- Tres hechos de violencia han ocurrido en los últimos dos meses en las comunidades kakataibo de la región Huánuco.
- El jefe de Unipacuyacu fue amenazado y la profesora fue atacada en su domicilio, mientras que en la comunidad Mariscal Cáceres golpearon a un comunero.
La violencia no se detiene en las comunidades indígenas kakataibo de la Amazonía peruana. Dos hechos recientes y uno registrado hace dos meses demuestran, una vez más, la situación de amenaza y riesgo en la que viven estas poblaciones situadas en la provincia de Puerto Inca, en la región Huánuco.
El lunes 11 de julio, la profesora Karím Mogollón Vásquez, del colegio de primaria de la comunidad nativa kakataibo de Unipacuyacu —ubicada en el distrito de Codo del Pozuzo, provincia de Puerto Inca, región Huánuco— fue víctima de un intento de homicidio cuando un sujeto ingresó a su vivienda y trató de asfixiarla cuando se disponía a dormir. El hecho fue informado por Amazon Watch luego de que las autoridades comunales reportaran el ataque a esta organización y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).
Otro hecho de violencia ocurrió en junio, cuando un dirigente de la comunidad nativa kakataibo Mariscal Cáceres fue golpeado y amenazado de muerte por tres hombres. Esta agresión fue denunciada por la Federación de Comunidades Nativas Kakataibo (Fenacoka) mediante un comunicado publicado por Fenacoka el 16 de julio de 2022.
Y el último, registrado a mediados de mayo, tuvo como víctima al presidente de la comunidad Nativa de Unipacuyacu, Marcelino Tangoa, quien en conversación con Mongabay Latam indicó que tuvo que abandonar la comunidad luego de ser alertado sobre amenazas contra su integridad.
Estas situaciones de violencia coinciden, además, con el anuncio del gobierno para tomar acciones en favor de la titulación de la comunidad nativa Unipacuyacu y los operativos de erradicación de cultivos ilegales de coca en las comunidades kakataibo.
La comunidad de Unipacuyacu lleva casi tres décadas esperando que se concrete la titulación de su territorio de casi 23 mil hectáreas, mientras continúan las invasiones, el avance de las actividades ilegales, así como las agresiones y amenazas a quienes viven en este territorio indígena.
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Una titulación que no llega
«Es una comunidad que se encuentra acosada por el narcotráfico. Dentro del territorio de Unipacuyacu existen al menos cuatro caseríos creados ilegalmente y también existen por lo menos cuatro pistas de aterrizaje para narcovuelos. En ese contexto, los invasores del territorio comunal están intentando, a toda costa, desaparecer físicamente a sus miembros», señala Alvaro Másquez, abogado del área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Másquez explica así lo que esta ocurriendo en esta comunidad nativa acosada por el narcotráfico, con hechos de violencia que están obligando a líderes y pobladores a abandonar la comunidad. El antecedente más importante es abril de 2020, cuando fue asesinado el jefe de la comunidad, Arbildo Meléndez, quien se enfrentaba a los invasores del territorio indígena y a las mafias dedicadas al cultivo ilegal de coca.
Un reportaje de Mongabay Latam, publicado en octubre de 2021, ofrece un panorama de lo que ocurre en Unipacuyacu: invasión del territorio, narcotráfico y ausencia de seguridad jurídica.
Ahora, dos años después del asesinato del jefe de la comunidad, la violencia ha obligado nuevamente al nuevo líder a huir. «Llevo dos meses fuera de la comunidad debido a las amenazas. No tenemos garantías para quedarnos dentro», dice Marcelino Tangoa, presidente de la comunidad, en conversación telefónica con Mongabay Latam.
Tangoa cuenta que en el mes de mayo se debía realizar el proceso de georreferenciación para definir los límites de la comunidad. Correspondía al Gobierno Regional de Huánuco efectuar este procedimiento para continuar con la titulación de la comunidad, pero este aún no ha comenzado.
El 11 de mayo, en una reunión entre instituciones del gobierno liderado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y las organizaciones indígenas de la región, como parte de la implementación del Mecanismo multisectorial de protección de las personas defensoras de derechos humanos, se reafirmó el respaldo del gobierno para los líderes indígenas y los defensores de sus territorios, además que los representantes del gobierno ofrecieron tomar acciones con relación a la titulación de la comunidad.
En esa misma cita se llegó a un acuerdo entre la Federación Nativa de Comunidades Kakataibos (Fenacoka) y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) para que se pueda expulsar a los traficantes de drogas del territorio kakataibo.
Estas acciones habrían ocasionado que los habitantes de los caseríos, formados por invasores que llevan varios años establecidos dentro del territorio indígena, buscaran impedir la titulación. «Los colonos han sorprendido a la prefecta de Huánuco. Ellos han invadido nuestro territorio y están reclamando casi 11 mil hectáreas de nuestros bosques», reclama Tangoa.
La prefecta de Huánuco, Edith Ramírez Calero, dijo a Mongabay Latam que, en mayo de este año, los representantes de estos centros poblados entregaron un documento en su despacho a través del cual reclaman que los caseríos también sean titulados.
«Fuimos hasta Unipacuyacu porque hemos estado siguiendo el tema desde que el 23 de mayo presentaron el documento. Para la reunión se solicitó la presencia de la comunidad nativa, pero no asistieron. Sin la presencia de la parte agraviada o interesada no podemos hacer nada», comenta Ramírez sobre la cita a la que las autoridades de Unipacuyacu y de Fenacoka decidieron no asistir.
En una carta enviada a la prefectura de Huánuco, los líderes de la federación y de la comunidad nativa Unipacuyacu manifestaron que preferían «no establecer ningún diálogo con estos señores, toda vez que nosotros no consideramos que se deba abordar este tema como un ‘conflicto social’, según usted lo ha denominado, sino como una situación de invasión impune de un territorio indígena».
