- Perú entrega licencias de pesticidas de carácter indefinido, es decir, que no se someten a revisiones periódicas para valorar evidencia actualizada sobre sus riesgos para la salud humana y el medio ambiente.
- Por eso, el gigante Syngenta puede vender aquí 42 pesticidas prohibidos en la Unión Europea y en Suiza -donde se ubica su casa matriz-, además de cinco sustancias vetadas en China, cuyo gobierno tiene ahora la propiedad de la corporación más grande del mundo de agroquímicos y semillas.
“Una vez casi me muero”, recuerda Lorgio Ñaupas, quien durante ocho años fumigó campos de algodón en Ica, la capital de la agroexportación del Perú, con apenas un trapo de tela envuelto en su rostro como medida de protección. Al igual que muchos inmigrantes que suelen llegar a esta región en busca de empleo, Lorgio aceptó una de las tareas más riesgosas aunque no recibiera capacitación alguna sobre la manipulación de agroquímicos. “Cuando fumigaba toda una semana sufría dolores de cabeza y vómitos. Me envenené”, dice quien a los 57 años se dedica al cultivo agroecológico de zapallos y lechugas en el Valle de Chillón, al norte de Lima.
Lorgio Ñaupas cuenta también que uno de sus hijos que lo ayudaba con las fumigaciones quedó afectado durante un accidente: el pesticida paraquat le cayó en la pierna derecha causándole una herida y una cicatriz imborrable. Estas malas experiencias le sirvieron para comprender que los pesticidas no sólo son un potente veneno para las plagas y las malezas, sino también productos químicos potencialmente peligrosos que pueden causar daños a la salud y al medio ambiente. Por eso, promueve ahora prácticas agrícolas más sostenibles que buscan la reducción del uso de pesticidas.
“¿Por qué los peruanos permitimos agroquímicos peligrosos hasta ahora?, ¿por qué no se buscan formas que eviten envenenarnos?”, pregunta Ñaupas.
La respuesta la exponemos en esta investigación liderada por Salud con Lupa, en colaboración con Dialogue Earth, que analiza el mercado de pesticidas en Perú. En este millonario negocio, Syngenta, que suele promocionarse como una corporación que ayuda a alimentar a millones de personas mientras protege la vida de los agricultores y la biodiversidad, obtiene sus principales ganancias de la venta de 120 ingredientes activos de agroquímicos, 42 de los cuales están catalogados como altamente peligrosos por la Red de Acción en Pesticidas (PAN, por sus siglas en inglés).
Varios de los pesticidas de Syngenta ya han sido prohibidos en Suiza -su casa matriz-, la Unión Europea, Estados Unidos y China, pero no han salido totalmente del mercado. Syngenta, que ahora es propiedad del gobierno chino, traslada sus plaguicidas con problemas a países con legislaciones flexibles como el Perú.
Aquí ha conseguido autorizaciones entregadas para el comercio y uso de pesticidas con carácter indefinido, a diferencia de otros países como Chile, Costa Rica o la Unión Europea, donde solo se expiden permisos por un período de diez años y, para mantenerse su vigencia, deben pasar por nuevas revisiones.
Pese a que Perú hizo en 2011 un reordenamiento del sistema de registros de pesticidas para adaptarse a parámetros ambientales exigidos por la Comunidad Andina, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) no hizo modificaciones de fondo para fortalecer y hacer transparente el sistema de evaluaciones de agroquímicos. Los pesticidas aprobados mantuvieron un registro de carácter indefinido, sin lugar a renovaciones de autorizaciones en las que se pudiera tomar en cuenta la evidencia científica actualizada sobre sus efectos en la salud humana y el medio ambiente.
Lo evidencia el caso del paraquat, uno de los productos más vendidos por Syngenta con una toxicidad 28 veces más aguda que el glifosato. Perú está entre los países de América Latina que lo usó desde los años noventa y que más se demoró en prohibir su uso. Recién en 2021 dejó de venderse a pesar de que se conocía evidencia científica sobre sus efectos nocivos desde 1983.
“Si no hay evaluaciones periódicas de los pesticidas registrados se pone en riesgo el medio ambiente y la salud humana. Algunos permanecen en el ecosistema, las aves y diversas especies están siendo directamente afectadas. Eso lo han demostrado estudios científicos recientes”, dice Mariano Castro Sánchez-Moreno, experto en derecho y gestión ambiental y miembro de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible del Perú.
