- El año pasado se evitó un retroceso catastrófico en las protecciones ambientales y de pueblos indígenas cuando la acción de dos diputados federales evitó que el grupo de presión agrícola forzara la aprobación de proyectos de ley que autorizaban la construcción de tres megavías industriales en el Amazonas y otras partes.
- El Congreso seguramente recuperará los proyectos tras el receso en febrero. Estos autorizarían la construcción de decenas de presas y vías navegables industriales en tres cuencas de ríos: el PDC 119/2015 en los ríos Tapajós, Teles Pires y Juruena en el Amazonas; el PDC 120/2015 en los ríos Tocantins y Araguaia, también en el Amazonas; y el PDC118/2015 en el río Paraguay.
- En 2005, un proyecto de ley similar se aprobó y aceleró la presa Belo Monte evitando una evaluación ambiental adecuada. Ahora, Norte Energia, el consorcio que construyó la megapresa, ha sido acusado de delitos ambientales y etnocidio, y está siendo investigado por corrupción.
- Otro proyecto que está avanzando en el Congreso Nacional destriparía por completo el proceso de licenciamiento ambiental para la mayoría de proyectos de infraestructura, y otro más eliminaría las protecciones que tanto costó obtener a los pueblos indígenas de Brasil en la Constitución de 1988.
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El conservador Congreso Nacional de Brasil se apresura para aprobar una oleada de iniciativas legislativas, que todas juntas, desmantelarían gran parte de la ley del país que protege el medio ambiente y a los pueblos indígenas —una situación que probablemente escalará durante el 2017. Con la legitimidad y el futuro del gobierno asediado por la corrupción de Michel Temer amenazados e inciertos, la bancada ruralista, como se conoce al grupo de presión de la agroindustira, está utilizando una serie de maniobras parlamentarias para acelerar la aprobación de leyes que significarían el mayor retroceso en los movimientos ambientales e indígenas en 30 años, o desde que acabó la dictadura militar.
El último intento sucedió hace un par de semanas, justo antes del receso parlamentario. El grupo de presión de la agroindustria presentó tres proyectos de ley, más conocidos como Decretos Legislativos (PDC), que son leyes promulgadas por el presidente del Senado sobre las cuales el presidente del país no tiene derecho a veto.
Los PDC autorizarían la construcción de tres vías navegables industriales en cuencas importantes: el PDC 119/2015 en el río Tapajós (y sus dos “brazos”, el Teles Pires y el Juruena) en el Amazonas; el PDC 120/2015 en los ríos Tocantins y Araguaia, también en el Amazonas, y el PDC 118/2015 en el río Paraguay.
Si finalmente se aprueban, como parece que sucederá, esas leyes permitirán que se construyan vías navegables (que requerirán decenas de nuevas presas) sin una evaluación adecuada de los impactos ambientales y sociales. Los negocios de la industria agrícola utilizarían esas vías navegables como forma barata de exportar soya y otros bienes.
Nuevas leyes que permitirían al zorro mandar en el gallinero
Tal como funciona el sistema brasileño en la actualidad, se debe llevar a cabo un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) según las normas establecidas por el departamento ambiental del gobierno que licencia el proyecto, habitualmente la agencia ambiental federal, IBAMA.
Si los tres proyectos que se están empujando en el Congreso se aprueban, el EIA será remplazado por lo que se ha llamado Estudio de Viabilidad Técnica, Económica y ambiental (EVTEA). El EVTEA no será diseñado por el gobierno, sino por las empresas que desarrollan el proyecto, que son quienes tienen un mayor interés en hacer que sea económicamente viable, y más que perder con un análisis exhaustivo de los riesgo socioambientales.
Como la bancada ruralista ha obtenido tanto poder en el Congreso, lo máximo que pueden esperar los políticos con conciencia progresiva y ambiental es un retraso en la legislación. Esto es lo que sucedió la semana pasada. La bancada adjuntó los PDC a una ley urgente cuya aprobación se estaba acelerando en el Congreso.
El plan de la bancada era que esta ley pasara rápidamente de la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJC) al pleno. Sin embargo, la maniobra se detuvo en la decimoprimera hora por parte de dos diputados federales progresistas, Chico Alencar y Nilto Tatto. Aprovecharon una falta de quorum temporal en la Comisión para suspender la sesión y “desconectar” los PDC.
Esta forma de pensar tan rápida creó un retraso e hizo ganar tiempo, pero los PDC de la vía navegable están en la agenda para la próxima reunión de la Comisión, que tendrá lugar después del receso parlamentario en febrero.
A largo plazo, los políticos progresistas tienen pocas posibilidades de detener los PDC en la Comisión y menos aún en el pleno. Sin embargo, los PDC tendrían tal impacto en el medio ambiente brasileño y en los pueblos indígenas, que se espera gran resistencia fuera del Congreso.
