- Hasta el momento han sido despedidos 18 directores y siete jefes de protección de las áreas naturales protegidas que están a cargo del Estado.
- Guardaparques y ambientalistas advierten sobre los riesgos en las áreas protegidas tras la salida masiva de sus directores.
El despido masivo de directores en las áreas naturales protegidas ha causado rechazo en Bolivia. La decisión del gobierno de remover de sus puestos a 18 directores de estas áreas y siete jefes de protección, además de personal técnico especializado del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) ha puesto en aprietos al sector y levantado suspicacias sobre las razones detrás de esta decisión.
En lugares emblemáticos como los parques nacionales Noel Kempff Mercado, Carrasco, Tunari y Amboró fueron cambiados tanto los directores como los jefes de protección. En otros espacios de conservación como los parques nacionales Madidi y Otuquis, así como el Área Nacional de Manejo Integrado San Matías y el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis) se removió solo a los directores.
De las 22 áreas naturales protegidas nacionales que tiene Bolivia, solamente el director del Parque Nacional Iñao permanece en su cargo mientras otras tres áreas reservadas no cuentan con director.
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Rechazo por los cambios
«A mí me retiraron el 15 de diciembre, pero no pensé que sería catastrófico y que también se iba a retirar a los jefes de protección. Hay casos de directores como el de San Matías, que han estado más de 20 años y que ingresaron por concurso de méritos», señala Jorge Luis Medina, exjefe del Parque Nacional Madidi que ingresó al cargo en el 2020.
Medina señala que muchos de los directores y jefes de parques que han sido destituidos son personas que llevan años trabajando en la conservación de estas áreas protegidas, que han permanecido durante varios gobiernos. «Hay directores y jefes con mucha experiencia que han salido al mismo tiempo y se ha colocado en su lugar a dirigentes sin experiencia. Los resultados van a ser catastróficos para las áreas naturales protegidas», agrega Medina.
Tras los despidos, más de 50 organizaciones civiles y de la academia se manifestaron en contra de la decisión del gobierno de cambiar a casi todos los directores de los parques nacionales.
La Asociación Boliviana de Agentes de Conservación (Abolac), que reúne a los guardaparques, emitió un pronunciamiento en el que exigía la restitución de quienes habían sido destituidos y pedían mayores recursos para las 22 áreas protegidas, las mismas que —según indica Abolac— no cuentan con fondos para sus requerimientos mínimos.
En el comunicado también precisaban que la destitución del personal especializado afecta el bien común y el patrimonio natural y cultural que albergan estos espacios, al mismo tiempo que se advertía sobre movilizaciones y huelgas en caso no se atiendan sus demandas.
En tanto, la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) ha pedido la renuncia de Teodoro Mamani, director del Sernap, y la restitución de los funcionarios despedidos.
«Los despidos son injustificados y tienen como objetivo el desmantelamiento de las áreas protegidas para que no puedan contener ese acecho de empresas extractivas», señala Alex Villca, representante de Contiocap.
Villca añade, además, que las intenciones del gobierno van más allá de las actividades extractivas, pues menciona el peligro de que se retome la propuesta de construcción de 22 centrales hidroeléctricas en Bolivia.
En ese sentido, el representante de Contiocap señala que muchos de los nuevos directores y jefes de protección de las áreas protegidas no reúnen los requisitos necesarios para estos puestos. «Son personas que han sido designadas a dedo. Son cambios para lograr que las direcciones de estas áreas no tengan capacidad de reacción más adelante», asegura Villca.
El exdirector del Madidi, Jorge Luis Medina, también considera que existen intereses económicos detrás de la decisión del gobierno. «Creo que hay otros intereses por detrás y esos son minería, ampliación de la frontera agrícola y narcotráfico. También está el tema de los megaproyectos, por tanto, las personas que asuman estos cargos tienen que ser afines al partido [del gobierno, Movimiento Al Socialismo]», agrega Medina.
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Los riesgos para las áreas protegidas
Durante la última década, las protestas y conflictos sociales ante los planes de construcción de carreteras e hidroeléctricas, así como los permisos para exploración petrolera dentro de áreas protegidas y territorios indígenas han sido constantes.
Uno de estos casos es la construcción de una carretera que cruza el Tipnis, proyecto que se inició durante el gobierno de Evo Morales y que luego de mucha presión pública quedó detenido. También está la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, donde se ejecuta un proyecto de exploración de hidrocarburos.
El Parque Nacional Amboró también está amenazado por un proyecto carretero Santa Cruz-Las Cruces-Buena Vista; mientras que el Parque Nacional Aguaragüe padece los daños ocasionados por operaciones de petróleo y de gas.
El Parque Nacional Madidi es otra de las áreas protegidas amenazada por la construcción del proyecto hidroeléctrico Bala-Chepete, represas que también ponen en peligro a las comunidades indígenas de la zona.
Varios de estos proyectos quedaron detenidos durante el gobierno de Evo Morales, que renunció a la presidencia en 2019 luego de 14 años de gestión. Sin embargo, con el retorno del Movimiento al Socialismo (MAS) al poder, ahora en manos de Luis Arce —ministro de Economía durante 12 años del gobierno de Morales— vuelven a sonar las alarmas ante el riesgo de que se retomen estos proyectos.
