- La justicia ecuatoriana no ha determinado responsables por el derrame de crudo en la Amazonía y cuatro meses después falló en contra de la demanda interpuesta por indígenas kichwa debido a la vulneración de sus derechos por la contaminación del agua.
- Las comunidades afectadas apelarán la decisión del juez en la Corte Provincial de Orellana después de que reciban la sentencia por escrito.
*Este artículo es una alianza periodística entre Mongabay Latam y GK de Ecuador.
La justicia falló en contra de las comunidades indígenas kichwa del Ecuador. El martes 1 de septiembre, el juez del Tribunal Primero de Garantías Penales de la provincia de Orellana, Jaime Oña, negó la acción de protección y medidas cautelares a favor de comunidades afectadas por el derrame de petróleo, del pasado 7 de abril de 2020, en el Parque Nacional Cayambe Coca. El crudo que llegó a las aguas del río Coca afectó a 109 comunidades indígenas de las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos, y se dio por la rotura de dos oleoductos: el Sistema de Oleoductos Trans Ecuatorianos (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), como lo ha reportado Mongabay Latam.
Entre los motivos para no admitir la acción de protección, el juez Oña argumentó que la demanda no debía realizarse por vía constitucional sino administrativa. Según María Espinoza, abogada de los afectados en el caso, esto quiere decir que la demanda debía presentarse ante el Ministerio del Ambiente y no ante un juez. Espinoza no está de acuerdo con esa explicación porque, según dice, la justicia constitucional trata sobre derechos y en el caso del derrame de crudo hubo una vulneración de estos. “El juez en toda su sentencia omite pronunciarse acerca de la vulneración de vida digna, agua, salud, alimentación y derechos de la naturaleza”, dice la abogada e insiste en que, hasta el momento, esos derechos no se han respetado.
Verónica Potes, otra de las abogadas del caso y experta en temas ambientales, explica que por la vía administrativa no se reclaman vulneraciones a derechos humanos. Además, dice que al acudir ante el Ministerio no se obtienen “reparación ni garantías de no repetición; menos aún cuando la reparación y las garantías de no repetición las pedimos contra el Ministerio del Ambiente”.
En un comunicado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Confeniae) indica que en la lectura de la sentencia, el juez Oña reconoció que es “innegable” que se produjo un derrame de crudo y “que ha originado afectaciones en las poblaciones de los ríos Coca y Napo”, pero que “la sola afirmación de que se está produciendo una violación a sus derechos no es suficiente elemento para el acceso a la vía constitucional”.
Tras la decisión del juez, también se pronunciaron representantes de las comunidades indígenas kichwa en una rueda de prensa. Carlos Jipa, presidente de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (Fcunae), precisó que a pesar de la evidencia, el juez no ha tomado en cuenta sus derechos y reclamos. “Nos hemos cansado y decimos basta de saqueos, basta de utilizarnos, basta de mantenernos en la pobreza”, dijo Jipa.
Veronica Grefa, presidenta de la comunidad de Toyuca —una de las comunidades afectadas por el derrame de crudo— también mostró su malestar. La lideresa kichwa dijo que no es posible que después de que toda la gente haya dado sus testimonios, no les crean. Grefa enfatizó en los graves problemas de salud que tienen las personas de la comunidad después del derrame. Entre ellas menciona laceraciones en la piel, falta de alimentación, además que la contaminación de los ríos Coca y Napo ha impedido el acceso al agua.
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¿Inconsistencias en el proceso?
Tres semanas después del derrame del 7 abril de 2020, varias organizaciones indígenas del Ecuador presentaron una acción de protección y solicitaron medidas cautelares contra el Estado ecuatoriano. Entre los principales pedidos estaba que los demandados —Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Ministerio del Ambiente, Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ecuador S.A, Petroecuador, Ministerio de Salud Pública y Procuraduría General del Estado— provean de agua potable y alimentos suficientes a todos los miembros de las comunidades afectadas, hasta que los ríos Coca y Napo regresen a sus condiciones habituales antes del derrame, ya que son sus fuentes principales de alimentos.
A lo largo del proceso, en estos cuatro meses, las comunidades y sus representantes han denunciado ante instancias judiciales presuntas inconsistencias que han retrasado el caso. En un inicio, la audiencia estaba programada para el 16 de mayo, pero el juez Oña la aplazó hasta el 25 del mismo mes. Por ello la fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) emitió un comunicado, el 17 de mayo, en el que advertía que “si la audiencia se sigue aplazando, se desnaturaliza a la acción de protección”. La organización también enfatizó en que el proceso debía desarrollarse con celeridad “por la gravedad de las violaciones a derechos humanos que se siguen dando por el derrame del 7 de abril”.
