Perú: las heridas que han dejado medio siglo de derrames en territorio achuar en la Amazonía

• Los pobladores indígenas achuar que viven en José Olaya conviven con sitios impactados por la actividad petrolera situados dentro y alrededor de su territorio donde se han detectado metales tóxicos como cadmio, arsénico y plomo, según informes de la autoridad ambiental.
• Mongabay Latam llegó a cuatro zonas: Shiviyaku, Forestal, Huayuri y Teniente López donde hay tuberías, charcos de petróleo, barriles con posibles contaminantes, quebradas y plantas manchadas con crudo.
• En José Olaya, según la autoridad ambiental, existen ocho de los 171 “sitios impactados” petroleros que ha contabilizado el Estado peruano hasta la fecha. Además, existen 3170 pasivos ambientales petroleros en el resto del país.

Los comuneros achuar de José Olaya se cansaron de ver cómo el petróleo avanzaba por las quebradas mientras esperaban la llegada de las autoridades. Por eso decidieron limpiar ellos mismos los derrames de crudo en su territorio, le dicen a los periodistas que han llegado a la comunidad tras navegar a través del río Corrientes, en la región Loreto, en la Amazonía norte de Perú. Una de las primeras veces que limpiaron la zona —recuerdan con claridad—, lo hicieron sin equipo de protección alguna. Levantaron una ruma con la tierra manchada por petróleo y luego la metieron en bolsas de polietileno que encontraron abandonadas en los yacimientos de la empresa Frontera Energy. Pero cuando pensaban que el trabajo estaba terminado, sufrieron un revés. Una lluvia intensa, típica de los bosques tropicales, terminó rompiendo las bolsas y dibujando un paisaje apocalíptico, con charcos negros esparcidos alrededor de los pozos petroleros.

Son tres las zonas que lucen más dañadas hoy —producto de cinco décadas de actividad petrolera en el área— y están a solo 20 minutos de la comunidad, cerca a la quebrada Huayuri, en lugares donde los animales silvestres que los achuar consumen, como el venado y el añuje, llegan a beber agua.

“Quiero una vida mejor para mis hijos. Queremos vivir tranquilos sin contaminación como cualquier persona. Queremos que el Estado cambie esas tuberías, porque siempre se cae el petróleo y eso se acumula”, dice José Chuje, comunero achuar de José Olaya.

Según Aurelio Pignola, Apu de la comunidad José Olaya, más de 600 pobladores indígenas que viven a orillas del río Corrientes, en el distrito amazónico de Trompeteros, no pensaron que la riqueza petrolera de sus tierras se convertiría en una maldición. Aún cuando ya no se extrae crudo en la zona y el Lote 192 (ex 1AB) ha vuelto a manos de la empresa estatal Petroperú, que ha firmado contrato con la empresa Altamesa Energy Canadá S.A.C., los habitantes de José Olaya señalan que los problemas continúan y están presentes en seis comunidades más de la cuenca.

El yacimiento empezó a explotarse en 1971 con la petrolera Occidental Petroleum Corporation – OXY, luego en 1999 le tomó la posta Pluspetrol Norte que se quedó hasta el 2015 y, finalmente, Frontera Energy asumió la operación entre el 2016 y el 2021. ¿Qué problemas se han reportado en todos esos años?

Según la lista brindada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), en territorio de la comunidad de José Olaya hay ocho lugares afectados por las operaciones petroleras, denominados por el Estado peruano como “sitios impactados” por hidrocarburos debido a la magnitud del daño causado. ¿Cuánto se tendría que gastar para remediar cada uno de los puntos?  Según Flor Blanco, gerenta del programa de pasivos ambientales de Profonanpe, requiere de una inversión aproximada de 10 millones de soles (2.66 millones de dólares), dependiendo del tamaño de la afectación.

