- El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un ambicioso proyecto impulsado por el gobierno de México, que busca conectar los océanos Atlántico y Pacífico.
- Aunque se ha presentado como un proyecto que generaría beneficios a las comunidades, su desarrollo ha representado amenazas para los defensores indígenas.
- Édgar Martín, del pueblo indígena zapoteca, vigila que las obras de la vía férrea no impacten más en las tierras de su comunidad, Unión Hidalgo.
- Según la Marina, entidad encargada de la rehabilitación de la vía férrea, la obra no tendrá graves afectaciones, pero el defensor zapoteco reporta la deforestación de al menos 12 000 árboles nativos y la desviación de arroyos.
Desde hace dos años, Édgar Martín Regalado recorre en su bicicleta al menos 26 kilómetros de los más de 400 que conforman la “Línea K” del Tren Interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec, México. Esta es una de las tres líneas del proyecto impulsado por el gobierno mexicano que pretende conectar los océanos Pacífico y Atlántico en la parte más angosta del país, y que busca el desarrollo de puertos y parques industriales para facilitar el comercio global.
Édgar Martín tiene 53 años y pertenece al pueblo indígena zapoteca. Su labor se concentra en una parte del trayecto que comunica la ciudad de Ixtepec, en el estado de Oaxaca, con Ciudad Hidalgo, en Chiapas, al sur del país. En sus recorridos vigila que esta vía férrea no impacte aún más las tierras comunales de su pueblo, Unión Hidalgo.
Para él, pedalear bajo el sol ardiente y en temperaturas que oscilan entre los 16 y 35 grados no ha sido un obstáculo. Su compromiso con la biodiversidad es férreo. “Me uní a la defensa de los bienes naturales de mi pueblo como se engarza un eslabón de una cadena de vida con otro”, afirma, convencido de que su labor es legítima y necesaria.
En su camino como defensor, un acontecimiento fue llevándolo a otro: comenzó siguiendo los consejos de su abuelo. Luego, en 1995, participó en un proyecto ecológico en Ciudad de México y, más adelante, apoyó una etnografía sobre Unión Hidalgo. Así fue cultivando su interés por la defensa de los bienes comunales ante el avance de megaproyectos en la región. Su activismo también buscó retribuir los árboles que había convertido en libros durante algunos años que trabajó en una editorial, dice, y poner los derechos humanos en el centro de los temas ambientales.
Como asegura su hermana Flora, la parte medular de su historia comenzó cuando vivió en un lugar llamado Acción Popular Politécnica, en la Ciudad de México, adonde emigró a los 14 años para estudiar el bachillerato. “Era como un internado. Ahí fue educado por el padre jesuita Guzmán Rangel y se convirtió en un ser más autónomo y analítico. Hizo labor social, luego se graduó como ingeniero industrial y tuvo buenos empleos. Vivió entre San Francisco, California (Estados Unidos) y México, pero un día decidió regresar a su territorio. Ya venía razonando algunas cosas”, detalla Flora.
Ahora este líder indígena es el encargado de la gestión del territorio comunal de Unión Hidalgo. Por eso, desde que se anunció la rehabilitación de ese segmento de la vía férrea, en diciembre de 2023, comenzó a vigilar los impactos ambientales que podría tener el proyecto del Tren Interoceánico en los ecosistemas de sus tierras.
Recorridos de monitoreo
Impulsado por los pedales, Edgar Martín ha recorrido más de 55 veces el tramo de rieles que atraviesa su territorio. Así logró identificar el momento en que la primera cuadrilla de la Secretaría de Marina (Semar) —encargada de liderar la rehabilitación de la vía— comenzó a talar árboles en las franjas de terreno destinadas por el Estado para el proyecto. También fue testigo del desmonte de áreas aledañas, como el bosque El Palmar, una zona de 829 hectáreas rica en vegetación y considerada un pulmón para la región.
Después observó que la empresa Grupo Ferrocarrilero del Sureste (GFS) —encargada de las obras de modernización de la Línea K— extraía material pétreo (rocas naturales usadas en construcción) del cerro Loma Lope sin autorización ambiental. Esa zona fue identificada por los mismos ingenieros del proyecto como la de más alta calidad de materiales en la microregión, pero también es un núcleo importante de biodiversidad. Por esos motivos, los trabajos de extracción de material fueron cancelados.
