- El informe reconoce los aportes de los pueblos indígenas en materia de conservación de la biodiversidad, por lo que llama a los países a tomar en cuenta sus derechos, además de tomarlos como ejemplo e impulsar sus estrategias.
- Los pueblos indígenas gestionan la pesca, la recolección, la captura de animales terrestres y otros usos de especies silvestres en más de 38 millones de km² de tierra en 87 países. Se estima que el 15 % de los bosques mundiales son manejados como recursos comunitarios por los pueblos indígenas.
La Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) publicó un nuevo informe donde visibiliza que las contribuciones de los pueblos indígenas a la conservación de las especies silvestres no son un tema menor. El uso de estas por parte de las comunidades es fundamental para sus identidades, expresiones culturales y medios de subsistencia, señala el documento, por lo que también han contribuido a mantener poblaciones abundantes y saludables en sus territorios, bajo valores de respeto, reciprocidad y responsabilidad.
En el Informe de evaluación de la IPBES sobre el uso sostenible de las especies silvestres, publicado este 11 de julio, el organismo intergubernamental independiente —que buscar dotar de datos científicos respecto al estado de la biodiversidad del planeta a los tomadores de decisiones en los países— evalúa el uso sostenible de las especies silvestres poniendo el foco en las prácticas ambientales y contextos espaciales, comunidades humanas, políticas, sistemas de gobernanza e instituciones, considerando enfoques diversos que lleven a mejorar la sostenibilidad de sus usos “para reducir y eventualmente eliminar las acciones insostenibles e ilegales dentro de los ecosistemas”.
Para tal efecto, señala que la evidencia científica suele ser limitada y que el conocimiento indígena y de las comunidades locales es subutilizado y devaluado. Por ello, apunta que si bien existe un reconocimiento mundial sobre su importancia en la sostenibilidad del manejo de plantas, animales y hongos de todo el planeta, “las iniciativas de política nacional a menudo no les involucran en la toma de decisiones”, por lo que su inclusión en el desarrollo e implementación de políticas requiere “un compromiso sostenido y un reconocimiento a la autoridad de ambos sistemas [indígena y local] como autoritarios, pues al hacerlo pueden ser mutuamente beneficiosos”.
Entre los hallazgos obtenidos por 85 líderes científicos y sociales, así como poseedores de conocimientos indígenas y locales, tras cuatro años de trabajo, IPBES reconoce que, a nivel mundial, la deforestación es generalmente menor en territorios indígenas, en particular, donde hay seguridad en la tenencia de la tierra, continuidad del conocimiento y las lenguas, así como medios de vida alternativos.
Según IPBES, los pueblos indígenas manejan la pesca, la recolección, la captura de animales terrestres —incluida la caza— y prácticas no extractivas como la observación de especies silvestres como sus medios de subsistencia y economía en más de 38 millones de km² de tierra en 87 países, en un área que coincide con aproximadamente el 40 % de las zonas terrestres conservadas, incluidas muchas con alto valor de biodiversidad. Además, estima que el 15 % de los bosques mundiales son manejados como recursos comunitarios por los pueblos indígenas y las comunidades locales, mientras que la tala industrial se produce en más de una cuarta parte de los bosques del mundo.
La organización señala que dos tercios de la madera en rollo industrial a nivel global provienen de especies de árboles silvestres, mientras que el comercio de plantas, algas y hongos silvestres constituye una industria de miles de millones de dólares.
En cuanto a la vida acuática, el informe recoge que las estimaciones mundiales recientes indican que aproximadamente el 34 % de las poblaciones de peces silvestres marinas están en sobrepesca y que solo el 66 % se pesca dentro de niveles biológicamente sostenibles. Esta imagen global muestra fuertes diferencias, pues muchas de las pesquerías a pequeña escala evaluadas en el mundo se han considerado insostenibles o parcialmente sostenibles, especialmente en África para la pesca continental y marina, y en Asia, Latinoamérica y Europa para la pesca costera.
El informe también aborda el uso y el comercio ilícito de especies silvestres y sus autores concluyen que el comercio ilícito “constituye la tercera clase de comercio ilícito más importante, con valores anuales estimados de hasta 199 000 millones de dólares”. Así, la madera y los peces representan el mayor volumen y valor del comercio ilegal de especies silvestres.
IPBES reconoce que, cuando se ha respetado el derecho sobre las tierras de los pueblos indígenas y las comunidades locales y cuando se ha reducido la inseguridad de la tenencia o titulación existe “evidencia de mejoras en seguridad alimentaria y resultados positivos de conservación de las especies silvestres”.
Por ello, encuentra que “las políticas que apoyan los derechos de tenencia con seguridad, el acceso equitativo a la tierra, la pesca y los bosques, así como el alivio de la pobreza, crean condiciones favorables para el uso sostenible de las especies silvestres” y que deberían tomarse como ejemplo los periodos de descanso, prohibiciones espaciales y temporales de uso, y designación de áreas y especies de uso exclusivo por grupos de parentesco, es decir, especies relacionadas entre sí.
