- Tras 20 años de negociaciones, los países miembros de Naciones Unidas terminaron el texto del Tratado de Alta Mar, un paso clave para la protección de los océanos, aseguran los especialistas.
- Cuando el tratado entre en vigor, será posible crear áreas marinas protegidas en aguas internacionales, los Estados que quieran desarrollar proyectos en alta mar deberán realizar un estudio de impacto ambiental y nadie podrá apropiarse de los recursos genéticos marinos.
- Al mismo tiempo que se desarrollaba esta reunión en Nueva York, en Panamá los participantes de una segunda conferencia mundial hicieron 341 compromisos por un valor de casi 20 mil millones de dólares para contribuir a la conservación de la vida marina. Ahí, el país anfitrión anunció la protección de más del 54 % de su mar territorial. Ecuador, por su parte, anunció que las primeras ocho millas de toda su franja costera continental serán declaradas reserva marina.
La primera semana de marzo fue decisiva para el futuro del planeta puesto que, en dos conferencias, los líderes y representantes de los países llegaron a acuerdos que son fundamentales para detener las amenazas y presiones que afectan actualmente a los océanos del mundo entero.
Una de las conferencias, la Our Oceans, ocurrió en Panamá y el presidente del país anfitrión, Laurentino Cortizo, firmó un decreto ejecutivo que amplía el Área de Recursos Manejados Banco Volcán, en el Caribe panameño. Con el anuncio, el país centroamericano pasa a proteger el 54,33 % de su territorio marítimo, lo que es considerado por los expertos “un paso esencial para la protección regional a gran escala de la biodiversidad marina”.
La otra conferencia se desarrolló en Nueva York, donde los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) terminaron, tras 20 años de negociaciones, el texto del Tratado de Alta Mar que busca garantizar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en aguas internacionales, es decir, en todas las porciones de los océanos que no están dentro de las jurisdicciones nacionales de los países. Se trata de un paso clave para lograr la meta de proteger el 30 % de los océanos al 2030.
Las aguas internacionales o alta mar representan dos tercios del total del área ocupada por los océanos en el planeta y cubren más de 230 millones de kilómetros cuadrados, un área mayor que la que ocupan todos los continentes juntos. Diferentes stocks pesqueros dependen, en determinadas etapas de sus ciclos biológicos, de ecosistemas que se ubican en alta mar. La conectividad existente entre estos lugares del océano, los ecosistemas costeros y las economías de los diversos países es hoy innegable. Sin embargo, actualmente solo el 1 % de estos océanos globales está protegido. El Tratado de Alta Mar espera poder corregir, con urgencia, esa deficiencia.
Para lograrlo, el tratado acordado por la Conferencia Intergubernamental sobre Biodiversidad Marina de Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés), permite la creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales; obliga a los países que quieran desarrollar proyectos en alta mar a ejecutar estudios de impacto ambiental; y reconoce que los recursos genéticos marinos —es decir, el material biológico de plantas y animales en el océano que pueda ser utilizado para la creación de productos farmacéuticos, procesos industriales u otros— son patrimonio de la humanidad y que, por lo tanto, son inapropiables.
Según los expertos consultados, “es un tratado que tiene dientes”. Max Bello, miembro de la organización internacional Mission Blue, asegura que tiene todos los elementos que los conservacionistas buscaban para que, en la práctica, las medidas que establece el texto puedan implementarse efectivamente.
Lo que sigue es que el tratado sea ratificado por los países para que entre en vigencia, tras lo cual habrá que poner en marcha una institucionalidad eficiente que pueda llevar adelante la tarea. Los detalles sobre cómo se ejecutarán los acuerdos del tratado “van a tener que alinearse a través de reuniones periódicas, tal como lo hace la Conferencia de las Partes (COP) de cambio climático”, explica Bello. “Es una victoria para el multilateralismo y para los esfuerzos globales por contrarrestar las tendencias destructivas que enfrentan la salud de los océanos, ahora y para las generaciones venideras”, dijo el secretario general de la ONU, António Guterres.
La creación de áreas marinas protegidas
Uno de los puntos importantes es que la Conferencia Intergubernamental sobre Biodiversidad Marina de Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ) podrá crear áreas marinas protegidas en alta mar, aún cuando otros organismos internacionales tengan injerencia en el área que se busca proteger.
Por ejemplo, existe la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos que organiza y controla las actividades de exploración y explotación de los recursos en los fondos marinos fuera de las jurisdicciones nacionales. También existe la Organización Marítima Internacional, encargada de promover la cooperación entre Estados y la industria de transporte para mejorar la seguridad marítima y para prevenir la contaminación marina. Además, también existen las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), que son instancias intergubernamentales encargadas de administrar ciertos recursos pesqueros en diferentes espacios de alta mar.