Además, los ensayos clínicos y referencias con que se sustentan las aprobaciones de un pesticida no son públicos, como sí ocurre en los países de la Unión Europea. Por eso, para esta investigación usamos la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con el propósito de que el Estado nos entregue los expedientes que sustentan los registros de agroquímicos otorgados a Syngenta en Perú.
Un sistema evaluador fallido
En manos de un grupo de funcionarios y tecnócratas de los ministerios de Desarrollo Agrario y de Salud está repartida la evaluación y aprobación de los registros de plaguicidas que se usan para el cultivo de alimentos que luego llegan a las mesas de más de treinta y cuatro millones de peruanos.
Cuando una empresa solicita el registro de un agroquímico para venderlo en el país, presenta su expediente ante el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), entidad responsable de la autorización y de la vigilancia de las condiciones en que se cultivan los alimentos. El Senasa responderá basado en su informe y los de otras dos instancias: una evaluación ambiental realizada por la Dirección de Gestión Ambiental Agraria (DGAA) del Midagri y otra de impacto para la salud humana en manos de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) del Ministerio de Salud.
Las evaluaciones de estas direcciones utilizan, principalmente, informes y estudios adjuntados por la empresa fabricante del pesticida en el expediente. Si la solicitud es aprobada, no tendrá que pasar nunca más por otra revisión en Perú. Por eso, Syngenta aún mantiene aquí el registro de 46 plaguicidas prohibidos en la Unión Europea -42 de los cuales también están restringidos en Suiza, donde se ubica su casa matriz- y 5 ya fueron vetados en China. En esta lista aparecen el mancozeb, el diquat, la atrazina y el clorotalonil, como detallamos en la visualización adjunta.
Syngenta también importa glifosato al Perú, donde es usado en cultivos de mandarina, mango, palto, vid y maíz. Para lograr que este plaguicida se mantenga en el mercado global hasta el 2033, Syngenta y otros siete fabricantes de pesticidas y semillas hicieron lobby en la Comisión Europea durante cinco años hasta que se subestimaron las opiniones técnicas y científicas que recomendaban su retiro del mercado por su toxicidad. Así, en noviembre de 2023, el glifosato obtuvo una segunda prolongación de su registro para que continúe en el mercado a pesar de los estudios que lo relacionan con daños al medio ambiente.
Paraquat: se ignoraron informes para autorizarlo
En julio de 2020, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria prohibió el uso del paraquat en Perú, una medida que entró en vigencia al año siguiente. Anticipándose a este escenario, Syngenta, el principal fabricante y comercializador de este pesticida en el país, importó más de 651 mil litros de paraquat solo entre 2019 y 2020, casi el doble de los volúmenes que solía traer por año. Esa cantidad de botellas no se podrían acabar pronto: con ese volumen se fumigan 434 mil 366 hectáreas de cultivo de cacao, café, palma aceitera, mandarina, plátano o naranja, lo que también puede ser equivalente a esparcir esta sustancia química en 402,191 canchas profesionales de fútbol.
Hasta ahora, la oferta de paraquat no se ha agotado en el Perú ya que volúmenes importantes de esta sustancia ingresan por contrabando a través de Ecuador, donde sigue permitido el uso de este pesticida, como lo revelan reportes de la Sunat.
La relación de los agricultores peruanos con el paraquat empezó en los años noventa, cuando el gobierno de Alberto Fujimori entregó autorizaciones indefinidas para los pesticidas de uso agrícola y redujo los trámites administrativos para los registros. En 1996, Syngenta era la única empresa que consiguió la autorización para comercializar el paraquat, lo que hizo que se convirtiera en uno de sus productos de mayor venta en el país.
A pesar de que varios estudios advertían sobre el riesgo de envenenamiento agudo con esta sustancia por inhalación y no solo por contacto con la piel o los ojos, el paraquat se mantuvo en el mercado. Desde la década de los 90 se multiplicaron también las evidencias de que la exposición crónica al paraquat está vinculada a daños en los sistemas respiratorio y reproductivo, así como al aumento del riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, para las autoridades agrarias y sanitarias peruanas no hubo motivo suficiente para reevaluar su uso de manera extraordinaria y prohibirlo.
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego sólo suspendió temporalmente el uso de plaguicidas peligrosos como el paraquat cuando Perú fue obligado a adaptarse a las normas de la Comunidad Andina de Naciones en materia ambiental en 2011. Este ordenamiento se hizo cuando fue ministro el empresario agroexportador Miguel Caillaux, y finalizó a comienzos de 2012, con el consultor de empresas agroindustriales Luis Ginocchio a la cabeza de ese ministerio.
