- Para evitar la instalación de una planta para producir cianuro de sodio, pobladores de 22 comunidades crearon el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua. En 2020, a través de un juicio, lograron detener el proyecto llamado Chemours Laguna.
- Desde hace tres años, los integrantes del Frente están atentos de que se cumpla con el desmantelamiento de lo que iba a hacer la planta de cianuro.
- Las agresiones que varios integrantes del Frente han padecido desde que comenzó su lucha no han cesado. En los últimos meses, han sufrido violencia física, hostigamientos e intimidaciones judiciales.
No es grande. Maderas, cobijas y lonas forman las paredes improvisadas. No tiene ventanas. Como techo hay carpas de vinilo que filtran los rayos del sol y al interior generan una luz roja. Los gritos de niños y niñas se entremezclan con los corridos tumbados que suenan desde los celulares de los adolescentes. A ese lugar lo han bautizado como “el campamento norte”. Es el epicentro de su resistencia en contra de una planta para producir cianuro.
Karla Chavira, Reynalda Hernández y Gloria Mendoza sienten que ahí es su nuevo hogar. No lo planearon. Apenas se conocían cuando comenzaron a compartir la cocina para alimentar a quienes, desde el 23 de julio de 2020, se plantaron afuera de lo que iba a ser una fábrica de cianuro. La resistencia unió a las mujeres y también a sus familias.
La planta de cianuro se pretendía instalar en los límites de la comunidad de Dinamita, justo frente a Pueblo Nuevo El Siete, en la región conocida como la Comarca Lagunera, en el estado de Durango, al norte de México.
El campamento norte —donde las tres mujeres cuentan su historia— es uno de los dos instalados por el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua, organización conformada por unas 700 personas de 22 comunidades. Desde ahí vigilan que se cumpla con la sentencia que, en 2020, consideró como nula la autorización del permiso ambiental del proyecto y, por lo tanto, ordenó que se detuviera la construcción de la planta que comenzó en 2017.
En esa fábrica, llamada Chemours Laguna, la empresa química multinacional estadounidense The Chemours Company —antes DuPont— contemplaba producir 65 000 toneladas de cianuro de sodio al año. Con ello pretendía convertirse en el primer productor en México de uno de los principales insumos del sector minero para la extracción de oro y plata, según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Chemours Laguna era un proyecto nuevo en la Comarca Lagunera, pero no en el país. En 2016, la empresa intentó instalar su planta, bajo el nombre Chemours San Luis, en Guanajuato, un estado del centro de México, pero no consiguió los permisos ambientales y de construcción gracias a las protestas de la población. Entonces, la empresa mudó su proyecto a Durango.
Cristóbal González y Bernardino Ochoa, esposos de Karla Chavira y Reynalda Hernández, fueron de los primeros en sumarse al movimiento en contra de la planta en la Comarca Lagunera. Al inicio, según cuentan las mujeres, ellas sentían temor de involucrarse, pero fue mayor el miedo de que sus hijos crecieran en un ambiente invadido por la industria.
Han pasado tres años desde que los integrantes del Frente pararon la instalación de la fábrica, y uno y medio desde que Chemours Company vendió su proyecto a la empresa Draslovka Holding a.s. (“Draslovka”). El tiempo no ha evitado que los pobladores que iniciaron la resistencia todavía sean víctimas de hostigamientos y agresiones.
En febrero de este 2023, por ejemplo, personas armadas ingresaron a la casa de uno de los defensores. Y durante la última semana de mayo, la Fiscalía General del Estado reactivó las carpetas de investigación en contra de siete integrantes del Frente. Los acusan del delito de bloqueo a las vías de comunicación, después de protestar en 2021 para exigir el desmantelamiento de la planta de cianuro. “Quieren callar la protesta social y meter miedo a la gente”, afirma Ochoa.
Organización, la clave para defenderse
Afuera del campamento norte, frente a un cartel con la leyenda “Fuera Chemours”, Ochoa —Nino, como todos le llaman— narra que la resistencia de los pueblos comenzó en enero de ese 2017, cuando se corrió el rumor de que reubicarían a los habitantes de Dinamita, porque ahí contemplaban instalar una empresa. Fue entonces que en esa comunidad, así como en El Siete, el pueblo vecino, se enteraron de que existían planes de construir una fábrica de cianuro.
