- Mientras el Gobierno quiso expandir las fronteras petrolera y minera, los territorios indígenas y campesinos protagonizaron una fuerte resistencia.
- Así se desató lo que los expertos consultados por Mongabay Latam consideran una “persecución criminal y penal” contra defensores ambientales.
- Ante la ausencia estatal, la minería se toma principalmente la Amazonía y el tráfico de drogas impacta a los pescadores en la Costa.
- Aun en este contexto, la ciencia da nuevas noticias: el Instituto Nacional de Biodiversidad describió 78 nuevas especies para Ecuador.
El año 2025 cierra en Ecuador bajo la sombra de una crisis ambiental agravada, acentuada por una agenda gubernamental que busca ampliar las fronteras extractivas y por los profundos impactos ambientales y sociales que dejan las economías criminales.
«Hay un retroceso bastante marcado en la protección ambiental en el país, empezando por la desaparición del Ministerio del Ambiente«, dice Pablo Fajardo, abogado de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT). En agosto, un decreto del presidente Daniel Noboa ordenó que el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) se integre al Ministerio de Energía y Minas, convirtiéndose en el Ministerio de Ambiente y Energía. Así, la cartera de Estado que entrega licencias para actividades que pueden afectar el ambiente quedó en manos del ministerio que promueve la extracción minera y petrolera.
Para María Espinosa, abogada de la organización Amazon Frontlines, el Gobierno prioriza los intereses extractivos por encima de las obligaciones constitucionales. «El extractivismo sigue construyéndose por sobre la vida de personas que alguien resolvió que no tenían valor”, sostiene.
Las principales deudas ambientales para el país, según los expertos consultados por Mongabay Latam, se centran en el debilitamiento del marco ambiental, la persecución gubernamental a defensores de la naturaleza, el avance de las concesiones mineras y las licitaciones petroleras sin la realización plena de la consulta ambiental y la consulta previa a las comunidades, y la expansión de la minería ilegal.
La Amazonía continúa sufriendo un régimen de derrames constantes. También está la falta de cumplimiento de la consulta popular que resolvió retirar la explotación petrolera del bloque 43, en el Parque Nacional Yasuní, y de una sentencia que exige la eliminación de mecheros en los campos petroleros.
En la Costa, el deterioro de la gobernanza estatal ha permitido que el narcotráfico y la criminalidad se apoderen de los espacios marítimos, afectando gravemente a las comunidades pesqueras.
Espinosa saluda la decisión de los votantes ecuatorianos, que en la Consulta Popular y Referendo del 16 de noviembre decidieron mantener la Constitución vigente desde 2008. Este documento reconoce los derechos de la naturaleza y los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, entre los que están el derecho al territorio y a la consulta previa, libre e informada.
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Lo preocupante: debilitamiento del marco ambiental y persecución
Además de la eliminación del MAATE, el Ejecutivo impulsó a lo largo del año un paquete normativo que incluye leyes como la de Transparencia Social o la de Áreas Protegidas. “Todas tienen un claro propósito, que tiene que ver con desmantelar y debilitar a las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, particularmente las que trabajan en materia de derechos de la naturaleza, medio ambiente y antiextractivismo”, dice Espinosa.
El reglamento de la Ley de Transparencia Social prohíbe que las organizaciones inviertan en “actividades orientadas a obstaculizar o interferir con proyectos mineros legalmente autorizados”. La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, que se opone a la minería en el páramo de Kimsakocha, en el sur del país, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la disposición porque sus integrantes consideran que “criminaliza y ataca directamente a las organizaciones que defienden el agua y el territorio”.
En términos generales, la agenda gubernamental “no respeta los procesos de participación ciudadana”, de acuerdo con Diana Chávez, dirigente de relaciones internacionales de la Organización Kichwa de Pastaza (PAKKIRU, por sus siglas en kichwa). A fin de año se llevaron a cabo rondas de licitación petrolera sin realizar consulta previa, libre e informada a los habitantes indígenas de esas zonas. Pastaza es una de las provincias afectadas, pero donde los siete pueblos y nacionalidades indígenas que la habitan se han unido en una campaña en contra de la Ronda Subandina y Suroriente de licitaciones petroleras.
