- Al amparo de la crisis política actual en Brasil el Congreso dominado por el grupo de presión agroindustrial bancada ruralista está impulsando medidas para reducir drásticamente las unidades de conservación en el estado de Pará en la zona oriental da la Amazonía, lo cual eliminaría la protección de 1,2 millones de hectáreas de bosque.
- La acción, aún pendiente de aprobación en todo el Congreso, reduciría el Bosque Nacional de Jamanxim en 480 000 hectáreas, la Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo en 180 000 hectáreas, el Parque Nacional de Jamanxin en 334 000 hectáreas y el Bosque Nacional de Itaituba II en 169 000 hectáreas.
- Estas unidades de conservación se verían convertidas en Áreas de Protección Ambiental (APA), en las que se permiten la propiedad privada, las actividades agrícolas y la tala de árboles. Es probable que la agroindustria brasileña, a saber los rancheros y agricultores ricos, obtengan beneficios importantes con el cambio de estatus, en detrimento de los bosques y la biodiversidad.
- Algunas de las unidades de conservación han recibido financiación importante de donantes extranjeros, incluso la Unión Europea y el Banco Mundial. Las medidas congresuales ahora tienen que ser aprobadas por la Cámara Baja y luego por el Senado. Hay que efectuar la aprobación antes del fin de mayo o las medidas serán inválidas. No obstante, parece que serán aprobadas.
La inestabilidad política en Brasil ha permitido a la bancanda ruralista, grupo de presión de la agroindustria que domina el Congreso, introducir a hurtadillas unas medidas para desarticular algunas de las unidades de conservación más importantes del país en la zona occidental de la Cuenca del Amazonas. La jugada ocurre en el momento en el que el país se centra completamente en los procedimientos recientes del Tribunal Supremo sobre la investigación de acusaciones de corrupción que implican a líderes políticos, entre ellos ocho de los ministros del Presidente Michel Temer.
Los diputados han introducido enmiendas para dos medidas provisionales —la MP 756/2016 y MP 758/2016— que eliminarán la protección de 1,2 millones de hectáreas de bosque.
Algunas de las unidades afectadas han recibido financiación importante de donantes extranjeros, incluso la Unión Europea y el Banco Mundial.
El 11 de abril una comisión congresual aprobó la enmienda a la MP 756 para reducir la superficie del Bosque Nacional del Jamanxim en 480 000 hectáreas, un poco más de un tercio de la superficie actual de 1,3 millones de hectáreas del bosque. La enmienda disminuía también la superficie de la Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo a la mitad, una reducción de 180 000 hectáreas. Ambas unidades se encuentran en el estado de Pará.
Dichas zonas se convertirán en Áreas de Protección Ambiental (APA), un estatus que permite la propiedad privada de tierras, las actividades agrícolas y la tala de árboles.
El diputado federal José Priante, informante de la MP 756, la justificó: “Al elegir una APA, no elegimos más que una forma de conservación que permite mediar en los conflictos”. Sostiene que ya había agricultores viviendo en estas zonas cuando eran unidades de conservación, y que reclasificar las unidades de conservación protege los intereses de los agricultores.
Sin embargo, un estudio del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad, la entidad responsable de administrar las unidades federales de conservación, halló que dos tercios de los agricultores que habían deforestado dentro del Bosque Nacional de Jamanxim, lo hicieron cuando ya era una unidad de conservación, lo que significa que explotaron esa tierra pública de manera ilegal.
El diputado federal de la oposición, Nilto Tatto, criticó la medida. Según él envía el mensaje de que “compensa cometer un crimen” y que vale la pena “invadir unidades de conservación”.
Cuando las agencias del medio ambiente se ocupaban de la recopilación de firmas para una carta contra la medida MP 756 recibieron otro golpe. Al día siguiente, a lo largo de una sesión que duró siete minutos, la misma comisión congresual aprobó las enmiendas para la MP 758, con lo cual el Parque Nacional de Jamanxin perderá la mitad de su superficie (334 000 hectáreas) y el Bosque Nacional de Itaituba II perderá más de un tercio de su superficie (169 000 hectáreas). Estas zonas se reclasificarán como APA.
Es probable que la diminución de las unidades de conservación en 1,2 millones de hectáreas en total, una superficie de casi el tamaño de Puerto Rico, provoque consternación entre los donantes extranjeros.
El Ministerio del Medio Ambiente de Brasil ha creado un programa que se llama Programa Áreas Protegidas de la Amazonía para reforzar las unidades de conservación en la Amazonía. Descrito como “el mejor programa de conservación de bosques tropicales del planeta” su primera fase cuenta con un presupuesto de 124,6 millones de dólares estadounidenses, nutridos en gran parte por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente del Banco Mundial, el Banco Alemán de Desarrollo (KfW) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
Una parte del presupuesto se dedica al Parque Nacional de Jamanxim y a la Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo. Ambas zonas están sufriendo pérdidas importantes de superficie.
La Unión Europea también ha financiado varios proyectos para el Jamanxim y el Bosque Nacional de Itaituba II, mientras que el Banco Alemán de Desarrollo (KfW) por su parte les ha proporcionado recursos substanciales para los bosques.
Las medidas provisionales (MP) ahora tienen que ser aprobadas por la Cámara Baja y luego por el Senado. Hay que efectuar la aprobación antes del fin de mayo o las medidas serán inválidas.
Teniendo en cuenta la fuerza del grupo de presión agroindustrial, la aprobación de las enmiendas parece muy probable, pero con la magnitud de la crisis política en Brasil, poco se puede predecir. Muchos trabajadores, incluso de la policía, están profundamente descontentos con las reformas gubernamentales en cuanto a las pensiones, lo que ha desencadenado protestas masivas por todo el país.
Los críticos como Tatto mantienen que el descuartizamiento de las unidades de conservación amazónicas es en gran parte una manera de legitimar las concesiones de ladrones de tierra ricos que durante mucho tiempo han manejado dentro de las unidades. Foto: Rhett A. Butler
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