- Si bien abogados aseguran en que las propuestas ambientales no fueron las que movilizaron el voto del rechazo, concuerdan en que temas como la propiedad de los derechos de agua generaron desconfianza entre pequeños productores.
- Según expertos consultados, un nuevo texto debería reparar en menos detalles y plantear grandes principios que le den al legislador herramientas para avanzar y al juez para resolver.
Luego que los chilenos rechazaran a través de un plebiscito el proyecto de nueva constitución que se les había presentando, la discusión actual está en cómo continuará el proceso, considerando que una mayoría indiscutible espera reemplazar la carta magna redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet. “Debemos trabajar con más empeño hasta llegar a una propuesta que dé confianza”, dijo el presidente Gabriel Boric.
Sin embargo, aunque los presidentes de los partidos políticos y jefes de bancadas, además de los presidentes de ambas cámaras del Congreso, habían anunciado el pasado lunes un acuerdo para dar continuidad al proceso constituyente, la derecha desmintió más tarde haber alcanzado un pacto por lo que aún no hay claridad sobre cómo se llevará a cabo la próxima convención. Además, la reunión entre partidos que había sido acordada para este jueves fue postergada para la próxima semana, luego de que la coalición de partidos de derecha, Chile Vamos, anunciara que no asistiría a la cita y solicitara que el Gobierno no participe en las conversaciones.
“Hay una gran preocupación de un sector importante en nuestra sociedad de que efectivamente vamos a poder superar el modelo de la constitución del ochenta”, dice la abogada constitucionalista Liliana Galdámez.
En entrevista con Mongabay Latam, abogados expertos en medio ambiente analizan cuál fue el rol que jugaron los aspectos ambientales de la propuesta rechazada a la hora de la votación y reflexionan acerca de cómo la protección de la naturaleza deberá ser planteada de cara a un próximo texto.
Las razones del rechazo
La propuesta de nueva constitución reconocía a Chile como un Estado ecológico, reconocía también los derechos de la naturaleza, planteaba un estatuto de aguas y fortalecía el rol del Estado para combatir la crisis climática, entre otras cosas.
Por eso, aunque el amplio triunfo del rechazo (un 62 %) fue un resultado inesperado para muchos, más lo fue el hecho de que comunas que se han convertido en emblemas de las causas ambientales en Chile, por tener graves problemas de contaminación y de escasez hídrica, rechazaran mayoritariamente la propuesta de constitución.
En las comunas de Quintero y Puchuncaví, por ejemplo, una zona considerada de sacrificio por reconocerse devastada ambientalmente debido a la alta concentración industrial, el rechazo ganó por un 58 % versus 41 % y por un 57 % versus 42 %, respectivamente. En Petorca, un lugar ícono de la crisis por el agua, donde las personas viven apenas con 20 litros diarios, el rechazó ganó por un 56 % versus un 43 %.
Según las fuentes consultadas por Mongabay Latam, las razones detrás de estos resultados no tienen que ver con las propuestas ambientales que presentaba el texto. Por el contrario, el medio ambiente “fue uno de los temas más promovidos y menos criticados (del texto)”, asegura Ezio Costa, director de la ONG Fima que representa jurídicamente a comunidades frente a conflictos socioambientales.
Ya desde antes del plebiscito de salida, la idea de un Estado plurinacional y un sistema de gobierno con un bicameralismo asimétrico se mostraban entren los principales puntos que generaban desconfianza. El primero porque, según dice la politóloga Pamela Poo, “se asoció con la división del país” y con la idea de que los pueblos originarios serían un grupo privilegiado creando “ciudadanos de primera y segunda clase”. El segundo porque al ser un sistema político nuevo, nunca antes probado, “mucha gente prefirió rechazar a arriesgar la estabilidad que el país tiene”.
Además, según explica Poo, la desinformación respecto asuntos vinculados con la propiedad también “calaron muy hondo”. Al respecto, la abogada constitucionalista, Liliana Galdámez, asegura que “las personas pensaron que (el proyecto) ponía en riesgo la propiedad sobre sus viviendas”.
Todo eso, sumado a otras razones vinculadas al mismo proceso constituyente como “declaraciones destempladas, rimbombantes y una gran confrontación quedaron flotando de alguna manera en el aire”, agrega la abogada.
