tocado, como el dicho, pararnos duro para atajar esa maquinaria para no dejarlos subir acá (…). Estamos dispuestos a defender nuestro territorio”.
El 17 de febrero de 2021, cuando 50 guardias indígenas de la comunidad embera karambá pasaron la noche en medio de las montañas bajo la lluvia, la Agencia Nacional de Minería solicitó que debían dejar pasar a sus funcionarios a los lotes donde aplica el título minero 010-87M. Los indígenas se interpusieron en el camino obstruyendo las vías con el verde bosque de sus uniformes.
¿Su motivación? Está ligada al centro de sus creencias y valores. “Uno sigue luchando porque uno en lo espiritual y en lo de uno como indígena la prioridad es la madre tierra y para nosotros lo más importante es decir que donde nacimos ahí morimos”, sostiene Edit Ladino.
*Lea el reportaje completo en Tierra de Resistentes.
**Imagen principal: Guardia indígena desde las montañas de Miraflores, Quinchía, Risaralda, Colombia. / Fotografía: Sandra Bejarano Aguirre.
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