“Los congresistas están abriendo una ventana para traer muchísima más ilegalidad que luego van a legalizar”: Julia Urrunaga | Entrevista

Perú lleva tres meses de crisis política que le ha costado la vida a más de sesenta personas. Y en medio de esa tensión permanente, hay temas ambientales importantes que no se están mirando y que son bombas de tiempo. El Congreso de la República podría aprobar dos cuestionados proyectos de ley que ponen en riesgo a los pueblos indígenas en aislamiento y a los bosques amazónicos. Y los nuevos gobernadores regionales, que asumieron sus cargos el 1 de enero de 2023, están tomando decisiones en materia ambiental que podrían afectar a la biodiversidad y no se están siguiendo.

Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés), no ha dejado de prestarle atención a estos temas. En esta conversación con Mongabay Latam, reflexiona sobre lo que está pasando en Perú en el sector ambiental y hacia dónde nos pueden llevar los cambios en la legislación de este sector. Su mirada crítica viene de sus inicios como periodista de investigación, durante los años de dictadura de Alberto Fujimori, que le enseñaron a “identificar los abusos y las injusticias, para amplificar las voces de algunos sectores de nuestra sociedad que no siempre son escuchados”.

Su experiencia de investigar casos críticos de corrupción en el Perú, ha sido clave para entender hoy los distintos mecanismos ilegales que operan en el sector forestal, para entender la urgencia de implementar sistemas de trazabilidad y promover el uso sostenible de los bosques.

Actualmente en Perú estamos en medio de una crisis política, ¿qué crees que está pasando con el sector ambiental en medio de esta convulsión política?

Lo que estamos viviendo viene desde incluso antes de esta crisis política más intensa que tenemos desde diciembre, esto viene desde antes, con el gobierno de Pedro Castillo y todos los intentos por vacarlo y los escándalos de corrupción de los ministros. Tenemos casi dos años porque todo empieza durante la campaña con una intensidad política muy fuerte y luego todos los meses había una propuesta de vacancia y si el Congreso tenía los votos, entonces, toda la atención de los ciudadanos ha estado en esta crisis permanente. Ahora, obviamente, la situación está peor porque tenemos que agregar toda la violencia física con la que se ha tratado de reprimir las marchas; y todas las muertes que en realidad han sido asesinatos.

Entonces llevamos dos años en permanente estado de emergencia y al borde del abismo en el que el gran tema de quién es presidente y cuándo se vaca nos ha absorbido a todos y nos ha quitado la posibilidad de ver los otros temas que están detrás. Y no es que los otros temas detrás no se hayan estado moviendo, pero por presiones de lobbies y presiones de mafias suceden casi sin cuestionamiento del público, porque no tenía mayor capacidad de atención para temas más específicos y puntuales. Creo que es el marco en el que estamos ahora y que nos afecta como ciudadanos. Pero también creo que es importante entender que, en gran medida, gran parte de estas protestas y reclamos que vemos en la gente tienen que ver con el uso de los recursos naturales, con un abuso desde los grupos de poder por el uso de esos recursos, por apropiarse de ellos y por empujar, desalojar y tratar de sacar del camino a los pueblos indígenas ya sea de los Andes o de la Amazonía. Esa idea de que los indígenas no están aprovechando los recursos y que se debe dar las tierras a alguien que haga un buen uso, ese criterio retrógrado y tan colonialista, creo que eso también tenemos que entender que es importantísimo porque parte de la protesta viene también de ahí, de ese abuso y contra un estado que decide por encima de los pueblos y dejándolos al margen.

¿Y cómo evalúas la política ambiental de este gobierno?

Yo no veo una política ambiental, en general, no veo política. Lo que veo es que se ha dejado espacio a quienes tienen intereses para que se muevan proyectos de ley en el Congreso contra los que venimos objetando desde hace un buen tiempo, y que no empiezan con este gobierno, sino que vienen del Congreso anterior. Por ejemplo, el proyecto para modificar la Ley Forestal, que en la práctica busca legalizar grandes extensiones de deforestación ilegal para la agroindustria del monocultivo que, además, es bastante controversial en la Amazonía. Estamos hablando de reemplazar bosque biodiverso, con todos los servicios ecosistémicos que tiene, reemplazar esos bosques radicalmente por un monocultivo que suele tener un intenso uso del agua y usa agroquímicos que también contaminan el agua y a las comunidades que luego utilizan ese recurso.