Un año y cuatro meses después de iniciada la modernización de la línea ferroviaria, Mongabay Latam pudo corroborar que en la zona se observa deforestación, decenas de arroyos y cuerpos de agua desviados o rellenos de piedras, aves migratorias sin la posibilidad de pescar para alimentarse, extinción de manglares y la reserva comunal El Palmar visiblemente afectada.
El defensor ambiental de Unión Hidalgo, que en el pasado también se ha enfrentado a la imposición de proyectos eólicos y ha protegido otras reservas comunitarias, como La Llovizna, advierte que las afectaciones actuales son el resultado de décadas de un enfoque que busca beneficiar al ser humano y que ha llevado a la explotación excesiva de bienes naturales. Además, señala, con la llegada del Tren Interoceánico y de los seis polos de desarrollo (como el Gobierno ha llamado a los parques industriales asociados al tren que estarán operando en la región), “se puede desencadenar más violencia, migración y cambios culturales”.
Además se instalarán industrias maquiladoras, farmacéuticas, eólicas, entre otras, que podrían tener impactos en la biodiversidad. El mismo organismo público encargado del proyecto, denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), identificó los potenciales efectos en la calidad del aire, el suelo y el agua de las obras. Incluso reconoció que “los impactos podrían ser ineludibles e irreversibles, ya que de la modificación del suelo depende, en gran medida, la instalación de las nuevas industrias”.
A Édgar Martín, sin embargo, lo que más le preocupa “es la activación de una concesión minera en las tierras comunales de Unión Hidalgo”. Sus reparos son motivados, pues solo en el Istmo hay otras 13 concesiones vigentes y todas se encuentran cerca de las líneas férreas. Seis están en inmediaciones de la Línea K y ocho cerca de la Línea L.
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Rieles que transforman el paisaje y el territorio
A casi 400 metros de la comunidad de Édgar Martín está la terminal de la Línea K del Tren Interoceánico. Antes era conocida como “La Estación” del Ferrocarril Panamericano en Unión Hidalgo o Guidxi Gubiña, como le llaman los habitantes en lengua diidxazá o zapoteco. Era un inmueble construido en 1904 con valor cultural, catalogado así por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Aunque sufrió daños por el terremoto de 2017 que devastó la región, logró permanecer en pie, pero fue derribado en 2020 con el argumento de que representaba riesgos para la población. Ese mismo año se hizo público el plan del Corredor Interoceánico.
El día de abril en el que Mongabay Latam acompañó al defensor indígena en sus labores, todo parecía moverse rápidamente. Los trabajadores apresuraban el paso para ultimar detalles en lo que ahora será la nueva terminal: movían cosas, conectaban cables y hacían soldaduras para terminar el primer tramo de la obra que será inaugurada en julio de 2025 por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
A un costado se encontraba Édgar Martín, sujetando su bicicleta para dar inicio al recorrido. Mientras observaba la transformación del lugar dijo: “Iniciamos un juicio legal porque queremos que restituyan lo que han derribado las autoridades y que se vuelva a hacer para fines comunitarios”. En abril de este año, un juez reconoció el valor histórico y cultural del inmueble y ordenó a las autoridades su reconstrucción.
A lo largo del trayecto el paisaje es árido, amplio y silencioso. Los rieles atraviesan puentes y esteros, donde se mezcla el agua dulce de arroyos y ríos con el agua salada de la Laguna Superior. Son zonas de gran biodiversidad. Al fondo se ven las cordilleras, una de ellas con un tono rojizo. El defensor cuenta que el color se debe a la presencia de minerales como la hematita y, posiblemente, oro.
Édgar Martín avanza rápido. Sus 59 kilos sobre la bicicleta son una ventaja, especialmente en terrenos agrestes y bajo el sofocante calor del Istmo. No deja cabo suelto y va identificando los daños: troncos de árboles tirados, puentes que impiden el flujo de agua y el paso de fauna silvestre, ampliación de las vías, cauces desviados, sequía extrema y extinción de manglares.
Pese a que el Gobierno le dijo a la comunidad que no se afectaron árboles nativos y “solo se identificaron arbustos espinosos”, el defensor insiste en que “estos caminos eran vivos». «Y es un hecho que los árboles prestaban servicios ambientales, por lo que sí hay un impacto por las obras”.