Las propuestas de los pueblos indígenas
Viviana Figueroa, especialista en conocimientos tradicionales, originaria del pueblo Omaguaca, en Argentina, y miembro del equipo del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad, quien trabajó en el proceso de diálogo con los autores del informe, sugiere que este documento “no quede en el escrito” y que los países deben traducir sus resultados a los ámbitos nacionales, pues en la actualidad eso no ocurre y, por el contrario, se ha criminalizado sistemáticamente a quienes defienden la naturaleza y el territorio.
“Hay países que persiguen a los indígenas. Incluso, en algunos casos, son penalizados, llevados a procesos judiciales por el uso de ciertos animales o plantas que están en peligro de extinción”, afirma Figueroa. “Pero no ha sido el uso de los pueblos indígenas lo que les ha puesto en peligro, sino la sobreexplotación comercial que se hace y que nada tiene que ver con la percepción de los pueblos indígenas”, resalta.
Figueroa señala que los principales planteamientos de los pueblos indígenas en este documento son: primero, que se reconozca su contribución real, efectiva y evidente en la conservación de la biodiversidad –que ahora está respaldada con estos estudios– y, segundo, que se reconozcan los derechos territoriales de los pueblos indígenas pues, en estos espacios, sin ser áreas protegidas, se conserva una gran diversidad de especies.
“El informe reconoce específicamente que las especies silvestres juegan un rol esencial para el buen vivir de los pueblos indígenas y que es importante también que haya un reconocimiento y un apoyo al trabajo y a la conservación que ellos hacen”, agrega la especialista.
Figueroa recuerda el informe de IPBES de 2019 y dice que poco ha cambiado desde aquella publicación. “Lamentablemente, como dice aquel informe, ‘las tierras de los pueblos indígenas son islas en un mar de devastación’ y eso hace que cada vez tengamos y suframos mayores presiones en la explotación y sobreexplotación de recursos naturales en nuestras tierras y territorios”, manifiesta.
Por ello, continuar su conservación es indispensable porque son parte de su identidad, cultura y desarrollo económico, “pero además son esenciales para la vida en la Tierra y esto no ha sido fácil. Hay muchos conflictos sucediendo en diferentes partes del mundo y lo que queremos es que la sociedad y los países entiendan que, para nosotros, la protección de la Madre Tierra es fundamental”, concluye.
Prioridad a la titulación de los territorios indígenas
Leví Sucre Romero, líder del pueblo indígena Bribri, de Costa Rica, y coordinador general de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), dice que esta organización de pueblos indígenas, desde Panamá hasta México, ha insistido desde hace muchos años en la necesidad de que se reconozca el conocimiento indígena sobre cómo se debe interactuar con la naturaleza para mantener un equilibrio.
“Entonces, me parece que las voces de los pueblos indígenas en estos espacios están teniendo eco y, curiosamente, tienen eco primero en la parte científica, pues son los científicos quienes empiezan a reconocer que el conocimiento de los pueblos indígenas es importante en el combate al cambio climático”, dice Sucre. “Ahora, la Plataforma de Biodiversidad ya empieza también a mostrarlo. Eso solamente es evidencia de lo que ya hemos venido diciendo nosotros desde hace mucho rato: las voces de nosotros sí tienen bases”, añade.
Sin embargo, Sucre coincide en que no basta solo con reconocerlo. “Ahora hay que entenderlo y comprenderlo para que se convierta en políticas, en iniciativas de leyes y derechos que consoliden ese conocimiento. Para nosotros no basta con que digan que los pueblos indígenas tienen conocimiento, sino que requerimos que en el futuro eso se convierta en acciones concretas en diferentes niveles”, sostiene.
Sucre puntualiza que estas deberán incluir el reconocimiento y legalización de tierras, la protección a los defensores de los territorios, la aplicación de la consulta previa, de inversiones directas y, sobre todo, dependerá de que el mundo técnico, científico y político comprenda exactamente qué es ese conocimiento y cómo funciona para poder generar acciones que sean contextualizadas y ajustadas a la cosmovisión de los pueblos.
Para el líder indígena, los países de América Latina –sobre todo en la región centroamericana– se encuentran en retroceso por la eliminación de los espacios de diálogo con los pueblos indígenas para generar políticas, para vigilar y discutir las acciones relacionadas al cambio climático y los derechos de la naturaleza y quienes la defienden.
“Nosotros somos los guardianes de los bosques, entonces, es urgente convertir este reconocimiento en acciones, porque la amenaza ante los bosques sigue y sigue fuerte. Me parece que estamos en retroceso y eso es muy preocupante”, concluye Sucre. Asegura que lo ha dicho varias veces e insiste en que lo seguirá repitiendo: “creo que hay una carrera desenfrenada de los políticos para recuperarse económicamente del impacto de la pandemia y no se dan cuenta que, precisamente, esa carrera desenfrenada puede generar más pandemias y eso es preocupante para nosotros”.