Entonces lo que vemos es que estos proyectos continúan en el Congreso y desde el Ejecutivo casi no hay ninguna reacción. En el caso de la Ley Forestal me ha llamado muchísimo la atención que ha estado varias veces en agenda del Pleno y no ha habido casi ninguna reacción desde el Ejecutivo. No olvidemos que esta propuesta de modificación de la ley se aprobó en el Congreso, y que el Ejecutivo, en ese momento, la objetó. Entonces, sí hubo [al inicio] una reacción desde el Ejecutivo y desde los ministerios afectados que sacaron comunicados diciendo que no estaban de acuerdo con esta norma. Pero, en estos últimos meses, desde mediados de diciembre, casi no hemos visto reacción, recién ha salido hace una semana un comunicado del Sistema Nacional Forestal, entidad que la gente no ubica. Pero no hemos visto un comunicado de la autoridad forestal fuerte y claro. Si se aprueba esta norma, será un gran retroceso y una fuerte amenaza contra los bosques y contra las comunidades indígenas que viven de los bosques. Además, esa norma no ha pasado en ningún momento por consulta previa con pueblos indígenas cuando claramente afecta sus derechos. Y el Perú tiene la obligación de consultar, entonces, simplemente se está ignorando.

En el Congreso también están en debate otros proyectos de ley que han sido criticados como la propuesta que modifica la Ley de pueblos indígenas en aislamiento que incluso niega la existencia de estos pueblos.

Quizás en términos de derechos humanos es peor la propuesta para modificar la ley de protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial. Hay gente que realmente se beneficia de la actividad ilegal. Tambien se usa a la prensa tradicional, que en el Perú está cumpliendo un rol terrible de no contribuir al diálogo y más bien de fomentar más discriminación. Todo se estigmatiza, si hablas de cualquier cosa que tenga que ver con un poco más de justicia ambiental o social, entonces te califican como terrorista, ya nadie te escucha ni importa lo que tengas que decir.

¿Cree que todos los temas que se están discutiendo en el Congreso están pasando desapercibidos en medio de esta crisis política?

Cuando se han puesto algunas de estas normas en la agenda del Congreso, las organizaciones que trabajamos en temas ambientales hemos tratado de mover el tema en redes sociales, porque además durante parte de esa discusión todavía estábamos en pandemia, entonces era difícil movilizarse en las calles. Pero ahora, justamente por el tema de la política y de las protestas, se está tratando de mover el tema en redes sociales, hacer presión con cooperación internacional que trabaja en temas ambientales, de derechos indígenas o forestales, tratar de mandar mensajes a los tomadores de decisiones en Perú, a los congresistas y al Ejecutivo que tendría que estar reaccionando. Creo que la crisis política está quitando la capacidad de oponernos y de participar políticamente, derecho que tenemos todos los peruanos y principalmente los pueblos indígenas. Y está el temor que esas normas se aprueben por debajo de la mesa en un momento en el que nadie está mirando, entonces siempre tratamos de estar alerta. El problema es que algunas de estas normas, en el momento que se aprueben ya empiezan a traer beneficios.

¿A qué se refiere?

Si la norma no es observada entra en vigencia, incluso si después se hace un pedido de inconstitucionalidad y se consigue que la norma se anule, el tiempo que tuvo de vigencia aunque haya sido una semana ya dio beneficios, porque si una ley se anula no se eliminan los beneficios que se obtuvieron mientras estuvo vigente. Por ejemplo, en el caso de aprobarse la modificación de la Ley Forestal, muchas de las empresas que tienen deforestación ilegal pueden acogerse a esta norma mientras esté vigente. Algunas de estas empresas que vienen operando ilegalmente por años en el Perú han tratado de regularizar su situación bajo el sistema de entra, destruye y cuando ya estás ahí te van a dar tu permiso porque estás dando empleo. Y aquí creo que la población ha cumplido un rol muy importante en la participación activa y se han opuesto a estas empresas y, por eso, creo que las autoridades de turno no se atrevieron a legalizar esta deforestación pasando por encima de las normas.