Como recuerda Andrea Manzo, antropóloga y defensora zapoteca que participó de una protesta contra la deforestación —en la que bloquearon el paso en el kilómetro 42 de la Línea K—, en enero de 2024, la Semar argumentó entonces que los árboles talados “no tendrían por qué existir”, ya que las intervenciones formaban parte de la renovación de un derecho de vía (la superficie necesaria para ejecutar la obra). Según afirmaron, el camino “siempre debió estar en mantenimiento”, lo que, en sus palabras, equivale a derribar árboles o cubrir el suelo con cemento.
“Ellos sí tienen derecho a deforestar, sin importar lo que implique para el ecosistema”, reprocha la antropóloga, que también asegura que, aunque es difícil dimensionar el impacto, es evidente la transformación. En especial la del estero Espantaperro, ubicado entre El Palmar y la Laguna Superior. Como afirma Laureano Toledo, de 60 años y otro de los defensores de la zona, el estero “se está secando, desaparecieron los mangles rojos y blancos, y se han ido los patos y las tilapias”.
Las obras no tienen plan de mitigación. El almirante Efrén Gómez Luis (de la Semar) informó a los comuneros que la Secretaría de Medio Ambiente determinó que las obras se ajustan a las normativas de protección al ambiente del país, por lo que quedan exentas de la Manifestación de Impacto Ambiental y pueden realizarse sin someterse al procedimiento de evaluación. Para conocer los elementos que se consideraron en dicha resolución, Mongabay Latam solicitó una entrevista con la titular de Semarnat Alicia Bárcena. Al cierre de este reportaje, no obtuvo respuesta.
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La ardua tarea de salvaguardar los ecosistemas
En el recuento de los daños, Édgar Martín asegura que la especie más afectada por la Línea K fue la palma Sabal mexicana, una planta con valor cultural utilizada por las comunidades indígenas de Oaxaca, Yucatán y otros estados del país para hacer los techos de las viviendas tradicionales. También se usa en la elaboración de objetos artesanales.
Asimismo, resultaron afectados el mangle rojo (Rhizophora mangle), el mangle blanco (Laguncularia racemosa) y, en menor medida, otras especies de mangle. Todas enlistadas en la Norma Oficial Mexicana (NOM-059) para la protección ambiental de especies nativas de flora y fauna que se encuentran en riesgo. Además, se identificaron impactos al pochote (Ceiba aesculifolia), gulabere o uvero (Cordia dentata), jícaro o morro (Crescentia cujete), nache agrio de llano (Byrsonima crassifolia) y granadillo (Dalbergia melanoxylon), esta última enlistada en la normativa como En peligro de extinción.
Hasta abril de este año, el conteo de plantas endémicas afectadas, realizado por las comunidades, sumaba casi 12 000 individuos. Ante esa realidad, Édgar Martín y otros pobladores tomaron la iniciativa de identificar y clasificar las especies derribadas, recolectar sus semillas y solicitar apoyo a la Marina para reforestar la zona.
«Les dijimos: necesitamos un vivero, una malla sombra —diseñada para controlar la cantidad de luz en los cultivos—, bolsas y tierra, y nosotros lo trabajamos, porque tenemos las semillas. No les pedimos dinero”, afirma el defensor. “Pero ellos lo resolvieron de otra manera: aceptaron el daño y entregaron 7500 plantas que no eran nativas, para que nosotros las sembráramos”, insiste.
Al final, decidieron sembrarlas, pero temen que estas plantas no resistan la sequía de la región. Mientras tanto, Laureano Toledo sigue convocando a la comunidad para exigir justicia. Su mayor molestia es la afectación del área comunal llamada El Palmar que, con los trabajos de la Línea K, ha “ido menguando su capacidad para regenerarse”.
El Palmar, un pulmón en zona árida
En Unión Hidalgo existe una extensa área comunal conocida como bosque El Palmar. Aunque no es una reserva oficialmente reconocida, los habitantes cuidan esas tierras como si lo fuera. Les provee de palmas, madera y, sobre todo, oxígeno.
Laureano Toledo hforma parte de las 22 familias que aprovechan la palma Sabal mexicana como materia prima. La recogen y la envían a la región de La Mixteca oaxaqueña y poblana, en donde “hay buenas manos artesanas” que tejen sombreros, petates (tapetes) y bolsos. Sin embargo, como enfatiza el defensor, “la materia prima sale de aquí, de los terrenos comunales de Unión Hidalgo”.
