- Uno de los desafíos más grandes del gobierno será avanzar con la transición ecológica. Aunque es un proceso que lleva tiempo, los expertos dicen que la transición se contradice con la política extractivista que se ha venido implementando.
- Ecuador tendrá que cumplir con los compromisos que asumió en la COP26, como la creación de una nueva reserva marina en Galápagos y la conservación del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical. Además, deberá superar varios retos como cumplir con el Acuerdo de Escazú y asegurar el acceso a la justicia ambiental y la protección de los defensores ambientales.
*Este artículo es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y GK de Ecuador.
El 2021 no fue un buen año para el medio ambiente de Ecuador. Aunque el nuevo gobierno prometió una transición ecológica —y hasta incluyó este término en el nombre del Ministerio—, la producción de petróleo y minería ha aumentado y la deforestación continúa arrasando con los bosques amazónicos y andinos. La Asamblea Nacional negó una moratoria para la comercialización y exportación de pesca incidental de tiburones y especies protegidas. Además, los pueblos y nacionalidades indígenas continuaron denunciando la vulneración de sus derechos y el avance lento de la justicia: casos como el del derrame de petróleo en el Río Coca en 2020 aún no cuentan con reparación.
El 2022 sumará nuevos desafíos para el país. El gobierno tendrá que crear oficialmente la nueva reserva marina en Galápagos que fue anunciada en la COP26 —la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático— y se espera que esté listo el reglamento a la Ley de Pesca, que lleva cerca de dos años de retraso pero que podría regular la situación de la pesca incidental. El desafío más grande del gobierno, sin embargo, será la transición ecológica —un proceso de cambios en los sistemas de producción y consumo para lograr un modelo económico sostenible—. Aunque es un proceso que lleva tiempo y no se logrará por completo durante el actual gobierno, los expertos dicen que la transición se contradice con la política extractivista que se está implementando.
El gobierno también ha anunciado la creación de nuevas áreas protegidas y áreas de protección hídrica. Sin embargo, las personas consultadas para este reportaje están preocupadas por la falta de presupuesto para este objetivo y porque los guardaparques —cuyo número no es suficiente— siguen en un limbo laboral. Finalmente, aunque el Acuerdo de Escazú ya entró en vigencia, los defensores de la naturaleza siguen en peligro y la falta de acceso a la justicia en temas ambientales sigue siendo un problema.
Estos son los desafíos ambientales de 2022 para Ecuador.
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1.Crear una nueva reserva marina en Galápagos y fortalecer el Corredor Marino del Pacífico
Era el segundo día en la COP26 cuando el presidente Guillermo Lasso anunció una nueva reserva marina en Galápagos. La creación de la reserva, explicó Lasso, respondía a los pedidos de la ciudadanía y el compromiso de Ecuador por combatir el cambio climático. El decreto con el que el presidente Guillermo Lasso creará la nueva reserva oficialmente se firmará el viernes 14 de enero de 2022 en Santa Cruz, Galápagos, pero no se conocen detalles específicos como quién se encargará de su administración y qué regulaciones la regirán. Solo se sabe que tendrá 60 000 kilómetros cuadrados de extensión y que se financiará con un canje de deuda por naturaleza —un mecanismo en el que se compra parte de la deuda externa de un país a cambio de compromisos de conservación ambiental—.
Los 60 000 kilómetros cuadrados de reserva complementarán a la reserva existente que tiene una extensión de 133 mil kilómetros cuadrados y donde viven más de 3500 especies de flora y fauna. Según el presidente Lasso, la reserva estará dividida en dos: 30 000 kilómetros serán de zona de no producción pesquera, y se ubicará sobre la Cordillera de los Cocos, una zona de alta biodiversidad de especies migratorias en peligro como el tiburón martillo; la otra mitad será zona de no palangre —un arte de pesca cuestionado por científicos por sus altos índices de pesca incidental— y se ubicará al noreste de las islas. Es decir, se permitirá la pesca con artes artesanales como la caña y el troleo, los cuales se permiten en la reserva marina actual.