De hecho, la base de datos construida para este especial, a partir de información oficial solicitada al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), al Ministerio de Energía y Minas (Minem) y Profonanpe, nos ha permitido establecer que sólo la región amazónica de Loreto, donde está ubicado el Lote 192, ha acumulado, en los últimos 50 años, 14 pasivos ambientales y 171 “sitios impactados”. Además, existen 3170 pasivos ambientales petroleros en el resto del país.  Sin embargo, el Estado no ha determinado a ningún responsable de estos daños hasta la fecha.

En la comunidad achuar de José Olaya las heridas dejadas por el petróleo aparecen por todos lados. “Todas las operadoras han abandonado la zona. Frontera Energy fue el último operador del Lote 192 y finalmente se retiró de la concesión el 2020. Al no haber una empresa responsable del lote, no hay quien asuma actualmente la remediación de las zonas afectadas por derrames de petróleo”, explica Aymara León, especialista del Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte, más conocido como PUINAMUDT.

¿Cómo se vive cercado por charcos de petróleo y con temor de contaminarse al pescar o beber agua de los ríos? ¿Cuál es la respuesta del Estado frente a la falta de remediación?

Sobrevivir en una tierra manchada de petróleo

“No es bueno para nosotros estar en una zona petrolera porque la empresa se beneficia, el Estado se beneficia y a nosotros nos toca la contaminación. Alguna vez que la empresa nos ha apoyado, no ha sido de buena fe, siempre ha sido por presión de la comunidad, haciendo paro, reclamando”, dice Aurelio Pignola, Apu de la comunidad José Olaya.

Solo hay dos formas de llegar a José Olaya: por río y por avioneta. La mayoría de alimentos que se consumen en la comunidad, situada muy cerca de la frontera de Perú y Ecuador, son traídos por esas rutas y eso hace que el costo de vida sea muy alto. Una botella de agua puede costar hasta 5 soles (USD 1.3) y el kilogramo de pollo alrededor de 18 soles (USD 4.7). Antes tenían luz, pero desde que la petrolera se marchó de la zona, las noches se iluminan con generadores eléctricos que emplean gasolina o petróleo. La comunidad asegura que Petroperú —empresa estatal a cargo del lote— decidió cortarles el servicio hace un año, cuando dejó de operar la empresa, y que reanudó el servicio de energía más tarde aunque de forma intermitente.

Sin luz eléctrica y con escasas provisiones, además de una posta de salud en malas condiciones, donde apenas se puede encontrar pastillas básicas como paracetamol e ibuprofeno, como notaron los reporteros de Mongabay Latam que llegaron a la zona, los pobladores indígenas achuar se sienten a la deriva. Para obtener ingresos ofrecen servicios de alojamiento o alimentación a los pocos ingenieros o funcionarios del Estado que llegan de visita al Lote 192. El agua que consumen proviene de la quebrada Corrientes, ubicada a cinco minutos de la comunidad, y tienen que pasarla por un filtro purificador que cada cierto tiempo se avería. Su salud depende del azar.

“Hay niños que vienen con infecciones a la piel, con dolores de cabeza, dolor de hueso, a pesar de que son pequeños. Antes no se veían tantas enfermedades como ahora y creo que es por la contaminación que causa los derrames de petróleo”, cuenta la enfermera Guilmara Chuje Salas que trabaja en la posta de salud de José Olaya desde hace varios años.

Aunque a simple vista no se ven los efectos de la contaminación por los continuos derrames de petróleo, hay un antes y un después de la llegada de las empresas a la comunidad achuar. José Chuje cuenta que sus abuelos — hace 50 años— podían cazar en zonas cercanas a la comunidad y beber el agua del río sin riesgos para la salud. Ahora, en los lugares donde los achuar recolectaban los frutos o cazaban sus animales, hay pozos petroleros, manchas de petróleo y desechos tóxicos en barriles.

Yaizha Campanario, especialista de la ONG Perú Equidad, asegura que lo que ha ocurrido en el Lote 192 es una transformación de la forma de vida y la economía de los achuar. La población indígena ha ido perdiendo los conocimientos para hacer chacras, cultivar yuca o frutos como el aguaje.