Con sus más de 829 hectáreas, El Palmar parecía un lugar interminable, pero, según sus habitantes, ha comenzado su declive. Para los defensores, todo empezó desde hace más de una década con la instalación de los parques eólicos Piedra Larga I y II, ubicados al norte de la población, y de los que se benefician grandes empresas. El primero cuenta con una capacidad de 90 MW para abastecer 65 instalaciones (plantas productivas y centros de operación) del Grupo Bimbo en México; el segundo provee 137.5 MW para uso exclusivo de Walmart. Ambos suman 114 aerogeneradores de entre 80 y 120 metros de altura. Algunos se encuentran ubicados a solo 800 metros de viviendas indígenas.
“Cada aerogenerador está instalado cerca de un cuerpo de agua. Creemos que se ha desviado el agua que contribuía a mantener la humedad en la zona y que, por eso, muchas de las palmas se han ido secando a lo largo de 15 años”, comenta Laureano. “Quienes apoyan la instalación de los parques eólicos dicen que El Palmar ya no es productivo porque saben que lo están obstruyendo”, insiste el defensor, quien además asegura que las comunidades no reciben ningún beneficio de estos proyectos, “solo perjuicios”.
Según él, la iniciativa que se promueve como energía limpia es muy contaminante: “Incluso, hay arroyos en donde fluye el agua con aceite que cae de los aerogeneradores”.
Los impactos se han incrementado con la Línea K del Tren Interoceánico. Como documentan Édgar Martín y Laureano Toledo, en los 26 kilómetros que pasan por Unión Hidalgo se desviaron más de 20 cuerpos de agua. Además, se utilizaron químicos e infraestructura que afecta el flujo natural del recurso hídrico. “En cada puente que hicieron, los especialistas pusieron el triple de desecante, un material que se utiliza para acelerar el secado del concreto hidráulico en las bases. Cuando haya una lluvia fuerte, como se acostumbra por aquí, nos van a ahogar”, dicen. Para los zapotecos de Unión Hidalgo, la infraestructura del Tren Interoceánico se convirtió en un “tapón en tiempos de lluvia”.
Por su parte, las autoridades mexicanas aseguran que los encargados de las obras “Rehabilitación de las vías de la línea K” y de los puentes informan que no existe uso de material peligroso desecante en contacto con el agua. “No existe reporte de accidente o vertimiento de algún producto químico que se hubiese vertido accidentalmente en el agua de los puentes”, insisten.
La batalla contra gigantes del viento y el legado comunal
Hasta hace algunos años, Édgar Martín no se asumía como un defensor ambiental. A pesar de que había realizado activismo, era menos visible. En 2011 formó parte del grupo de defensores contra la instalación en Unión Hidalgo del parque eólico Piedra Larga, de la empresa Demex Renovables, filial de la española Renovalia Reserve. La empresa había firmado contratos de manera individual con cerca de 50 personas posesionarias de predios sin considerar el carácter comunal que tiene esta tierra desde 1964, producto de un decreto presidencial.
Juan Regalado, uno de los firmantes, solicitó tiempo después un crédito bancario y se dio cuenta de que sus tierras estaban hipotecadas por Demex, por lo que, junto a otros posesionarios inconformes, inició un proceso legal para anular el contrato.
En medio del proceso de impugnación contra Demex Renovables, en 2017 llegó a Unión Hidalgo el anuncio de un nuevo permiso por 30 años otorgado por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto a la eólica francesa EDF. Esta empresa pretendía instalar 115 aerogeneradores con una capacidad total de 300 MW, consolidándose como uno de los proyectos de este tipo más grandes en América Latina. Sin embargo, su presencia en el territorio desencadenó un nuevo conflicto entre pobladores, lo que truncó su desarrollo.
Por un lado estaban los comuneros y defensores, quienes denunciaban que se había violado su derecho a la consulta previa, libre e informada. Por otro lado, estaban los posesionarios, que veían en el proyecto la posibilidad de arrendar y recibir ganancias económicas. Fue entonces cuando la comunidad decidió organizarse y revivir la figura de Asamblea ―donde se reúnen para deliberar, discutir y decidir sobre los temas de interés común―, que había estado en desuso desde 1987.