Cristina Cely, directora de One Health Ecuador, dice que la nueva reserva no es el escenario ideal porque inicialmente se había planteado que tuviera una extensión de 435 000 km2. Esa era el área que, según los científicos, sería la mejor para una adecuada protección de las especies que habitan en las aguas del archipiélago. Cely explica entonces que la propuesta actual se queda corta y además le preocupa la distribución del área a proteger.
Para ella, la única área que estará realmente protegida es la que estará sobre Cocos, ya que los otros 30 000 kilómetros seguirán siendo una zona pesquera. En otras palabras, para la experta la protección de la reserva debería ser más estricta que la que se ha planteado. Por ejemplo, la propuesta que había presentado el colectivo Más Galápagos contemplaba una zona de pesca responsable que estaría libre de los Dispositivos Agregadores de Peces (DAP) o plantados que utilizan los pescadores industriales para identificar cardúmenes, y una zona de amortiguamiento donde se prohiba la pesca en ciertos periodos como durante el Fenómeno de El Niño.
El canje de deuda es otro desafío para la creación de esta área marina. La idea es que una o varias organizaciones compren una parte de la deuda externa de Ecuador a cambio de que el país se comprometa a promover el cuidado del medio ambiente. Hasta ahora, el gobierno no ha dado más detalles sobre el canje. Cuando el presidente Lasso hizo el anuncio en la COP dijo que aún no definían con qué organización se haría el canje, pero aseguró que sería por el “monto más grande de la historia”. Sin embargo, no se tiene un estimado de cuánto podría ser ni aún se conoce qué organización u organizaciones comprarán la deuda.
Tarsicio Granizo, director de WWF Ecuador, asegura que el canje de deuda es un excelente mecanismo para asegurar que la reserva no quede en papel como ha pasado con otras áreas protegidas de Ecuador, que al no tener recursos, no pueden ser protegidas. Sin embargo, dice que se necesita que el proceso se haga con transparencia y que sea público, “debe ser conocido por todos”. Además, agrega que cuando se haga, se debe definir muy bien cómo se va a administrar el fideicomiso con el que funcionará y cómo se van a usar y distribuir los fondos equitativamente.
En la COP26, Ecuador —junto a los gobiernos de Colombia, Costa Rica y Panamá— firmó la Declaración para la Conservación del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical. El objetivo es asegurar la protección de este corredor migratorio que existe desde 2004 y alberga a cientos de especies entre la reserva marina de Galápagos en Ecuador, el Santuario de Fauna y Flora Malpelo en Colombia, el Parque Nacional Coiba en Panamá, y el Parque Nacional Isla del Coco en Costa Rica.
Para que la declaración se cumpla, en opinión de Tarsicio Granizo, los países deben crear y compartir una reserva de la biósfera —un territorio reconocido por la Unesco donde hay equilibrio entre la naturaleza y los seres humanos—. Tras la firma, la Secretaría General de Comunicación del Ecuador dijo en un comunicado que la declaración incluía la creación de una reserva de la biósfera marina pero ya ha pasado más de un mes y los países firmantes aún no se han reunido para hablar sobre los siguientes pasos que tomarán para iniciar el trámite de creación de la reserva, ni han divulgado información sobre cómo y quién la manejará o cómo se obtendrán los recursos necesarios para su protección.
Además, crear la reserva no es suficiente. Granizo asegura que es muy importante que también exista un plan financiero porque sin recursos no habrá implementación. El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) anunció que aportará un millón de dólares para la conservación del Corredor pero Luis Suárez, vicepresidente y director ejecutivo de Conservación Internacional Ecuador, dice que ese valor no es suficiente para proteger el corredor o la reserva de la biósfera que se pretende crear. Más allá de anunciar su aporte económico al Corredor, el CAF no ha dado detalles sobre cómo se entregarán los fondos.