El Apu Aurelio Pignola cuenta que hace un año, cuando se retiró la última operadora del lote administrado por Frontera Energy, los ingresos económicos descendieron dramáticamente. Los pobladores indígenas dejaron de ser contratados para las labores de limpieza en el Lote 192, y las familias perdieron los ingresos que obtenían por alimentar y hospedar a los ingenieros. Ante la falta de empleo, retomaron este año sus actividades de caza y pesca. El problema, explica el líder comunal, es que ahora los animales consumen plantas contaminadas y se mueven en los terrenos donde están los pozos petroleros.

En las chacras que han vuelto a abrir, el apu Pignola asegura que hay una alta presencia de metales tóxicos. Sus sospechas no son infundadas. En un estudio de suelo y agua del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente (Censopas), realizado el 2016 y entregado el 2018 a las comunidades de la zona del Río Corrientes, se encontró plomo y arsénico en el suelo y el agua, además de advertir la contaminación de peces.

”No solo es José Olaya, son las demás comunidades que están en la zona como Doce de Octubre o Nuevo Porvenir. Están contaminadas. Por eso venimos discutiendo con el Estado respecto de la remediación, venimos exigiendo por años y no hay respuestas”, dice Federico Díaz Sandi, presidente de Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes (Feconacor).

La contaminación que nunca se remedia

La comunidad de José Olaya está llena de casitas de colores, rodeada de árboles frondosos y los achuar han colocado tiendas con productos como fideos y arroz, que ahora están entre los alimentos que más consumen. Se vive en una aparente normalidad, y los niños recorren sus calles rumbo al río Corrientes para bañarse o buscar peces. A toda esta cotidianidad hay que añadir que a menos de 100 metros está la zona donde se extraía petróleo hasta hace un año. A lo lejos se ven tanques de almacenamiento, sistemas de tuberías y camionetas, la reja no permite el acceso, pero desde fuera se ve toda la maquinaria para extraer crudo.

“Los derrames que se han producido han ocasionado daño ambiental, afectaron nuestro consumo del agua de la quebrada. Al contaminarse, se afectaron los peces, también los animales que iban a tomar el agua. Nos perjudicamos porque nosotros consumimos todo eso”, asegura Aurelio Pignola, apu de José Olaya.

Natanael Sandi, monitor indígena de José Olaya, se comprometió a revisar los sitios impactados cada cierto tiempo porque conoce muy bien el camino que conduce a ellos. La lengua materna de Sandi es el achuar, pero ha aprendido a comunicarse bien en castellano para informar al OEFA sobre los continuos derrames de crudo que ocurren en terrenos de su comunidad. Se mueve rápido entre el bosque, apartando la maleza, avanza a paso ligero con sus botas de caucho para protegerse del petróleo y los desechos de las empresas. Solo el chaleco color camel, que tiene impreso en la espalda “monitor ambiental”, lo diferencia como autoridad. Sandi guía al equipo de periodistas a lo que parece ser un afluente, la zona donde la comunidad suele cazar. Allí revuelve el agua con un palo largo y unas gotas negras emergen junto a un líquido aceitoso. Nos dice que el petróleo permanece oculto entre las hojas, el agua y los árboles. Quiere mostrar que lo que narra el Apu Aurelio Pignola se ajusta a la realidad.

Mientras camina por el bosque, cuenta que él registró el derrame de petróleo ocurrido el 21 de septiembre del 2022 en una zona cercana a la quebrada de Shiviyacu. Ese mismo mes en tres lugares más se derramó crudo. Él tomó las fotografías y dio aviso a las autoridades.

