“Ya estoy con el objetivo, esperando orientación”. Uno de los cuatro hombres que llegaron a la casa de Maydany Salcedo repitió esa frase varias veces al hablar por teléfono con su jefe. La insistencia de ese hombre tenía a la lideresa paralizada por un miedo abrumador.

Eran alrededor de las 11:30 de la mañana del lunes 10 de abril de 2023. El hombre que la amenazaba estaba parado en la puerta de la casa y otros tres se encontraban dentro, caminaban a sus anchas con armas en las manos. Los hombres obligaron a Maydany Salcedo a prepararles comida mientras conversaban. Así fueron alargando el suplicio.

Se presentaron como integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAOR) Comandos de Frontera, que surgió tras el proceso de paz y reúne a exguerrilleros y exparamilitares que buscan tener el control del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal en el suroccidente del país, territorio que era controlado por el antiguo Bloque Sur de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). “Esperamos que no siga con su trabajo porque sabemos cuántas veces sale el perro a mear y le vamos a acabar con lo más chiquito que usted tiene: el perro y los dos nietos”, la amenazaron. Ella sólo suplicaba que no la mataran delante de los niños. Pero no, no iban a matarla.

Esos hombres aparecieron para advertirle que no podía volver a Piamonte, un municipio ubicado en la denominada bota caucana, que colinda con los departamentos de Caquetá y Putumayo, al suroccidente colombiano, los mismos territorios en los que los Comandos de Frontera sembraron terror en octubre de 2023: impusieron un paro, retenes y sitiaron diferentes municipios.

De su pueblo, Maydany Salcedo salió desde marzo del 2022, aunque volvía de vez en cuando para desarrollar alguna actividad con la Asociación Municipal de Trabajadoras y Trabajadores Campesinos de Piamonte (Asimtracampic), la plataforma organizativa que fundó hace 10 años y desde donde se ha opuesto a todo lo que amenaza el territorio: el avance de la frontera agrícola en la Amazonía, las afectaciones a los ríos, la pérdida de la biodiversidad, la minería ilegal, la corrupción, los cultivos de uso ilícito, la contaminación provocada por la actividad petrolera y las órdenes arbitrarias de los grupos armados ilegales.

Quienes la amenazaban detallaron a la defensora de ambiente y territorio cómo habían matado niños inocentes en Piamonte, hijos de líderes campesinos que no habían querido “cerrar la boca”. Le mostraron las fotos y le preguntaron si quería terminar de la misma forma. Se fueron de su casa y ella, con sus nietos y su perro, se dedicó a llorar.

Maydany Salcedo, nacida hace 49 años en Río Blanco (Tolima), trata de no quebrantarse públicamente para dar ejemplo, pero le gustaría sentirse menos sola, sobre todo en un país donde, en 2022, asesinaron a 60 defensores ambientales, casi el doble que en el 2021, de acuerdo con la documentación realizada por la organización internacional Global Witness. Colombia es el país más peligroso para lideresas como ella.

Esta mujer trigueña, de sonrisa dulce, sabe que su cabeza tiene un precio. Se enteró que dos semanas después de las amenazas, el 21 de abril, alias “Yonosé”, supuesto cabecilla de los Comandos de Frontera, realizó una reunión pública en el corregimiento del Remanso, en Piamonte, en la que advirtió que Maydany Salcedo, supuesta “guerrillera que impulsa la creación de guardias campesinas”, tenía prohibido volver al municipio, pues si lo hacía ya estaba la orden de asesinarla.

Aún así, casi tres meses después, Salcedo se atrevió a pisar Piamonte nuevamente: “Prefiero morir de pie que vivir arrodillada”. Su osadía le está costando caro.

Un encuentro recurrente

La visita que le hicieron a Maydany Salcedo no era la primera. En agosto del 2022 aparecieron dos hombres en su casa y fueron categóricos al decir que no querían más el trabajo de la asociación que ella dirigía en Piamonte, un municipio estratégico para las rutas del narcotráfico, pues no sólo conecta al Cauca con los departamentos de Caquetá y Putumayo, sino que permite, además, el tráfico hacia Ecuador. Su ubicación es tan privilegiada que los Comandos de Frontera se disputan el territorio con el frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC.

Los delincuentes necesitaban hacerse oír, por lo que enviaron el mismo mensaje a casi todos los miembros del colectivo de campesinos y expulsaron a 300 familias de Piamonte. “Me amenazaron a mí también. Me dijeron que sabían dónde estaban mi esposa y mis hijas… Que me callara la jeta si quería verlas con vida y que sabían que yo estaba en España en ese momento”, cuenta desde el exilio Jonathan Cuéllar, médico veterinario y zootecnista de la Universidad de la Amazonía, que forma parte de la asociación. Él ya había dejado el país por las múltiples amenazas que había recibido, pero desde Europa seguía trabajando con Maydany Salcedo.

Ambos saben que la labor que hacen incomoda a todos los grupos armados, pues la asociación fue promotora, entre otros, del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito en Piamonte. “Acompañamos la erradicación y la creación de proyectos productivos. Teníamos más de 734 familias que hacían parte”, cuenta Cuéllar. Ese activismo fue generando incomodidad en los grupos al margen de la ley, sobre todo porque Piamonte es un municipio con presencia de cultivos de coca y, además, vecino del Putumayo, que en 2022 concentró el 77 % del incremento de terrenos plantados con coca en todo el país, según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

El sueño de Asimtracampic era —y es todavía— frenar la ampliación de la frontera agrícola en la Amazonía e implementar cultivos maderables y semillas de la región.