Por otro lado, Noboa dijo que la Ley de Áreas Protegidas está enfocada en “recuperarlas y aprovecharlas”, frente al crecimiento de la minería ilegal. No obstante, es vista con preocupación por los pueblos indígenas. “Permite la militarización de los territorios”, denuncia Chávez. Para la organización Acción Ecológica también “fortalece su privatización indirecta, convierte a las comunidades dueñas de esos territorios en prestadoras temporales de servicios a las empresas y profundiza el extractivismo”.
Los defensores de derechos humanos y de la naturaleza ejercen su labor en un contexto de “altísimo riesgo”, asegura Espinosa. “Nuestra labor cada vez resulta mucho más incómoda para intereses del Ejecutivo y de la familia del presidente de la República”, añade. Isabel Noboa, tía del mandatario, ha sido señalada por tener acciones en la mina El Domo, en el centro del país, donde sus habitantes han denunciado falta de consulta ambiental y contaminación a las fuentes hídricas. Un ejecutivo de Nobis Holding de Inversiones, de Isabel Noboa, reconoció el vínculo con la minera en 2023.
A partir de septiembre, la Fiscalía General del Estado abrió investigaciones por enriquecimiento privado, financiación del terrorismo y paralización de servicios públicos en contra de al menos 60 líderes indígenas y defensores de la naturaleza. Esto sucedió tras el anuncio de un paro nacional, liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). “Hay un uso inadecuado del derecho penal para la criminalización y la persecución tanto de personas naturales como jurídicas”, dice Espinosa.
Al mismo tiempo, se bloquearon las cuentas bancarias de varias decenas de líderes ambientales y fundaciones dedicadas a la protección de la naturaleza y de los derechos colectivos, con el argumento de que financian los paros y de que la proveniencia de sus fondos sería sospechosa. Organizaciones como Alianza Ceibo y UDAPT fueron afectadas y sus cuentas se mantuvieron bloqueadas incluso después de que un juez ordenara su desbloqueo por falta de pruebas de movimientos ilícitos.
Una vez que pasó la Consulta Popular y Referendo se desbloquearon las cuentas. Para Espinosa, la temporalidad es clave, pues habría buscado debilitar el accionar de las organizaciones durante la campaña electoral. La defensora advierte que, si bien a sus ojos es probable que las vías penales no prosperen debido a lo inconsistente de las denuncias, sí prosperará el odio y el riesgo a la integridad de los defensores.
Lo grave: la minería ilegal no deja de crecer
La minería –tanto metálica como pétrea, ilegal o concesionada– pasó de cubrir 12 844 hectáreas del territorio ecuatoriano en 2023 a 15 660 hectáreas en 2024, de acuerdo con los datos más recientes de MapBiomas Ecuador. Solo en la Amazonía, 11 187 hectáreas han sido tomadas por esta actividad, es decir, el 71 % del total se encuentra en esa región.
Si bien gran parte de ese crecimiento respondería a la minería realizada por actores ilegales, Luis Córdova, investigador del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos de la Universidad Central del Ecuador, aclara que en Ecuador toda la minería sería ilegal, pues “ningún proyecto minero ha cumplido con la consulta previa y libre e informada”. Esto debido a que no existe un procedimiento para la aplicación de este derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas, reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que adhiere Ecuador.
Asimismo, las consultas ambientales, un derecho de todos los ciudadanos, en poblaciones como Las Naves, Palo Quemado o Kimsakocha –todas en Los Andes– han sido señaladas por no proveer la información completa, no incluir a la mayor cantidad de habitantes de las zonas afectadas y avanzar aunque la mayoría esté en desacuerdo con el proyecto minero.
Por otro lado, la minería propiamente puede reconocerse a través de los análisis satelitales, pues crece de manera desordenada, explica Jorge Villa, especialista en Sistemas de Información Geográfica de la Fundación Ecociencia. A partir de los datos de MapBiomas, se puede observar que la mayor parte de la superficie que cambió a uso minero eran bosques nativos, señala el experto.
Según la plataforma antes citada, a 2024, del total de la minería en la Amazonía, el 44.5 % estaba dentro de territorios indígenas. Además, 106 hectáreas se tomaron 10 áreas protegidas. En Zamora Chinchipe, la provincia más afectada con 6802 hectáreas, están las áreas protegidas más amenazadas: el Parque Nacional Podocarpus, con 43 hectáreas; y el Área Protegida Yacuambi, con cerca de 21 hectáreas de minería.