La unión del Congreso y la agroindustria
El diputado federal Nilto Tatto dijo a Mongabay que, aunque el gobierno manchado de escándalos de Michel Temer cayera, la bancada ruralista seguiría ganando fuerza. “La bancada ruralista es el grupo mejor organizado y mejor estructurado del Congreso”, dijo. “Con su tamaño y su fuerza, tuvo un papel fundamental en la votación de la destitución [de la presidenta Dilma Rousseff en agosto de 2016], y su apoyo en el Congreso es vital para que el gobierno consiga aprobar sus mediadas. A cambio del apoyo, la bancada consigue que el gobierno respalde sus propuestas. Es una unión que funciona para las partes implicadas y una alianza que está en el núcleo del gobierno”.
Aunque este juego del gato y el ratón parlamentario parecer algo irreal, las decisiones legislativas que se tomen podrían tener impactos muy reales en la gente del resto del país. Por ejemplo, el PDC 119/2015: si se aprueba y la vía navegable industrial en el Tapajós sigue adelante, se tendrán que dinamitar los rápidos en el río Teles Pires o se tendrá que rediseñar la ruta del río para evitarlos.
Cualquiera de las opciones tendría un gran impacto en la vida acuática del río y todos los complejos sistemas de vida en el bosque que dependen de las inundaciones estacionales del río. Para el pueblo Mundurukú, para quien los rápidos son lugares sagrados habitados por sus ancestros, significaría, literalmente el fin de su mundo. Destruir los rápidos sería equivalente a dinamitar el cielo cristiano.
No obstante, para otros, la vía navegable tiene sentido económicamente. Adilton Sachetti, diputado federal de Mato Grosso, propuso la ley de la vía del Tapajós. Es un aliado del ministro de agricultura Blairo Maggi, nombrado por Temer y también de Mato Groso, al que se conoce como “rey de la soya” y cuya familia sigue dedicándose a los bienes agrarios. Según Nilto Tatto, es Maggi quien “organiza a los grupos que se han hecho con el control del gobierno y actúan en interés de la industria agrícola”. Mongabay realizó repetidos intentos de entrevistar al ministro de agricultura por teléfono y correo electrónico sin éxito.
El estado de Mato Grosso, situado en el corazón de Brasil, es la principal región de producción de soya en el país, pero se enfrenta a problemas logísticos importantes al querer llevar sus habas de soya a Europa y Asia. La vía navegable Tapajós-Teles Pires-Jurena pretende solucionar ese problema, ya que creará un nuevo corredor de exportación hacia el norte.
Sachetti dijo a CanalRural que la construcción de vías navegables industriales era esencial. “Solo el 4 por ciento de los bienes se llevan por vías navegables [en la actualidad], mientras que la red de carreteras ─cara, contaminante y peligrosa─ es la más utilizada”, declaró. Sin embargo, el gobierno de Temer, anunció recientemente su decisión de presionar con FerroGrão por una nueva vía férrea que se extendería de Mato Grosso a las partes más bajas del Tapajós (permitiendo más transporte desde el río Amazonas a los puertos del Atlántico). FerroGrão, el “ferrocarril del grano”, haría que la vía Tapajós-Teles Pires-Jurena fuera innecesaria, según algunos analistas.
Se repiten los errores del pasado
Las tácticas que está utilizando la bancada ruralista son similares a las que se utilizaron hace poco cuando el partido de Nilto Tatto, en aquel momento en el poder y ahora en la oposición, trabajaba con el grupo de presión del sector hidroeléctrico para aprobar presas en el Amazonas. En 2005, se les ocurrió otro Decreto Legislativo (PDC 788) para permitir la construcción de la megapresa Belo Monte y una central de energía hidroeléctrica en el río Xingú evitando que el proyecto estuviera sujeto a una evaluación de impacto para los indígenas o el ambiente adecuada.
En aquel momento, muchos advirtieron de que era un camino peligroso. De hecho, la presa, que entró en marcha a principios de 2016, ya ha atraído la atención internacional por los daños que está causando a los ciudadanos locales y al medio ambiente. Norte Energia, el consorcio que construyó la presa, está siendo investigado por delitos que van desde causar la muerte de toneladas de peces a etnocidio indígena.
Siete años después de que la ley para Belo Monte se aprobara rápidamente en el Congreso, las cortes federales la anularon. Felício Pontes, fiscal del ministerio público federal (MPF) de Pará dijo a Mongabay: “La [ley] que autorizó Belo Monte sin consultar a los indígenas fue un insulto a la constitución [brasileña].Por fin, después de años de debate, el poder judicial ha declarado su apoyo a la ley más importante del país y los derechos de los habitantes originales del país”.