Jonathan Cuéllar recorría cada una de las veredas cuando a Maydany Salcedo no la dejaban entrar. Mientras uno no estaba, el otro asumía varias de sus tareas. Los objetivos sociales y ambientales estaban bien clavados en el corazón de los integrantes de la asociación: no más coca y no más deforestación.

Con uno de los varios proyectos que tenían, consiguieron 1868 hectáreas de bosques con acuerdos de conservación por parte de 130 familias que decidieron unirse para preservar el territorio. El objetivo es —agrega Maydany Salcedo— crear corredores biológicos para las especies que allí habitan y que se encuentran amenazadas, como el mico bonito (Plecturocebus caquetensis), endémico de los departamentos de Cauca y Caquetá, que está en Peligro Crítico de extinción, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Para los integrantes e impulsores de la asociación hablar públicamente de derechos humanos y de justicia ambiental ha ocasionado que cada bando armado de la región piense lo que más le convenga: “Son guerrilleros”, “son del Ejército”. Cada sentencia, al final, genera lo mismo: riesgo. A Jonathan Cuéllar le advirtieron que su cabeza seguiría después de la de Maydany Salcedo.

—A usted la han podido matar varias veces y no lo han hecho. ¿Por qué?

—Uno de esos hombres me dijo que no me han matado porque el costo político sería muy alto —dice Maydany Salcedo.

El trabajo que han hecho con la Asimtracampic —la única organización campesina del municipio— ha llamado tanto la atención que en la Comisión de Estupefacientes de la Naciones Unidas en Viena, que se realizó en marzo del 2023, Maydany Salcedo fue una de las lideresas que acompañó a la entonces viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Laura Gil.

En ese viaje, Salcedo comprobó que no está dispuesta a pedir asilo en otro país y prefiere arriesgar su vida en Colombia: “Allá no hay papa, ni yuca, comen cosas muy raras que no me gustan. Tampoco hablo el idioma y la cultura es muy diferente, prefiero mi tierra”, dice, aunque reconoce que hay días en los que se siente culpable. “Si no fuera líder, quizá, no estaría ocurriendo esto”, lamenta, pues su familia perdió todo: sus terrenos y casas. Eso le ha costado, incluso, la indiferencia de varios de sus familiares.

El abuso en todas sus formas

En el agua, Maydany Salcedo encuentra consuelo. Cuando siente angustia, miedo o dolor, acude a ella, se sumerge y deja que ese líquido sagrado calme el dolor de su alma, así no pueda quitar las heridas físicas del abuso que ha sufrido. Y es que la defensora conoce prácticamente todas las formas de violencia existentes. Tenía seis años cuando unos hombres la violaron por primera vez; su familia vivía sobre el río Guayabero, en una vereda del municipio de la Macarena, en Meta.

“Sólo me acuerdo que botaba mucha sangre y me tuvieron que coser. Creo que la guerrilla mató a esos tipos. Desde entonces, encontré en el agua mi refugio, el lugar donde encuentro paz. Yo le hablo y lloro”, dice. Y sí, llora también al recordar que no fue la única vez que la ultrajaron. Siendo adulta un comandante de las FARC le dijo que tenía que ser de él o la mataba. No tuvo opción y fue violada por segunda vez en su vida. “Yo voy al agua y el agua me limpia”, dice, como si al lavarse pudiera dejar atrás esa historia violenta que la ha marcado y la ha catapultado en la lideresa que es hoy en día.

En Piamonte, cada que podía, se zambullía en el río Caquetá. Era su lugar seguro y, por eso, lo defendía con fiereza de la contaminación que genera —comenta ella— la petrolera Gran Tierra Energy (GTE), que tiene su base principal en Puerto Limón (Putumayo) y una estación en Piamonte, donde tratan el hidrocarburo producido en los pozos ubicados en ese municipio.

En el 2020 se presentaron dos derrames de petróleo que contaminaron el río Caquetá y varias de sus quebradas. El primero ocurrió el 21 de junio y el segundo sucedió el 17 de julio, en el mismo punto de ocurrencia y por fallas en el sellamiento de tubos, según un informe de la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS). “Nosotros tomamos agua de ese río”, lamenta Maydany Salcedo.

Mercedes Mejía, coordinadora de la Mesa Departamental para la Defensa del Agua y el territorio del Caquetá, que se creó en el 2015 con el único objetivo de defender la Amazonía colombiana, cuenta que los derrames de GTE han sido de enorme preocupación sobre todo porque “hay un pedazo del oleoducto que está en el río y cuando hay crecientes, lo maltrata”. Así que el riesgo persiste.

“El río se lleva aguas abajo cualquier residuo. Sólo en el sitio del derrame es que queda el aceite, pero de resto el agua se lleva todo. El problema son los acueductos de los municipios que toman agua del río Caquetá, como Solano, Solita, y todos los ribereños; los indígenas que, además de la contaminación por hidrocarburos, también tienen los residuos de la minería”, explica Mejía, quien conoció a Maydany Salcedo cuando la empezaron a apoyar tras las fuertes amenazas que estaba sufriendo. “Le ha tocado sacrificar mucho por mantener los procesos”, dice la profe, como le llama la lideresa.