¿En ese ordenamiento no se advirtieron ni estudiaron los riesgos y daños a los que ya estaba asociado el paraquat? Sí, pero no se atendieron las recomendaciones. Durante esta investigación hallamos que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria no tomó en cuenta tres informes que lo advirtieron y, básicamente, mantuvo su registro. Cuando le consultamos por qué tardó tanto la prohibición del paraquat, el Senasa evadió la pregunta y sólo mencionó que las medidas se toman basadas en los informes emitidos por la Digesa y el Midagri, y después de asegurarse que la sustancia tenga sustitutos.
En setiembre y diciembre de 2011, la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Midagri elaboró dos informes en los que ratificó lo siguiente: “el paraquat es una sustancia extremadamente peligrosa para el ambiente, se expande a grandes distancias, es persistente en el suelo y el agua, y tiene un alto potencial de contaminación hacia aguas subterráneas”. Además, en abril de 2012, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) del Ministerio de Salud concluyó que no era conveniente permitir el uso del paraquat “por su elevado riesgo para la salud humana” y recomendó cancelar su registro.
Sin embargo, durante veinte años las posturas de las instancias evaluadoras expertas quedaron archivadas en los expedientes que ahora conocemos. Recién el Perú decidió ponerle fin al uso del paraquat en 2020, cuando ya se conocían demandas en Estados Unidos y Canadá que relacionan a este pesticida con la enfermedad de Parkinson y su impacto letal en las poblaciones de abejas. Además, una filtración de documentos de Syngenta permitió conocer que la corporación sabía desde hace décadas los daños que podía producir el paraquat, pero los ocultó a las autoridades regulatorias.
En 2022, Syngenta informó a sus inversores en un reporte que los riesgos de juicios contra la empresa debido a los impactos en la salud humana del paraquat se estimaban en más de US $6 mil millones. En esta proyección incluyó a dos mil denunciantes en Estados Unidos y Canadá que responsabilizan al paraquat de ocasionarles la enfermedad de Parkinson, así como la demanda de familias de agricultores hindúes iniciada en un tribunal de Basilea (Suiza) por intoxicaciones graves y mortales con este pesticida.
Hasta la fecha, en países latinoamericanos no se conocen demandas públicas contra Syngenta por los efectos del paraquat en la salud de agricultores. Uno de los problemas está en las condiciones laborales precarias e informales de miles de trabajadores del campo, quienes están expuestos de manera crónica a varios pesticidas y no pasan por evaluaciones sanitarias periódicas.
“Es importante no esperar una relación causa-efecto, que es muy difícil de probar. Hay que tomar en cuenta las características de peligrosidad demostradas en ensayos clínicos con animales, estudio epidemiológicos y las sentencias en otros países por las denuncias de trabajadores expuestos a pesticidas”, explica el doctor Fernando Bejarano, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM), quien investiga el impacto social y ambiental de los pesticidas desde hace 30 años.
Diquat: autorizado con estudios de 1985
Dos meses después de que se prohibiera el paraquat en Perú, Syngenta lanzó su reemplazo: el diquat. En setiembre de 2020, cuando aún no se podían retomar las reuniones presenciales por la pandemia de COVID-19, la empresa organizó una conferencia virtual en la que José Mejía, ingeniero agrónomo y consultor internacional de Syngenta, dijo: “el diquat no representa mayor riesgo para las personas desde el punto de vista toxicológico”. Sin embargo, olvidó señalar que este pesticida está prohibido en la Unión Europea desde 2019 por la evidencia suficiente que lo relaciona con alteraciones y daños al sistema endocrino de las personas.
Syngenta ya había preparado el terreno varios años antes para mantener el diquat en mercados menos exigentes como Perú. En 2014, cuando supo que en la Unión Europea se evaluaban los riesgos de este pesticida para la salud humana y el ambiente, la empresa buscó países en otros continentes donde pudiera registrar el pesticida sin mayor resistencia. Así consiguió el registro del diquat en Perú en 2015 para activarlo cuando le fuera más conveniente. El mismo año en que las autoridades regulatorias peruanas le dieron el visto bueno a este pesticida se conocieron estudios de que elevaba los riesgos de alteraciones hormonales en los seres humanos.