El joven monitor explica que el crudo aflora cada cierto tiempo en el área y que poco a poco ha ido dibujando una mancha negra que se va extendiendo sobre el suelo. Las tuberías que están expuestas al sol se ven desgastadas y corroídas, y el olor a petróleo vuelve el aire pesado incluso antes de llegar al lugar. El sitio impactado de Shiviyaku, a donde Nataniel Sandi lleva a los periodistas, figura en el Plan de Rehabilitación S0112 del MINEM como un lugar riesgoso para la salud. El informe señala que en la muestra de agua tomada en la quebrada Shiviyacu se encontró plomo y cadmio; mientras que el análisis de suelo también dio como resultado la existencia de restos de hidrocarburos en la zona y cadmio, un metal considerado altamente tóxico para la salud humana por la Organización Mundial de la Salud. Entre el 2004 y 2011, el Plan de Rehabilitación detalla que en la misma zona ocurrieron hasta siete emergencias ambientales: fugas de diesel y derrames de crudo, dos de ellas atribuidas a la corrosión de tuberías.

El yacimiento que operó la petrolera Frontera Energy hasta el 2021, que lleva por nombre “Forestal”, se encuentra a unos diez minutos de la comunidad siguiendo una trocha en camioneta. Esta zona tiene pozos expuestos donde el monitor ambiental asegura que constantemente se desborda el petróleo en pequeñas cantidades, pero que se acumulan alrededor, lo que preocupa al Apu Pignola porque algunos pobladores tienen su chacra cerca. En los pequeños charcos de petróleo en el suelo se ven insectos que han quedado atrapados y en otro sector, oculto entre los árboles, aparece una mancha de petróleo de alrededor de 20 metros. “El problema es que nunca se han arreglado los ductos, nunca se reparan y luego tenemos estos derrames cada cierto tiempo. En [el yacimiento] “Forestal” van dos años acumulándose el petróleo”, narra el monitor indígena.

La base de operaciones de “Forestal”, que figura en el Plan de rehabilitación del Minem, está catalogado como el Sitio S0118 (Sitio Botadero Comunidad Olaya) y es un punto priorizado para la remediación. En el informe se asegura que en la zona hay metales como arsénico, bario y plomo —entre otros—, todos altamente tóxicos.

El otro lugar reconocido por el Estado como un sitio impactado por el petróleo es el de “Huayuri”. Mongabay Latam llegó a la zona, específicamente hasta una batería abandonada que está en un área cercana a José Olaya. En el lugar se ve una gran cantidad de bolsas de tierra con crudo, esas mismas que la lluvia fue lavando con el tiempo y que se acumulan en charcos como testigos silenciosos del peligro ambiental.

“En ocasiones ha pasado que hemos tapado el derrame con tierra, hemos acumulado la tierra con lampas, para que no avance y se ha quedado allí”, comenta Natanael Sandi. En el documento del MINEM titulado Plan de Rehabilitación S0109 se puede leer que en la visita de campo al sitio impactado se encontró restos de hidrocarburos, tuberías y desechos industriales, y se detectó la presencia de selenio y bario en niveles que superan los estándares internacionales. Solo basta llegar hasta la quebrada Huayuri, que hoy luce de un color marrón oscuro, para ver cómo el petróleo flota sobre lo que fue un afluente que alguna vez albergó a cientos de peces.

“Cuando destruyen el bosque y el agua, también están acabando con nuestras plantas medicinales, con lo que nosotros nos curamos. Si nosotros no reclamamos no pasa nada”, dice Natanael Sandi. Fue por las constantes exigencias de las comunidades que el MINEM hizo una lista de sitios impactados. Existe una comisión, creada en 2015, que tiene como función gestionar los fondos destinados a la remediación de estos y de otros pasivos ambientales y que está integrada por federaciones indígenas, los ministerios de Energía y Minas y del Ambiente, así como Profonanpe. Entre otras responsabilidades, este grupo de instituciones tiene como misión convocar los concursos públicos para identificar empresas que hagan el trabajo. El problema es que hasta el momento no se ha remediado un solo pasivo, como menciona Aymara León de Puinamudt, quien considera que es por falta de voluntad del propio Estado.

