- En las tierras de Jalisco que colindan con el estado de Colima, la comunidad indígena de Ayotitlán mantiene un antiguo reclamo por el reconocimiento de su territorio ancestral. A partir de 1975, cuando comenzó a funcionar una mina de hierro que hoy es una de las más grandes del país, los pobladores de la región sumaron otro frente a su lucha.
- En esta sierra hay una reserva de la biósfera y, al mismo tiempo, varias concesiones mineras que aún no son explotadas. En estas tierras, en donde los ríos comienzan a ser cosa del pasado, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha impuesto su ley. Desde hace más de una década, en Manantlán conviven la minería legal y la ilegal.
- Las amenazas en contra de quienes han levantado la voz para defender el territorio han sido permanentes, sobre todo a partir del 2012. Ese año, Celedonio Monroy Prudencio, uno de los líderes más visibles de la comunidad, fue desaparecido. En abril de 2021, a J. Santos Isaac Chávez se lo llevaron y días después apareció muerto. Lo mismo ha sucedido con otros habitantes de la zona, varios más se han visto obligados a dejar el territorio.
Celedonio Monroy Prudencio nació en territorio nahua, en donde el agua del arroyo de Mameycito era tan cristalina que podía beberse. Apenas tenía cinco años y ya había recorrido buena parte de la Sierra de Manantlán bajo la guía de su abuelo. Así que en su adolescencia ya conocía los caminos, los manantiales, los animales que ahí habitaban y empezaba a sembrar maíz con su padre para la cosecha familiar. La sierra y él se reconocían.
En el mismo año en que Celedonio Monroy nació, 1975, la minería llegó a la Sierra de Manantlán, territorio ubicado en los límites de los estados de Jalisco y Colima, en el occidente de México, en donde se encuentran grandes yacimientos de hierro y una importante zona forestal.
La lucha por defender su territorio siempre estuvo presente en la vida de Celedonio Monroy. Su abuelo Estanislao Prudencio, su tío Juan Monroy y su padre Liberato Monroy participaron en la defensa del bosque que se dio desde la década de los setenta y hasta los ochenta. En esos años, los indígenas nahuas hicieron marchas épicas desde la sierra hasta las oficinas de las autoridades forestales en La Huerta, Jalisco. Con sus movilizaciones lograron que los gobiernos federal y estatal enviaran policías para sacar a los taladores que no dejaban en paz a sus bosques.
Celedonio Monroy siguió los pasos de sus mayores. En su adolescencia, mientras estudiaba la telesecundaria, se unió a la Alianza Campesina Revolucionaria (ACR). Después, migró a la ciudad de Colima para estudiar Ciencias Políticas y más tarde ingresó a la carrera de Derecho. Desde entonces, se distinguió por ser uno de los miembros de su comunidad mejor preparados, por eso, él era el encargado de escribir oficios y representar a la comunidad indígena de Ayotitlán en su lucha por el reconocimiento de su territorio ancestral y en sus denuncias en contra de la tala ilegal y las afectaciones provocadas por la minería. Era uno de los líderes más visibles.
La noche del 23 de octubre de 2012, cuando tenía 37 años y después de una serie de amenazas, un grupo de hombres fuertemente armados llegó a su casa y se lo llevó por la fuerza. Desde aquella noche, el indígena nahua está desaparecido.
“El gobierno no hizo nada en busca de él cuando recién sucedió (su desaparición), pedimos garantías a todas las autoridades, pero nunca hubo. Hasta ahorita no hay nada”, dice uno de los familiares de Celedonio Monroy. Ellos no han dejado de buscarlo y reclamar justicia.
La desaparición del líder nahua desató una nueva y larga etapa de agresiones en contra de los habitantes de los pequeños poblados de la Sierra de Manantlán, territorio donde hace años la comunidad indígena de Ayotitlán no sólo reclama el reconocimiento de sus tierras ancestrales, también ha denunciado las afectaciones provocadas por la minería legal e ilegal de hierro. En los últimos años, además, es asediada por grupos ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En su lucha por defender los manantiales, los ríos, el bosque, los cerros, sus tierras y la vida como la conocen, en la última década, la comunidad indígena de Ayotitlán ha padecido la desaparición y asesinato de otros de sus líderes e integrantes. Uno de ellos es J. Santos Isaac Chávez. A él lo mataron en abril de 2021. Los poblados de la región, además, llevan años denunciando las amenazas cotidianas y el despojo de tierras.
En esa región donde la presencia de la minería y de los grupos del crimen organizado está por todas partes, los habitantes de pequeñas comunidades se han visto forzados a salir del territorio.
Reconocimiento del territorio, una lucha añeja
Para entender las causas detrás de la desaparición de Celedonio Monroy Prudencio y del asesinato de J. Santos Isaac Chávez, hay que conocer primero la historia de la comunidad indígena de Ayotitlán, la cual está conformada por varios poblados unidos por su identidad indígena y dispersos en el amplio territorio que hoy ocupa el ejido Ayotitlán, ubicado en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, en Jalisco.
La historia de la comunidad indígena nahua de Ayotitlán comienza mucho tiempo antes de que se creara el ejido. Académicos como el sociólogo Darcy Tetreault han documentado que, en 1696, la comunidad nahua-otomí recibió de la Corona española alrededor de 460 000 hectáreas que constituían la “República de Ayotitlán”. Durante el siglo XIX, la desamortización de los bienes comunales y la expansión de las haciendas redujo su territorio a menos de 10 000 hectáreas.
EnLa lucha en torno a la minería en Manantlán, Tetreault documenta que en 1921, los pobladores solicitaron la restitución de su territorio, pero fue hasta 1956 cuando esas tierras pasaron, por disposición de las autoridades agrarias, de régimen comunal a “dotación ejidal”, una de las dos formas de propiedad social que en México se crearon a partir de la reforma agraria.
Tuvieron que pasar casi diez años para que, en agosto de 1963, una resolución presidencial reconociera la creación del ejido y lo dotara con un poco más de 50 000 hectáreas, de acuerdo con los datos públicos disponibles en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios.
En los hechos, los indígenas de Ayotitlán sólo recibieron 35 000 hectáreas. Fue por ello que, a partir de 1969, comenzaron una lucha jurídica para obtener el reconocimiento de su territorio. En 1971, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les dio la razón y ordenó ejecutar la dotación de tierras que faltaban. Hasta ahora, eso no ha sucedido. Tres años después otra resolución presidencial otorgó al ejido Ayotitlán una ampliación por poco más de 10 000 hectáreas que, hasta ahora, tampoco se les han entregado.
Los ejidatarios de Ayotitlán luchaban por el reconocimiento de su territorio cuando, en 1975, el gobierno mexicano creó el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada. La paraestatal abrió la mina Peña Colorada y con ello inauguró la explotación de hierro en la Sierra de Manantlán, específicamente en terrenos ubicados en municipios que son vecinos, pero pertenecen a dos estados diferentes: Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, y Minatitlán, Colima.
Buena parte de la concesión que permite la explotación de la mina Peña Colorada está en el territorio del ejido Ayotitlán.
Seis años después de que abrió la mina, en 1981, los ejidatarios comenzaron a denunciar que la actividad minera provocaba contaminación del agua de sus ríos y daños al bosque. También exigieron que se les pagara por los minerales que se extraían de las tierras del ejido.
Los ejidatarios tomaron en varias ocasiones las instalaciones de la mina, sin que prosperara ningún acuerdo con la empresa. Desde entonces se notaba que la comunidad de Ayotitlán no estaba dispuesta a retroceder en la defensa de su territorio.