Entre 2020 y 2023, Syngenta importó 688 mil litros de diquat, lo suficiente para llenar unas 3 mil bañeras de esta sustancia química o fumigar superficies de cultivos equivalentes a 254 mil canchas de fútbol. En el país se vende como un potente fumigador para eliminar las malezas de la palma aceitera, pero en la práctica se utiliza también en cultivos de palto, mango y tomate. En su etiqueta se advierte que solo se puede ingresar al área fumigada 24 horas después y la cosecha debería empezar a los 14 días de haberlo aplicado, pero la poca capacitación a los agricultores y la débil fiscalización en el campo hace que no se cumplan las normas.
Por varios años, Syngenta y Sharda Cropchen, fabricantes del diquat, presionaron a la Comisión Europea para que este pesticida no fuera restringido, como ha quedado registrado en documentos y correos electrónicos. En 2017, en una carta dirigida a la Comisión Europea, Syngenta cuestionó los parámetros utilizados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) que evaluó los riesgos y problemas relacionados con el diquat. Un año antes, organizaciones de agricultores le habían enviado peticiones para que no elimine este pesticida por los posibles impactos económicos que sufrirían al no existir una sustancia de reemplazo que elimine eficazmente las plagas. Así, la Comisión Europea postergó en dos ocasiones una propuesta de eliminación del diquat en los países de la Unión Europea.
Sin embargo, un segundo informe de la EFSA confirmó los altos riesgos del diquat para la salud de las personas expuestas por inhalación o contacto con la piel y los ojos, lo que resultó determinante para que la Comisión Europea le pusiera fin en mayo de 2019. En cambio, Perú mantiene la autorización del diquat con un registro de autorización basado en estudios realizados en 1985.
Cuando revisamos estos documentos encontramos citas a ensayos clínicos con ratas y conejos que fueron expuestos al diquat por inhalación y contacto, los cuales sirvieron para señalar que no era una sustancia peligrosa. Como lo hemos visto, la evidencia más robusta concluyó que sí merecía ser incluida en la lista de disruptores endocrinos.
Atrazina: un contaminante del agua permitido
La atrazina es un potente pesticida prohibido en 44 países del mundo, incluida Suiza donde se ubica la casa matriz de Syngenta, debido a que su uso genera altos riesgos de contaminación de cuerpos de agua superficiales y subterráneos. Por un principio de prevención de daños a la salud humana, la Unión Europea lo eliminó de su lista de pesticidas autorizados en 2004. Sin embargo, dos décadas después, Perú mantiene su autorización a pesar de que no monitorea su impacto en el agua.
Este agroquímico se usa para controlar las plagas en los sembríos de maíz y caña de azúcar en la costa y la Amazonía. Solo entre los años 2019 y 2023, las importaciones de atrazina de Syngenta sumaron 55,558 kilogramos y 6,440 litros, lo que hace que esté entre los más vendidos en el país.
En 1997, Syngenta fue una de las primeras empresas en registrar la atrazina en Perú. Ningún informe emitido por el Senasa y las direcciones evaluadoras le fue desfavorable. Tanto la Dirección Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAA) del Midagri como la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) del Minsa han dado sólo recomendaciones a los agricultores para reducir los riesgos del uso de la atrazina, como cumplir con fumigar a una distancia mínima de diez metros de fuentes de agua para evitar su contaminación.
Perú no ha tomado en cuenta la evidencia científica internacional de preocupación sobre este agroquímico. Los antecedentes se remontan a los años noventa. Por ejemplo, en 1998, Tyrone Hayes, biólogo de la Universidad de California-Berkeley, estudió por encargo de Syngenta los efectos de la atrazina en las ranas y encontró que renacuajos machos expuestos a este agroquímico, incluso a bajas dosis, sufrían alteraciones hormonales, como niveles de testosterona reducidos. Cuando repitió el ensayo clínico, confirmó los resultados, pero Syngenta le impidió revelarlos. Solamente al término de su contrato, Hayes pudo publicar un estudio amplio sobre la atrazina y sus efectos en la salud y el ambiente.
En 2003, cuando la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) evaluó la atrazina por sus riesgos para el sistema endocrino, Syngenta logró que se incluyeran representantes de la empresa en el comité de asesores científicos de esta agencia en dos oportunidades, lo que sirvió para que se subestimen los estudios sobre la atrazina que la describen como un disruptor endocrino. Luego, el experto en cabildeo Jim J. Tozzi., la Asociación de Productores de Maíz de Kansas y la Triazine Network, sin declarar que estaban vinculados con Syngenta, hicieron uso de un mecanismo legal, conocido como Data Quality Act, para cuestionar la información científica sobre la atrazina en manos de la EPA. Esta estrategia hizo que la revisión de este pesticida finalizara en 2003 con su aprobación sin restricciones hasta la fecha.