Sin embargo, como suele pasar, el ritmo de los acontecimientos propiciado por la aprobación de la ley supera de lejos el de los litigios y la justicia: después de siete años Belo Monte está completa y se han causado daños irreparables al medio ambiente y las comunidades tradicionales. El pasado otoño, Norte Energia vio como su licencia de operación para Belo Monte fue revocada. Y los daños causados por la presa, como la supuesta corrupción de las empresas de construcción y el gobierno, siguen siendo investigados.
La historia se repite. A principios de diciembre, los jueces del Tribunal Regional Federal de la primera región (TFR1) decidieron de forma unánime que la construcción de la presa hidroeléctrica del Teles Pires era ilegal, precisamente porque no habían tenido lugar consultas “libres”, “previas” ni “informadas” entre los pueblos indígenas Kayabi, Mundurukú y Apiaká, como requiere la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la cual Brasil es signatario.
En la práctica, esa decisión legal es irrelevante, ya que la presa del Teles Pires, como en el caso de Belo Monte, ya está operativa y el dictamen no se va a aplicar porque una herramienta autoritaria conocida como “suspensión de seguridad” —utilizada por el gobierno para suspender cualquier decisión judicial inconveniente, sobre todo en relación con presas hidroeléctricas en el Amazonas— ya la ha anulado temporalmente. El caso se decidirá en el Tribunal Supremo de Brasil y podrían pasar años.
Más leyes en producción
Los PDC pasados y actuales son solo un adelanto de lo que podría estar por llegar. El poder que ejerce en la actualidad la bancada ruralista parece haber hecho que el gobierno vea el medioambiente —y, sobre todo, al Amazonas— no como algo que preservar, sino como un obstáculo. O eso se desprende de la cantidad de nuevas leyes propuestas.
El Congreso prepara un nuevo aparato judicial y político para deshacerse de las restricciones regulatorias que imponía la anterior legislación ambiental. Uno de los proyectos en consideración es el Projeto-Lei (PDC 3.729/2004), que está programado para ser discutido en la Comisión de Finanzas y Tributación de la Cámara de los Diputados.
Mauro Pereira, miembro del grupo de presión de la industria agrícola, es el impulsor de esta propuesta. Unas 250 entidades ambientales se han opuesto a ella, ya que temen que aumente la probabilidad de otro accidente trágico como el ocurrido en Mariana en el estado de Minas Gerais en noviembre de 2015, cuando una presa de residuos de hierro reventó y unos 60 millones de metros cúbicos de residuos se vertieron al río Doce, lo cual provocó la muerte de 19 personas y generó unos fluidos tóxicos que llegaron al océano Atlántico dos semanas después. La región sigue recuperándose de este accidente, la peor catástrofe ambiental en la historia del país, y los ejecutivos de la minería brasileños e internacionales han sido acusados con cargos por su papel en el desastre.
El PDC 3.729/2004 “flexibilizaría” el licenciamiento ambiental de cuatro formas: permitiría que una empresa obtuviera una licencia automáticamente por una actividad que el gobierno juzgue que tiene “un impacto bajo” para el medio ambiente. Los gobiernos estatales y municipales podrían competir para atraer inversiones a sus regiones, lo cual reduciría las exigencias ambientales que varios gobiernos piden a las empresas que quieren crear conflictos de competencias. Algunos proyectos ya no necesitarían una licencia ambiental, aunque no hay criterios claros sobre las exenciones. Por último, los estudios de impacto ambiental (EIA) solo serían válidos durante un periodo limitado después del cual —aunque sigan sin completarse los estudios científicos— se otorgaría una licencia automáticamente. Eso haría que fuera casi imposible para IBAMA evaluar los impactos de forma apropiada.
Según un comunicado de prensa de la respetada ONG Instituto Socioambiental (ISA), la versión final de esta propuesta de ley se escribió tras puertas cerradas con la participación de las dos organizaciones empresariales más grandes del país —la Confederación Nacional de Industria (CNI) y la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA). No hubo discusión pública de la propuesta ni se pidió la opinión de la sociedad civil o de investigadores ambientales.
El Ministerio del Ambiente de Brasil dijo a Mongabay que estaba “preocupado” por la posible aprobación de la propuesta, ya que, según afirman, podría provocar “una guerra ambiental” entre los estados y generar “inseguridad judicial”.
Adriana Ramos, Coordinadora de Políticas y Derecho del ISA, dijo a Mongabay que, si se aprobara, esa propuesta de ley sería uno de los mayores retrasos ambientales de la historia del país. “La intención de la propuesta es desmantelar el actual sistema de licenciamiento”, dijo. “El nuevo sistema sería tan flexible que ya no sería posible evitar desastres como Mariana, ni mitigar el impacto socioambiental de grandes proyectos de infraestructura como Belo Monte”. Mongabay solicitó una entrevista con la CNA pero no fue concedida.