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2. La urgencia de controlar la pesca incidental
En septiembre de 2021, la Asamblea Nacional votó en contra de una moratoria que pretendía prohibir temporalmente la comercialización y exportación de la pesca incidental de tiburón y otras especies protegidas. En la sesión en la que se debatió la moratoria, uno de los argumentos que usaron los legisladores para negarla fue que la medida afectaría a los pescadores artesanales. Sin embargo, Cristina Cely, directora de One Health Ecuador, asegura que esto no es cierto.
La experta explica que con las técnicas de pesca que usan los pescadores artesanales, el porcentaje de incidentalidad con el que llegan a los puertos es pequeño. El verdadero problema, dice Cely, es la pesca industrial. “Ellos dicen que solo el 2 % de lo que capturan es pesca incidental pero, ¿el 2 % de cuántas toneladas?”. Los datos más recientes que se tienen son de 2020, cuando la flota palangrera industrial de Ecuador reportó a la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) haber capturado más de 2700 toneladas de tiburón, el equivalente a aproximadamente 83 571 ejemplares.
Cely asegura que la verdadera razón para no aprobar la moratoria fue la presión por parte de los grandes pescadores industriales. Dejar de comercializar y exportar la pesca incidental significaría una grave pérdida económica para ellos ya que, según lo que se reportó a la CIAT, en 2020 se exportaron 98,8 toneladas de aletas secas de tiburón y otras 808,8 toneladas de tiburón de cuerpo entero con aletas congeladas. La experta reconoce que la moratoria no es una solución a largo plazo pero “es una decisión para resolver la situación en la que estamos respecto al contrabando de tiburón”.
Ahora, comenta Cely, la única forma en la que Ecuador podría disminuir los altos índices de pesca incidental de tiburón es a través del reglamento a la Ley de Pesca, ya que así se podrá regular el porcentaje permitido. La ley entró en vigencia en abril de 2020 y, desde entonces, el Ministerio de Producción tenía seis meses para presentar el reglamento. Sin embargo, ya han transcurrido más de un año y medio y aún no hay reglamento, a pesar de que, en septiembre de 2021, la Asamblea Nacional emitió una carta al Ministerio de Producción en la que expuso que es urgente que el Ministerio emita el reglamento a la Ley de Pesca.
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3. Asegurar el rumbo hacia la transición ecológica
El nuevo presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, llevaba menos de dos semanas en el poder cuando decidió cambiar el nombre del Ministerio de Ambiente y Agua a Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. El decreto que firmó para cambiar el nombre del ministerio establece declarar como “prioridad nacional el desarrollo sostenible […] garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social”. Pero acabó el 2021 y, según los expertos, Ecuador no está logrando un desarrollo sostenible ni un equilibrio entre estos tres ejes, por lo que consideran que este es un enorme desafío para el año que comienza.
Tan solo un mes después de haber cambiado el nombre del ministerio, el presidente Lasso firmó el decreto 95 que duplica la producción petrolera del país y, un mes más tarde, firmó el decreto 151 que estimula la expansión de la minería en el país. Carolina Zambrano, líder de justicia climática de Hivos — organización internacional que trabaja para resolver problemas globales—, dice que existe “una contradicción total” entre las políticas extractivistas del gobierno y el discurso de la transición ecológica.
Zambrano explica que la minería y la explotación de petróleo directa e indirectamente provocan daños sobre los ecosistemas —sobre todo los bosques— y también sobre los pueblos y comunidades que dependen de ellos.
Andrés Tapia, vocero de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), afirma que no tiene sentido hablar de transición ecológica “si después destruímos el territorio de los pueblos y nacionalidades indígenas y otras comunidades rurales del país para extraer petróleo o minerales”. Varias organizaciones indígenas interpusieron una acción de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional contra el decreto 95 en el 2021, y pronto presentarán una acción igual contra el decreto 151. Las organizaciones aseguran que ambos decretos violaron su derecho a la consulta previa, libre e informada. Se espera que ambos recursos legales sean resueltos por la justicia este 2022.
