- El informe, publicado el 8 de diciembre, señala varias historias en América Central y México donde las comunidades locales están gestionando con éxito programas efectivos de conservación.
- Subraya que la conservación basada en los derechos es una herramienta importante, pero advierte que muchos indígenas y comunidades locales todavía carecen del reconocimiento oficial de los derechos sobre las tierras.
- El informe apremia a las comunidades locales a que se involucren más en los programas de conservación que se propongan en sus tierras.
- Mongabay estuvo en la Reserva de la Biosfera Maya de Guatemala donde la concesión forestal de una comunidad está experimentando menos deforestación que el núcleo de la reserva, debido en parte a un método que equilibra conservación e industria.
Uaxactún, Guatemala – La investigación ha demostrado que los indígenas y comunidades locales juegan un papel importante en la conservación de la biodiversidad y del bosque en América Central y México. Mostrando casos por toda la región. Un nuevo informe aporta pruebas de que asegurar e implementar los derechos indígenas y de las comunidades a sus tierras y bosques efectivamente reduce la deforestación y refuerza la protección de la biodiversidad.
El informe, Conservación y Derechos de las Comunidades: Lecciones desde Mesoamérica, fue dirigido por la Fundación PRISMA, un centro de investigación del medio ambiente y desarrollo con sede en El Salvador. Se publicó el 8 de diciembre en la Ciudad de México, coincidiendo con la decimotercera Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica que tuvo lugar del 4 al 17 de diciembre en Cancún.
En el informe se examinan prometedoras historias de éxito, incluyendo la gestión comunitaria de bosques norte de Guatemala y la conservación indígena en el este de Panamá. El estudio defiende que la región está en una posición privilegiada para dar lecciones de conservación basada en los derechos al resto del mundo.
“Desde México a Panamá, los indígenas y comunidades locales han reconocido legalmente los derechos a aproximadamente un 65 % de los bosques en Mesoamérica, superando con creces a cualquier otra región en el mundo”, escriben los autores del informe. Es más del doble del nivel de los derechos que poseen los indígenas y comunidades de América Latina en su totalidad (32 por ciento) o de Asia (30 por ciento), según su investigación.
Falta de derechos y reconocimiento
El reconocimiento de los derechos, sin embargo, no implica que automáticamente se respeten en lo que a política de conservación se refiere.
“Como nación, México ha reconocido los derechos de los indígenas y la gente de los pueblos en una gran parte del territorio de nuestro país”, dice Gustavo Sánchez, representante de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, en una declaración del 8 de diciembre que fue publicada en un reportaje de PRISMA.
“Con el tiempo, sin embargo, esos derechos se han ido diluyendo por ciertas normas y una de ellas es el actual modelo para la conservación de la biodiversidad. Con escasas excepciones, tiende a ser restrictivo y no reconoce los derechos de nuestra gente”, dice Sánchez.
La conservación a cargo de la gente local viene de finales de 1800, cuando se estableció el primer parque nacional de los Estados Unidos. “El gobierno federal de los EE.UU. expulsó a las poblaciones nativas americanas que habían vivido de una forma sostenible durante generaciones en los territorios en los que se crearon el Parque Nacional de Yellowstone y Parque Nacional de Yosemite”, escribe el autor del reportaje.
Es un modelo de conservación que se ha repetido con pequeñas variaciones alrededor del mundo, y América Central y México no son una excepción. La región es lugar de conflictos entre las comunidades con sistemas de conservación tradicionales y los funcionarios del gobierno –y en ocasiones la policía y las fuerzas militares– que imponen por la fuerza las zonas protegidas a los habitantes, sin su consentimiento, consulta o participación.
Algunos casos examinados en el nuevo informe incluyen tanto los problemas como los logros, en ambos casos reconociendo un avance hacia el modelo de conservación basado en los derechos.
“La conservación basada en los derechos es un enfoque que reconoce los derechos de las comunidades locales y los indígenas”, dice a Mongabay Andrew Davis, investigador jefe de la Fundación PRISMA y uno de los autores principales del nuevo informe.
“Los derechos, por supuesto, es un término muy amplio que hace referencia a las normas sobre el terreno que determinan como se relacionan las comunidades con los recursos naturales; y eso es importante porque las normas que rigen estas sociedades son ignoradas casi a nivel universal en las políticas de zonas protegidas” dice.
Sobre el papel, el avance parece claro. En lo que se refiere a contextos del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Congreso Mundial de Parques y otras estructuras que guían la conservación, ha habido un enorme progreso, dice Davis. Sin embargo, gran parte de ese progreso todavía se tiene que traducir a la práctica.
“Todavía hay una enorme laguna entre el enfoque basado en los derechos que ha sido subrayado en estos contextos y lo que en realidad está ocurriendo sobre el terreno; y lo que está ocurriendo realmente sobre el terreno en muchos casos continua siendo una violación seria de los derechos indígenas en sus territorios que en muchos casos está perjudicando a las comunidades y a la conservación de la biodiversidad en sí misma”, dice Davis.
En casos donde se han establecido zonas protegidas sin tener en cuenta a los habitantes locales, una forma de comenzar sería investigar a través del diálogo y la consulta a las comunidades sobre la mejor forma de conservar esos territorios, según Davis.
