- Cuatro áreas protegidas del Bosque Atlántico Alto Paraná (BAAPA) están amenazadas por los cultivos de marihuana, la tala de árboles nativos y el tráfico de drogas.
- Los guardaparques están en constante peligro y viven amenazados por el crimen organizado.
El Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA), en la región Oriental de Paraguay, es un complejo de 15 ecorregiones que originalmente cubría más de 1 300 000 km2 (13 000 000 de hectáreas) desde la costa atlántica de Brasil hasta el noreste de Argentina y el este de Paraguay.
Es considerado uno de los bosques más diversos y de mayor riqueza biológica del mundo. Distintas investigaciones científicas de WWF señalan que se han descubierto cerca de 8000 especies de plantas que no se encuentran en ningún otro lado del mundo. El Bosque Atlántico también alberga más de 1000 especies de animales entre mamíferos y aves.
Este bosque biodiverso, sin embargo, está en peligro por las plantaciones ilegales de marihuana, un cultivo que ingresó a Paraguay en la década de 1980, proveniente de Brasil, según las autoridades paraguayas. Un informe del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) señala que en 1994, cuando entró en vigencia la Ley de Áreas Protegidas, la cobertura boscosa de esta región oriental alcanzaba las 4 300 000 hectáreas; ahora, en cambio, su extensión solo llega a 2 700 000 hectáreas.
“La situación está totalmente desbordada”, dice Rodrigo Zárate, director de Guyrá Paraguay, una organización que trabaja hace 20 años en proyectos de conservación e investigación en el Bosque Atlántico.
El panorama para esta región es desolador. Las áreas protegidas Mbaracayú, San Rafael, Morombí y Caazapá —ubicadas en medio del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA)— han sido invadidas por cultivos ilícitos de marihuana, los guardaparques que las defienden han sido amenazados, desaparecidos o asesinados, y los pobladores de las comunidades indígenas que viven alrededor en extrema pobreza conviven con el narcotráfico y los campamentos ilegales.
¿Qué está pasando en el Bosque Atlántico del Alto Paraná?
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1. Cuatro áreas protegidas bajo ataque
El BAAPA está compuesto de cuatro áreas protegidas: Mbaracayú, San Rafael, Morombí y Caazapá. Un inmenso territorio protegido por solo 53 guardaparques.
Las cuatro áreas han perdido sus bosques por el avance de la marihuana sembrada ilegalmente dentro de este territorio protegido. Según WWF, Morombí, con una extensión de 24 800 hectáreas, perdió 3647 hectáreas de bosques en los últimos 16 años debido a las plantaciones ilegales de marihuana, la producción de carbón y la presencia de asentamientos humanos.
Es una de las reservas del Paraguay más afectada por la siembra ilegal de este cultivo. Según los registros de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), entre 2015 y 2019, se destruyeron 18 130 kilos de esta planta y en febrero de 2020, en un solo operativo, arrasaron con 600 toneladas de marihuana repartidas en 202 hectáreas. Morombí también es peligrosa para los guardaparques. En 2013 asesinaron a uno de ellos.
San Rafael tiene 73 000 hectáreas cuidadas por solo siete guardaparques. La marihuana también se ha extendido en esta zona reservada. Según WWF entre 2004 y 2020, por lo menos 3200 hectáreas de bosque protegido han sido destruidas.
El Parque Caazapá, con la mayor precariedad estatal, alberga distintas comunidades indígenas que, debido a la falta de recursos, se vieron obligadas a arrendar sus tierras para plantaciones de marihuana, soya o maíz. Entre 2015 y 2019 se incautaron 14 500 kilos de marihuana, según la SENAD. Asimismo, Global Forest Watch (GFW) indica que entre el 2001 y 2018 la deforestación acabó con 61 319 hectáreas de bosque en todo el departamento de Caazapá.
La Reserva del Mbaracayú cuenta con 64 405 hectáreas y está situada en el departamento de Canindeyú, a solo unos pocos metros de la frontera con Brasil. Esta área protegida se ha convertido en proveedor de madera, carbón y marihuana para el país vecino. Es el segundo más afectado y, de acuerdo con WWF, en los últimos cinco años perdió 1900 hectáreas.
La SENAD reporta también que entre los años 2015 y 2020 se incautaron 421 kilos del cultivo ilegal y que se han encontrado 107 hectáreas más de plantaciones.
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2. Destrucción de árboles nativos
El BAAPA se ve amenazado por la tala indiscriminada de sus árboles nativos a cambio de espacio para poder sembrar cultivos ilegales. Como si fuese poco, los árboles caídos se venden como madera y sus restos se transforman en carbón.
Esto ha resultado en la deforestación de miles de hectáreas de árboles nativos producida por “organizaciones muy fuertes que operan con las plantaciones ilegales y que cada día suman más gente a lo que sería ya una industria”, señala Augusto Salas, fiscal adjunto de Medio Ambiente del Ministerio Público de Paraguay.