“Los niños están padeciendo, hemos visto que en sus cuerpos salen manchas. Sí vemos que nos afecta la contaminación”, afirma Sandi, el monitor de la comunidad. Asegura que ellos saben que el impacto ambiental está presente y que se va extendiendo silenciosamente entre la vegetación y los riachuelos.

En medio de la selva aparece de pronto un antiguo campamento abandonado llamado Teniente López. Se trata de un lugar que tiene el tamaño de un estadio y donde se encuentra una zona techada que alberga cientos de barriles sellados y señalizados con cintas que indican peligro. Sandi explica que fue grande su sorpresa cuando llegaron varios pobladores indígenas a esta zona y hallaron materiales tóxicos: tierra con petróleo, desechos industriales, metales pesados, tierra removida y acumulada, además de bolsas de plástico con tierra contaminada. Comenta que a veces llegan técnicos de Perupetro a verificar la zona e ingresan con traje de protección, pero no hay nadie que resguarde la zona. “Otra vez el gran problema es que no hacen nada por remediar, como si no les importara”, dice el apu Aurelio Pignola.

Para remediar un “sitio impactado” se requiere mucho trabajo. Flor Blanco, gerenta del programa de pasivos ambientales de Profonanpe, explica que el primer paso es identificarlo, esa labor la realiza OEFA.  Luego Profonanpe, entidad privado-pública, decide qué sitios impactados se van a priorizar, se realiza el Plan de Rehabilitación para lo que se contrata a una consultora, luego se hace la ingeniería de detalle, que implica una revisión en campo de los lugares dañados por hidrocarburos. En paralelo, OEFA debe determinar quién es el responsable (empresa o Estado) de esos sitios impactados. El paso final es la remediación, donde se contratará una empresa especializada y que cuente con la tecnología para ello.

En la información que Profonanpe hizo llegar a Mongabay Latam se comprobó que figuran como puntos prioritarios para remediar casi todos los sitios visitados junto al monitor ambiental: Shiviyacu, Forestal y Huayuri. Eso indicaría que según los plazos establecidos por el Estado, se debería trabajar en la recuperación de la flora y fauna en el plazo de un año. Pero dichos plazos, como indicó Profonanpe, dependen mucho de que no ocurra otro derrame de petróleo en esos lugares porque, de lo contrario, tendrían que reiniciar la investigación de cero, así como la caracterización del sitio y de sus posibles contaminantes.

Pero, si los puntos han sido identificados en los informes del 2019, ¿por qué no han sido remediados hasta hoy? En el informe La sombra de los hidrocarburos en el Perú, elaborado por OXFAM y PUINAMUDT, se explica que el problema está en que “las leyes y normativas actuales no permiten atender de manera suficiente la magnitud de los sitios contaminados y los pasivos ambientales donde la contaminación ha sido históricamente instalada (zonas de operación de más de 50 años). El Estado sigue estableciendo presupuestos e instrumentos no acordes con la urgencia ni las necesidades”.

Mongabay Latam consultó con el Ministerio de Energía y Minas sobre el proceso de remediación en José Olaya. La institución aseguró que “MINEM transfirió a PROFONANPE, más de 380 millones de soles en los últimos cuatro años, incluido el año 2022, con 12 millones. Estos recursos financieros hasta la fecha aún no han sido utilizados en la ejecución de las acciones de remediación ambiental, la misma que se encuentra en un fideicomiso bajo la responsabilidad de Profonanpe. Razón por la cual para el año 2023, no se tiene presupuestado”, fue la respuesta institucional.

Flor Blanco de Profonanpe aseguró que en el 2015, cuando se inició el fondo, fueron 50 millones que el Estado transfirió como capital semilla. El dinero no se devuelve a las arcas de no ser gastado, por lo que el 2020 se transfirieron alrededor de 400 millones (106. 5 millones de dólares). Hasta el 2022 se ha gastado más de 32 millones de soles  (8.52 millones de dólares) y lo que resta se mantiene en la administración de Profonanpe, aseguró la entidad a Mongabay Latam. En cuanto a las demoras por la ejecución de los estudios en los sitios impactados y la nula remediación, comentó que “es la primera vez que el estado peruano se responsabiliza de hacer planes de rehabilitación y remediación. No hay normas específicas para este caso, los ministerios han empezado a hacer sus normas, es en sí engorroso y la voluntad política influye mucho”. Asegura que no siempre hay apoyo de las entidades que toman decisiones como los ministerios para llevar a cabo la remediación.