Este auge de la minería ilegal coincide con el crecimiento del crimen organizado en Ecuador, de acuerdo con el informe Una Crisis Dorada, publicado a mediados de año por la Iniciativa Global en contra del Crimen Organizado Transnacional. La banda criminal Los Lobos, con mayor participación, y Los Choneros, otro grupo delictivo, estarían involucrados en toda la cadena de suministro y estarían operando en gran parte del país.
Para Córdova, el incremento de la minería ilegal responde a las fallas en la ejecución de las normativa ambientales y de seguridad. “Cuando se habla de crimen organizado, es fundamental replantearse el nexo entre crimen y Estado”, dice el especialista.
El informe antes citado señala que ciertos alcaldes se han convertido en actores clave en las operaciones mineras ilegales en los cantones, a través de colaboraciones con los mineros, vínculos con las bandas delictivas e inversión directa en maquinaria o plantas de procesamiento. También habría participación de jueces, fiscales, policías y militares.
El mismo documento sostiene que el Código Orgánico Penal no contempla “adecuadamente la minería ilegal”, lo cual dificulta su persecución judicial. Además, señala otras debilidades normativas, como la fusión del Ministerio de Ambiente, el cierre del catastro minero desde 2018 y la opacidad en las plantas de tratamiento y en la trazabilidad.
Michelle Maffei, especialista en crimen organizado transnacional, dice que la minería ilegal genera una convergencia de crímenes. Además de la corrupción, trae consigo dinámicas de trata y tráfico para la explotación laboral y sexual.
Los impactos ambientales también son altos. No solo hay pérdida de bosques, estudios han encontrado metales pesados en el agua y los sedimentos de los ríos y también en sus peces, poniendo en riesgo la salud de los habitantes de las zonas ribereñas, que son principalmente indígenas y campesinos.
Lo urgente: el camino hacia la transición energética
Ecuador “no renunciará” a las reservas petroleras. Este fue el polémico mensaje de Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, en entrevista con la agencia EFE, durante la Conferencia del Clima de las Naciones Unidas (COP30), realizada en Brasil hasta finales de noviembre. Manzano dijo, además, que no apoya poner plazos a la transición energética, ya que el país depende de los combustibles fósiles.
En esos mismos días, el Gobierno lanzó las licitaciones para la Ronda Petrolera Intracampos, compuesta de tres campos petroleros en Sucumbíos. Además, anunció que a inicios de 2026 se lanzará la Ronda Petrolera Subandina, que afectaría a los territorios kichwas y waorani de Napo y Pastaza.
Frente a eso, las siete nacionalidades de Pastaza –entre esas la kichwa y la waorani– y el Pueblo Kichwa de Rukullakta, de Napo, conformaron un frente antipetrolero, relata Chávez. Es que los pueblos indígenas en Ecuador no han tenido una buena experiencia con el petróleo: la industria, que causa 12 derrames de hidrocarburos mensuales, se despliega sobre 480 comunidades indígenas amazónicas, de un total de 643 comunidades. La lideresa indígena resalta que mientras la riqueza del país se extrae de sus territorios, a ellos solo les queda contaminación y pobreza.
La Costa también ha sido afectada. El 13 de marzo, un deslizamiento de tierra provocó la rotura de un oleoducto y el consecuente vertimiento de 25 116 barriles de petróleo, según reconoció Petroecuador. Los hidrocarburos fluyeron durante kilómetros por el río Esmeraldas, hasta llegar al océano Pacífico. Se considera que este es uno de los mayores derrames de petróleo de la historia del país.
Si de vertimientos de hidrocarburos se trata, el norte de la Amazonía es la zona más afectada, pues allí se concentra la extracción de petróleo. Uno de los hechos con mayor impacto se dio el 27 de julio, cuando un derrame de derivados de petróleo contaminó el sistema de agua potable de Lumbaqui, en Sucumbíos, dejando a unas 8000 personas sin agua por tres meses, de acuerdo con Fajardo.
La permanencia de las torres de gas asociado al petróleo es otra deuda ambiental que deja la industria. Petroecuador comunicó que hasta noviembre de 2025 eliminó 170 mecheros en Sucumbíos y Orellana, de un total de 424 que debe suprimir hasta 2030 por una orden judicial,.
No obstante, el abogado de la UDAPT asegura que se trata de una “mentira” y una “simulación”. Asegura que en lugar de eliminar la quema de gas, a la que se le atribuye graves impactos en la salud humana y en el ambiente, se ha desviado el gas a otras antorchas más grandes. Mongabay Latam le preguntó a Petroecuador si es que ha disminuido el volumen de gas quemado tras reducir el número de mecheros, pero no recibió respuesta hasta la publicación.