Al menos 50 activistas ―entre los que estaban Édgar Martín y Andrea Manzo― fueron convocados. Esa fue la primera vez en la que, en esta comunidad, vieron a dos oficiales de la Organización Internacional de las Naciones Unidas (ONU) pisar su territorio. “Ese año llegaron los oficiales de la ONU al pueblo y durante la asamblea se dirigieron a nosotros como defensores”, recuerda Édgar Martín. Fue a partir de ese momento que tomó mayor conciencia de su papel y su resistencia se hizo más visible.
Gracias al trabajo conjunto lograron que el Gobierno Federal cancelara los contratos que tenía con esa empresa, aunque la continuidad del proyecto sigue en discusión. A Édgar le sirvió la experiencia para identificar las zonas grises y problemas del tramo del Tren Interoceánico que pasa por su territorio, pero también le desencadenó riesgos y amenazas.
Robos y amenazas por ser defensor
Cuando Édgar Martín observó la extracción ilegal de material pétreo en la Línea K, en febrero de 2024, interpuso un recurso legal para detener la explotación. Pese a que el 5 de marzo de ese año un juez federal ordenó la suspensión definitiva de la extracción de material, en la zona se siguió operando.
Tras idas y vueltas del proceso jurídico, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca (Propaeo) ordenó finalmente clausurar el banco pétreo de Loma Lope en agosto pasado. Fue entonces cuando se incrementaron las amenazas contra el defensor indígena.
Édgar Martín acudió junto a funcionarios de la Procuraduría para instalar los sellos de clausura, pero un grupo de civiles armados —aparentemente vinculados al grupo de delincuencia organizada conocido como La Venta— le ofreció un soborno para que abandonara su defensa. Como se negó, fue retenido y, según relata, estuvo a punto de ser estrangulado. También lo amenazaron con dejarlo enterrado en la zona. “Por fortuna no pasó. ¡La he librado!”, dice.
“Loma Lope da una idea de la riqueza que tiene la Cordillera”, afirma el activista, orgulloso de haber detenido la extracción. Reconoce que en estos casos el Acuerdo de Escazú —un tratado internacional que busca garantizar el acceso a la información ambiental y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe— le ayudó para acceder a la información relacionada con los bancos pétreos. Sin los expedientes, dice, “no hubiera podido ganar el proceso”.
A Edgar Martín y a dos de sus hijos, José y Bertha, también les han robado su bicicleta en tres ocasiones. Les quitaron la movilidad, pero no el deseo de seguir con su defensa. En 2022, mientras se vivía la pandemia por COVID-19 (y en medio de la resistencia comunitaria contra los proyectos extractivos), el defensor fue víctima de un atentado.
“Esa noche regresé relajado y tomé un mototaxi, no sabía medir el peligro como ahora. De repente nos alcanzó un auto e hizo tres detonaciones a un metro de distancia. La primera lateralmente, la segunda a la altura del chofer y la tercera de frente”, recuerda el defensor comunitario. A raíz de eso fue integrado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, una instancia que busca proteger a personas que enfrenten riesgos debido a su labor.
Édgar interpuso denuncias legales por las amenazas a su integridad, pero, dice, “ninguna ha avanzado”.
Como detalló en un informe Gustavo Alanis Ortega, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), muchas de estas agresiones no se investigan y no se sancionan, y hay una impunidad de casi 99 %. Por eso, subraya, “es muy importante que esas omisiones que se han mantenido en el tiempo cambien hacia una acción y un compromiso para sancionar e investigar” .
Además, como advierte el defensor Édgar Martín, en el territorio están aumentando los factores que podrían desencadenar una serie de desplazamientos y violencias. La operación de la vía férrea también podría agudizar la disputa por el control territorial de grupos del crimen organizado. Incluso, las autoridades han reconocido la presencia de dos cárteles transnacionales: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que buscan obtener el control por la gran cantidad de economía que se maneja en esta zona.
“Ha sido un viaje largo de aprendizaje continuo, es peligroso seguir, pero no estoy pensando en eso. Uno piensa en lo que está defendiendo. Nada de lo comunal me es ajeno”, dice Édgar Martín, quien ahora dedica parte de su tiempo a estudiar derecho, con la convicción de tener más herramientas para defender su territorio.
*Imagen principal: Édgar Martín Regalado, defensor zapoteca, recorre en su bicicleta al menos 26 kilómetros de la vía férrea del Tren Interoceánico. Así vigila los impactos ambientales en su territorio. Foto: cortesía Diana Manzo
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