José Gregorio Díaz Mirabal, del pueblo indígena wakuenai kurripaco, en Venezuela, y coordinador general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), es enfático al decir que los acuerdos en los foros mundiales respecto a estos temas se han quedado en promesas.
“Ya vamos nuevamente a la COP27 [de cambio climático] –en la COP26 se hicieron muchas promesas que todavía no se han cumplido– y es muy lenta la burocracia del clima, de la biodiversidad… Son negociaciones donde están muy por encima los intereses de las empresas transnacionales, ya sean farmacéuticas, petroleras o mineras, al igual que los intereses de los gobiernos, en este caso, los de América Latina”.
Díaz Mirabal recuerda que, en los países de la cuenca amazónica, las políticas de desarrollo tienen como prioridad la explotación minera y petrolera, “con un 90 % de dependencia a estos recursos y sin un plan de desarrollo sustentable y sostenible que garantice la vida de la naturaleza y de los pueblos indígenas”.
Para él, la pandemia demostró lo abandonados que están los territorios indígenas, pero de allí sale el petróleo, sale el oro, salen los recursos y en eso no se ven los beneficios a los pueblos indígenas. “En el caso específico del Convenio de Diversidad Biológica, que ahora se va a China, los pueblos indígenas amazónicos estamos planteando la prioridad a la titulación de los territorios indígenas para seguir siendo los territorios mejor conservados del planeta y estamos diciendo que se debe parar la extinción de la biodiversidad, porque ya estamos en un punto de no retorno”.
Díaz Mirabal reitera que cualquier política o estrategia sobre la biodiversidad debe tomar en cuenta los conocimientos de los pueblos indígenas, así como sus propuestas en materia sanitaria, de autoalimentación y de autogobierno para coordinar las políticas ambientales.
“El grave problema es que estos informes no son tomados en cuenta en las políticas de desarrollo, sociales y económicas de los países o no son tomados en cuenta por los que toman la decisión de alto nivel: presidentes, ministros, empresas. Entonces, ese quizás sea el gran reto que tenemos ahora”, comenta.
Para Díaz Mirabal, la urgencia radica en la necesidad de un plan de implementación, pero para eso, antes se necesita “un diálogo directo y sincero con los pueblos indígenas y sus territorios, y allí nosotros tenemos grandes estrategias”. Una de ellas, según dice, tiene que ver con su autonomía alimentaria en los territorios, donde hay un gran conocimiento sobre las plantas y los alimentos. En segundo lugar está su autonomía sanitaria, es decir, “el tema de la terapia, del conocimiento sobre las plantas que curan, sobre nuestro sistema de protección de la salud”. Y, un tercer elemento, es su autogobierno territorial, “nosotros, con nuestra guardia territorial y con nuestras autoridades tradicionales, todavía podemos proteger y defender la biodiversidad, la naturaleza y el territorio”.
Pero para eso, agrega el coordinador de COICA, se necesita la titulación de más de 100 millones de hectáreas pendientes en la región amazónica, en una estrategia que los pueblos indígenas de la región han llamado ‘Amazonía por la vida’ y que se aprobó en el Congreso Mundial de Áreas Protegidas, para proteger a la Amazonía en un 80 %.
“Nosotros queremos exigir, queremos rogar que el foro de alto nivel donde se toman las decisiones en Naciones Unidas considere realmente nuestras propuestas y se pueda buscar un mecanismo de diálogo y negociación para la implementación”, dice Díaz Mirabal. “Si eso queda nuevamente en promesas, seguirá pasando lo que ya sabemos que pasa en nuestros países, como en Ecuador con el paro nacional, donde seguiremos exigiendo nuestros derechos desde la calle, desde los territorios. Ojalá que eso no pase… soñamos, aspiramos, a que se pueda llegar a un acuerdo”, concluye.
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Las conclusiones de IPBES
Finalmente, entre las conclusiones del informe, IPBES hace hincapié en la importancia de estrategias como las áreas protegidas, sin embargo, apunta que, para ser eficaces en la sostenibilidad del uso de especies silvestres, deben ser inclusivas con los pueblos indígenas, las comunidades locales y otras personas involucradas.
Además, las opciones políticas que reconozcan y apoyen múltiples formas de conocimiento y los procesos normativos que las protejan, mejorarán y reforzarán la sostenibilidad del uso de especies silvestres, siempre y cuando unan a científicos, pueblos indígenas, comunidades locales y otros actores relevantes en un proceso de coaprendizaje.
Finalmente, el informe apoya las medidas que garanticen “que los poseedores de conocimientos indígenas y locales tengan consentimiento libre, previo e informado y reciban beneficios del importante uso de su conocimiento”, para que, de esta manera, se evite el desplazamiento de los pueblos y comunidades, y que trabajen acciones que les empoderen, respeten sus derechos y promuevan el acceso a normas consuetudinarias fundamentales para el desarrollo de políticas.
*Imagen principal: Las principales demandas de los pueblos indígenas en el Perú son la titulación de sus territorios ancestrales y el respeto a su derecho a a la consulta previa. Fotografía: USAID.
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