Los decretos extractivistas del gobierno de Lasso no solo afectan los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas sino también la integridad de los bosques. Zambrano destaca que las actividades extractivas como la extracción de petróleo y la minería, más allá de la perforación y degradación de los suelos que causan, siempre requieren de la construcción de carreteras y otras infraestructuras que incentivan una mayor deforestación. En Ecuador, en los últimos 28 años, se han deforestado más de 2 millones de hectáreas de bosque tropical.
Al ser cuestionado sobre la contradicción entre la transición ecológica y la política extractiva del gobierno, el ministro de Ambiente Gustavo Manrique, dijo que “tenemos que encontrar un balance de cómo atraer recursos inmediatos”. Según Manrique, debido a la pandemia, el país necesita reactivarse económicamente para solventar temas como la desnutrición infantil y por eso no se puede abandonar el extractivismo.
Sin embargo, Carolina Zambrano cree que ya es hora de que Ecuador descarbonice su economía. Según el Índice de Finanzas Sostenibles, elaborado por el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), Ecuador es el primer país de América Latina en el ranking de Ingresos Intensivos en Carbono. Es decir, es el país latinoamericano que más invierte en la explotación de hidrocarburos. Zambrano enfatiza que Ecuador “no puede continuar siendo dependiente del petróleo y la minería mientras que el mundo va en otra dirección”.
4. Fortalecer la gestión de las áreas protegidas y las áreas de protección hídrica
Actualmente Ecuador tiene 63 áreas protegidas que abarcan más del 20 % del territorio nacional y 14 áreas de protección hídrica que cubren al menos 61 000 hectáreas de superficie. Tanto las áreas protegidas como las áreas de protección hídrica son esenciales para la conservación de ecosistemas, biodiversidad y recursos naturales.
Solo entre marzo y octubre de 2021 se han declarado siete áreas de protección hídrica, y en los próximos cuatro años, según el ministro Gustavo Manrique, se prevé crear más, hasta llegar a la protección de 284 000 hectáreas de fuentes de agua.
Aunque estos avances son importantes, los expertos coinciden en que las declaratorias de áreas protegidas no servirán de mucho si no se tienen los recursos económicos y técnicos para gestionarlas. En el caso de las áreas de protección hídrica, el ministro Manrique asegura que se han hecho compromisos con los gobiernos locales, las comunidades y el sector privado para que sean ellos quienes creen las juntas de agua y provean los fondos que se necesitan para proteger el recurso.
Pero no ocurre lo mismo con las áreas protegidas. Augusto Granda, presidente de la Asociación de Guardaparques del Ecuador (AGE), dice que las áreas protegidas de papel persisten. El guardaparques dice que, por ejemplo, en el área protegida de Quimsacocha, son los guardaparques del Parque Nacional Cajas quienes “a veces cuidan la zona”, debido a la falta de personal. “Hay guardaparques haciendo el trabajo de más de una persona sin ninguna remuneración extra”, comenta.
El presidente de la AGE asegura que la falta de recursos en el Sistema de Áreas Protegidas (SNAP) es evidente y que 2022 no parece traer buenas noticias. Granda cuenta que los guardaparques se reunieron con el ministro Manrique y “nos dijo de frente que no van a contratar más gente”. Según Granda, Manrique prometió que haría lo posible por mantener a la gente que ya está. En otras palabras, la incertidumbre sobre la capacidad del Estado para cuidar las áreas protegidas persistirá este año y los guardaparques y expertos esperan que el gobierno anuncie una salida a esta crisis.
No hay nada escrito en papel y eso genera temor en los guardianes ambientales. Además, en junio de 2022 se terminan los contratos de 193 guardaparques, a quienes en 2020 se les cambió el nombramiento provisional que tenían por contratos ocasionales. Por ley, estos contratos pueden hacerse por un año y extenderse máximo uno más. Si el Ministerio de Economía no crea las partidas para sus puestos, se quedarán sin trabajo. Si eso sucede, el SNAP se quedará sin estos guardaparques y la naturaleza perderá a sus guardianes.