En la ciudad de Guadalupe, Syngenta promueve sus plaguicidas con afiches colocados a los extremos de la carretera y cerca de tiendas de agroquímicos. FOTO: JHONATAN YAMUNAQUÉ
La única medida de control que se incluyó en la autorización de la atrazina fue su vigilancia en fuentes de agua. Una evaluación que estuvo a cargo de la propia Syngenta, que debía presentar sus informes de monitoreo a la agencia ambiental estadounidense. En 15 años de evaluaciones, los reportes le han sido favorables: “los niveles de atrazina en el agua están muy por debajo del nivel de preocupación”. Sin embargo, cuando el Servicio Geológico de Estados Unidos hizo sus propios estudios en 2006, se halló que la atrazina era el contaminante detectado con mayor frecuencia en el agua. Cerca del 75% de las muestras en arroyos y el 40% en agua subterránea cerca de áreas agrícolas analizadas entre 1991 y 2001 tuvieron residuos de esta sustancia.
La contaminación del agua con atrazina movilizó a varios grupos de la población estadounidense. Veinte empresas de suministro de agua de los estados de Illinois, Iowa, Indiana, Kansas, Missouri y Ohio presentaron en 2004 una demanda colectiva contra Syngenta por la contaminación del agua potable con atrazina. Después de ocho años de juicio, la empresa aceptó el pago de $105 millones a favor de las comunidades afectadas. La investigación concluyó que, como efecto de las tormentas de lluvia, la atrazina llegaba hasta arroyos y ríos que sirven de suministro de agua potable.
Mancozeb: un disruptor endocrino con registro actualizado
La última vez que el Senasa revisó la autorización del mancozeb de Syngenta en Perú fue en 2016. A pesar de que ya existía evidencia científica de preocupación sobre esta sustancia por sus efectos negativos en el sistema endocrino, se actualizó su permiso de uso sin mayores preocupaciones.
La principal recomendación que se lee en el informe de la Dirección de Gestión Ambiental Agraria es esta: “su aplicación debe ser a una distancia de 10 metros de fuentes de agua para evitar contaminarlas”. En este mismo informe, se indicó que los riesgos ambientales en especies acuáticas están por debajo del nivel de preocupación. Solo se sugirió al fabricante ofrecer capacitaciones a los agricultores sobre el uso correcto de este pesticida.
Solo entre 2019 y 2023, Syngenta importó al Perú 259 toneladas de mancozeb, un pesticida de coloración azul que muchas personas conocieron cuando se encontraron restos de esta sustancia en la cebollita china que se vendió en varios mercados del país en los últimos dos años.
No fue hasta después de un informe de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) que categorizó al mancozeb como un disruptor endocrino en 2019 que los países de la Unión Europea prohibieron su uso, una medida que entró en vigencia en 2021.
El informe de la EFSA hizo que se revalorara un estudio del Centro de Investigación del Cáncer de la Fundación Ramazzini que por años no fue tomado en cuenta. En 2002, este estudio en 150 ratas a las que se dio mancozeb en el alimento halló que la sustancia provocaba el aumento de tumores malignos mamarios, en la glándula tiroidea y el páncreas, por lo que se recomendó que se le considerara un agente cancerígeno.
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos había advertido también a fines de los ochenta sobre los riesgos del mancozeb por incluir en su composición el metabolito tiourea de etileno (ETU), vinculado a posibles efectos cancerígenos, así como alteraciones y lesiones de la glándula tiroidea en estudios realizados en ratones. Sin embargo, desde 1992 hasta la fecha, Estados Unidos permite su uso en los campos de cultivo.
En Perú, 158 plaguicidas que contienen mancozeb están registrados por 52 empresas. La más grande es Syngenta, que vende el mancozeb bajo las marcas Ridomil Gold y Veranero Gold, fabricadas por su socia Dow Chemical Company.
Glifosato: el lobby que lo mantiene
El glifosato no está categorizado como un pesticida de riesgo en Perú a pesar de que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que forma parte de la Organización Mundial de la Salud, lo incluyó en la lista de probables cancerígenos en 2015. Por eso, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria ha autorizado más de 140 pesticidas que contienen glifosato para su comercialización en el país. Incluso, Syngenta consiguió un segundo registro de su línea de productos con glifosato en 2023.