En algún momento de la discusión, explica el abogado Cristian Laborda —experto en derecho del mar y que ha participado del proceso de creación del Tratado de Alta Mar— se pensó en la posibilidad de que solo se pudieran crear áreas marinas protegidas en zonas donde no existiera participación de una OROP, lo que acotaba en gran medida el espacio total susceptible de ser protegido. Eso, sin embargo, quedó descartado en el texto final y la BBNJ podrá crear áreas protegidas en cualquier lugar de alta mar.
Sin embargo, en caso de que en el área de interés ya exista la participación de otros actores, como por ejemplo de una OROP, “habrá que entrar en un proceso de coordinación y cooperación”, explica Laborde. En ese escenario, señala Mariamalia Rodríguez —experta en asuntos Latinoamericanos del High Seas Alliance, que reúne a 27 organizaciones no gubernamentales y a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)— “el secretariado de una OROP tiene la oportunidad de aportar sus consideraciones sobre la creación de un área marina protegida (AMP) y el proponente de la AMP deberá responder a los comentarios”. Sin embargo, precisa la experta, ”el secretariado de una OROP no puede detener el proceso de establecimiento de la AMP”.
Lo mismo ocurrirá con todas las organizaciones regionales o globales que tengan algún tipo de competencia en el espacio que se busca proteger, asegura Laborde: “Se tendrá que dar un proceso de consulta y de intercambio de información, cuyos detalles se desarrollarán cuando el tratado entre en vigor y empiecen las reuniones de la conferencia de las partes”.
Además, “cuando se propone la creación de un área marina protegida también tiene que incluirse un borrador de plan de manejo”, agrega Rodríguez. Eso, dice la especialista, es importante para que no se declaren áreas donde luego no se implementen medidas para asegurar su efectiva protección.
En América Latina, hay al menos dos espacios en aguas internacionales que los expertos esperan que sean protegidos en cuanto entre en vigor el tratado. Uno de ellos es el llamado Agujero Azul, una zona que se encuentra sobre la plataforma continental argentina, a más de 300 kilómetros de la costa del golfo San Jorge, en la Patagonia. Se trata de un área con una extraordinaria riqueza marina y que, por lo mismo, está sometida a una gran presión pesquera por cientos de barcos chinos, coreanos, españoles, portugueses, entre otras nacionalidades, que todos los años se reúnen ahí para pescar.
“El tratado es una herramienta muy importante para poder proteger estos ecosistemas, donde la falta de gobernanza que existe en aguas internacionales habilita en este lugar un total descontrol por parte de la industria pesquera, incluyendo pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”, dice Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace en Argentina.
Chile, por su parte, “tiene una propuesta en la zona de Nazca, una de las cordilleras submarinas más grandes del planeta y que es riquísima en biodiversidad”, asegura Bello. Aunque Chile ya protege dos zonas de esta cordillera que están dentro de su mar territorial, con el Parque Marino Nazca-Desventuradas y el Parque Marino Motu Motiro Hiva, “toda la parte intermedia de esta cordillera está en aguas internacionales”, precisa Bello. Chile, asegura, está buscando proteger esta área.
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La obligación de Estudios de Impacto Ambiental
Otro de los puntos clave que establece el Tratado de Alta Mar es que los Estados que busquen desarrollar proyectos en aguas internacionales —como, por ejemplo, una exploración minera, de petróleo o gas— deberán obligatoriamente realizar un Estudio de Impacto Ambiental. Se trata de un logro importante, aseguran los expertos, aunque precisan que podría haber quedado mejor. Según Laborda, países como Chile y Costa Rica planteaban que la decisión de autorizar el proyecto debía quedar en manos de la conferencia de las partes, ”lo que habría sido lógico porque se reconoce que alta mar es un bien común universal”, dice el abogado. “Lamentablemente, los países desarrollados y también algunos otros como Brasil y Argentina presionaron fuertemente para que ese enfoque no primara”, cuenta Laborda. Finalmente se llegó al consenso de que los Estados titulares de los proyectos que realicen el Estudio de Impacto Ambiental, serán también los que evalúen dicho estudio según su propia legislación nacional y decidan si el proyecto puede o no ser ejecutado.
Sin embargo, Rodríguez agrega que los Estados titulares del proyecto deberán poner a disposición y de manera pública toda la información que tiene que ver con esa evaluación puesto que, dentro del tratado, se estableció que existirá una plataforma de acceso a la información a la que cualquier persona tendrá acceso. Además, Rodríguez añade que “si hay un Estado que está haciendo una evaluación de impacto ambiental y hay otro Estado que considera que esa evaluación está mal hecha, este último puede decirle al Comité Científico Técnico de BBNJ que la revise y que dé recomendaciones. Pero hasta ahí llega, nadie le puede decir al Estado que no puede proceder, que no puede hacer esa actividad”.
Laborda, no obstante, precisa que el hecho de que exista esa posibilidad “cobra especial relevancia cuando estás frente a Estados muy potentes en el aspecto económico, cuyas empresas quieren desarrollar proyectos frente al límite marítimo de un Estado pequeño y con menos fuerza”. A modo de ejemplo, dice, “en el caso hipotético de que una empresa quiera instalar plataformas petroleras muy cerca del mar chileno, Chile en este momento no podría exigir absolutamente nada a ese país y ni a esa empresa más que tratar de, bilateralmente, tener alguna injerencia”. Con el tratado, continúa el abogado, “Chile puede llevar el problema a este foro internacional y generar un intercambio de información conforme a los estándares que se puedan ir desarrollando en la BBJN”.