En junio, los pobladores vieron llegar camionetas, policías y a funcionarios municipales y estatales, entre ellos el entonces gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, y a la entonces alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale. Ya estaba todo listo para colocar la primera piedra de la planta de cianuro. Los permisos habían sido aprobados en mayo de 2017.
Cuando los pobladores supieron de qué se trataba el proyecto, de inmediato se comunicaron con integrantes de Acción Colectiva Socioambiental, organización no gubernamental que en Guanajuato apoyó a la población que protestó para prohibir la llegada de Chemours Company.
“Recibimos una llamada de gente de la comunidad de El Siete Pueblo Nuevo para decirnos que ya les habíamos echado el monstruo para allá, que fuéramos a ayudar (…) Lo que encontramos fue gente preocupada, sobre todo gente de la comunidad de El Siete Pueblo Nuevo, aunque la empresa intentó asentarse en el territorio de la comunidad de Dinamita, pero queda más de frente a la población de El Siete”, cuenta Gustavo Lozano, integrante de la organización.
Con la asesoría de los integrantes de Acción Colectiva Socioambiental, los pobladores comenzaron a organizar asambleas comunitarias, a bloquear las carreteras y a visitar a funcionarios públicos. Así, en julio de 2017, nació el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua.
“Era poquita gente de primero. Era una impotencia que habíamos 30 o 40 gentes y ellos traían como 200 trabajadores… Les bloqueábamos la puerta y no dejábamos pasar a nadie”, recuerda Nino.
Que la sociedad civil se uniera a la resistencia, complementa Raúl Vera López, obispo emérito y defensor de derechos humanos, fue la clave para que el movimiento tuviera éxito. “Es que —recuerda— fuimos muchos de la sociedad civil, había maestros con ellos, había otros profesionistas. Cuando estaban en la lucha más encarnizada, la sociedad civil se agrupó en torno a ellos”.
El 22 de agosto de 2017, integrantes del Frente presentaron una demanda de nulidad de la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la planta de cianuro ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la cual fue admitida ocho meses después. Durante todo ese tiempo, los pobladores sufrieron diversas agresiones.
En cada asamblea comunitaria, recuerdan, patrullas de la Policía Municipal rondaban por el lugar con las torretas encendidas. En ese momento, Leticia Herrera Ale era la presidenta municipal de Gómez Palacio. Desde septiembre de 2022, es nuevamente alcaldesa. Las amenazas desde el municipio, señalan los defensores, continúan hasta este 2023.
Los integrantes del Frente no sólo hicieron asambleas y bloquearon carreteras, también se informaron sobre las consecuencias de tener una fábrica de cianuro de sodio junto a sus casas. Además, hicieron recorridos por 22 comunidades de la región para informar a la población sobre las consecuencias de estar expuestos a ese químico.
Consecuencias a largo plazo
El cianuro es una sustancia química que, en cantidades y concentraciones muy altas puede ser letal, explica la bióloga Gabriela Jiménez Casas. Existen varias formas en las que se puede presentar esta sustancia. Puede ser un gas incoloro, como el cianuro de hidrógeno (HCN) o el cloruro de cianógeno (ClCN). También puede estar en forma de cristales, como el cianuro de sodio (NaCN) o el cianuro de potasio (KCN), añade la también integrante del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Con la planta Chemours Laguna, que proyectaban una duración de 50 años, la multinacional pretendía producir cianuro de sodio —el principal químico para realizar los procesos de lixiviación en la minería para extraer oro, plata y platino— con el objetivo de venderlo a las empresas mineras en México, de acuerdo con lo que señaló en la MIA del proyecto.
La bióloga explica que el cianuro se degrada rápidamente en el ambiente y, en muy pequeñas cantidades es necesario en la dieta humana, pero cuando las personas están expuestas al químico en forma prolongada, puede provocar algunos padecimientos como hipoxia celular; es decir, que no llegue suficiente oxígeno a las células. Entre los síntomas pueden estar dolor de cabeza, mareos, confusión, ansiedad, náuseas, dolor en el pecho, ritmo cardiaco acelerado y convulsiones.
En la MIA, Chemours Company detalló que para producir el cianuro utilizaría un proceso conocido como Andrussow, para el cual se requieren insumos como gas natural, amoniaco y sosa cáustica (NaOH). En el mismo documento se señalaba que uno de los riesgos era que se formaran mezclas de gas o una nube tóxica de amoniaco.