Se pone a los pueblos indígenas en peligro
Está claro que se planean más cambios trascendentales. Hace unos días, el gobierno dijo que iba a introducir una nueva ley que sustituyera al Decreto 1.775/96 y que introduciría cambios fundamentales a la forma en que se crean los territorios indígenas.
Con los procedimientos enrevesados de hoy en día, hace falta mucho tiempo, a veces décadas, para que el gobierno marque un territorio oficialmente como indígena —a pesar de que estos se suelen enfrentar a invasiones inminentes de taladores, mineros y constructores de presas—, pero si se aplicara esta nueva ley, sería prácticamente imposible hacerlo. Se introducirían numerosos obstáculos en el proceso de demarcación, al igual que mecanismos que harían más fácil que aquellos que se oponen a los indígenas llevaran recursos legales a los tribunales.
Lo que es aún más grave, esa ley haría que se pudiera reducir el tamaño de los territorios indígenas que ya existen si no se hubieran registrado de forma adecuada en la Secretaría de Patrimonio de la Unión (SPU), o en una oficina de registro adecuada. Todos los territorios indígenas deberían cumplir con los nuevos procesos, con la anulación de etapas en un proceso de demarcación ya desarrollado. Como resultado, se reabrirían antiguos conflictos territorios, y los indígenas que vivieran en un territorio que no estuviera demarcado por completo por el gobierno se encontrarían en una situación precaria.
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), organización que representa a todos los pueblos indígenas de Brasil, publicó inmediatamente un comunicado de prensa en el cual “repudia vehementemente… la decisión macabra… de poner fin a la demarcación de territorios indígenas” y la creación de “trampas que llevarán a la reubicación, reasentamiento y expulsión de pueblos indígenas bajo una fachada de legalidad”.
Para Márcio Santilli, antiguo presidente de Funai, la agencia del gobierno dedicada a los indígenas, el decreto representaría un gran retraso y amenazaría los enormes avances que se consiguieron para los pueblos indígenas en la constitución de 1988. Dijo a Mongabay que esta es “la peor propuesta para la demarcación de territorios indígenas desde que acabó la dictadura militar [en 1985]. Haría que fuera posible reducir el tamaño de los territorios indígenas que casi han completado el proceso de demarcación. Iría incluso más allá, al permitir que se pueda pagar a los indígenas por no conseguir sus tierras en lugar de darles un territorio. Esto perpetuaría su situación de expropiación”.
El diputado federal, Nilto Tatto, está de acuerdo: “El decreto, que es esencialmente inconstitucional, allana el camino para un nuevo ciclo de exterminación de los pueblos indígenas. Un ciclo que se había revertido con la constitución de 1988, con su garantía fundamental de acceso a la tierra, que permitía que los pueblos indígenas levantaran cabeza de nuevo y empezaran a crecer en número”.
Si todas estas amenazas no eran suficientes, los líderes regionales de IBAMA publicaron una carta abierta a principios de diciembre en la que expresaban su indignación con los recortes federales a su financiación y en el personal que trabaja en el instituto.
Basándose en cifras que acababa de publicar INPE (el Instituto Nacional de Investigación Espacial), que mostraban un aumento del 29 en la deforestación de la Amazonía de agosto de 2015 a julio de 2016 —lo cual marca la cifra más alta de destrucción forestal en ocho años—, los oficiales del IBAMA avisaron de que la agencia no tendría ningún poder para evitar más deterioro a menos que se escucharan sus quejas y se tomaran medidas.
El Ministerio del Ambiente dijo a Mongabay, en respuesta a las críticas realizadas por estos líderes regionales, que, a pesar de los recortes del gobierno, se había “dado prioridad a las unidades que actúan directamente contra la deforestación”.
Además, “los esfuerzos realizados durante la administración del ministro Sarney Filho con respecto al BNDES [Banco de desarrollo de Brasil] y ANA [Agencia Nacional del Agua] llevaron a un aumento en el presupuesto de 2016 de una cifra inicial de 243,8 millones de reales (72.7 millones de dólares) a 279,6 millones (83.4 millones de dólares); es decir, un aumento de 35,8 millones de reales (10,6 de dólares)”.
Todos estos recientes acontecimientos dramáticos presagian una situación política posiblemente volátil para 2017 y más allá, con graves repercusiones para el medioambiente y los pueblos indígenas, especialmente en la Amazonía brasileña. Nilto Tatto dijo a Mongabay: “Los reveses son violentos. Encajan, en su gravedad, con la ruptura institucional que ocurrió con el proceso de destitución”.
También puede leer la serie de Mongabay sobre la cuenca del Tapajós en portugués en The Intercept Brasil a partir del 22 de diciembre de 2016.
