- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia en donde responsabiliza al Estado peruano por la violación de los derechos de ambiente sano, la salud y la vida de 80 pobladores de La Oroya que fueron expuestos a metales pesados por actividades minero-metalurgicas.
- Expertos resaltan que la sentencia marca un antecedente jurisprudencial sobre el derecho a un medio ambiente sano, porque ordena al Estado peruano modificar la norma sobre los estándares de calidad de aire.
Tras 20 años de espera, 80 pobladores del distrito de La Oroya, en la sierra central de Perú, consiguieron una sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que reconoció su derecho a vivir en un medio ambiente sano, tras un siglo de constante contaminación ambiental por las actividades minero-metalúrgicas.
“La sentencia es el primer caso en el que la Corte reconoce la responsabilidad de un Estado por la violación de derecho al ambiente sano y las implicaciones que este tiene en la garantía de otros múltiples derechos. También reconoce el rol de las personas defensoras ambientales”, explica la abogada Liliana Ávila, coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización que acompañó a las víctimas durante el proceso judicial.
El caso “Habitantes de La Oroya vs Perú” concluyó responsabilizando al Estado peruano por incumplir con regular y fiscalizar las actividades del Complejo Metalúrgico de La Oroya, dedicada desde su creación (en 1922) a la fundición y refinamiento de concentrados polimetálicos con altos contenidos de plomo, cobre y zinc, lo que generó la contaminación del aire, agua y suelo ante la exposición de metales.
El Tribunal encontró que la exposición a la contaminación ambiental alteró la calidad de vida de los pobladores de La Oroya, generando sufrimientos físicos y psicológicos que afectaron el derecho a la vida digna.
De los 80 denunciantes iniciales, actualmente 74 continúan vivos, mientras otros seis fallecieron por diversos males. Dos de los descensos, el de Juan (5 años) y el de María (14 años), —como los identifica la Corte IDH para proteger sus identidades— son considerados responsabilidad del Estado peruano, por la ausencia de medidas de prevención para cumplir con los derechos al medio ambiente sano y la salud.
Los jueces también concluyeron que el Estado peruano violó el derecho a la protección judicial, al no cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional del 12 de mayo de 2006. En ese entonces se ordenó dar atención médica a los pobladores afectados por metales pesados en La Oroya, remediación ambiental e implementación de programas de vigilancia epidemiológica y ambiental en la zona.
En la más reciente sentencia, dada a conocer el pasado 22 de marzo, la Corte IDH ordenó al Perú realizar un diagnóstico para determinar el estado de la contaminación del aire, agua y suelo en La Oroya e incluir un plan de remediación para daños ambientales; brindar atención médica gratuita a las víctimas; compatibilizar la normativa que define los estándares de calidad del aire que no sobrepasen los máximos necesarios para la protección del medio ambiente y salud de las personas.
Además, se ordenó garantizar la efectividad del sistema de estados de alerta en La Oroya y se desarrolle un sistema de monitoreo de la calidad del aire, suelo y agua; la atención médica a los habitantes de La Oroya que sufran síntomas y enfermedades relacionadas con la exposición a contaminantes producto de la actividad minero-metalúrgica y se paguen reparaciones económicas a las víctimas.
Cien años de contaminación
En 1922, la ciudad de La Oroya, ubicada en el departamento de Junín, a 184 kilómetros de la ciudad capital del Perú, Lima, era un zona rural de la sierra central. Ahí se instaló el Complejo Metalúrgico La Oroya, operado en aquel entonces por la compañía estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation.
Cincuenta y dos años después, en 1974, el complejo minero fue nacionalizado y pasó a ser propiedad de la estatal Empresa Minera del Centro del Perú, S.A. (Centromin) hasta 1997, cuando fue adquirida por la privada Doe Run Perú S.R.L., filial de la estadounidense The Renco Group, Inc., la actual propietaria.
“Actualmente solo funciona el circuito de plomo del complejo, porque es el único que cumple con los estándares de calidad, para los otros circuitos se tendría que hacer una reingeniería porque no pueden operar por la contaminación que emiten”, resalta Liliana Ávila. Si bien las actividades metalúrgicas están reducidas, la abogada destaca que hay un daño ambiental por más de un siglo de operación. El complejo, asegura, funcionó durante 71 años sin que existieran normas para regular las obligaciones ambientales.