Para Viviana Idrovo, otra de las abogadas del caso, el proceso empezó con “una serie de irregularidades” porque el 26 de mayo, casi un mes después de que se interpuso la acción de protección, se llevó a cabo la audiencia. “Esto significa que un proceso que debió ser rápido, célere, inmediato y eficaz para fijar la audiencia, se demoró casi un mes”.
Pero la tardanza en la instalación de la audiencia no ha sido el único problema. Idrovo dice que el 5 de mayo, día en el que el juez asumió el proceso, debía pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de las medidas cautelares. Pero no lo hizo.
La audiencia se volvió a instalar el 1 de junio de 2020 pero fue cancelada. Según un comunicado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), el juez Jaime Oña tomó la decisión por “problemas de salud en su equipo técnico”. La abogada Idrovo dice que ese día los demandados debían presentar sus pruebas y no pudieron hacerlo. La diligencia fue suspendida por 75 días, hasta que fue reinstalada el 12 de agosto. La abogada Viviana Idrovo recuerda que ese día el juez estaba molesto con las comunidades indígenas y sus abogados por los reclamos que hicieron por la tardanza en la instalación de la audiencia.
Las comunidades están sorprendidas pues después de todos estos inconvenientes, y una espera de poco más de cuatro meses para un asunto que era urgente, la acción de protección y medidas cautelares no fueron aceptadas. Mientras tanto, cerca de 109 poblaciones que viven en las orillas de los ríos Coca y Napo, en las provincia de Napo y Sucumbíos, siguen sufriendo las afectaciones del derrame. En este tiempo, de acuerdo con la abogada María Espinoza, no se tomaron las medidas suficientes necesarias y oportunas.
La lideresa kichwa Verónica Grefa asegura que las personas siguen con afectaciones en la piel, “las mujeres se meten en el río a pescar y salen con infecciones vaginales. Muchos de los niños que se siguen bañando en las aguas presentan granitos en la piel”. Después de la audiencia, Grefa dice que se sienten “indignados ya que no hay justicia para los pobres, más que todo para nosotros la nacionalidad kichwa”. Para ella, la decisión del juez se resume en “el que tiene más plata gana”. Sin embargo, dice que van a seguir luchando y exigiendo justicia.
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Un peligro constante
El derrame de 15 800 barriles de petróleo, producto de la rotura de los oleoductos SOTE y OCP, ha dejado como resultado daños ambientales y sociales. Y lo peor es que se podría dar un nuevo derrame de crudo. Desde lo ocurrido el 7 de abril, los deslizamientos de tierra no han parado debido a la erosión regresiva del río Coca, después que la cascada San Rafael, en el parque Cayambe Coca, desapareciera repentinamente el pasado 2 de febrero.
El 3 de junio de 2020, el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) paralizó sus operaciones de bombeo. Según Petroecuador, un nuevo socavón en el río Coca, “pone en riesgo la tubería” en la desembocadura del río en el sector de San Rafael, en el límite interprovincial entre Napo y Sucumbíos. Doce días después, un deslizamiento de 800 metros de montaña, debido a unas intensas lluvias, provocó el represamiento del agua en la cabecera del río, en la provincia del Napo, según el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE).
En el peor de los casos, la erosión podría afectar la presa de captación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Estudios contratados por el gobierno ecuatoriano sugieren la construcción de obras de emergencia que mitiguen la erosión. Si no se actúa pronto, la presa de captación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y otras obras en la zona seguirán en grave amenaza.
A pesar de la decisión tomada por el juez este 1 de septiembre, las comunidades indígenas aseguran que continuarán con su lucha. Marlon Vargas, presidente de la Confeniae, dijo enfático: “habremos perdido la batalla pero no la guerra”. Además, invitó al juez a que tome el “agua de los ríos Napo y Coca para ver si es agua pura y fresca”. Las afectaciones a la salud de las personas de las comunidades continúa porque el agua sigue sin ser apta para el consumo. La abogada María Espinoza dice que las empresas remediadoras, contratadas por OCP y Petroamazonas, deben realizar estudios para medir la calidad del agua, pero hasta el momento no han entregado los resultados.
El siguiente paso para los kichwa es apelar la sentencia. Viviana Idrovo dice que una vez tenga el fallo por escrito apelarán ante la Corte Provincial de Orellana. Incluso, dice María Espinoza, podrían llegar a instancias internacionales de ser necesario.
*Imagen principal: Varias personas de las comunidades afectadas por el derrame de petróleo hicieron una marcha pacífica el lunes 31 de agosto en la ciudad de El Coca. Foto: Ivan Castaneira/Agencia Tegantai.
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