«Es ilegal crear centros poblados dentro del territorio que es propiedad de pueblos indígenas. Y me refiero a territorios indígenas con título de propiedad o con una solicitud pendiente de aprobación. Aquí lo que ocurre es la tragedia de la titulación, la comunidad lleva alrededor de 30 años esperando el título de propiedad y mientras no lo tiene esas tierras son aprovechadas de múltiples formas y casi todas criminales», dice Álvaro Másquez de IDL.
Hasta el momento no se ha dado ningún paso concreto en la titulación, señala Vladimir Pinto, representante de Amazon Watch en Perú. «Estamos pidiendo una nueva reunión con todos los involucrados para saber en qué plazo se cumpliría este acuerdo de la titulación pero, sinceramente, no parece que haya voluntad de parte de la autoridad regional», puntualiza Pinto.
Oscar Rodríguez Román, subgerente de Comunidades Nativas, Campesinas, Identidad Cultural y Poblaciones Vulnerables del Gobierno Regional de Huánuco, dijo a Mongabay Latam que los caseríos asentados en la comunidad nativa ocupan aproximadamente la mitad del territorio y que en estos espacios se han instalado colegios, campos agrícolas y ganaderos, entre otras construcciones.
«Son dos comunidades las que se deben titular: Unipacuyacu y Nueva Alianza de Honoria. Nuestra brigada está trabajando en Honoria donde no existe este problema. Pero en Unipacuyacu veo muy difícil la titulación por todo lo que está instalado allí», dice Rodríguez Román.
Sin embargo, un oficio enviado por la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco a la Fenacoka, el último 18 de julio, convoca a la federación indígena a «coordinar y tomar acuerdos para el inicio de actividades en la comunidad nativa de Unipacuyacu» como parte de los trabajos de titulación iniciados por el Proyecto Catastro Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú (PTRT3).
Comunidades cercadas por las amenazas
Los hechos de violencia tendrían como objetivo amedrentar a la comunidad para conseguir que detengan la titulación de Unipacuyacu, así lo explica Vladimir Pinto, de Amazon Watch en Perú, quien hace referencia al ataque a la docente.
«La profesora estaba trabajando para mejorar el colegio. En ese contexto ha sucedido este hecho», comenta Pinto. Una de estas mejoras sería la propuesta de que se construya un nuevo comedor para los alumnos.
El ataque se produjo en la noche. «Estaba en mi cama, mi puerta estaba cerrada, cuando vi una sombra. De pronto, vi una cabeza que se asomaba, pensé que era un niño cuando el hombre saltó y fue directo a agarrarme el cuello», cuenta Mogollón sobre lo sucedido en un audio enviado a los líderes comunales.
La profesora logró liberar uno de sus brazos y golpear con su celular al hombre que trataba de asfixiarla. Tras el forcejeo y los pedidos de auxilio, el atacante huyó del lugar. Quienes fueron para ayudar a Mogollón salieron en búsqueda del agresor, pero no lograron ubicarlo.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) indicó a Mongabay Latam que tras recibir la denuncia, se contactó con la profesora de Unipacuyacu y coordinó su acompañamiento y protección.
«La docente Karím Mogollón Vásquez ha presentado su denuncia por tentativa de homicidio en la Comisaría del Codo del Pozuzo. La Fiscalía ha dispuesto llevar a cabo las diligencias correspondientes, como el examen médico legal y la evaluación psicológica», señala la respuesta enviada a Mongabay Latam desde el Minjusdh.
Pinto menciona que las organizaciones civiles aliadas de las comunidades nativas han solicitado que se considere a toda la comunidad de Unipacuyacu como defensores en riesgo. «El mecanismo multisectorial plantea esta posibilidad de protección a sujetos individuales o colectivos. Entonces, teniendo a la comunidad en conjunto se puede pensar en otras medidas de protección como el respaldo policial permanente», precisa.
Las acciones de erradicación de cultivos ilegales de coca en las comunidades kakataibo de Puerto Inca, en Huánuco, también están causando hechos de violencia.
La agresión al comunero de Mariscal Cáceres tendría como causa esta acción de las autoridades. Según indicó la Federación Nativa de Comunidades Kakataibos (Fenacoka) en un comunicado del 16 de junio, los tres hombres que golpearon al comunero «lo obligaron a arrodillarse y le exigieron que revele la ubicación de los líderes que trajeron a la marina para erradicar [cultivos ilegales de coca], amenazándolo de muerte».
Este hecho ocurrió —indica el comunicado de Fenacoka— luego de que se realizaran operativos de erradicación de cultivos ilegales en las inmediaciones y territorios de las comunidades nativas de Mariscal Cáceres, Unipacuyacu, Yamino, Puerto Azul y Santa Martha, entre otras localidades en las cuencas de los ríos Aguaytía, San Alejandro y Sungaroyacu.
El documento también indica que los operativos se realizaron como respuesta a las constantes denuncias que han realizado organizaciones indígenas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y Fenacoka desde el 2019 por el crecimiento del narcotráfico en esta parte de la Amazonía de la región Huánuco.
«Las acciones de erradicación de cultivos de coca han sido importantes, pero tienen que ir acompañadas de una política de protección mucho mas consistente», comenta Pinto, de Amazon Watch. «Se debe identificar a quienes están amenazando a los líderes y a los pobladores. Tiene que haber un trabajo de inteligencia policial mucho más fuerte y una presencia del Estado que acompañe la erradicación, de lo contrario, lo que genera es una represalia como se está viendo».
Imagen principal: La comunidad nativa Unipacuyacu lleva casi 30 años esperando que se concrete su titulación. Foto: Christian Ugarte.
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