“Creo que implica invertir en que las comunidades locales, las organizaciones indígenas y las empresas estén alineadas en el uso sostenible de sus paisajes” dice. Es una de las recomendaciones clave del informe, pero Davis cree que puede llevar tiempo convencerse.
“Hay mucho escepticismo en que estas empresas puedan funcionar”, dice. “Especialmente, existe la idea de que los indígenas no pueden gestionar empresas o que los valores indígenas no son compatibles con la gestión de esas empresas. Sin embargo, nuestras experiencias en Guatemala, México y por toda la región han demostrado que ese no es el caso, que cuando se reconocen los derechos y se invierte en esas organizaciones, se pueden tener empresas que conserven la biodiversidad y contribuyan al desarrollo de la población”.
La conservación comunitaria en acción
Benedicta Dionisio Ramírez está muy de acuerdo con ello. Ella y otras dos mujeres han fundado Alimentos Nutri-naturales (ANSA) con sus propios fondos en 2005, explicó a Mongabay mientras pasaba sus dedos a través de las semillas de Ramón de uno de los sacos de 100 libras (45 kg) apilados tras ella. Ahora trabajan con cerca de 180 personas, principalmente mujeres, que cosechan las semillas de tierras privadas y municipales en la zona de protección de la Reserva de la Biosfera Maya al norte de Guatemala.
La empresa ayuda a mantener más árboles en pie dentro de la gran zona de protección deforestada, y procesar las semillas contribuye a la subsistencia y nutrición locales. En ANSA, las semillas están por todas partes: secando sobre bastidores cubiertos fuera, esperando el turno para ser tostadas para una bebida parecida al café y como harina para galletas que son embaladas por un compañero de Dionisio Ramírez. “Vendemos a nivel local y nacional”, dice Dionisio Ramírez. “Tenemos algunos clientes en los Estados Unidos y uno en Japón”.
También conocidas como nueces mayas, las nutritivas semillas eran una fuente de alimentación importante para los habitantes mayas indígenas de la región hace siglos. Estos días las semillas están en un período de resurgimiento en la zona liderado por asociaciones locales y comunidades del bosque. Es coordinado por todos en una comisión con el apoyo de ONG guatemaltecas e internacionales así como el estatal Consejo Nacional de Áreas Protegidas.
La comisión incluye a un representante de Uaxactún, una localidad situada en la concesión forestal de la comunidad de Uaxactún en la zona multiusos de la Reserva de la Biosfera Maya. La tasa de deforestación que atraviesa la zona activa de las concesiones forestales de la comunidad es más baja que la del corazón de la reserva de la biósfera, que comprende principalmente parques nacionales. Información de la Universidad de Maryland muestra que la Reserva de la Biosfera perdió un 8 por ciento de su cobertura de árboles entre 2001 y 2014, que el número se eleva a 13 por ciento si se incluye la zona protegida de la reserva. Por el contrario, la concesión forestal de la comunidad Uaxactún perdió menos del 1 por ciento de su cobertura de árboles.
Floridalma Ax coordina la iniciativa de la semilla de Ramón en Uaxactún, donde los indígenas y residentes de la comunidad no indígenas también cosechan de una forma sostenible otros productos del bosque tales como la pimienta inglesa o de Jamaica, hojas ornamentales de palma xate y la madera de caoba entre otras. Los productos son todos sometidos a certificación, bien por el Consejo de Administración Forestal o como orgánico, y su gestión está monitorizada y regulada muy de cerca por el gobierno y la misma comunidad.
Durante las dos cosechas al año de la semilla de Ramón, Ax forma parte del trabajo de inspección. “En el bosque, el trabajo que se hace es ver si el árbol tiene una buena producción de semilla” dice a Mongabay. “Según el plan de gestión, el 70 por ciento [de las semillas] pueden ser cosechadas y el 30 por ciento se dejan para los animales y que el árbol se pueda reproducir”.
Las concesiones forestales de la comunidad de la Reserva de la Biosfera Maya se destacan en el informe de la Fundación PRISMA y demuestran cómo se deben reconocer los derechos, además de garantizados de forma activa e aplicados sobre el terreno.
“Cambia en cada territorio en particular cómo debería desarrollarse la implementación de los derechos. Por lo tanto, en las concesiones comunitarias vemos patrullas conjuntas, vemos trabajo en equipo realizado para detectar los incendios de los bosques”, dice Davis.
La importancia de un enfoque basado en los derechos en la conservación también fue señalada en un mapa publicado este año por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que presentaba un gran solapamiento de las zonas protegidas de América Central y los territorios indígenas. El estudio también mostraba que asegurar los derechos de los indígenas y las comunidades de los bosques puede ser una increíble y rentable forma de combatir el cambio climático.
“Puedes encontrar indígenas y comunidades locales que están más organizados y son más sofisticados que nunca”, dice Davis. “Dado el estado de crisis global de la pérdida de la biodiversidad, pensamos que esta es una solución inmediata que ahora está al alcance para gobiernos y organizaciones de cooperación y no gubernamentales”.