Fue en 1993 que se promulgó el Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad Minero Metalúrgica, estableciendo que las actividades minero-metalúrgicas debían contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o con un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) para controlar los impactos al medio ambiente.
En su sentencia, la Corte IDH recuerda que Centromin fue la empresa encargada de elaborar el primer PAMA del complejo en 1996, para diez años de ejecución y cuando Doe Run asume la administración del complejo también está a cargo de cumplir con las obligaciones ambientales. Sin embargo, se modificaron los documentos y el Estado peruano dio prórrogas para el cumplimiento de los compromisos. Al término del 2010, no se culminaron las adecuaciones de proyectos con calidad ambiental y las actividades minero-metalúrgicas disminuyeron desde entonces.
La ciudad de La Oroya fue catalogada como uno de los lugares más contaminados del planeta por el Instituto Blacksmith de Nueva York. Entre 2004 y 2006, el Ministerio de Salud concluyó que más del 90 % de los niños y gestantes de las localidades aledañas a la planta tenían altas concentraciones de plomo en la sangre.
La Organización Mundial de la Salud advierte que la exposición al plomo causa daños a los niños en el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso; en los adultos aumenta el riesgo de hipertensión arterial, afecciones cardiovasculares y lesiones renales y en las embarazadas puede ser causa de aborto natural, muerte fetal, parto prematuro y bajo peso al nacer.
Christian Huaylinos Camacuari, coordinador del área legal de la Asociación pro Derechos Humanos (Aprodeh), recuerda que las víctimas decidieron denunciar al Estado peruano tras conocerse los altos niveles de contaminación en La Oroya en el 2003. “Exigían fiscalización ambiental al complejo metalúrgico y atención a la población afectada por los metales”.
El abogado explica que este fallo no solo favorece a las 80 denunciantes; sino que a todo el Perú porque ordena la modificación del Decreto Supremo Nº 0003-2017-MINAM, que cambió en el año 2017 los valores máximos de dióxido de azufre permisibles en el aire. “Esto constituyó una medida deliberadamente regresiva que violó la obligación de desarrollo progresivo respecto del derecho al medio ambiente sano”, señala el Tribunal de la Corte IDH.
Una nueva batalla
“La decisión de la Corte es irrevocable e inapelable. El Estado peruano debe cumplir con la sentencia”, señala la abogada Liliana Ávila, quien lamentó que el Perú sea un país con antecedentes de no cumplir con las normas internacionales. Por ello, alerta, ahora la nueva batalla de las víctimas es que se cumpla con lo ordenado por la Corte IDH.
En el 2006, La Oroya tenía más de 18000 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de ellos, 80 personas impulsaron la denuncia contra el Perú en instancias internacionales. La abogada Ávila explica que las amenazas y hostigamiento que tenían los pobladores hizo que muchos desistieron de la demanda por temor a sus vidas.
Los denunciantes no solo sufrieron daños a su salud, sino que fueron perseguidos, hostilizados y amenazados por sus labores de defensa del medio ambiente y la salud de los habitantes de La Oroya, actos que no fueron investigados ni castigados por el Estado peruano.
“Los 80 denunciantes deben ser considerados defensores ambientales por su incansable lucha, que si bien es un logro luego de 20 años de trabajo y resistencia; ahora se debe continuar el trabajo exigiendo el cumplimiento de la sentencia en atender la salud y la remediación del medio ambiente”, menciona Christian Huaylinos.
Actualmente en La Oroya viven más de 12 000 habitantes y la principal actividad económica es la minería; muchos de los pobladores continúan trabajando en el complejo metalúrgico. Avila resalta que “existe un conflicto social evidente, una disyuntiva entre la salud y el trabajo que no debería existir. La sentencia exige que se cumplan los estándares de calidad para el desarrollo de las actividades mineras y prevalezca la salud y el derecho a la justicia”.
* Imagen principal:El Complejo Metalúrgico de La Oroya funciona desde 1922. Ahí se realiza la fundición y refinamiento de metales. Foto: Aprodeh
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