- El estudio del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) expone el avance de la minería ilegal en comunidades nativas y concesiones forestales. Barranco Chico, San José de Karene y Tres Islas son las comunidades más afectadas.
- También presenta un panorama de la deforestación en el denominado corredor minero, una zona donde está permitida esta actividad para la extracción de oro.
La minería no da tregua a la región de Madre de Dios. Un reciente estudio del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) muestra, mediante imágenes satelitales, el avance de la deforestación causada por la extracción de oro legal e ilegal en Madre de Dios, en la Amazonía peruana.
Durante los dos últimos años, la minería de oro ha arrasado con 18 421 hectáreas de bosque en esta región, según el estudio. En 2021 se perdieron 8 582.4; esa cifra aumentó a 9 870.5 para el 2022. La deforestación registrada en las imágenes satelitales se extiende principalmente en la zona denominada corredor minero, que corresponde al sector en donde la minería de oro está autorizada.
Lo más preocupante es el avance de la minería ilegal en las comunidades indígenas. “En la actualidad, la mayor parte de la deforestación por minería ilegal se concentra en las comunidades indígenas”, señala Sidney Novoa, director de SIG y Tecnologías para la Conservación de Conservación Amazónica (ACCA).
Matt Finer, investigador y director de MAAP, señala que se trata del primer reporte —elaborado con el apoyo del Proyecto Prevenir de USAID— que muestra una mirada integral de lo que está sucediendo en Madre de Dios con la deforestación por minería ilegal. “Mostramos por primera vez el panorama completo dentro del corredor minero y fuera de este para los años 2021 y 2022. El análisis ha sido muy preciso”, comenta.
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Las comunidades afectadas por minería ilegal
Datos sobre la deforestación en diez comunidades se incluyeron en este estudio. Así es posible conocer que, durante 2021 y 2022, las comunidades que han perdido mayor cantidad de bosques son: Barranco Chico, con 816 hectáreas deforestadas; San José de Karene, con 602 y Tres Islas, con 482.
En 2021, Mongabay Latam publicó un especial en donde San José de Karene y Tres Islas figuraban entre las cinco comunidades más impactadas por la minería ilegal en esa región.
En la lista publicada en el estudio también están las comunidades nativas de San Jacinto (177 hectáreas forestales perdidas en los últimos dos años), Kotsimba (174), Puerto Luz (171), Boca Inambari (140), Shiringayoc (126), Arazaire (57) y El Pilar (23).
Sidney Novoa menciona también el monitoreo de las alertas de deforestación que realizan cada mes en Madre de Dios, a través de RAMI (Monitoreo de Minería Satelital con Imágenes de Radar). Según la información recogida en esta plataforma, en lo que va del 2023, las comunidades de Puerto Luz y Barranco Chico han registrado la mayor cantidad de alertas por deforestación entre los meses de febrero a mayo. En los meses de marzo y abril también aparece la comunidad San José de Karene entre las que registraron más alertas.
“Nosotros hacemos el análisis cada mes para ver dónde está avanzando la deforestación y es muy fuerte el avance en estas comunidades indígenas”, comenta Novoa, quien agrega que algunas de estas comunidades se ubican en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri, un área protegida en constante amenaza por la minería ilegal.
Si se hace una revisión de las últimas intervenciones de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) en Madre de Dios —señala Novoa—, se observa que se han concentrado en estas comunidades. “La situación requiere, realmente, otra estrategia, porque el nivel de recuperación de los mineros ilegales post intervención es es súper rápido”.
El representante de ACCA también menciona que en algunas de estas comunidades, como Barranco Chico, se observa maquinaria pesada como retroexcavadoras. “Lo que se está haciendo es minería mecanizada”, comenta.
Julio Cusuriche, expresidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), señala que tras la Operación Mercurio, en La Pampa, los mineros ilegales buscaron territorios alternativos para desarrollar la actividad ilegal. “Esos espacios son territorios de comunidades indígenas y también áreas naturales protegidas como la Reserva Comunal Amarakaeri, donde hay mucha presión para ingresar al territorio”, comenta Cusuriche, quien actualmente es miembro de la directiva de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
Cusuriche también dice que existen peticiones de concesiones mineras dentro de los territorios indígenas. Pone como ejemplo las comunidades de Arazaire, San Jose de Karene y Tres Islas. “Los mineros argumentan que tienen sus derechos mineros, por tanto, no los pueden expulsar. Incluso, algunas personas de las comunidades indígenas han sido denunciados por oponerse a la minería”.
Aumento de la minería ilegal
El reporte de MAAP también señala que de las 18 421 hectáreas deforestadas por minería en Madre de Dios, el 76 % corresponde al sector denominado corredor minero.
El análisis elaborado por MAAP también muestra la deforestación causada por la presencia de minería ilegal en concesiones forestales de castaña ubicadas en la zona de Pariamanu, provincia de Tambopata, cerca de la frontera con Brasil, así como en la La Pampa, ubicada en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.
En el año 2019 se realizó la Operación Mercurio en La Pampa, un operativo multisectorial que pretendía frenar la minería ilegal. Pese a los esfuerzos, según el estudio, la actividad persiste en esta zona, aunque en menor medida que en años anteriores a este operativo.
“Hemos encontrado que la minería es más baja en La Pampa, pero hay nuevos frentes como Pariamanu, Chaspa, la comunidad nativa Barranco Chico. Y desde 2021, por primera vez, hemos realizado un análisis sobre la actividad minera dentro del llamado corredor minero”, señala Finer, de MAAP.
El abogado especializado en temas ambientales, César Ipenza, señala que en la zona permitida para realizar la actividad minera —llamada corredor minero— también hay minería ilegal.
“En la zona permitida para la actividad minera puede realizarse la actividad siempre y cuando se cumpla con las exigencias mínimas establecidas en la legislación”. Uno de los requisitos, señala Ipenza, es que los mineros asentados ahí avancen en el proceso de formalización. Sin embargo, dice el abogado, eso no se está cumpliendo.
“En todo el país se ha incrementado de manera considerable la minería ilegal, porque ya no pueden entrar más mineros. Por eso, insisten en abrir nuevamente el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera)”, agrega Ipenza.
En ese sentido, el abogado comenta que, recientemente, el Congreso de la República aprobó un dictamen para que se permita la inscripción de nuevos mineros artesanales en el registro de formalización.
“En esta zona permitida se puede desarrollar la actividad sin que intervenga la Fiscalía, por ejemplo, la Operación Restauración (continuación de la Operación Mercurio) no se puede ejecutar en esta zona y de alguna manera se genera una situación de impunidad”, menciona Ipenza.
Considerando que muchas de las concesiones entregadas en la zona permitida ya han caducado —continúa Ipenza—, obviamente dentro de esa zona se está desarrollando minería de manera ilegal.
* Imagen principal: Minería ilegal en San José de Karene. Foto: Vico Méndez.
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