Los problemas de invasiones de bosques en las áreas protegidas como sucede en el Parque Nacional Carrasco; el narcotráfico que opera en el Parque Nacional Amboró; la minería que acecha también al Madidi; y los incendios que en los últimos dos años han arrasado con parte de los parques nacionales Otuquis, KaaIya y Noel Kempff Mercado también despiertan inquietud en pueblos indígenas, ambientalistas y guardaparques tras las destituciones y los cambios.
«Cualquier cambio abrupto puede generar complicaciones más allá de lo administrativo, ocasionará perdidas incalculables para el país, considerando las funciones ambientales que se generan en las áreas protegidas», dice Iván Arnold, presidente de la Fundación Nativa.
Para Miguel Ángel Crespo, director de Probioma, la decisión del director de Sernap responde a intereses ajenos a los de la conservación. «Creo que hay un trasfondo político. Sabemos que las comunidades interculturales tienen intenciones de apropiarse de territorios en el Oriente de Bolivia. En ese camino, el gobierno tiene que cumplir con ciertos compromisos que ha hecho», precisa.
Crespo también se refiere a los problemas de presupuesto y las condiciones de trabajo que enfrentan los guardaparques, jefes de protección y directores en estas zonas biodiversas. «A pesar de no haber tenido el apoyo de los gobiernos, conozco a muchos que estuvieron como guardaparques y pasaron a ser directores. Han resistido 15 o 20 años en condiciones difíciles de trabajo y que además tenían que incautar madera de los traficantes, enfrentar a cazadores ilegales y a los invasores que se meten a las áreas protegidas para ampliar la frontera agrícola», comenta sobre todos los obstáculos que han enfrentado los funcionarios que hoy han sido despedidos. «Además en los últimos años se ha reducido su personal y su presupuesto», agrega.
Uno de estos casos es el de Jorge Landivar, quien fue removido de su cargo como director del Parque Nacional AMNI San Matías a mediados de diciembre, luego de estar 21 años en Sernap, institución a la que ingresó en 1999 mediante concursos público. Además de dirigir el Parque Nacional San Matías, Landivar ha sido director de los parques nacionales Noel Kempff Mercado, Amboró y Kaa Iya.
En una carta enviada al director de Sernap, Landivar rechaza su despido y exige su restitución. En el mismo documento, Landivar señala que en el memorandum que le enviaron para indicar su salida no existe explicación alguna sobre los motivos de tal decisión.
Los despidos empezaron los primeros días de diciembre y se extendieron durante la primera quincena de enero. Tras semanas de reclamos, el jueves 21 de enero se realizó una reunión entre representantes del Sernanp y de Abolac.
En la cita se firmó un acta con tres acuerdos: respetar la institucionalidad de los servidores públicos del Sernap; designar a los guardaparques, jefes de protección y directores de áreas a través de convocatorias como indica el reglamento; y realizar las gestiones ante las instituciones de gobierno que correspondan para que los guardaparques cuenten con beneficios.
Esta reunión se ha dado luego de que el Sernap emitiera un comunicado indicando que los directores, jefes de protección y guardaparques son «elegidos en consenso y por sus méritos obtenidos en coordinación con los representantes sociales de cada área protegida». Afirmación que fue rechazada por las organizaciones indígenas, pues indican que no existió ese proceso durante los últimos cambios.
Mongabay Latam solicitó entrevista con el director de Sernap, Teodoro Mamani, sin embargo, luego de varias coordinaciones no se concreto la entrevista.
«El trabajo de los guardaparques es una profesión compleja», dice Iván Arnold, de la Fundación Nativa, y advierte sobre las mafias dedicadas al tráfico de colmillos de jaguar, entre otros ilícitos en las áreas protegidas. «Existen esas mafias y todas ellas están alerta para cuando ocurran estos cambios».
La Federación Internacional de Guardaparques envió una carta al Presidente de Bolivia, Luis Arce, y al ministro del Ambiente, Juan Santos Cruz, para solicitar que se reponga a las más de 40 personas que han sido despedidas en el sector.
«Un aproximado de 40 trabajadores de las áreas naturales protegidas de Bolivia han sido despedidos injustificadamente (…) el señor Teodoro Mamani Ibarra, director Ejecutivo de Sernap, ha puesto en peligro sus vidas y la de su familia al despedir a los compañeros guardaparques y funcionarios técnicos y profesionales (…). También ha puesto en peligro la vida silvestre y salud de la flora y fauna de las áreas naturales protegidas de Bolivia», dice la carta.
En el documento también indican que se ha enviado una comunicación a organizaciones internacionales solicitando su intervención en el tema. Entre estas instituciones están el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Dirección Regional de UICN-SUR y la Comisión de Derechos Humanos ONU-Derechos Humanos-América del Sur.
Iván Arnold, de Nativa, hace un llamado a las autoridades para que no subestimen un tema importante como el patrimonio natural. «Estamos jugando con fuego, se avecinan tiempos difíciles. La próxima temporada de incendios forestales será crucial y tanto el gobierno como la sociedad civil debe estar preparada para enfrentar lo que vendrá». La advertencia ya se ha dado.
Imagen principal: Parque Nacional Madidi. Foto: Radamir Sevillanos.
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