Por último, a pesar de la consulta popular que ordenó hasta 2024 detener la explotación del Bloque 43-ITT en el Parque Nacional Yasuní y de una sentencia de la Corte IDH que se hace eco de la decisión popular, el colectivo Yasunidos denunció en noviembre de 2025 el incumplimiento de estas disposiciones.
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Lo malo: hay un repunte de la deforestación
La deforestación en Ecuador sigue siendo una preocupación central. Entre 2020 y 2024, el país perdió cerca de 240 000 hectáreas de bosque, de acuerdo MapBiomas Ecuador, una iniciativa dirigida por Ecociencia que mapea el uso y cobertura del suelo. Wagner Holguín, coordinador, señala que solo en el último año del que se tiene datos, de 2023 a 2024, el país perdió 152 291 hectáreas de bosques, herbazales y áreas naturales no forestales.
La actividad agropecuaria es la principal responsable de la pérdida de cobertura natural. Hasta 2024, la agricultura, ganadería y silvicultura ocupaban el 31 % del territorio nacional, mientras que el país conserva el 67 % de coberturas naturales.
Entre 2020 y 2024, las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, ambas en el sur de la Amazonía, ocuparon el primer y tercer lugar en cuanto a pérdida de bosque, con 69 187 hectáreas y 40 679 hectáreas. Mongabay Latam encontró que la conversión de la selva en pastos fue uno de los principales disparadores de deforestación en Morona Santiago. En Zamora Chinchipe, la minería es una gran amenaza: hasta 2024 ocupó 6802 hectáreas.
Diana Chávez, la lideresa kichwa de Pastaza, denuncia que la apertura de vías en la Amazonía está poniendo en riesgos los territorios indígenas. “Al momento que se abren carreteras, llegan la tala de árboles y la deforestación. Si no se hace nada al respecto, habrá incremento en la tala”, asegura. En septiembre, Mongabay Latam reportó picos de deforestación en el territorio indígena achuar, en Morona Santiago, tras la apertura de carreteras en medio de bosques vírgenes.
Santo Domingo de los Tsáchilas, en la Costa, ocupó el segundo lugar, con 45 035 hectáreas. El incremento de la frontera agrícola y ganadera fueron las responsables de la pérdida de bosque. Manabí, en la Costa, y Bolívar, Cotopaxi y Loja, en el centro y sur de los Andes, tuvieron más de 24 000 hectáreas deforestadas entre 2020 y 2024. Al mismo tiempo, un informe de MapBiomas señala que estas provincias registran los mayores incrementos en superficie agropecuaria.
Las plantaciones de banano, uno de los principales productos de exportación del país, pasaron de cubrir 60 045 hectáreas en 1985 a 169 438 hectáreas en 2024. Es decir, hubo un crecimiento del 182 %. Las provincias de Los Ríos (62 551 hectáreas), Guayas (51 588 hectáreas) y El Oro (45 311 hectáreas) concentran el 94 % del área total de plantaciones de banano.
“Los datos reflejan tendencias productivas que deben ser monitoreadas para cumplir con los estándares ambientales internacionales”, dice Holguín. Es que el 30 de diciembre de 2025 empezará a regir una normativa de la Unión Europea que prohíbe la importación de productos que hayan provocado la deforestación de bosques a partir del 31 de diciembre de 2020.
Lo desalentador: el crimen crece en la Costa y el océano
El Índice Global de Crimen Organizado muestra que el tráfico de cocaína es el mercado delictivo más generalizado en Ecuador, lo que ha traído graves impactos para la Costa ecuatoriana.
Las provincias que concentran los corredores estratégicos del narcotráfico tienen la mayor cantidad de homicidios a escala nacional, con una tasa de hasta 61.32 muertes violentas por cada 100 000 habitantes, de acuerdo con datos del Ministerio del Interior y del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Esas provincias son Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y El Oro, todas en la región Costa.
“No es que se ha multiplicado el crimen, se ha multiplicado la incapacidad del Estado de poner orden”, dice el investigador Luis Córdova. Además, insiste en que en los Estados donde hay menos control, hay mayor facilidad de mover capitales y mercancías criminales.