Vemos el caso de [la empresa] Ocho Sur que estuvo vinculada al grupo Melka, por poner un ejemplo entre las más conocidas, probablemente deforestaron sin un permiso y están operando, pero con las normas que existen en este momento en el país esas empresas nunca van a poder obtener un permiso legal. Por lo tanto, en este momento, están operando ilegalmente, sin los permisos que exige la ley. Entonces, en estos casos, este proyecto de ley crea una ventana de oportunidad para que ellos puedan legalizar esa situación. Esta norma les daría la posibilidad de legalizarse. Ese es el problema, basta que esté vigente un día o una semana, un plazo muy corto.

El Procurador del Medio Ambiente mencionó que de aprobarse esta ley, por lo menos 150 casos de los más grandes estarían en riesgo de archivarse ¿Cuáles son los intereses detrás de que se apruebe esta norma?

Es increíble, pero sí, presentan esta norma como si fuera a beneficiar a los pequeños productores para que regularicen la situación de las pequeñas chacras, pero en realidad está abriendo una ventana para traer muchísima más ilegalidad que luego van a legalizar. Pero además es una pésima idea en términos comerciales, porque a nivel global los grandes compradores de recursos naturales, sobre todo de productos que provienen de los bosques, tienen fuertes restricciones ya sea por sus propias leyes, por normas de certificación para sus productos o por sus normas de compromiso ambiental que les impiden comprar productos que han generado deforestación legal o ilegal. Cada vez más países tienen prohibido la compra o el ingreso de productos que han generado deforestación o que se han producido violando derechos indígenas o usurpando territorio indígena. Entonces, el estándar global está caminando en ese sentido. Y en Perú se sigue apostando por la legalización de la deforestación ilegal.

Es una contradicción ¿cuáles serían las consecuencias?

Lo que va a pasar es que Perú se va a quedar sin mercados internacionales a los que pueda vender. La producción será solamente para el consumo local y de quien no tenga reparos en este tipo de productos que consume, porque cada vez más el consumidor está más informado, quizás no masivamente, pero se empieza a ver que hay más preocupación, sobre todo en los consumidores de las nuevas generaciones. Entonces, si nos convertimos en un país que produce industria a partir de la deforestación ilegal y de pasar por encima de los derechos indígenas, esa producción no va poder elegir adónde ir, como por ejemplo el mercado norteamericano. Cuando uno habla con algunos productores sobre este tema te dicen: “Bueno, siempre podemos ir a China”. Sí, probablemente sí, pero ojo que China ya tiene una norma, su Ley Forestal fue modificada hace unos años y hace referencia al origen legal del producto. Tiene que terminar de regularse pues quedó un poco paralizado por la pandemia que golpeó a China muy duro, pero ya se está hablando del origen legal de los productos que vienen de fuera.

El otro tema es que China compra también para darle valor agregado, reexportarlo a otros [países] de Europa o Estados Unidos, entonces tiene que cumplir con los estándares que esos países exigen en términos de deforestación y no violación de derechos humanos. Por lo tanto, también debe tener cuidado sobre a quién compra, porque si es un país que está en un escándalo internacional, puede contaminar su producción y su comercio. Si a los tomadores de decisiones no les importa los bosques, la biodiversidad, la afectación sobre el cambio climático, los derechos humanos o los derechos indígenas; bueno, por lo menos les importará el tema de los mercados internacionales.

Con la tendencia de los países internacionales a regular sus importaciones para que no provengan de lugares no deforestados ni dónde se violan derechos humanos, ¿cómo quedaría el Perú con todas estas propuestas para cambiar las leyes y flexibilizar las normas ambientales?

