Sin embargo, el territorio en el que Globalia pretende construir era hasta hace poco parte de Parque Nacional Cotubanamá, un lugar con uno de los niveles de biodiversidad más altos del país. En la actualidad, el Parque Nacional Cotubanamá está en consideración para conseguir el estado de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Contiene un sistema de cuevas de piedra caliza de importancia antropológica con pinturas y glifos prehistóricos, además de importantes especies nativas.

León describe el Parque Nacional Cotubanamá como “increíblemente hermoso” y habla de una imagen de especies de palmeras de distintos tipos que solo se encuentran allí. El parque, de 796 kilómetros, también es hogar del solenodonte (Soledonon paradoxus), una criatura parecida a una musaraña que neutraliza a sus presas y rivales con el veneno que inyecta por los dientes. Otros animales amenazados del área son la iguana cornuda (Cyclura cornuta) y la tortuga carey (Eretmochelys imbricata), además de especies vulnerables como el manatí antillano (trichechus manatus) y la cotorra de La Española (Amazona ventralis).

La iguana cornuda es una especie nativa del Parque Nacional Cotubanamá que está amenazada. Imagen de Rhett A. Butler/Mongabay.

“Este parque es con diferencia el que consigue más beneficios de todas las áreas protegidas de la República Dominicana”, dice León en referencia a su estado lucrativo como destino turístico para excursiones de un día. “Arruinar el estado natural del parque es una tontería porque es gran parte de su atracción”.

El debate se ha convertido en el choque de dos planes muy diferentes para el último retal de ecosistema natural en tierras bajas que queda en la mitad este de un país que depende, en gran medida, del turismo.

Después de dos denuncias y una campaña mediática de la ONG Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas de la República Dominicana, el gabinete del presidente ordenó que se suspendieran los trabajos de construcción el 28 de febrero. La suspensión se revisará cuando se complete la comisión de investigación para clarificar qué se puede construir de forma legal.

“Es una victoria agridulce”, dice León. “Por supuesto que estamos contentos de que las excavadoras estén fuera del terreno, pero el permiso no se ha revocado y sospechamos que el gobierno está comprando tiempo hasta las elecciones [de Mayo]”.

Tras una audiencia preliminar a principios de marzo, el Tribunal Superior Administrativo ha dicho que tomará una decisión acerca del proyecto el 20 de marzo.

Degradación de un área protegida

Hace 16 años, el gobierno redujo oficialmente la categoría de la costa oeste del Parque Nacional Cotubanamá y la designó Área de Recreo Guaraguao-Punta Catuano, lo cual significa, esencialmente, que quedó abierta para posibles construcciones en el futuro. El territorio en cuestión pasó de la categoría II de la UICN a la categoría VI. Las áreas en la categoría VI siguen siendo áreas protegidas, pero se permite el desarrollo limitado en circunstancias determinadas. El lugar elegido por Globalia, que está en la costa y es especialmente atractivo para el desarrollo turístico, se conoce como parcela 24-A.

“La coalición considera que se rebajó el nivel de protección de este tramo de playa con maldad”, dice Beatriz Ferrer, abogada y miembro del grupo ambiental SOS Ambiente RD. Dice que pasó lo mismo con la bahía del Parque Nacional Jaragua, donde una playa conocida como Las Águilas cambió a una protección inferior para ser desarrollada.




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Ferrer dice que la forma arbitraria en que solo las zonas de playa cambian de categoría de protección sugiere “una intención política de excluir estas playas en un país que depende principalmente del turismo […] pero los ecosistemas no se pueden definir con una línea recta”.

El parque nacional también es una zona vital de recarga de acuíferos: la única fuente de agua fresca permanente en la región es la lluvia que cae sobre el parque y se acumula bajo tierra en roca permeable. León dice que este es un tema de gran preocupación porque las comunidades de la región dependen del agua limpia del acuífero de Cotubanamá, al igual que el ecosistema de la selva. La construcción de complejos turísticos podría desembocar en un uso excesivo de agua y su contaminación.

Las comunidades locales dicen que el turismo ya está contaminando el agua. Según un artículo publicado en Marine Science and Engineering en 2019, los investigadores descubrieron que el 100 % de los asistentes a un grupo de discusión sentían que el nivel actual de turismo tenía un impacto negativo en las reservas de agua subterránea.

La línea verde muestra el límite del Parque Nacional Cotubanamá. La línea amarilla muestra el límite del Área de Recreo Guaraguao-Punta Catuano. La línea roja muestra la parcela 24-A, el lugar propuesto para el desarrollo de Leaf Bayahíbe. Imagen cortesía de Grupo Jaragua.