Los recursos genéticos marinos
El tercer punto del tratado, pero no menos importante, es el reconocimiento de que los recursos genéticos marinos son patrimonio de toda la humanidad. De esa manera, “si alguien encuentra, por ejemplo, una cura a alguna enfermedad en corales de aguas profundas —explica Max Bello— en lugar de patentarse y que alguien se haga millonario, esa patente no podría sacarse porque ese recurso no le pertenece a la farmacéutica que lo encontró o lo desarrolló, sino que le pertenece a toda la humanidad”.
En ese sentido, agrega Rodríguez, el tratado establece un mecanismo de distribución de los beneficios que provengan de la comercialización del producto en específico, además de compromisos para colaborar en la creación de capacidades y transferencia de tecnologías.
Para que el Tratado de Alta Mar entre en vigencia deberá ser ratificado por 60 países. Para acelerar el proceso, diversas organizaciones encabezadas por Bloomberg Philanthropies donaron cerca de 80 millones de dólares para ayudar con la ratificación e implementación del tratado. La Unión Europea también sumó otros 42 millones de dólares. “Hay países que van a necesitar recursos porque hay varias consultas que deben hacer. Para muchos países significa también transformar esto en una ley interna”, explica Bello. El mensaje que se busca transmitir es que sí va a haber financiamiento para estas primeras reuniones, dice Rodríguez, y para que el tratado empiece a entrar con fuerza.
Nuevas áreas protegidas en Panamá y Ecuador
Al mismo tiempo que se acordaba cuál iba a ser el texto final del Tratado de Alta Mar, en Panamá se desarrolló una segunda reunión, la Conferencia Anual Our Ocean que nació en 2014, como una iniciativa del Departamento de Estado de Estados Unidos, para llamar la atención internacional sobre las graves amenazas que enfrentan los océanos del mundo y comprometerse con acciones concretas en todo el mundo para apoyar la conservación marina y el desarrollo sostenible.
Los delegados internacionales que acudieron a esta conferencia hicieron 341 compromisos por un valor de casi 20 mil millones de dólares, incluido el financiamiento para expandir y mejorar las áreas marinas protegidas y los corredores de biodiversidad.
Uno de los más importantes anuncios fue el que hizo el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, que firmó un decreto ejecutivo que amplía el Área de Recursos Manejados Banco Volcán, en el Caribe panameño, pasando de 14 000 a 93 000 kilómetros cuadrados su extensión.
Se trata de un área que abarca cuatro cordilleras submarinas, así como planicies profundas y formaciones geológicas vinculadas a una alta biodiversidad que incluye especies pelágicas altamente migratorias y en peligro de extinción.
Con la ampliación de esta área marina, Panamá pasa a proteger el 54,33 % de su Zona Económica Exclusiva. “Es un paso esencial para la protección regional a gran escala de la biodiversidad marina”, dijo el director del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), Joshua Tewksbury. “Se requerirá, agregó, mucha más ciencia por nuestra parte y por parte de otros para garantizar el monitoreo de esta enorme área y asegurar que las políticas establecidas realmente nos brinden los ecosistemas sostenibles que todos queremos”.
Ecuador también anunció que las primeras ocho millas de toda su franja costera continental serán declaradas reserva marina donde solo estará permitida la pesca artesanal y las actividades vinculadas al turismo, la ciencia y la educación. Aunque por ley Ecuador ya protege este espacio al considerarlo de uso exclusivo para la pesca artesanal, el ministro del ambiente, Gustavo Manrique, sostuvo en entrevista con Mongabay Latam que “el año pasado los asambleístas estuvieron discutiendo para reducir la protección de ocho millas a tres millas”, por eso, aseguró el ministro, “el presidente Guillermo Lasso decidió elevar (la protección de las primeras ocho millas) al máximo grado que da la Constitución, para que ya no haya más diálogos sobre reducir la protección […] le hemos puesto un chaleco antibalas a las primeras ocho millas”.
El resguardo efectivo de estos espacios está por verse. En octubre del 2022, Mongabay Latam publicó una investigación que reveló que entre fines del año 2020 e inicios del 2022, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) detectó al menos 44 alertas de pesca no autorizada dentro de las ocho primeras millas de la Reserva Marina Cantagallo – Machalilla. “Nosotros estamos claros de nuestros talones de Aquiles […] No voy a ocultar el sol con un dedo con lo de Cantagallo – Machalilla, pero son tantos los problemas que se necesita tiempo para resolverlos y estamos en eso, estamos avanzando”, dijo el ministro.
* Imagen principal: Cardumen de Pampanitos, Islas Desventuradas. Oceana-Eduardo Sorensen.
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