Afectan negativamente a la proyección del Perú en exportaciones de la agroindustria y puede terminar afectando a la industria que no tiene necesariamente que ver con la deforestación amazónica, porque si la industria que proviene de Perú tiene problemas, entonces los compradores pueden empezar a decir “mira, es muy complicado comprarle a Perú, mejor compramos de otro productor”. Dependerá mucho del producto, en los casos que somos el primer o segundo productor mundial, seguramente los compradores mirarán para otro lado y seguirán comprando, pero en productos en los que somos uno más en el mercado internacional, se pueden dar el lujo de decir “mejor no arriesgo comprando a Perú”. Creo que hay un riesgo para el país. Tenemos el acuerdo comercial de Perú con Estados Unidos, por ejemplo, que tiene un anexo en el que hay un compromiso de no reducir los estándares ambientales y estas normas están en el límite. Si Perú viola un artículo o un compromiso del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, podría poner en riesgo el tratado completo afectando a muchos otros sectores productivos que se benefician del TLC. Da la impresión que los congresistas que proponen estas normas solamente están respondiendo a los lobbies locales y no tienen la capacidad de ver cuál será el impacto real, cuál puede ser el impacto de esto para el país. Están llevando al país a desbarrancarse con propuestas que ni siquiera van a traer beneficio económico para el país y que pueden terminar con las exportaciones de productos que nadie querrá comprar. Y terminaremos convirtiéndonos en parias.

En el plano regional, hace pocos días, el gobernador de Madre de Dios, Luis Otsuka, criticó el intento de crear áreas protegidas en zonas donde se piensa explorar o extraer gas ¿Cómo evalúa la actitud de este gobernador regional y de otros que han asumido sus cargos en enero de 2023?

No sé qué está pensando, cuál puede ser su misión para que esto le parezca razonable. Tenemos que entender que nuestras áreas protegidas nos proveen de servicios elementales para la supervivencia de la especie. Creo que algo que tenemos que entender mejor es que cuando el ser humano destruye los bosques, acaba con las condiciones que hacen posible la vida humana, porque el planeta continuará existiendo incluso después de que los humanos nos hayamos extinguido. Claramente está recibiendo presiones porque es una pésima idea. Creo que los gobernadores regionales piensan que pueden hacer lo que quieren en su región, no importa si es un área protegida, no importa si es un territorio que estaba pidiendo una comunidad indígena. No es que no deba haber inversión, sino que no es la manera de hacer inversión, no es la forma en la que deberíamos hacerlo.

Creo que desde el Estado y la sociedad civil organizada se debe plantear qué se quiere desarrollar, cuál es el plan de desarrollo de la región, y hacerlo acompañado y asesorado por la ciencia para saber qué hacer o cuál es realmente una buena idea que traerá empleo y desarrollo. Tiene que ser una decisión pensada con directivas del Estado pero con participación de la sociedad civil organizada, de la Academia, de las ONG especializadas en estos temas. No sé por qué resulta tan difícil entenderlo.

¿Eso está pasando en las regiones?

Por ejemplo, en Loreto, el tema con las reservas indígenas para pueblos en aislamiento, se está dando el mensaje de que no existen. Con ello, se está condenando a muerte a esos pueblos, eso sí es realmente un genocido porque hemos visto en el pasado que pueblos enteros han desaparecido por el contacto con el mundo occidental y con nuestras enfermedades. Entonces, negar su existencia, decir que es un mito de las ONG, con la cantidad de información que hay —porque hay múltiples estudios académicos que demuestran su existencia, pero claro, a ellos [gobiernos regionales] les incomoda no poder tomar decisiones sobre lo que consideran su territorio—, es una visión fuera de época. Pero los gobernadores piensan “esto es mi chacra y decido lo que a mí me da la gana, porque acá el que manda soy yo”. Y si alguien pone una restricción, entonces es un terrorista, un comunista, un intervencionista extranjero. Esto es preocupante y se vuelven más preocupante en la medida en que estas autoridades puedan actuar con impunidad. Y hay mucha gente postulando a cargos políticos que tienen antecedentes criminales, algunos incluso con condenas, otros que bueno dicen “nunca me han condenado” pero claro, no me han condenado porque el proceso fue tan largo que ya prescribió.

¿Hay casos como estos en las regiones?