El informe con opinión favorable de la Dirección de Gestión Ambiental Agraria del Midagri se basa en reportes de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos que señalan que los riesgos ambientales relativos al uso del glifosato “son menores a los niveles críticos de preocupación planteados para todos los organismos terrestres y acuáticos evaluados”.
Otro informe favorable para la autorización del primer registro de glifosato de Syngenta en Perú lo dio en 2016 la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud: “no existe ningún riesgo potencial si se utilizan equipos de protección personal durante la fumigación y se respetan las dosis máximas recomendadas por el fabricante”.
Alrededor del glifosato, Syngenta y otros grandes fabricantes de pesticidas han generado estrategias y lobbies para mantenerlo todo el tiempo que les sea posible en el mercado. Solo así consiguieron en 2023 que la Comisión Europea autorizara por segunda vez una extensión de diez años del uso del glifosato en los países de la Unión Europea a pesar de algunas posturas críticas de varios de sus estados miembros.
El glifosato es un pesticida usado desde la década del setenta para acabar con las plagas de variedades de cultivos, como maíz, palma aceitera, café, mango, palto y mandarina. Se venden unas 800 mil toneladas cada año y se ha convertido en el agroquímico más comercializado en el mundo en parte por su uso en cultivos transgénicos como la soya y el maíz, que han sido diseñados para resistirlo. Esto significa que los agricultores pueden rociarlo y matar las malezas o semillas no deseadas sin perjudicar sus cultivos.
Para prolongar su autorización, los fabricantes reunidos en el Glyphosate Renewal Group (Grupo de Renovación sobre Glifosato) han dirigido sus solicitudes de renovación de la licencia a estados miembros de la Unión Europa que pudieran garantizarles opiniones favorables, como ocurrió en 2013 con el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos (BfR) de Alemania que concluyó que el glifosato no representaba riesgos para la salud y descartó que fuera un cancerígeno. Un informe favorable que sólo valoró evidencia presentada por la industria de pesticidas, como reveló el diario The Guardian.
Esto generó que algunos países tomen sus propias medidas preventivas. Austria prohibió el glifosato en 2019, mientras que Italia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca y República Checa le pusieron restricciones, como dejar de usarlo en áreas públicas y durante la precosecha. Para el proceso de renovación de la licencia que empezó en 2019, esta vez no uno sino cuatro estados miembro de la Unión Europea asumieron la evaluación, pero los informes favorables de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) y Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) pesaron para que se renueve la autorización del glifosato hasta el 2033.
En Perú, a raíz de investigaciones de Salud con lupa, se presentaron dos proyectos de ley en 2023 para retirar del mercado plaguicidas de riesgo para la salud y el ambiente, entre los que figura el glifosato, pero estas iniciativas permanecen en las comisiones Agraria y de Salud a donde han llegado cartas y alertas de las empresas fabricantes de pesticidas para frenarlos en nombre de la “economía de los agricultores” porque les costará más frenar las plagas. Pero a trabajadores del campo como Lorgio Ñaupas ese argumento ya no le parece razonable: el costo del uso de pesticidas peligrosos por años ha sido una pérdida de salud irreversible. “Me da pena que se lleve a las personas alimentos contaminados con insecticidas altamente tóxicos”.
El silencio de Syngenta
Durante esta investigación, Salud con lupa se comunicó en varias ocasiones con Syngenta Perú desde el 19 de marzo de 2024. Llamamos a su oficina, enviamos un mensaje al correo electrónico que nos indicaron y también nos contactamos con su gerente general y apoderado, Yovanny Jiménez, quien aceptó una entrevista. A través de la agencia de comunicaciones de Syngenta, coordinamos con Jiménez para que nos recibiera el 18 de abril, pero días antes de la cita canceló el encuentro. Después de ello, Syngenta sólo aceptó respondernos de manera escrita. Le enviamos un cuestionario el 16 de abril, pero hasta el cierre de edición no recibimos respuesta alguna.
*Este reportaje es publicado como parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y Salud con Lupa.
Imagen destacada: Perú importa más de 100 millones de dólares en pesticidas al año, varios considerados altamente peligrosos y prohibidos en países con regulaciones más estrictas. Ilustración: Héctor Huamán
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