Para frenar la tala indiscriminada y evitar que se sigan destruyendo parques y reservas nacionales, Salas añade que es necesario instalar destacamentos militares en estas zonas reservadas. “Hemos conversado con los representantes de la Cámara de Senadores y también con otras autoridades. No veo otra salida, estamos teniendo muchos problemas en todos lados”.
Toda esta región que, según Global Forest Watch, perdió entre 2001 y 2018 alrededor de 1 214 306 hectáreas, está protegida desde 2004 por la ley que prohíbe las actividades de transformación y conversión de bosques en la Región Oriental de Paraguay, mejor conocida como Ley Deforestación Cero.
Esta norma prohíbe la tala de árboles nativos, pero la destrucción de territorios naturales no cesa en el Bosque Atlántico, que pierde, cada año, un promedio de 49 000 hectáreas.
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3. La extrema pobreza en los bosques paraguayos
Según la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), Paraguay tiene unas 335 mil personas viviendo en extrema pobreza y cerca de 1,6 millones de habitantes pobres. El mayor porcentaje se concentra en la zona rural del país.
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) tiene 1018 colonias campesinas registradas en todo el país y en las cuatro zonas del BAAPA conviven al menos 110 de estos asentamientos.
Ante la escasez y deforestación, muchos dejaron las tierras. Las comunidades que se quedaron en estas reservas y parques protegidos dependen de la agricultura, actividad que no les proporciona suficiente sustento para vivir, por lo tanto, cultivan alimentos no nativos en su territorio, como la soya. Algunos, incluso, alquilan parte de sus tierras para sembrar marihuana.
“Para qué te voy a mentir, tengo 16 hectáreas que están pegadas al parque y las alquilo como hacen todos. Nos pagan 15 000 000 de guaraníes (USD 2321) por cada cosecha, cuando nosotros, con cualquier otro producto que sembremos apenas podemos llegar a 1 500 000 de guaraníes (USD 232)”, explica Claro Morel Dominguez, un comunero en una de las reservas.
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4. Los riesgos para los guardaparques
Según el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), el número ideal de guardaparques en Paraguay debería ser de 500, considerando a monitores forestales y guías especializados. Sin embargo, Paraguay tiene apenas 64 personas para cubrir 2 426 552 hectáreas de área silvestre protegida. En el BAAPA trabajan 53 guardaparques, incluyendo aquellos que resguardan las reservas privadas y que, por lo mismo, no dependen del MADES.
Los guardaparques que protegen el Bosque Atlántico del Alto Paraná son amenazados por narcotraficantes que manejan los cultivos ilegales de marihuana y por otras mafias organizadas que talan árboles para la venta de madera y producción de carbón.
Como si fuera poco, tienen escasos recursos para su trabajo y son considerados enemigos por los habitantes de los pueblos cercanos por impedir que deforesten los bosques.
“Para las escuelas que están en los alrededores de los parques nacionales, los malos somos nosotros. Porque evitamos que se lleven los rollos de marihuana de los bosques”, dice un guardaparque de la zona que prefiere el anonimato por seguridad.
Además, la mayoría de los guardaparques vive en los pueblos donde también habitan los traficantes de madera o quienes controlan las plantaciones ilegales de marihuana, por lo tanto, están bajo riesgo permanente. En febrero de 2013 asesinaron a Bruno Chevugi, guardaparques del Parque Mbaracayú, y cinco años después, en agosto de 2018, mataron a balazos a dos guardaparques en Caazapá.
5. ¿Qué ha ha hecho el gobierno?
En los departamentos de Canindeyú, Caaguazú, Itapúa y Caazapá, zona de convergencia de estas áreas protegidas, el sistema judicial no registra una sola persona que haya terminado en la cárcel por deforestación.
“No se encontró resolución alguna sobre deforestación y tala de árboles en la base de fallos ni en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”, indican desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que depende de la Corte y se encarga de las estadísticas judiciales del país.
En 2019 se iniciaron 16 investigaciones por tráfico de madera, de las cuales 10 se concentraban en Caaguazú. Sin embargo, quienes trabajan en conservación aseguran que esto no es garantía de justicia.
En el sistema de estadísticas del Poder Judicial, figuran 44 personas condenadas por infracción a la ley ambiental entre 2014 y 2019. En ninguno de esos casos el delito fue deforestación. Además, todas esas personas recibieron suspensión de la pena privativa a cambio de un trabajo comunitario o el pago de una multa.
Respecto a los crímenes organizados pertenecientes al narcotráfico y los asentamientos ilegales, Osvaldo García, fiscal de la Unidad Antidrogas de Caaguazú, señala que “es necesaria la participación de más instituciones del Estado porque se tiene una asociación criminal. Es un sistema de crimen organizado que trabaja con la madera, con el carbón y con la marihuana”.
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Imagen principal: Deforestación en el Parque Morombí. Foto: Pánfilo Leguizamón.
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