Claro, y cuando tienes una cantidad de denuncias e incluso casos con condenas, es increíble. Cuando empecé en periodismo, hace muchos años, en la época de Fujimori o antes, veíamos funcionarios reciclados que, por ejemplo, estaban trabajando en Madre de Dios y la Contraloría ya estaba encima de su cabeza, justo antes de que la Contraloría haga algo más fuerte contra ellos, renunciaban y desaparecían, y después lo veías aparecer en [la región] Tumbes en un puesto similar. En esa época era mucho más difícil hacer seguimiento porque no todos los sistemas estaban digitalizados y tenías que buscar entre papeles y no se tenía esta información pública, pero ahora este tipo de situaciones son inaceptables con la cantidad de información de libre disponibilidad y los sistemas digitalizados que tienen el Ministerio de Justicia, la Fiscalía. Desde hace más de diez, 15 o más años, esta información existe. Y puede ser tan simple como revisar en Google. Por ejemplo, la herramienta digital llamada Madera legal, que creamos con Proética a partir de información del Estado, permite mirar cuáles son los antecedentes de ciertos funcionarios. Si, por ejemplo, ingresas los nombres de los gerentes forestales de las regiones, en muchos casos aparecerá la cantidad de planes de manejo forestales falsos que ellos han aprobado o los que han producido cuando estaban en el sector privado y con qué empresa ligada a la tala ilegal han estado vinculados. Entonces, cómo puede ser que con toda esta información disponible, estos señores terminen en puestos directivos en el sector forestal. Eso es por un tema de impunidad, porque transparencia hay cada vez más.

Recientemente ha salido la sentencia condenatoria para los asesinos de cuatro líderes indígenas de la comunidad Alto Tamayo-Saweto, que ocurrió en el 2014 ¿Considera que es un avance en la justicia ambiental?

Mira, en un país con tanta impunidad se podría decir que es un avance. Pero en el caso de Saweto, han pasado ocho años para una sentencia en primera instancia, es una barbaridad de tiempo, sobre todo cuando había testigos e información. Además es un caso que ha tenido gran cantidad de prensa nacional e internacional que se ha mantenido a lo largo de los años, y aún así ha tomado casi nueve años. Entonces, qué queda para casos con menos presencia mediática, cuál es la esperanza para esos casos. Y hay varias cosas más con el tema de Saweto, porque la indemnización para las cuatro viudas ha sido de 200 000 soles, es decir, 50 000 para cada una. ¿Eso vale la vida de un peruano? ¿Eso vale la seguridad, la manutención de los hijos? Porque todas esas personas tenían hijos, incluso niños pequeños, una de las viudas estaba embarazada al momento en que matan a sus esposos. Y, desde antes del asesinato, estas familias vivían bajo amenaza porque se estaban oponiendo a las actividades ilegales que ocurrían en su territorio y hacían denuncias contra la tala ilegal, además que pedían la titulación de sus tierras. Todo está documentado.

Yo me acuerdo cuando se produce el asesinato estaba en una reunión de un grupo de trabajo en la PCM [Presidencia del Consejo de Ministros] y algunos funcionarios de PCM que estaban en la mesa me dijeron que el señor Edwin Chota venía cada cierto tiempo y pedía que se le haga caso. Estos líderes venían mucho a Lima y aun así los asesinaron. Y esta impunidad de casi nueve años para sus viudas tampoco ha sido valorada. Además, probablemente ese dinero nunca llegue a las viudas, porque lo tienen que pagar los acusados que además ya apelaron. ¿Cuántos años más pasarán para una sentencia firme? Además, una vez que se produjeron los asesinatos, empezaron las amenazas contra las viudas y los deudos en general para que se callen y dejen de participar en los juicios. Durante todos estos años, esos familiares han vivido amenazados, incluso tuvieron que salir de la comunidad. Todo ese impacto sobre la vida de esas personas durante nueve años con amenazas. No solamente han perdido a un familiar sino que además han perdido su vida. Hablar de que se ha hecho justicia para Saweto, para las viudas o para los deudos, me parece que estamos todavía muy lejos de eso.

Imagen principal: Julia Urrunaga. Foto: Archivo personal.

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