Es una tragedia, opina Vladimir Pinto de Amazon Watch. Considera que son las empresas petroleras las que han generado esta situación sin salida: “Se han ido y no asumen responsabilidades ambientales (para remediar). Oxy no asumió costos, Pluspetrol decidió hacer muy poco, Frontera que operó pocos años no ha asumido nada. Lo que se está haciendo es cargar con más daños un área del país que luego tenemos que remediar con nuestros impuestos”. Cuando las empresas evaden las multas del OEFA y no asumen la remediación, es el Estado peruano quien tiene que asumir los costos por más de 600 millones de soles y solo para iniciar los procesos de remediación en Loreto, agrega Pinto.

Mediante un email, la empresa Occidental Petroleum Corporation señaló que “el asunto legal se resolvió en 2000, cuando Oxy transfirió su participación en el Bloque 1-AB a la petrolera argentina Pluspetrol con la aprobación del Gobierno peruano. Como parte de esa transferencia, Pluspetrol asumió todas las obligaciones en el Bloque 1-AB”. En el documento también indicaron que no tienen “conocimiento de datos creíbles que indiquen impactos negativos en la salud de la comunidad como resultado de las operaciones de Oxy”.

La investigación Manchados por el petróleo, que abordó las multas y sanciones impuestas contra empresas petroleras por las autoridades ambientales, reportó que Frontera Energy acumuló en el Lote 192 cinco multas impuestas por el OEFA que ascienden a USD 516 049.

“Debería ser el MINEM que nos dé respuestas con respecto a la remediación y la contaminación que estamos viviendo en nuestros pueblos”, asegura Aurelio Chino Dahua, presidente de la Federación indígena quechua del Pastaza (FEDIQUEP). También para el Apu de José Olaya, Aurelio Pignola, 50 años de contaminación han lastimado de forma irreparable a la comunidad. “A la última empresa, Frontera Energy, le hemos exigido que cumpla, que limpie derrames, que no contamine más, pero se ha ido como las anteriores. No ha presentado ni siquiera su Plan de abandono”.

Sobre los últimos 26 derrames ocurridos en los últimos dos años en José Olaya, Aymara León de PUINAMUDT señala que al no haber empresa responsable a la que adjudicar la remediación de los incidentes, estos terminarán siendo sitios impactados que tendrán que ser atendidos una vez más por el Estado. Cuando se hizo la consulta sobre la remediación de estos, el MINEM informó que Perupetro debería hacerse cargo; mientras que OEFA contestó que dicha empresa estatal no tiene responsabilidad de remediar pasivos. Queda así en incertidumbre qué va suceder con estos nuevos sitios contaminados por crudo.

Mongabay Latam se comunicó con Perupetro y desde el área de comunicaciones aseguraron que “de acuerdo con el Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 192, Petroperú asumió recién este 28 de febrero del 2023”. Consideran que “las actividades previas y sus consecuencias son responsabilidad de los anteriores operadores privados”.

Mientras tanto, el apu Aurelio Pignola, indignado ante una situación que agobia desde hace años a los achuar, deja en claro qué es lo que están esperando. “Lo que tienen que hacer es limpiar el petróleo, ya no contaminarnos más, cumplir sus funciones como empresa, como Estado, eso es lo mínimo exigimos”.

Imagen principal: Pozo abandonado de la base Huayruri del lote 192, donde hubo un derrame en el 2021 por el rebalse de las aguas a causa de las intensas lluvias de invierno en la Amazonia. Foto: Patrick Wesember.