Se pueden desarrollar las áreas protegidas en la categoría VI, “pero solo para una actividad muy secundaria o como parte de la estrategia socioeconómica de las comunidades locales (por ejemplo, en relación con el desarrollo del ecoturismo)”, según la UICN.

Para los ambientalistas está claro que el desarrollo turístico para obtener beneficios por parte de una empresa española no constituye ni una actividad secundaria ni algo que sea parte de la estrategia socioeconómica de la comunidad local.

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Globalia, por otra parte, dice que el desarrollo propuesto tendrá un impacto ecológico mínimo y proporcionará trabajo para las comunidades locales a través del ecoturismo.

Los científicos se refieren a la práctica de los gobiernos de elegir áreas protegidas para desarrollo como Degradación, Reducción o Pérdida de Protección de Áreas Protegidas (PADDD por sus siglas en inglés). Es una tendencia al alza, según un artículo de 2019 publicado en Science. De los casi 4000 casos de PADDD identificados desde mediados del siglo XIX, el 64 % ocurrieron entre 2008 y 2018. Los gobiernos redujeron la protección de casi 1.7 millones de km2, un área de casi el tamaño de Alaska, y eliminaron por completo la protección de unos 520 000 km2 en el periodo entre 1892 y 2018.

Un historial de disputas

El fundador de Globalia, Pepe Hidalgo, compró la parcela 24-A en octubre del año 2000 por 3,7 millones de dólares con la intención de construir un complejo turístico. La venta tuvo lugar semanas después de que el que era el presidente entonces, Hipólito Mejía, eliminara las restricciones en el territorio con un decreto que reducía el área del parque y situaba esa parcela justo fuera de la barrera de protección.

José Antonio Trinidad Sena, exprocurador para la defensa del medio ambiente, investigó el caso en 2004 porque la República Dominicana requiere una modificación legal, y no un decreto, para alterar el tamaño de un parque nacional. El decreto de Mejía no estuvo respaldado por esa modificación legal así que se consideró que el permiso para desarrollar el territorio era ilegal y se retiró.

En 2018, se volvió a negar el permiso a Globalia, esta vez de desarrollar un hotel de 978 habitaciones en la parcela 24-A. La empresa encargó un informe para evaluar los planes que después se envió al Ministerio de Medio Ambiente. El informe, de Adolfo López y Eluterio Martínez, de la Academia de Ciencias, decía que “los ecosistemas presentes en el Área de Recreo Nacional Guaraguao Punta-Catuano son una parte indisoluble de los ecosistemas presentes en el Parque Nacional Cotubanamá y su interacción en condiciones prístinas depende de la funcionalidad de ambas unidades de conservación”.




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Los científicos recomendaron que, aunque las dos áreas tengan diferentes rangos de protección en la UICN, se traten como “un conjunto ecológico y cultural uniforme” en cuestiones de uso del territorio. En consecuencia, el Ministerio de Medio Ambiente publicó una resolución que prohibía cualquier desarrollo dentro del Área de Recreo Guaraguao Punta-Catuano.

Globalia volvió a intentar desarrollar la parcela 24-A en 2018, después de que Ángel Estévez fuera nombrado ministro de medio ambiente en mayo de ese año. Esta vez, a pesar de la resolución que prohibía el desarrollo, el ministerio aceptó la solicitud para un proyecto muy diferente de un centro vacacional ecológico de 96 villas e infraestructura de apoyo. El ministerio concedió un permiso ambiental, firmado por Estévez, el 14 de enero de este año. Globalia empezó a despejar el área ese mismo mes.

“El proyecto, la empresa y la sociedad han cambiado desde el 2000. Creemos honestamente que Leaf Bayahíbe refleja esos cambios”, dice Uriondo, representante de Globalia. “Creemos que es un buen equilibrio entre nuestros derechos como propietarios del lugar y la protección del ambiente”.

Área de bosque despejada en Guaraguao el 21 de enero del 2020. Imagen de Adolfo López.

Un ministro polémico

Desde que el gobierno detuvo el proyecto en febrero, ha nombrado una comisión de investigación para que investiguen los planes, pero eso no ha servido para frenar la polémica. Los detractores dicen que la comisión de investigación no puede ser imparcial porque uno de sus miembros es el ministro de medio ambiente, Ángel Estévez, que fue quien firmó el plan en primer lugar.

“Esta no es la forma apropiada, ni institucional, de manejar una investigación”, dice Ferrer, la abogada.