Marcelo Castillo, quien fue el abogado de la campaña Patagonia sin Represas, un fuerte movimiento social que en 2017 logró detener un proyecto que buscaba la construcción de plantas hidroeléctricas en la Región de Aysén, si bien concuerda en que las propuestas ambientales no fueron las que movilizaron el voto del rechazo, asegura que influyeron en la desconfianza hacia el texto de nueva constitución. En su opinión, el principal problema provino de la propuesta de declarar las aguas como un bien común inapropiable lo que “generó un tremendo grado de incertidumbre”, asegura.
Esta propuesta, dice el abogado partidario del rechazo, “implicaba el fin de los derechos de agua” y en comunas como Petorca, por ejemplo, “los derechos de agua no solamente son de los grandes propietarios, de los grandes fundos y las grandes agrícolas. También hay campesinos que tienen pequeñas parcelas con derechos de agua y quieren que cuando sus hijos hereden la tierra también hereden el agua”, explica el experto.
Además, los pequeños propietarios utilizan su derecho de agua para pedir un préstamo en el banco que les permitirá, por ejemplo, realizar su actividad de agricultura, añade Galdámez.
“Quizás la forma en que se reguló los derechos de agua, que cambiaba a ser autorizaciones de uso, es una de las cosas que se van a tener que revisar muy bien”, dice Costa, porque “claramente hay algunos elementos como la posibilidad de transferir o de heredar los derechos de aprovechamiento que son muy valorados por las personas”, agrega.
En ese sentido, Galdámez siempre fue de la idea de que la constitución “deje reconocido el problema del agua y delegado en una comisión que, en un período largo y con mucha gobernanza, pueda elaborar una propuesta para resolverlo”. Sobre todo considerando que “el estatuto de los bienes comunes va asociado a un gran debate en la doctrina y en el campo internacional sobre qué son y cómo se gestiona su propiedad”, dice la abogada. “No creo que se pueda resolver así, ahora, en el texto de la Constitución”, sostiene.
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¿Qué viene para el futuro?
Que lo ambiental esté presente en una segunda propuesta de constitución es algo que todos esperan, sobre todo considerando que se trata de una preocupación que ha estado presente desde los primeros ensayos constitucionales realizados durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. “Lo ambiental, en los espacios de discusión, siempre ha estado en primer o segundo lugar de las preocupaciones de los chilenos”, asegura Ezio Costa.
La diferencia, esta vez, podría darse en la manera en la que se redacten esos asuntos. En opinión de Poo, “como participó mucha gente independiente (en la redacción del proyecto), que conoce las falencias que tiene la política chilena, se quiso subsanar (dichas falencias) tratando de colocar todos los temas dentro de la constitución”. En otras palabras, “la desconfianza de la ciudadanía en el sistema político” hizo que el texto quedara “abultado de cosas”, explica la politóloga.
En una nueva propuesta, lo que se espera es que el texto esté más apegado al constitucionalismo clásico, es decir, “que plantee grandes principios que le den al legislador herramientas para avanzar y al juez para resolver”, explica Galdámez, y que permitan, a su vez, llegar a consensos de tal manera que el nuevo texto pueda aprobarse, agrega Costa. Así, en el caso del agua, por ejemplo, “sería importante que dejen de existir las cláusulas que impiden los cambios regulatorios”, acota el abogado, para que de esa manera se puedan generar cambios en la gobernanza del recurso cosa que, actualmente, está restringido por la constitución del 80.
Para Galdámez, otro principio amplio que puede marcar la diferencia, sin necesidad de ahondar en detalles, es el reconocimiento de la relación indisoluble entre el ser humano y la naturaleza, principio que la propuesta que fue rechazada ya planteaba. Ese principio, dice la abogada, “no creo que pueda despertar desconfianza en las personas y sin embargo puede permitir muy valiosos y consistentes desarrollos de la perspectiva de la conservación y de la protección de la naturaleza y del ambiente considerando a las personas también”. De hecho, “tenemos ejemplos de otras constituciones donde lo ambiental es apenas una norma y a partir de eso se desarrolla institucionalidad, derechos, principios y regulaciones; quizás vamos más para ese modelo”, agrega.
* Imagen principal: Un grupo de flamencos australes (Phoenicopterus chilensis) se alinea en el frente de la laguna. Esta especie puede verse todo el año en Ansenuza ya que tiene allí sus áreas de nidificación. Foto: Yanina Druetta.
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