Michelle Maffei explica que el 80 % de la droga se mueve mediante la “contaminación” de contenedores en los puertos. El 20 % restante sale de las costas en lanchas rápidas que entregan los cargamentos en líneas navieras o sumergibles. La falta de gobernanza marítima facilita estas actividades, dice la especialista.
En ese contexto, los pescadores artesanales enfrentan extorsiones, amenazas y asesinatos, según halló una investigación de Mongabay Latam. A la problemática anterior, se suma la pesca ilegal y la disminución de recursos pesqueros.
La pesca ilegal también es un mercado del crimen organizado, a menudo vinculado a la demanda asiática de aletas de tiburón y otros productos como los caballitos de mar. Una investigación de la revista Vistazo asegura que el grupo Los Choneros está relacionado con el aleteo de tiburones –la extirpación de las aletas para luego arrojar al tiburón al agua en agonía– y que esta actividad es complementaria al envío de drogas y combustibles por el Pacífico. Los Lobos estarían disputando este terreno.
En el medio quedan los pescadores, quienes por falta de oportunidades, puntualiza Maffei, se han involucrado en la cadena de transporte de la droga. Explica que los grupos delictivos pagan hasta 30 000 dólares por un viaje para mover la droga en alta mar. Sin embargo, advierte que la vinculación con estos grupos es una vía sin retorno, en la que intentar desvincularse o denunciar puede pagarse con la vida.
Lo bueno: las conquistas colectivas
Para Pablo Fajardo y María Espinosa, los ecuatorianos defendieron la Constitución –la primera del mundo en reconocer los derechos de la naturaleza– al votar mayoritariamente que “No” en la Consulta Popular y Referendo que buscaba reescribir este documento. “Me parece que es enormemente no solo positivo sino alentador, porque en el marco del autoritarismo hay esperanza”, dice la defensora de derechos.
Otro hito se dio el 16 de septiembre, cuando en Cuenca, sur de los Andes, más de 100 000 personas de la ciudad y del campo se unieron a la Federación de Organizaciones Indígenas del Azuay para mostrar su rechazo al proyecto minero Loma Larga, en Kimsakocha. Días después, el Gobierno revocó la licencia ambiental a la empresa canadiense Dundee Precious Metals.
De nuevo en la Amazonía, Espinosa destaca la reapertura del caso del derrame de petróleo de 2020, que contaminó cientos de kilómetros de los ríos Coca y Napo, afectando a unas 120 000 personas. La abogada explica que esto representa un avance en el principio de interculturalidad en el marco de la Justicia.
La Corte Constitucional reconoció que las decisiones anteriores se tomaron sin escuchar cómo el derrame puso en riesgo a la cultura kichwa. La audiencia intercultural fue un paso hacia la comprensión de la naturaleza «como una persona» con un vínculo directo con el sujeto colectivo indígena, de acuerdo con la abogada.
También en la Amazonía, las guardias indígenas han demostrado su rol en la protección del territorio. En mayo, la Guardia Indígena de Sinangoe detectó minería ilegal en su territorio, en una zona que intersecta con el Parque Nacional Cayambe Coca. La guardia decomisó una draga y otros materiales y llevó a los mineros a una asamblea comunitaria en la que se decidió devolverles sus pertenencias. Los mineros pidieron disculpas públicas y se comprometieron a no entrar nuevamente al territorio a’i cofán de Sinangoe.
En julio, miembros de la guardia waorani y de la guardia del Pueblo Kichwa Kawsak Sacha encontraron a cazadores peruanos con canoas llenas de animales en el Parque Nacional Yasuní. Los extranjeros huyeron, pero el monitoreo del territorio demostró su efectividad.
Por último, desde la ciencia también hay buenas noticias. Ecuador se convirtió en uno de los pocos países del mundo en tener más de 700 especies de ranas, uniéndose a Colombia y a Brasil, de acuerdo con el portal Bioweb, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Además, este año, científicos adscritos al Instituto Nacional de Biodiversidad describieron 78 nuevas especies, según datos de la institución. Entre esas están 22 nuevas especies de coleópteros de los bosques montanos y del páramo; siete nuevas especies de ranas y una nueva especie de árbol de la Cordillera del Cóndor, en la frontera con Perú.
Imagen principal: se estima que más de 100 000 personas participaron en la marcha por el agua en Cuenca, el 16 de septiembre de 2025. Foto: cortesía Frente Nacional Antiminero
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