El candidato a la presidencia Guillermo Moreno, del partido Alianza País, se refirió a Estévez hace poco como “enemigo público número uno” y pidió su destitución inmediata por conceder permiso a Globalia para que desarrolle el área. En la misma rueda de prensa, criticó al Partido de la Liberación Dominicana por lo que definió como ataques al medioambiente, y enumeró varios proyectos de desarrollo y extracción mineral que el gobierno ha autorizado en el territorio del parque nacional.

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No es la primera vez que se cuestiona el compromiso de Estévez con las áreas protegidas de la República Dominicana.

En una entrevista en televisión en 2019 con El Día, Estévez pareció apoyar abiertamente la agricultura ilegal en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco al decir “no derribaré ni un solo árbol de aguacate”. Además, cuestionó que un tipo de árbol pueda ser perjudicial si los otros no lo son.

Después de estos comentarios, más de 35 000 personas firmaron una petición en línea que pedía su dimisión inmediata y afirmaba que carece del conocimiento o la capacidad para desempeñar de forma adecuada el papel de ministro de medio ambiente.

El ministro declinó responder a las preguntas de Mongabay.

Se establecería un posible precedente

La coalición ambiental dice que más allá de dañar la ecología del Parque Nacional Cotubanamá, el desarrollo del complejo turístico abriría la puerta a otros en el futuro.

“Hay muchos rumores de que otros tienen títulos [de propiedad] allí y que, si este hotel recibe luz verde, querrán hacer lo mismo”, dice León, la bióloga.

Días después de que Estévez aprobara el permiso a Globalia para construir, Ángel Rondón, director de Lashan Corp. fue visto visitando el parque, según un video publicado en el periódico Diario Libre. Supuestamente, Lashan es propietario de otra parcela, la 13-A, dentro de la línea de playa a la que se ha reducido la protección.




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Globalia, por su parte, dice que confía en que ha llevado a cabo los pasos necesarios para ajustar el proyecto al área, según afirman, con planes para instalar aire acondicionado natural, biodiesel producido con los residuos de la cocina, reciclaje, uso cero de plástico y grifos y cisternas con ahorro de agua.

“Hemos estado pausados 20 años y hemos cambiado nuestros planes para este lote, siempre para reducir su impacto”, dice Uriondo. “Empezó como un complejo turístico tradicional, después evolucionó para ser más pequeño y ahora pensamos que el complejo ecológico es la fórmula perfecta. Pero nunca hemos construido nada y, hagamos lo que hagamos, será siempre según la ley”.

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Uriondo dice que ahora la pelota está en el tejado del gobierno; Globalia solo puede desarrollar si tiene permiso.

Los ambientalistas dicen que no se trata de un solo proyecto propuesto, sino de la pérdida de confianza en el Ministerio de Medio Ambiente.

“La cadena de ministros de medio ambiente negligentes, poco preparados o cómplices (salvo raras excepciones) ha conllevado un aumento en la explotación de las áreas protegidas”, escribió Ferrer en un correo electrónico.

Un solenodonte (Solenodon paradoxus) con semillas de gramíneas en la cara, cerca de Pedernales, República Dominicana. Imagen de Jeremy Hance.

Añade que el tribunal constitucional, el de más poder en el país, he tenido que recordar a las autoridades en múltiples ocasiones que los recursos naturales y las áreas protegidas están salvaguardadas en la constitución del país.

“Creo que es el momento de reflexionar sobre los errores del pasado y corregirlos”, dice Ferrer. “Tiene que haber una conversación sobre por qué este tramo de playa, tan atractivo para los promotores, vio su grado de protección reducido y excluido del parque nacional, y si debería seguir así. La conversación más importante debería ser sobre qué tipo de turismo queremos fomentar”.

*Imagen principal: parcela 24-A, el lugar propuesto para el desarrollo de un complejo de ecoturismo por parte de la empresa española Globalia en un área que antes formaba parte del Parque Nacional Cotubanamá. Foto cortesía de Grupo Jaragua.

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Referencias:

Golden Kroner, R. E., Qin, S., Cook, C. N., Krithivasan, R., Pack, S. M., Bonilla, O. D., … Mascia, M. B. (2019). The uncertain future of protected lands and waters. Science364(6443), 881-886. doi:10.1126/science.aau5525

Navarro, N. (2019). Community perceptions of tourism impacts on coastal protected areas. Journal of Marine Science and Engineering7(8), 274. doi:10.3390/jmse7080274

El artículo original fue publicado en Mongabay News. Puedes leerlo aquí.

Artículo publicado por Maria Salazar
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