Los integrantes del Frente se informaron de todos estos procesos y las consecuencias que podían padecer. Nino recuerda cómo fue el proceso de organización y resistencia mientras recorre, entre gobernadoras y nopales, la zona en donde está la construcción inacabada de lo que sería la planta de cianuro. Su lucha por la defensa del territorio, reconoce, no ha sido fácil. Desde que se conformó su organización, los integrantes del Frente han sufrido ataques y represión.
Defender el territorio en medio de agresiones
El 9 de marzo de 2018 quedó en la memoria de todos los integrantes del Frente. Ya habían presentado una demanda de nulidad de la autorización de la MIA, pero se sentían ignorados porque no había sido admitida todavía. Mientras tanto, la construcción de la planta de cianuro avanzaba.
Ese viernes, los pobladores comenzaron a reunirse desde muy temprano en la localidad La Aurora, cuatro kilómetros antes de llegar a las instalaciones de la planta. Al lugar también llegaron policías municipales y estatales. Poco tiempo después un grupo de granaderos atacó a todas las personas que protestaban.
“En esa represión se llevaron a 43 compañeros presos, detenidos ilegalmente (…) Golpearon a la gente brutalmente. Tenemos un compañero que le desbarataron su bazo. A las camionetas les quebraron todos los vidrios, a las motocicletas las echaron al canal, las quemaron”, recuerda Nino.
Gloria Mendoza, una de las mujeres que cuida el campamento sur, narra que ese día golpearon a sus dos hijas de 27 y 28 años, también se las llevaron detenidas. Lejos de darle miedo, la situación le dio fuerza para seguir con la protesta contra la empresa.
Luego de ese momento, Karla Chavira decidió unirse de lleno a las protestas. Ahora es una de las mujeres más activas del movimiento. “Desde ese día hasta ahorita no hemos flanqueado, y a lo mejor la gente piensa que vamos a flaquear, pero la verdad es que en lugar de ser más débiles nos estamos haciendo más fuertes”, dice.
Mongabay Latam solicitó una entrevista con Leticia Herrera Ale, quien entonces era presidenta municipal y que repite el cargo desde septiembre de 2022, para saber por qué se usó la fuerza pública en ese momento. El encargado del enlace con los medios afirmó que ese tema solo puede atenderlo el gobierno estatal.
Un mes después de la represión de abril de 2018, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa admitió la demanda que habían presentado los pobladores en agosto de 2017. Fue hasta 2020, cuando emitió la sentencia y declaró como nula la autorización ambiental de Chemours Laguna.
Agresiones que no cesan
Han pasado tres años de la sentencia que ganaron los integrantes del Frente y lo que iba a ser la planta poco a poco ha sido desmantelada. En diciembre de 2021, Chemours Company vendió el negocio Soluciones Mineras, que incluye el proyecto Chemours Laguna, a la empresa Draslovka Holding a.s. (“Draslovka”), compañía con sede en República Checa que se especializa en la producción de cianuro.
A finales de mayo, Mongabay Latam solicitó entrevista con representantes de Draslovka Holding para conocer si tenía algún plan de reactivar la planta en esa zona de México o en otro lugar. Daniela Molina, especialista en comunicaciones de la empresa, respondió que “las áreas correspondientes basadas en las oficinas en Europa deben autorizar; siendo este un proceso que en tiempo puede extenderse”.
Y aunque la construcción de la planta se detuvo gracias a la sentencia del Tribunal, no sucedió lo mismo con las violencias en contra de quienes se resistieron a su instalación en esa región de Durango. Tres años después, los integrantes del Frente Unido todavía son víctimas de hostigamientos y agresiones.
El 25 de enero de 2023, Servando Delgado Rentería, esposo de Gloria Mendoza y quien se ha mantenido activo en el movimiento, estuvo desaparecido durante aproximadamente dos horas, después de que lo subieron a una camioneta blanca. Los integrantes del Frente se movilizaron y descubrieron que lo habían trasladado al antiguo Cereso de Gómez Palacio, lo acusaban de tener armas en su domicilio y exigían un pago de 30 000 pesos (poco más de 1700 dólares) para liberarlo, pero no les especificaron si se trataba de una fianza. Los miembros del Frente protestaron afuera del Cereso hasta que Servando Delgado fue liberado.