La proforma presupuestaria para 2022 indica que al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) se le asignarán 70,5 millones de dólares —1,3 millones de dólares menos que en 2021—. Solicitamos información sobre los recursos económicos anuales para el SNAP pero el MAATE aseguró que no tiene desagregado el presupuesto que recibe el ministerio.
Sin embargo, Augusto Granda dice que hay que dejar de depender de los fondos del Estado y pensar en otras alternativas de financiamiento ya que muchas de estas áreas pueden generar servicios por sí solas. Para él, un ejemplo es el Parque Nacional Antisana, de donde viene el 75 % del agua de Quito. Si se cobrara un centavo por cada metro cúbico de agua que sale del Parque Nacional Antisana hacia Quito, “se podría recaudar cerca de 100 millones de dólares al año” —que sería más que suficiente para financiar el parque y hasta otras áreas protegidas—. El problema, asegura, es que “no hay voluntad política para implementar esta clase de iniciativas”.
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5. Cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Escazú
En abril de 2021 entró en vigencia el Acuerdo de Escazú y una de las obligaciones que tiene el Estado ecuatoriano como suscriptor del instrumento internacional es garantizar el acceso a la justicia ambiental y la protección de los defensores ambientales. Sin embargo, hasta el momento no ha habido avances en ninguno de estos dos asuntos, lo que convierte a este tema en un enorme reto para 2022.
Por ejemplo, el caso del derrame de petróleo en el Río Coca ocurrido en abril de 2020, que afectó a 105 comunidades, está entre los temas asociados al acceso a la justicia ambiental y que no se ha resuelto todavía. No ha habido reparación ni sentencias favorables. La acción de protección que presentaron ese año para exigir que se reparen sus derechos al agua, a la alimentación y a la salud, fue negada en primera y segunda instancia, y más de un año y medio después, aún no hay reparación ambiental ni social. Verónica Grefa, lideresa kichwa de la comunidad de Toyuca, dice que la gente sigue usando el agua contaminada del río porque “no tienen otra opción”. En mayo de 2021 el caso fue aceptado para revisión por la Corte Constitucional y ahora las comunidades están a la espera de una resolución favorable.
La protección de los defensores ambientales también es un tema urgente. Un informe de la Alianza por los Derechos Humanos que se publicó a mediados de 2021 decía que hay 449 defensores del ambiente en Ecuador que han sido amenazados, hostigados, perseguidos e, incluso, cinco han sido asesinados. Según el documento, la mayor parte de las vulneraciones de los casos documentados contras las personas defensoras de la naturaleza fueron perpetradas por miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y empresas.
En marzo de 2021 fue asesinado Andrés Durazno, defensor de la naturaleza y opositor al proyecto minero Río Blanco. Además, en noviembre, Víctor Guaillas, defensor del agua, falleció en una cárcel del país. Estaba detenido por supuesto sabotaje en las protestas sociales de 2019 y había un pedido de amnistía a su favor tramitándose en la Asamblea Nacional.
En Ecuador no hay ningún sistema que proteja a los líderes defensores de derechos humanos y de la naturaleza. En 2019 se creó una mesa interinstitucional liderada por la Defensoría del Pueblo para construir una política integral para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza. Sin embargo, ahora la mesa está suspendida y solo han dicho que esperan reiniciar actividades en 2022.
La abogada ambiental Vivian Idrovo cuenta que ahora está en trámite un pedido de amnistía para varios defensores de derechos humanos y del ambiente que han sido criminalizados injustamente en los últimos 10 años. Si la Asamblea Nacional concede los pedidos, dice Idrovo, no solo significará que se está “actuando para defender los derechos de las personas defensoras”, sino que también será una forma de “reconocer la importante labor que cumplen los defensores de derechos humanos y de la naturaleza en nuestra sociedad”. Este año puede ser la oportunidad para cambiar la situación de los defensores ambientales pero los expertos consultados son cautos en cuanto a sus expectativas.
*Imagen principal: Isla Darwin, Galápagos. Foto: Pelayo Salinas de León.
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