Días después, el 2 de febrero, personas armadas entraron sin permiso y sin orden de cateo a la casa de Cristóbal González; él no se encontraba ahí. Las personas que dijeron ser de la Fiscalía y, con el argumento de que González tenía armas, cuenta, esculcaron sus pertenencias y agredieron física y verbalmente a sus hijos de 12 y 14 años.
Luego de estos hechos, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y la organización Frontline Defenders publicaron un comunicado en donde externaron su preocupación por las agresiones que los integrantes del Frente sufren por la defensa de su territorio.
A pesar de eso, afirman Cristóbal González, Bernardino Ochoa y Karla Chavira, la intimidación continúa. Todavía rondan camionetas blancas sin placas por el lugar donde tienen sus campamentos. Ellos aseguran que se trata de camionetas de la Fiscalía. “Se firmó un acuerdo donde se le hacía petición al vicefiscal que en Dinamita Durango no queríamos las camionetas blancas, a menos que fueran a hacer una investigación, pero con un papel, con una orden porque pues entraban y ellos a sus anchas golpeaban a la gente, la sacaban a golpes primero antes de hacer la investigación”, reclama Nino.
Durante la última semana de mayo, la Fiscalía General del Estado reactivó las carpetas de investigación que abrió contra siete integrantes del Frente. Representantes de la empresa Austin Bacis, afirma Nico, interpusieron la demanda en la que acusaron a los pobladores del delito de bloqueo a las vías de comunicación, después de que protestaron en 2021 para exigir el desmantelamiento de la planta de cianuro.
Gustavo Lozano, quien es el representante legal del Frente Unido dice: “Lo que hemos estado viendo en los últimos meses es que hay un hostigamiento desde el gobierno municipal, pero también desde el gobierno del estado las fuerzas de seguridad pública y la Fiscalía hacia los integrantes del Frente Unido, particularmente en los campamentos”.
Derivado de la agresión que sufrieron los hijos de Cristóbal González, desde mayo él y su familia están dentro del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación. Los integrantes del Frente están en pláticas con funcionarios de la dependencia para que las medidas de protección se extiendan a otros pobladores y defensores del territorio que han sido agredidos.
Hasta el último tornillo
La sentencia que emitió el Tribunal en 2020 señala que la multinacional omitió explicar en su MIA los posibles efectos en el ecosistema de recibir, descargar y almacenar amoníaco y cianuro de sodio dentro de la planta. La empresa no detalló cómo sería recibido ese material, ni cómo sería almacenado con el argumento de que se realizaría por “terceros” y, por lo tanto, se tendría que presentar nuevas Manifestaciones de Impacto Ambiental.
El Tribunal también determinó que el proceso de recepción, descarga y almacenamiento es una parte del procedimiento indispensable para el funcionamiento de la planta química.
Desde inicios de 2023, los integrantes del Frente, representantes del gobierno del estado y de la Secretaría de Gobernación negocian para llegar a un acuerdo sobre el desmantelamiento de la planta. Las últimas reuniones se realizaron en mayo, pero todavía no se ha firmado un documento que oficialice los compromisos de ambas partes.
A través de Patricia Fernández, titular de comunicación social de la Región Laguna de Durango, Mongabay Latam solicitó entrevista con Raúl Meraz, subsecretario general de gobierno en esa región, para abordar el tema de la seguridad de los integrantes del Frente y los planes de desmantelamiento, pero fue negada con el argumento de que “el asunto que nos ocupa se está atendiendo en lo legal y, en tanto no se resuelva, no queremos entorpecer el proceso con declaraciones”.
Los integrantes del movimiento continúan sin saber a ciencia cierta qué pasará con el terreno en donde aún hay infraestructura de lo que sería la planta, sobre todo porque Chemours Company se amparó contra la sentencia emitida por el Tribunal.
Mientras esquivan los matorrales y nopales que están alrededor de la estructura inacabada de la planta y de una oficina que meses atrás fue destruida por un incendio, Nino y otros miembros del Frente afirman que ellos seguirán con su lucha. Los pobladores saben que ganaron en tribunales, pero no se confían. Ellos continuarán con sus campamentos hasta que Draslovka, la nueva dueña, retire “hasta el último tornillo” de esa infraestructura.
* Imagen principal: En febrero de 2023 así lucía el terreno en donde se buscaba construir la planta de cianuro. Foto: Roxana Romero.
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